El
Ejecutivo del PIT-CNT NO PUEDE AMPARAR violaciones a los DDHH. El
tratamiento a los menores por parte de afiliados sindicales es TORTURA
según la Convención Internacional que Uruguay firmó y ratificó. Por lo
tanto lo sustancial es las defensa de los DDHH antes que la defensa de
los afiliados infractores. El Ejecutivo del PIT-CNT cuestiona sus
propias posturas en defensa de los DDHH invalidando sus propios
reclamos. Un grave error en una cuestión de PRINCIPIOS.
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
Adoptada y abierta a la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 39/46,
de 10 de diciembre de 1984
Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 (1)
Entrada en vigor: 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 (1)
Los Estados Partes en la presente Convención,
Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo,Reconociendo que estos derechos emanan de la dignidad inherente de la persona humana,
Considerando la obligación que incumbe a los Estados en virtud de la Carta, en particular del Artículo 55, de promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
Teniendo en cuenta el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
Teniendo en cuenta asimismo la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975,
Deseando hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo,
Han convenido en lo siguiente:
Parte I
Artículo 1
1. A los efectos de la presente
Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual
se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos
graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de
un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que
haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o
coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en
cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos
sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el
ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o
sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o
que sean inherentes o incidentales a éstas.
2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.
STATUS AS AT : 13-05-2014 08:04:38 EDT
CHAPTER IV
HUMAN RIGHTS
9
.
Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
New York, 10 December 1984
GABRIELA CORTIZASdom may 11 2014
Los tres fiscales sociales más emblemáticos del
país -la Institución de Derechos Humanos, el Comisionado Parlamentario
Penitenciario y el Ombudsman de Montevideo- han enfrentado dificultades
típicas de un país sin antecedentes de organismos de este tipo y con el
aliciente de un sistema celoso de sus potestades.
El comisionado de cárceles, la más antigua de estas figuras, fue el primero en enfrentarse, hace nueve años, a esta situación.
"Los comienzos no fueron sencillos. No existía una
experiencia de este tipo, ninguna institución de la técnica ombudsman
(defensor del pueblo). No fue sencillo porque una parte de los
funcionarios no comprendía el alcance de la tarea", explicó a El País el
comisionado Álvaro Garcé.
La institución del comisionado de cárceles fue creada
por ley en 2003 pero no fue hasta 2005 que se nombró por unanimidad a
Garcé como el titular del cargo, quien luego fue reelecto en 2010.
La misión encargada a Garcé es el seguimiento de los
reclusos. Y durante los nueve años de ejercicio, se enfrentó a
situaciones críticas: motines, ajustes de cuenta, incendios. El
hacinamiento carcelario puso en el ojo internacional al país y motivó
una dura reprimenda de la ONU. Una tarea difícil de resolver y que
generó reacciones defensivas.
Tema sensible.
La tarea de velar por los derechos de los reclusos
pone al comisionado en una situación compleja: denunciar las carencias
al Ministerio del Interior cuando es la propia cartera la responsable de
esta situación.
Hubo enfrentamientos de diversa índole. Mientras que
para el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la tasa de reincidencia
criminal es de 53%, para el comisionado parlamentario es 70%. Pero esta
no fue la única oportunidad en que Bonomi contradijo a Garcé. En su
opinión, el sistema penitenciario no vive una situación "crítica", sino
que es "tolerable".
El riesgo de que la recomendación del comisionado sea tomada como una crítica es alto.
"Uno de los grandes desafíos que hemos tenido las
tres instituciones es la promoción de la estructura del ombudsman",
explicó, por su parte, Fernando Rodríguez, defensor del vecino de
Montevideo.
"Es una figura que se inscribe dentro del Estado,
que trabaja hacia las políticas públicas desde un lugar distinto al
tradicional", agregó.
Rodríguez aclara que la figura del defensor del
pueblo, o defensor del vecino, es la de discutir y analizar pero no
"desde la política partidaria".
"Las tres instituciones hemos contribuido a un proceso de creación" de esta figura y la "población va acostumbrándose", agregó.
La gestión de Rodríguez al frente de la Defensoría
llevó, incluso, a que el oficialismo le retirara su respaldo y se
cuestionara la validez del instituto, lo que finalmente no prosperó.
Rodríguez, sin embargo, vive sus últimos días al frente de la
institución. En junio será remplazado.
Además de las susceptibilidades con el partido de
gobierno, Rodríguez se enfrentó a otra problemática: la falta de
respuesta. Cerca del 14% de sus recomendaciones no han sido contestadas
por la comuna. "Hay un sector de la Intendencia con el que hay que
seguir trabajando. Nosotros aspiramos a que haya cero nivel de no
respuesta", apuntó.
"Creo que es por falta de reconocer el valor que
tiene (la defensoría) y la necesidad que tiene de respuesta una
recomendación del defensor del vecino", opinó.
Varios frentes.
La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), la más joven de las figuras, no estuvo libre de críticas.
Tras denunciar hacinamiento, encierro y torturas a
adolescentes infractores recluidos, se tomó una serie de medidas como la
separación del cargo se seis funcionarios. Sin embargo, el titular del
Sirpa, Ruben Villaverde, aseguró que esto era una "foto de un momento",
desestimando el informe.
Ariela Peralta, integrante del Consejo Directivo del
INDDHH, aseguró que nunca pidió la remoción de jerarcas pero que su
función es velar por la situación de los jóvenes privados de libertad.
Dos meses antes, el INDDHH se vio envuelto en otro
escándalo. La Suprema Corte de Justicia acusó a la institución de
"extralimitarse" en sus funciones actuando en un caso de divorcio. No
obstante, la Institución recordó a la Corte que de acuerdo a la ley
tiene facultades para iniciar investigaciones y recoger los elementos de
prueba que estime convenientes.
"La Institución debe hacer la observancia en todos
los poderes del Estado y todas las cuestiones de servicio. Debe velar
por su buen funcionamiento y su funcionamiento en plazos", agregó
Peralta.
Conformes.
Si bien los titulares de los organismos confesaron
que su tarea no ha sido fácil, todos se mostraron conformes con los
avances obtenidos.
Garcé afirma que la resistencia inicial que enfrentó
a la hora de desarrollar su tarea se ha ido venciendo a lo largo del
tiempo. "Actualmente tenemos un grado de colaboración (...) muy
destacable", aseguró.
El ombudsman de la comuna destaca que el 60% de sus
recomendaciones fueron respondidas favorablemente y 20% negativas, pero
con argumentos.
Peralta, por su parte, recalca la colaboración de
las instituciones a la hora de investigar. Y, como sus colegas, defiende
la división de papeles y la independencia.
Hubo 373 denuncias en 2 años
La Institución de Derechos Humanos trabajó durante 2013 en 260 denuncias, algunas de ellas recibidas durante 2012 pero todavía abiertas.
Desde que se creó, el instituto recibió un total de
373 denuncias de diversa índole. Su creación es de 2008, pero comenzó a
funcionar en 2012.
Las denuncias por acoso laboral y discriminación por
discapacidad son las más recurrentes, afirmó Ariela Peralta, integrante
del Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos.
Peralta explicó que en diciembre cerraron su plan
estratégico que será presentado en junio en una Asamblea Nacional de
Derechos Humanos en la ciudad de Florida.
"Vamos a compartirlo y va a haber una devolución", agregó Peralta.
Para eso mismo fue creada.
En el marco del cumplimiento de sus obligaciones
legales, la Institución Nacional de DDHH (INDDHH) emitió informes constatando
presuntas golpizas y malos tratos físicos y psicológicos a menores internados
en el Sirpa además de expresar preocupación por las condiciones de reclusión
que violentan las obligaciones contraídas por el Estado uruguayo.
Ópinando
– Año 3 – Jueves 15 de mayo de 2014
Las condiciones carcelarias en Uruguay son
un problema estructural y endémico de nuestro país, tanto para los adultos como
para los menores infractores y una problemática heredada difícil de resolver a
corto plazo, aunque en los últimos años se ha avanzado en una dirección
correcta, tal como lo señaló Manfred Nowak, relator especial de las Naciones
Unidas.
La constatación de episodios de malos
tratos físicos y psicológicos, torturas, es harina de otro costal. La
tortura es una grave violación a los DDHH y así ha sido establecido en
nuestra legislación aunque no se haya logrado hasta el momento incorporarla al
Código Penal tal como ha reclamado en reiteradas oportunidades nuestra
organización.
Lo hemos señalado al referirnos al pasado
reciente y lo reiteramos. La tortura es una práctica inmemorial en la historia
de la humanidad, pero no por ello deja de ser una conducta abyecta y
despreciable, bestial, que no admite ninguna justificación ni excusa para su
empleo, que degrada a quienes la ejecutan, la ordenan, la justifican o la
toleran aunque se invoquen las causas más nobles o encomiables ya sea desde el
punto de vista político, religioso o por motivos de seguridad nacional.
Al constatarse una grave violación a los
DDHH las obligaciones del Estado, de sus órganos, agentes, poderes,
funcionarios y representantes, están reguladas detallada y pormenorizadamente
por la Resolución 60/147 (*), aprobada por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, en diciembre de 2005.
La Resolución 60/147 de las Naciones
Unidas, sistemáticamente ignorada hasta el momento por el sistema político
uruguayo a todos los niveles y las autoridades gubernamentales, poder judicial
incluido, es el instrumento internacional que establece el estándar de calidad
institucional y el patrón de medida a la luz del cual juzgar las conductas y
las acciones de los gobernantes a cualquier nivel de responsabilidad cuando se
constatan graves violaciones a los DDHH, como también lo remarcó el Relator
Especial de las Naciones Unidas, Dr. Pablo de Greiff en octubre del año pasado
cuando visitó nuestro país.
Como colectivo, para evitar los riesgos del
subjetivismo y de la autocomplacencia, evaluamos la transición democrática
iniciada en 1985 a la luz de ella: es el estándar de calidad, el criterio
objetivo para medir los avances y definir los desafíos pendientes de la
sociedad uruguaya. Para el pasado, el presente y el futuro.
La INDDHH es un logro de la sociedad aunque
moleste.
En el plano de los derechos humanos,
si bien todos los órganos del Estado y sus funcionarios tienen la obligación de
respetar y garantizarlos junto con las libertades fundamentales, existe
un poder con responsabilidades específicas al respecto en todos los países, la
experiencia internacional demostró, que era conveniente, además, la existencia
de un órgano con cometidos especializados en materia de derechos humanos para
asegurar su pleno respeto y vigencia.
De ahí provino la iniciativa de crear
Instituciones Nacionales de DDHH (ONU, Resolución 48/134 de marzo de 1994), con
el cometido de promover y proteger los derechos y las libertades fundamentales,
como responsabilidad propia y de dedicación exclusiva para obtener mejores
resultados.
La libertad, la justicia y la paz en el
mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Las
instituciones nacionales tienen el cometido de velar que ello ocurra en sus
países.
La creación de la Institución Nacional de
DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en el año 2009 fue una gran conquista de
la sociedad uruguaya. Se modificó positivamente la institucionalidad
democrática, se profundizó la democracia reconquistada con la lucha y la
resistencia de los trabajadores y del pueblo uruguayo.
Las instituciones nacionales de DDHH son
escudos para los débiles, para los ciudadanos más vulnerables y más
desprotegidos de las sociedades. Los banqueros, los grandes industriales y
terratenientes, los dueños de los medios de comunicación, las transnacionales,
tienen los recursos y los medios, para proteger y defender sus intereses sin
tener que recurrir a ellas.
El fortalecimiento, desarrollo y
potenciación de la INDDHH es imprescindible para afirmar y profundizar la
democracia uruguaya, para afirmar la libertad y los derechos de los ciudadanos
frente al gobierno, los poderes y la burocracia estatal. Darle mayores
atribuciones legales para reforzar su potencial social y asegurar su plena
independencia técnica y administrativa es un desafío para el presente.
Las resoluciones de la INDDHH y su
acatamiento por parte del Estado uruguayo, de todos sus agentes,
aunque se denominen “recomendaciones” y no tengan carácter
jurídico vinculante, si lo tienen desde el punto de vista político y moral. Por
lo menos para quienes estamos convencidos de que las normas de derechos humanos
son un pilar básico de una convivencia democrática, pacífica, civilizada,
gratificante y enriquecedora con plena justicia social.
Cumplir con las recomendaciones de la
INDDHH es una obligación, moral y política, de todos los funcionarios del
Estado. Desde el más encumbrado al más humilde servidor. Para dignificar la
sociedad. El sistema político como tal debe comprometerse en esa orientación y
exigir que así sea. Por si hubiera alguna duda: una vez más, nuestro pleno
respaldo a la Institución.
(*) Resolución 60/147 de la ONU: Principios
y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones.
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