Algo huele a podrido en los arsenales

Sabiendo

* Que habían MUCHAS armas, más que las que un ingenuo común pueda digerir

* Que habían MUCHAS armas montadas y prontas para ser usadas

* Que a su lado había ABUNDANTE munición, que haría posible muchas recargas, llegado el caso, digamos

* Que habían armas de tan GRUESO calibre que podrían penetrar el blindaje y destruir de un tanque

* Que habían armas qué ni el EJÉRCITO tiene en sus arsenales

* Que se ha dicho "que se podía VOLAR toda la manzana"

Habiendo trascendido

* Que el propietario de los arsenales carece de registros aceptables para la MAYORÍA de las armas

* Que no ha podido dar explicación RAZONABLE, hasta el momento, de como las obtuvo, de quienes y como las financió

* Que han habido traslados entre los arsenales y que se han SACADO ciertos lotes de armas

* Que se habla ya de armas de CONTRABANDO y hasta de eventual entrada por el Chuy

* Que nadie ha siquiera insinuado el aspecto económico y un eventual CONTROL de cuentas bancarias

* Que el propietario estaría ENFERMO e imposibilitado de salir de su domicilio y no sería interrogado en dependencias    policiales como es la norma

Constatando

* Que el propietario de los arsenales tiene INFLUYENTES amistades, desde la Asociacion de Coleccionistas de Armas hasta el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

* Que las citadas amistades ya han dado sus versiones sobre los arsenales, los Coleccionistas en cerrada DEFENSA del propietario, ASEGURANDO que todo estaba en regla, CRITICANDO duramente el procedimiento y de paso entreverar las cosas en un alegato político contra el gobierno (no contra la Suprema Corte o contra la Justicia) en relación a tratamiento desigual comparándolo con el caso Feldman.

* Que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia se mantiene en sus trece (declarante experimentado) y sostiene que su PRESENCIA en la casa del arsenal de Carrasco solo tuvo como fin visitar a su amigo (el propietario) anciano y enfermo.

* Que aún no ha renunciado a su cargo a pesar de que sus PRESIONES están en conflicto con su cargo y con todo lo que ha dicho la SCJ, y él mismo, acerca de la "independencia y equidad de la justicia".

* Que la Jueza Graciela Eustachio ya se está AUTOCRITICANDO públicamente por el procedimiento con el argumento  de que no sabía que el propietario de los arsenales era coleccionista. Sin siquiera mencionar el conjunto de irregularidades que ya se han hecho públicas, en lo que más parece el inicio de la "operación olvidarse del asunto". Todo dicho por voluntad propia según parece y sin que hayan trascendido presiones o amenazas como ciertos "cabecitas trastocadas" anunciaron que se darían.

Se agranda

* Las FFAA y el Ministerio de Defensa DISCREPAN con el Ministerio de Interior y lo critican por "falta de controles".

* El Ministro del Interior (por una vez!) razona de manera más o menos coherente y se pregunta sobre los fines de los tales arsenales, sobre los recursos para su adquisición y sobre las flagrantes violaciones a las disposiciones por alguien (un coleccionista) que bien las debería conocer. Generándose, de hecho, un cierto CONFLICTO de poderes, precisamente sobre las armas ("El poder nace del fusil" afirmó Mao en su momento y antes de sacar al 25% de la humanidad del feudalismo)

* Citamos: "Bonilla (el Coordinador de los Servicios de Inteligencia sostiene PÚBLICAMENTE) que se debería realizar una inspección a todos los coleccionistas de armas de Uruguay."

* Citamos: " La Dirección de Inteligencia investigará armerías por contrabando y testaferros"

* Citamos: "Investigan a personal del Ejército por traspasos ilegales de armas"

* Citamos: "La Dirección de Inteligencia investiga al propietario de la colección de armas incautadas el fin de semana, por presunto contrabando. A su vez, se investigarán varias armerías."

En suma (y de apuro antes que las varias manos negras tapen todo)
 

* Resulta evidente que habían dos arsenales de GRANDES proporciones tanto en número de armas, munición, como en cuanto a calidad (potencia de fuego) de muchas de las armas

* Resulta evidente que estos arsenales en su mayor parte eran CLANDESTINOS estando encubiertos bajo el carácter de "coleccionista" de propietario factor este (ser coleccionista registrado) que le dió "legalidad" a la tenencia de armas y posibilitó de esa manera tener arsenales muchas veces mayores que los registrados y de otro carácter de lo declarado

* Resulta evidente que la forma de TENENCIA no se condice con la de un coleccionista (armas montadas y listas para ser empleadas, abundante munición junto con las armas) así como tampoco lo hace el tipo de muchas de las armas (ametralladoras que pueden perforar un tanque se informó).

* Resulta evidente que las presiones para frenar tanto el conocimiento público como eventuales consecuencias jurídicas se pusieron en marcha desde el mismo inicio (apersonamiento del PRESIDENTE de la SCJ Larrieux cuando el procedimiento estaba en desarrollo), Asociación de Coleccionistas que sale como aval tratando de minimizar la situación, Jueza que comienza a "disculparse" por su desconocimiento de una parte no sustancial del asunto. Aún cuando el propietario sea coleccionista la mayoría de las armas, municiòn y el tipo de estas armas, restan relevancia al hecho de que la Jueza no supiera que el propietario era coleccionista.

* Resulta evidente de que el arsenal tiene un VALOR enorme. La financión de su compra debe de ser investigada de inmediato ya que es una "pista" fuerte del origen, propiedad real y fines de los arsenales descubiertos. Hasta el momento ni palabra en este rubro. Tiene importancia ya que como se han aceptado todas las directivas imperiales en cuanto a lavado de dinero negro, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, etc (y por eso - se ha dicho - la DEA tiene una base en Montevideo), al mismo tiempo que se ha bombardeado a la opinión pública (desde el oficialismo, especialmente el Ministro de Defensa Fernández Huidobro) explicando que el rol de las FFAA es y será, precisamente, "combatir el contrabando, el tráfico de armas, el narcotráfico, defender las fronteras de todos esos tráficos ilegales, así como contribuír en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo, se ha agregado". Esta ausencia es notable y ha quedado en la nebulosa total.

* Resulta evidente de que hay un conflicto de PODERES o choque de jurisdicciones entre los Ministerios del Interior y el de Defensa Nacional. Qué hay abajo de ese conflicto, por el momento presentado como de carácter administrativo, está por verse (si algún día llegase a saberse) pero que lo hay lo hay. Y nada menos - insistimos - en el tema de arsenales ocultos, disimulados, encubiertos e ilegales. No es una minucia.

* Como nadie respondió o explicó siquiera con una definición general y muy de uso de que "la ley es igual para todos" nos mantenemos en lo razonado anteriormente: este es un asunto de DERECHA, que huele muy mal y que corre por los carriles jurídico-penales de las influencias y gente con amistades. Con todo esto (poco todavía) que se va sabiendo si por acaso el propietario de los arsenales hubiera sido miembro de alguna organización social (pongamos por caso del recientemente "denunciado" por Mujica  "terrorismo ambientalista") las razzias, detenciones, procedimientos, interrogatorios, y toda el repertorio, hubieran sido inmensos. Siendo de derecha y como no se puede tapar los medios lo tratan más bien por el lado formal, "irregularidades" viene siendo la cobertura empleada.

* Lo que corre por carril separado de todo esto (logicamente MUY vinculado a los hechos en sí) es la actuación del Presidente de la SCJ que ya ha desaparecido de las rúbricas y sobre el que no se ha informado que haya emprendimiento alguno en marcha, investigación, separación del cargo meintras tanto o similares variantes. Viene siendo una perla más en el collar de una SCJ que ha atentado contra una buena parte de los principios jurídicos aceptados a nivel internacional, precisamente en un tema tan vinculado a LAS ARMAS: el juicio a los integrantes de los Institutos ARMADOS por sus brutales violaciones a los DD.HH. en el período dictatorial. Esa relación no se le puede escapar a nadie, ni siquiera a los dinosaurios enfrentados a la legalidad internacional. Tapen lo que logren tapar sobre los arsenales, el rol del Presidente de la SCJ no puede quedar por esas. Es mucho lo que está en juego y mucho el poder que este "personaje" tiene en sus manos poder que afecta a tantos, que no es una cuestión que pueda diluírse en el maremoto de supuestas discusiones administrativas.

* Mientras que esta trama no se aclare fehacientemente y con pruebas irrefutables la ciudadanía democrática tiene el DERECHO (más bien el deber, autodefensivo y en salvaguardia de la democracia) de pensar que los sectores de la derecha tienen planes macabros y que cuentan con fuertes conexiones en las cuevas de la conspiración antidemócratica. Es decir que corresponde un estado de alerta general. para no volver a pagar el alto precio del pasado.

Jorge Zabalza por el Blog Zurdatupa

Alberto Cabrera por el Blog El Muerto

Alberto Vidal por el Blog Noticias Uruguayas

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20.5.14

De colección

Gobierno “preocupado” por origen del arsenal hallado en Carrasco.

En el Consejo de Ministros de ayer, el gobierno comentó con “preocupación” el hallazgo de armas -algunas de guerra- y municiones en la casa de un coleccionista en Carrasco. Tras la reunión del Consejo de Ministros, el secretario de Presidencia, Homero Guerrero, informó que el gobierno analizó la situación. Recordó que la tenencia de armas está regulada por decreto desde 1986 y que los coleccionistas deben tener un registro. Remarcó que la persona investigada sólo tenía registradas 300 armas, en un total de 1.000 “de alto calibre”. Recordó también que la norma dispone que las armas deben estar separadas de las municiones. Guerrero indicó que llevará “días” el análisis de estas armas y que al gobierno le preocupa “el origen” del arsenal.

Error, investigación y confusión

La diaria informó ayer que el apellido del empresario investigado era González Conde. Lo hizo en base a fuentes del Ministerio del Interior (MI), del Ministerio de Defensa Nacional y de los propios coleccionistas de armas, que manejaron ese nombre durante el fin de semana, porque así conocen al coleccionista investigado. Sin embargo, ayer la abogada Beatriz Scapusio informó a Subrayado que el nombre de su defendido es Adhemar Ángel González Pérez, y que el coleccionista no es dueño de González Conde Construcciones, sino que mantiene con esa constructora un vínculo familiar y es a su vez empresario maderero.
En tanto, Juan Carlos González Pérez, titular de la constructora, dijo al diario La República que la persona investigada no tiene ningún tipo de vínculo con la empresa constructora. Según informaron fuentes del MI a la diaria, ahora la Policía procura determinar por qué al empresario se lo conocía en círculos de coleccionistas con el nombre de González Conde, a lo que se suma la coincidencia de que el padre del empresario se llama Antonio, igual que el fundador de la empresa constructora González Conde.

. El director general de Información e Inteligencia, José Colman, dijo que se hallaron rifles de asalto, pistolas de última generación y granadas de distinta procedencia. “No sabemos muy bien para qué”, señaló el director. También se hallaron 130.000 municiones y pólvora. “¿Un coleccionista necesita exhibir pólvora en cajas de madera? Son preguntas que el señor tiene que contestar a la Justicia”, indicó Colman.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Larrieux, visitó el sábado al empresario investigado. Esto le valió algunos cuestionamientos, como el del abogado Pablo Chargoñia, vinculado a causas de Derechos Humanos. En Twitter, Chargoñia mencionó el artículo 7 del Código de Ética Judicial, que establece que “al juez no sólo se le exige éticamente que sea independiente, sino también que no interfiera en la independencia de otros colegas”, en referencia a que Larrieux habría, a su juicio, afectado la independencia de la jueza del caso, Graciela Eustachio. Larrieux defendió su actitud en diálogo con El Observador. Dijo que fue a visitar a “un amigo, una persona de edad, con algunos problemas de salud”, y que, como estaba solo en ese momento, le preocupaba “su estado”. “Los jueces son independientes y no son influenciados por un hecho de estas características. Además, creo que ninguna norma me prohíbe visitar a un amigo. ¿Por qué voy a dejar de visitar a un amigo, con un problema y enfermo, porque esté, con un, llamémosle, problema judicial?”, preguntó el ministro. “Yo no intervine para nada en el procedimiento, el procedimiento se desarrolló como la jueza dispuso que se desarrollara, supongo, pues ignoro también cuáles fueron las instrucciones”, agregó. Natalia Uval

23 Mayo 2014

Escrito por: Samuel Blixen

De grueso calibre 

Arsenales de guerra, coleccionistas y un ministro de la Corte Más de mil armas y 130 mil municiones, ¿es una colección o un arsenal? Un episodio supuestamente policial y casi doméstico adquiere aristas institucionales, como por ejemplo que el presidente de la Suprema Corte visite al dueño de esas armas, involucrado hace 12 años en un robo a la Armada, en un esquema de nazis y políticos ultraderechistas.
 

 Hace casi exactamente cinco años, en plena segunda vuelta de las elecciones, el descubrimiento de un arsenal de 700 armas y miles de municiones en una casa de Aires Puros permitió una rocambolesca maniobra publicitaria de blancos y colorados para endilgarle el arsenal al Frente Amplio y en particular –como sostuvo en un ejemplo de difamación el ex presidente Jorge Batlle– al candidato José Mujica. Sólo la coincidencia de un escenario electoral tiende puentes entre aquel episodio de 2009 y el allanamiento de una residencia en Carrasco (hubo otro allanamiento en una estancia en Cerro Chato), el viernes 16, que permitió incautar casi 2 mil armas y 130 mil municiones.
La existencia de este arsenal –cuya importancia, por todos los medios, se ha intentado minimizar– tiene vasos comunicantes más sólidos con otro episodio ocurrido en julio de 2001, el robo de municiones de dependencias de la Armada y el misterioso suicidio de un oficial de la reserva que había “regalado” las municiones a sus amigos. El vínculo más notorio es el propio dueño de las armas de Carrasco: el empresario de 82 años Ángel González Pérez fue indagado en 2001 junto con otros notorios simpatizantes nazis y políticos colorados de ultraderecha por pertenecer al núcleo de “amigos” del fallecido teniente Víctor González y ser presuntamente uno de los receptores del faltante de 19 mil balas de tres calibres diferentes.
En aquella oportunidad, después de un debate parlamentario que responsabilizó al ministro de Defensa, Luis Brezzo, de encubrir los hechos, los entonces senadores Eleuterio Fernández Huidobro y José Korzeniak dieron a conocer un informe elaborado por oficiales de la marina –entregado al ministro y a la justicia– que involucraba en las maniobras de sustracción de municiones a tres González: el fallecido teniente Víctor González –“un loquito admirador de Hitler”–; al civil experto en explosivos Honorio González Casariego, de notoria militancia fascista; al empresario admirador de Franco, Ángel González Pérez (confundido entonces y ahora con su padre, Antonio González Conde); y a los políticos colorados Herman Leis (por entonces director de Ordenamiento Territorial), Roberto Yavarone, nada menos que subsecretario de Defensa, y el diputado Daniel García Pintos.
La investigación del episodio de 2001 quedó en la nada, como tampoco fueron concluyentes las indagaciones de 2009 sobre la existencia de un arsenal de armas de grueso calibre y granadas, el incendio que lo dejó al descubierto (y que, de provocar una explosión hubiera dejado un tendal de víctimas en el barrio) y el extraño suicidio del dueño de las armas, el contador Saúl Feldman, después de resistirse a la Policía y de matar a un oficial de inteligencia policial, atrincherado en su chalet de Solymar.
En el caso del robo de la Armada en 2001, la intención parecía ser, en primer lugar, vender las municiones en el mercado negro, y en segundo término “abastecer” a los amigos (sólo se recuperaron 3 mil de las 19 mil sustraídas). En cuanto al contador Feldman, no pudieron probarse las sospechas de que alquilaba o vendía las armas a delincuentes, nacionales o extranjeros, y se atribuyó la propiedad del arsenal a un “capricho” de un hombre solitario, obsesivo, con conductas que evidenciaban alteraciones psiquiátricas.
En el caso del empresario González Pérez las motivaciones siguen siendo por ahora inescrutables, pese a su condición notoria de coleccionista de armas. Probablemente no se hubiera conocido la existencia de un arsenal de más de mil armas en su residencia de Carrasco si no hubiera mediado una denuncia de un familiar, ofuscado con el empresario maderero por una disputa sobre herencias.
El misterio que rodea la existencia de ese arsenal tiene que ver con las características excepcionales de ciertas circunstancias registradas durante el allanamiento del viernes 16. 1) Sólo 300 de las mil armas estaban registradas en el Servicio de Materiales y Armamento del Ministerio de Defensa, según las guías halladas en la casa. 2) Una proporción significativa de esas armas son de guerra, modernas (ar 15, ar 18, ak 47 y fusiles antitanque), incluso algunas con dispositivos que ni siquiera tiene el Ejército; habrá que determinar cuántas de esas armas eran legales, cuántas no lo eran, y dónde y a quiénes fueron compradas. 3) Muchas de las armas (no por cierto las de colección, antiguas, anteriores a 1900) estaban operativas, es decir, prontas para usar, algunas incluso cargadas, violando las disposiciones para los coleccionistas que obligan a tener los mecanismos de disparo separados del arma, en lugares distantes para dificultar su montaje. 4) Se encontraron por los menos 130 mil municiones de diferentes calibres: la cantidad no guarda relación con las necesidades de una colección. Para comprender su magnitud: el copamiento por los tupamaros, en 1970, del cuartel del Centro de Instrucción de la Armada permitió incautar todas las armas y las municiones, que no fueron más de 600; en el citado robo de 2001, las 3 mil municiones faltantes representaban –como argumentó el subsecretario de Defensa en el debate parlamentario– “apenas” el 0,5 por ciento del total de municiones del Servicio de Materiales y Armamento; en el arsenal de Feldman se encontraron 700 municiones. La cantidad encontrada en Carrasco equivale al 10 por ciento de las municiones en poder de la marina en 2001. 5) Las condiciones en que permanecían las armas en la casa de González Pérez daban absolutas facilidades a eventuales ladrones, lo que constituía un evidente peligro.
Los amigos de González Pérez pretendieron minimizar las características del arsenal. Así, el empresario y coleccionista Julio César Lestido salió rápidamente en defensa de su amigo y argumentó que, en todo caso, la inexistencia de guías no supone un delito sino apenas una falta, y consideró que si no hubiera mediado una denuncia por una controversia familiar, nunca se hubiera conocido la existencia de esas armas. Aludiendo a la perplejidad de Eduardo Bonomi (“¿para qué quiere pólvora un coleccionista de armas?”, se preguntó el ministro del Interior ante las cantidades halladas en la residencia de Carrasco), Lestido recordó que González Pérez tiene autorización para efectuar recargas de vainas usadas. Pero entonces el ministro tendría derecho a preguntarse –y preguntar– si es el anciano, postrado en una cama debido a la amputación de una pierna, quien consume municiones en prácticas de tiro y si es quien realiza el trabajo de recarga; y de paso preguntar si es el anciano quien manipula las armas que fueron halladas prontas para ser operadas.
Al igual que Lestido, el presidente de la Asociación de Coleccionistas de Armas (hay 1.600 coleccionistas en todo el país), Roberto Symonds, subrayó que muchas de las armas son anteriores a 1900 y no requieren guías (sugiriendo poco menos que las 700 sin guía son algún tipo de arcabuces); declaró también que el Servicio de Materiales y Armamento conocía los detalles del arsenal y recordó que la casa de Carrasco era “casi un museo” que albergaba “una colección extraordinaria y reconocida a nivel mundial”.
Sin embargo, otro notorio amigo del empresario González Pérez, pese a sus antecedentes de 2001, expresó su solidaridad, y dio un traspié. Fue uno de los primeros en concurrir a la residencia de Carrasco, que el sábado 17 continuaba rodeada de policías mientras adentro el personal técnico realizaba el minucioso registro. Se trata del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux, quien fue “a visitar a un amigo, una persona de edad, con algunos problemas de salud”. Fue cuestionado por el abogado Pablo Chargoñia (que interviene en numerosas causas por violaciones a los derechos humanos), quien interpretó la visita del presidente de la Suprema Corte como una interferencia en la independencia de la jueza penal Graciela Eustachio, que investiga el caso. “Al juez no sólo se le exige éticamente que sea independiente, sino también que no interfiera en la independencia de otros colegas”, dijo Chargoñia. Larrieux contestó: “Los jueces son independientes y no son influenciados por un hecho de estas características. Además, creo que ninguna norma me prohíbe visitar a un amigo. ¿Por qué voy a dejar de visitar a un amigo, con un problema y enfermo, porque esté, con un, llamémosle, problema judicial?”. Al recordarle que él, como miembro del cuerpo, había castigado a la jueza Mariana Mota por estar en la vereda de 18 de Julio observando el paso de una Marcha del Silencio, Larrieux retrucó: “No tiene punto de comparación”, a lo que algún periodista radial comentó, como al pasar: “Sin duda, esto es mucho más grave que lo de Mota”.
Pero el allanamiento del viernes 16, ordenado por la jueza Eustachio, levantó otras polvaredas. La magistrada, indirectamente cuestionada por Lestido (“habitualmente se hacen inspecciones y en esos casos se avisa previamente”) y por los familiares (“en el allanamiento participaron 32 efectivos con las caras cubiertas y un plantel de perros. Esposaron al casero. Adentro estaba este hombre de 82 años, con un miembro amputado, en cama”), explicó que cuando hay indicios de existencia de armas en un domicilio privado, automáticamente se ordena el allanamiento. El operativo sin dudas fue sugerido por la Policía, al recibir la denuncia. Pero sería ingenuo pensar que la Policía no sabía el domicilio de quién estaba allanando y que no tenía noticias previas de las irregularidades comprobadas en la tenencia de esas armas.
Fuentes consultadas por Brecha sugieren que el episodio pretextó otro capítulo más de una sorda confrontación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. La confirmación de que numerosas armas no tenían la documentación exigida deja en evidencia al Servicio de Material y Armamento, cuyo control de las armas existentes en el país –afirmaron las fuentes– se reduce al otorgamiento de las guías. “Por ejemplo, el Servicio de Materiales y Armamento no sabe cuántas armas tiene la Policía, y hay que tener en cuenta que anualmente se pierden unas 300 armas que manejan los policías”, dijo una fuente.
Los distintos aspectos de este episodio generan un problema de institucionalidad, que fue analizado en el Consejo de Ministros, el martes, a raíz de lo cual se comentó que “existe preocupación en el gobierno”. Y no es para menos, con un arsenal que puede equipararse al de un batallón.