Entrevista al periodista Walter Pernas .
El juez de instrucción de la
Audiencia Nacional de España, Pablo Ruz, que indaga el caso de coimas en
las concesiones de obra pública del gobierno del Partido Popular (PP),
tiene al ex tesorero de esa colectividad política, Luis Bárcenas, contra
las cuerdas.
Para el imputado será muy difícil
salvarse de una condena de penitenciaría y por ello ha comenzado a
colaborar con ciertos aspectos de la investigación a fin de mejorar sus
posibilidades de recibir una sentencia algo más favorable a sus
intereses.
Sin embargo, el caso de los
millones de euros que Bárcenas transfirió en 2009 desde cuentas suizas a
sociedades uruguayas –conducta que reúne todas las características de
una operación de lavado de activos –, sigue siendo un misterio para el
magistrado. Y sus posibilidades de investigación respecto de la ruta que
ha seguido ese dinero se ven cercenadas por la negativa de la justicia
uruguaya a colaborar con la causa española.
Sin embargo, existe información en poder de Sudestada
que complica aún más su situación y la de sus testaferros en siete
países: España, Suiza, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Islas Vírgenes
y Uruguay.
Bárcenas y su “patrimonio oculto”
El juez Ruz busca que la justicia uruguaya le proporcione la “documentación” que acredite el “destinatario final” de dos transferencias, por un millón de euros cada una, realizadas en 2009 desde una cuenta del banco suizo Lombard Odier a nombre de la fundación Sinequanon –manejada por Bárcenas– a la empresa uruguaya Grupo Sur de Valores SA.
Y lo mismo pide para el caso de
transferencias por un total de un millón de euros recibidas ese año en
la cuenta bancaria de la también sociedad uruguaya Lidmel Internacional
SA.
Estas últimas fueron remitidas
desde el Lombard Odier (500 mil euros) y desde la cuenta que el ex
tesorero del PP español tenía en el Dresdner Bank (ahora LGT Bank) de
Ginebra (500 mil euros).
El magistrado considera que de la documentación reunida en el expediente español “no resulta posible concretar el final destino de los fondos transferidos a dichas entidades”,tal y como “pone de manifiesto” la Agencia Tributaria de España.
Por ello solicitó que, mediante el
Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en asuntos penales entre España y
Uruguay, la justicia uruguaya le envíe con “máxima urgencia” la
información documental que verifique a dónde ha ido a parar el dinero de
las transferencias recibidas por Grupo Sur de Valores SA. y Lidmel
Internacional SA.
Esto es algo que la justicia
uruguaya no puede responder, primero porque no lo sabe con exactitud y
segundo porque alega que suministrar la información que posee puede
entorpecer la investigación local sobre el lavado de dinero del caso
Bárcenas en Uruguay. Así lo explicó el 29 de octubre de 2013 el juez
especializado en Crimen Organizado, Néstor Valetti, al denegar la
colaboración uruguaya a su par español.
En tanto, el propio ex tesorero del PP español admitió ciertos
agujeros negros con respecto al dinero que envió a las empresas
uruguayas. El 10 de abril, Bárcenas declaró ante el juez Ruz: “A los
efectos de lo que se viene diciendo en los informes permanentemente del
gran patrimonio oculto que tendría en el exterior, tengo que decir que
de momento el único gran patrimonio que tengo oculto sería el que —si
fuese mío, que no lo es— se transfirió al Grupo Sur de Valores y a
Lidmel. Esos son cuatro millones de euros. Bueno cuatro millones de
euros es el 10% de la totalidad de mi patrimonio declarado a la Hacienda
Pública española, o sea que no creo que sea relevante a los efectos de
decir que tengo un gran patrimonio oculto. Cuatro millones es una
cantidad importante, pero con relación al patrimonio total no lo es”.
El gerente del Grupo Sur
Con tan singulares análisis de parte del ex tesorero del PP, resulta natural el intento de Ruz por obtener mayor información desde Uruguay para tratar de avanzar hacia el destino final de los millones ocultos.
Y era esperable que las entidades
uruguayas buscaran desligarse del problema. Así fue como Grupo Sur de
Valores informó al juez español que se trata de “una sociedad que
opera como agente de valores siendo su objeto, por tanto, la de
intermediación en el mercado de valores poniendo en contacto a los
ofertantes de activos con los inversores”, según el último exhorto enviado por Ruz a la justicia uruguaya.
La empresa argumentó a su vez que en el ejercicio de esa actividad, habría recibido las trasferencias “procedentes
de la cuenta de la fundación Sinequanon en la entidad Lombard Odier
‘dirigidas a un cliente de nuestra entidad, cuyas iniciales se
encuentran identificadas en los soportes documentales de éstas, sin que
sea posible facilitar su identificación en cumplimiento de la normativa
sobre secretos bancarios de Uruguay”.
Pero en los registros de Grupo Sur
de Valores en realidad figura un nombre concreto, el del empresario
argentino Guillermo Faggioni, acreditado como receptor del dinero por
intermedio de Marcos Guemes, gerente comercial de la empresa de
intermediación de valores, según documentación oficial a la que accedió Sudestada.
Además, según los registros, el
dinero que llegó desde la fundación Sinequanon a la cuenta de Lidmel
Internacional también se transfirió por encargo de ese gerente de Grupo
Sur de Valores. Estas dos sociedades uruguayas se pueden considerar
“amigas” que han manejado clientes en común y son auditadas por una
misma consultora: Echevarría Petit & Asociados.
Los accionistas de Lidmel: uruguayos y argentinos
Fundada el 12 de diciembre de 2006, la empresa Lidmel Internacional SA. fue creada como una sociedad anónima financiera de inversión (SAFI), con el cometido de triangular dinero de agentes que operaban fuera de Uruguay.
La dirección de la empresa está registrada en la calle Misiones 1372 escritorio 703, estudio de la contadora María Helena Cibils Delgado,
quien ahora tiene su oficina a la calle Bulevar España 2630, escritorio
301, donde guarda la contabilidad y los archivos de Lidmel.
Como administradores de la empresa
coincidieron personas designadas por los accionistas, en coordinación
con la contadora Cibils. En los registros públicos figura como socio
fundador Fernando Juan Castagno Schickendantz, y como presidente Miguel
Ignacio Farre, quien sucedió a Peter Hoy Bate (fallecido). También fue
directora Janine Gómez Suárez, y Mónica de los Ángeles Lima Barth,
empleada en el estudio de Cibils.
Como suele suceder en estos casos,
estas personas prestan sus nombres para que con ellos se cree una
especie de pantalla, que es legal porque así lo permite la ley en
Uruguay, pero que termina por esconder del dominio público a quienes en
realidad toman las decisiones de la empresa y, por ejemplo, mueven el
dinero.
¿Quiénes son esos accionistas que han logrado mantenerse ocultos hasta del juez español que indaga en el caso Bárcenas?
De acuerdo a los registros obtenidos por Sudestada,
Lidmel Internacional SA tiene como accionistas a empresarios de ambas
márgenes del Río de la Plata: los hermanos uruguayos Giménez Tournier
(Ignacio, Luis Enrique, y Luis Santiago) y los argentinos Guillermo
Garat, Virgilio Rafael Mayol, Alejandro Javier Schcolnik y Norberto
Antonio Pérez.
La mayoría de estos accionistas de
Lidmel son además, junto a otros de la familia Giménez Tournier, dueños
de la Compañía Inversora del Sur Agente de Valores, que se ubica en la
calle Paraguay 2141, piso 17, oficina 08 (Zona Franca Aguada Park) .
Los Giménez Tournier, Mayol y Garat
también comparten la titularidad de Lasa Sociedad de Bolsa, ubicada en
25 de mayo 277 piso 4, ciudad de Buenos Aires. Y tienen a su nombre
varias empresas argentinas cuyo giro es la intermediación de valores y
la actividad inmobiliaria.
Como accionistas de Lidmel, este
equipo de ejecutivos rioplatenses se prestó a recibir en 2009 el dinero
que Bárcenas enviaba desde sus cuentas en Suiza cuando se encontraba
cercado por la justicia española que investigaba los sobornos pagados a
políticos del Partido Popular de España por el empresario de ese país
Francisco Correa Sánchez, en lo que se denominó el caso Gürtel.
¿Pero qué hizo Lidmel con el dinero de Bárcenas?
La conexión con Islas Vírgenes
En los registros del Banco Central del Uruguay (BCU) se acreditó que Lidmed remitió a Uruguay durante el año 2009 unos dos millones de dólares desde una cuenta en Estados Unidos. Y que alrededor de 1,7 millones de dólares fueron recibidos en cinco transferencias por la sociedad Ashborne Finance Ltd. en el Banque Heritage de Uruguay.
A su vez, Lidmed recibió en su
cuenta de Estados Unidos partidas desde Uruguay por más de cinco
millones de dólares durante 2009, y al menos cuatro de esos millones
fueron enviados desde la cuenta de Ashborne Finance Ltd. que también
envió a Lidmel 500 mil euros en julio de ese año.
Si se hacen las conversiones al
tipo de cambio de aquélla época se puede verificar que –luego de
transferencia de ida y vuelta– Ashborne Finance remitió a Lidmel cerca
de cuatro millones de euros en el año 2009, suma similar a la que
Bárcenas dice haber enviado a las sociedades uruguayas desde Suiza
cuando explotó el caso Gürtel.
Esto podría ser una casualidad si
no fuera porque Lidmel no puede negar que recibió dinero de la fundación
Sinequanon, pues así se encuentra probado en los registros bancarios.
Como puede apreciarse, la trama
para mover el dinero incluye una distracción: la empresa Ashborne
Finance, una sociedad de Islas Vírgenes Británicas, anclaje colonialista
que los ingleses aún mantienen y que se ubica entre el Océano Atlántico
y el Caribe.
Lo interesante de ese paraíso
fiscal es que las empresas no tienen que llevar ni presentar su
contabilidad ante el Estado, que cobra un canon fijo sin importarle el
rubro ni los negocios a los que cada sociedad se dedique. Y eso incluye
la actividad delictiva que, claro está, no suele afectar al gobierno de
las islas sino a otros países.
Por esa razón, ni la investigación
uruguaya ni la española podrán contar con los asientos contables de
Ashborne Finance, aún cuando procuraran obtenerlos en allanamientos o
procedimientos por el estilo, pues estos no existen o, de encontrarse,
bien pueden ser apócrifos y los estados no tienen cómo cotejar la
información.
Pero lo que sí puede verificar la justicia uruguaya, y en su momento la española –una vez que se entere de la información que Sudestada publica hoy – es que los accionistas de Ashborne Finance Ltd. son los mismos que los de Lidmel Internacional SA.
En efecto, los uruguayos y
argentinos que se juntaron para crear varias sociedades de bolsa e
intermediación de valores, inmobiliarias y negocios de variada índole en
la city porteña o desde las zonas francas uruguayas: los
hermanos Giménez Tournier (Ignacio, Luis Enrique, y Luis Santiago) y los
argentinos Garat, Mayol, Schcolnik y Pérez.
Todos ellos son buenos conocedores
de la protección o vulnerabilidad que le ofrecen las leyes uruguayas,
argentinas, las de Gran Bretaña, y las españolas. Hasta hoy sus nombres
permanecían en el anonimato, y ahora deberán dar la cara ante la
justicia de varios países.
Además de estos empresarios, en la documentación oficial en poder de Sudestada,
figura como directora de Ashborne Finance la administrativa Lima Barth,
una empleada del estudio de la contadora Cibils que aparece vinculada
con un grupo de sociedades panameñas: Gouverneur Corporation, Pampagrass
Corporation, Smallcreek Corporation, Gatun Lake Alliance Corporation,
Turtle Reef International Corporation, Claudy Bay International
Corporation.
Ashborne Finance fue cerrada en
2010, poco tiempo después de haber realizado transferencias de ida y
vuelta con el dinero que Bárcenas sacó de Suiza. Pero antes, tuvo tiempo
de meterse en el mercado de los metales preciosos.
Acuerdo entre Silverado Gold Mines Ltd y Ashborne Finance Ltd. Imagen: Sudestada.
Tres millones para un magnate del oro canadiense
Silverado Gold Mines Ltd. es una empresa con sede en Vancouver, Canadá, que se dedica a la explotación minera en varias partes del mundo.
Su emprendimiento fundamental se
encuentra en Alaska, Estados Unidos, donde compra y explota propiedades
mineras a través de su subsidiaria, Silverado Gold Mines Inc. También
trabaja en el desarrollo de un combustible líquido derivado del carbón
mediante su otra filial en Estados Unidos, Silverado Green Fuel Inc.
Pero su fuerte es la extracción y explotación de oro, y tiene tres proyectos de ese tipo funcionando en Alaska.
En el año 2009 Silverado Gold Mines
Ltd., presidida por el empresario Garry Anselmo, se encontraba en una
situación muy delicada, producto entre otras cosas de la crisis
financiera que azotaba a Estados Unidos y que el gobierno de Barack
Obama parecía no poder contener.
Fue entonces que entró en acción la mano “salvadora” de una sociedad fundada en Islas Vírgenes.
Efectivamente, Ashborne Finance
Ltd., la empresa de los uruguayos y argentinos que tenía entre manos el
dinero proveniente de las cuentas suizas de Bárcenas, cerró un
sorprendente acuerdo con míster Anselmo.
Un comunicado librado el 12 de mayo
de 2009 por Silverado Gold Mines Ltd. anunciaba la firma de un contrato
con Ashborne Finance Ltd., por el cual la minera tenía derecho a vender
acciones a la sociedad de Islas Vírgenes por un mínimo de tres millones
de dólares y por hasta 100 millones de dólares.
La propia empresa canadiense calificó el acuerdo como
extraordinario y míster Anselmo irradiaba alegría ante la prensa por la
inesperada salida “para la financiación de nuestras actividades
comerciales en curso en la difícil coyuntura económica”.
El acuerdo fue firmado por Anselmo, en representación de Silverado, y por el abogado Yosef Manela, del estudio Manela & Company de Los Ángeles, Estados Unidos.
El acuerdo fue firmado por Anselmo, en representación de Silverado, y por el abogado Yosef Manela, del estudio Manela & Company de Los Ángeles, Estados Unidos.
El mismo día del acuerdo, Silverado
emitió acciones por 250 mil dólares pagados por Ashborne Finance, como
adelanto de las colocaciones que la sociedad de Islas Vírgenes se
disponía a emprender con privados. Y en los meses siguientes se fueron
concretando el resto de las ventas que –de acuerdo a cálculos parciales
en base a la documentación publicada por la minera canadiense y a otros
documentos oficiales del gobierno estadounidense –, rondaron los tres
millones de dólares.
El monto real de las transacciones
es de muy difícil comprobación en tanto Ashborne no lleva
contabilidad, y es factible que Silverado –al momento de hacerse pública
la conexión de Ashborne con el caso Bárcenas– busque minimizar aquel
acuerdo con la sociedad fantasma creada en el paraíso fiscal gobernado
por los británicos.
La pista de Faggioni
De cualquier manera, los accionistas de Ashborne y Lidmel, una vez que les toque declarar ante la justicia –sea en Uruguay, Argentina o España – seguramente adopten una defensa similar a la de Grupo Sur de Valores.
Dirán que durante 2009 sus empresas
actuaron como meros intermediarios entre alguien que quería transferir
dinero desde bancos formales y hasta de cierto renombre (Lombard Odier,
Dresdner Bank) y un empresario que no aparecía como sospechoso.
El problema es que ese alguien que
transfería dinero era Bárcenas, que en febrero de 2009 fue imputado por
la justicia española –con amplia difusión de prensa internacional– por
estar involucrado en la aceptación de sobornos investigados en el caso
Gürtel. En los registros de Lidmel aparece que el dinero sería enviado
desde Suiza por la fundación Sinequanon.
Era tarea del intermediario
verificar –en caso de querer aplicar la ley antilavado, y en caso de de
ser efectivamente un mero intermediario – quién estaba detrás de esa
organización, a qué se dedicaba, y por qué razón pretendía enviar varias
partidas por unos cuatro millones de euros.
Parece que a los accionistas de
Lidmel y Ashborne les alcanzó con saber el nombre de la fundación y con
el supuesto dato confiable que le pudo haber suministrado el gerente de
Grupo Sur de Valores, Marcos Guemes, sobre el empresario argentino que
sería el encargado de recibir el dinero.
En Grupo Sur de Valores figura un
cliente supuestamente respetable cuyo nombre es Guillermo Faggioni. Él
sería el encargado de retirar el dinero proveniente de Suiza, de acuerdo
a la versión que algunos accionistas de Lidmel brindaron en confianza a
ciertos operadores del sistema financiero uruguayo, según pudo
verificar Sudestada.
Este empresario en principio se
dedica la administración de empresas y ha incursionado en el mercado
inmobiliario argentino. El dinero que recibiría de Suiza sería invertido
en un negocio agropecuario, según la versión de los accionistas de
Lidmel que circuló entre un grupo reducido de ejecutivos del sistema
financiero.
Grupo Sur y Ashborne en otras denuncias de lavado
En febrero de 2011 la justicia argentina detectó que la Administradora de Fondos de Inversión del Sur (Afisur) –empresa uruguaya que como Grupo Sur de Valores S.A. pertenece al Seven Wizards Group Management, Inc.– había sido la responsable de transferir 250 mil dólares a la cuenta de un narcotraficante que adquirió un avión para transportar drogas.
Los hermanos Gustavo y Eduardo
Juliá compraron un Bombardier Challenger 604, que fue detenido en
Barcelona con 944 kilos de cocaína.
La adquisición de la aeronave se
hizo mediante un leasing concretado en noviembre de 2010, pero una de
las cuotas del convenio fue saldada con 250 mil dólares que llegaron a
la cuenta de Gustavo Juliá por intermedio de Afisur, según la
investigación judicial argentina.
Por su parte, en 2008 el ex
banquero Hernán Arbizú se autoincriminó ante la justicia argentina en
hechos de corrupción derivados del trasiego de dinero que suponía lavado
de dinero, y mencionó a una de las empresas que ahora se vinculan al
caso Bárcenas.
El ejecutivo reveló que desde su
puesto de jefe del área comercial del JP Morgan para el Cono Sur
(Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) movilizó dinero sospechado de
lavado de activos, y presentó una lista de cerca de 500 nombres de
empresas y personas involucradas.
En la documentación entregada por Arbizú a la justicia, aparece la siguiente información: “Cuenta:
0337122981; Denominación: Ashborne Finance Ltd. Entidad: HSBC Private
Bank; Operación: Transferir U$S 100 mil a J P Morgan Chase Bank NY. Para
el crédito de Lehman Brothers. Acc 140094221, cuenta beneficiaria:
743-28595-1-5-934. Beneficiario: Forestry. Fecha: 28 de marzo de 2007”.
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