A partir de que Uruguay ratificará la Convención contra la tortura, se estableció que el INDH funcionara como mecanismo de prevención. Al adoptar este rol, se deben realizar visitas periódicas a los centros de retención. Allí, el personal del Instituto no solo habló con los internos y recibió denuncias de las familias, sino también escucharon a los funcionarios y las autoridades. Los informes llegaron hasta el comité de las Naciones Unidas contra la tortura, el cual expresó gran preocupación por la situación de los centros de reclusión de Sirpa
A esta mala situación estructural, se sumaron denuncias concretas de malos tratos. Ante esto, las autoridades y asesores del Sirpa se contradicen constantemente en el destino de los funcionarios involucrados. Por un lado, desde la interna del Sirpa se dice que no los puede separar del cargo sin elementos de convicción suficiente, por lo que son trasladados. Pero en realidad, hay gente denunciada por varias familias que siguen en los mismos centros. A modo de ejemplo, Natalia contó el caso del centro Ser, donde se focalizan las denuncias más fuertes. La directora del centro recibió denuncias penales e internas, ante lo cual solo recibió una licencia, al menos de modo oficial. Quien quedó en su cargo, es otro de los funcionarios denunciados por malos tratos.
Por parte del estado aún no hubo respuestas sobre el tema. Desde el gobierno la principal actitud fue cuestionar las denuncias, considerando que tal vez sean exageraciones, y deslegitimando el trabajo del INDH.
Comunicado de prensa
en apoyo a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo acerca de las condiciones en las que se encuentran los y las adolescentes detenidos en los centros dependientes del SIRPA
En estos momentos en los que la tarea de la Institución Nacional de Derechos Humanos está siendo cuestionada por ejercer sus poderes legales de Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, respecto a las condiciones de los adolescentes detenidos en centros del SIRPA, las organizaciones y personas abajo firmantes
DECLARAMOS
1. Nuestro apoyo a la Institución
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo como espacio de
control y seguimiento del Estado sobre sus propias acciones. La creación
de esta nueva institucionalidad fue una conquista en el proceso de
afianzamiento del Estado de Derecho. El reciente Informe publicado por
la Institución sobre las visitas realizadas en el año 2013 al sistema
carcelario juvenil, una vez más corrobora el contenido de informes y
recomendaciones que parte de la sociedad civil junto a organizaciones
internacionales vienen desarrollando desde hace años. Las situaciones
visibilizadas muestran nuevamente las graves violaciones a los derechos
de los adolescentes que suceden en los centros de detención juvenil, y
cuestionan conceptual y estructuralmente a la cárcel como lugar propicio
para disminuir la criminalidad adolescente. Por el contrario, la cárcel
refuerza el proceso de exclusión, neutralización y estigmatización de
poblaciones desaventajadas en el acceso a sus derechos fundamentales.
2. Entendemos que los órganos de dirección tienen responsabilidad sobre gran parte de las acciones que llevan adelante las instituciones. También vale mencionar que las dificultades, dinámicas y culturas institucionales condicionan los cambios en las instituciones, provocando retrasos sustanciales. Por tal motivo, creemos necesario revisar permanentemente las políticas de gestión y realizar los cambios necesarios a la luz de muestras de desconfianzas continuas. En este sentido creemos imperioso relevar a la actual dirección del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente generando de esta forma una señal política clara y precisa acorde con la nueva agenda de derechos impulsada desde el Estado.
3. Creemos también que todos los actores que operan dentro del Sistema Penal y Carcelario tienen cuotas de responsabilidades en su funcionamiento. En este sentido visualizamos la falta de apoyo y las precarias condiciones de trabajo de la mayoría de los funcionarios que desarrollan tareas dentro del sistema. Sin previa capacitación y formación se les adjudican funciones complejas, con mínimos o nulos recursos de infraestructura. No obstante y -en coherencia con la rica historia del movimiento sindical- en su lucha permanente por los
derechos de los trabajadores, es intolerable la utilización de la violencia en sus múltiples formas y sentidos. Ninguna situación o condición justifica la Tortura, Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por tal motivo convocamos a los trabajadores del sistema y al movimiento sindical en su conjunto a promover buenas prácticas de ejercicio de sus funciones y a actuar de forma firme y rápida sobre cualquier uso desmedido de la fuerza dando una señal clara que LA TORTURA NO SE TOLERA Y SE PERSIGUE.
4. Reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nos pronunciamos en contra de la Baja de la Edad Penal Adolescente. Este tipo de medidas continuarán favoreciendo los estereotipos y las desconfianzas simbólicas y en nada ayudarán a disminuir los delitos cometidos por adolescentes. Sería aconsejable la promoción de una política de Estado que aborde el delito juvenil basada en la prevención comunitaria y en la disuasión. Para ello es necesario profundizar algunos ejes de políticas sociales que el Estado ha venido desarrollando.
5. Convocamos a la reflexión de todos los actores involucrados a fin de facilitar espacios propositivos de intercambio, buscando siempre avanzar y profundizar en materia de derechos.
2. Entendemos que los órganos de dirección tienen responsabilidad sobre gran parte de las acciones que llevan adelante las instituciones. También vale mencionar que las dificultades, dinámicas y culturas institucionales condicionan los cambios en las instituciones, provocando retrasos sustanciales. Por tal motivo, creemos necesario revisar permanentemente las políticas de gestión y realizar los cambios necesarios a la luz de muestras de desconfianzas continuas. En este sentido creemos imperioso relevar a la actual dirección del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente generando de esta forma una señal política clara y precisa acorde con la nueva agenda de derechos impulsada desde el Estado.
3. Creemos también que todos los actores que operan dentro del Sistema Penal y Carcelario tienen cuotas de responsabilidades en su funcionamiento. En este sentido visualizamos la falta de apoyo y las precarias condiciones de trabajo de la mayoría de los funcionarios que desarrollan tareas dentro del sistema. Sin previa capacitación y formación se les adjudican funciones complejas, con mínimos o nulos recursos de infraestructura. No obstante y -en coherencia con la rica historia del movimiento sindical- en su lucha permanente por los
derechos de los trabajadores, es intolerable la utilización de la violencia en sus múltiples formas y sentidos. Ninguna situación o condición justifica la Tortura, Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por tal motivo convocamos a los trabajadores del sistema y al movimiento sindical en su conjunto a promover buenas prácticas de ejercicio de sus funciones y a actuar de forma firme y rápida sobre cualquier uso desmedido de la fuerza dando una señal clara que LA TORTURA NO SE TOLERA Y SE PERSIGUE.
4. Reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Nos pronunciamos en contra de la Baja de la Edad Penal Adolescente. Este tipo de medidas continuarán favoreciendo los estereotipos y las desconfianzas simbólicas y en nada ayudarán a disminuir los delitos cometidos por adolescentes. Sería aconsejable la promoción de una política de Estado que aborde el delito juvenil basada en la prevención comunitaria y en la disuasión. Para ello es necesario profundizar algunos ejes de políticas sociales que el Estado ha venido desarrollando.
5. Convocamos a la reflexión de todos los actores involucrados a fin de facilitar espacios propositivos de intercambio, buscando siempre avanzar y profundizar en materia de derechos.
Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo(ANONG) Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
Fundación Mario Benedetti Casa Bertolt Brecht
Cotidiano Mujer
Mujer y Sociedad Uruguay (MYSU) Mujer Ahora
Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO) Servicio Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ)
Instituto de Estudios Legales y Sociales Uruguay (IELSUR) Grupo de familiares de adolescentes privados de libertad Organización Mundial Contra La Tortura (OMCT)
Centro de Estudiantes Universitarios de Psicología (CEUP)
Asociación de Docentes de Educación Secundaria Montevideo (ADES)
Comité de los Derechos del Niño Uruguay- CDNU Defensa de los Niños Internacional Uruguay (DNI) El Abrojo
La Barca
Vida y Educación
Gurises Unidos
El Tejano
Luna Nueva
Aldeas Infantiles
Asociación Civil El Paso
Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay (CIEDUR)
Servicio y Acciones para la Infancia (S.A.I)
Red Uruguaya contra la Violencia Domestica y Sexual
Grupo de Derecho y Género, Facultad de Derecho- UdelaR
Red por un Gobierno Abierto
Ciudadanías en Red (CIRE)
Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la información (D.A.T.A)
Movimiento Derecho a la Cultura
Festival de Cine Tenemos que ver
Infancia Adolescencia Ciudadana (IACI)
Asociación Cultural Uruguay Armenia (ASCUA)
Revista No te olvides
Adhesiones personales
Rafael Paternain
Rafael Bayce
Samuel Blixen
Valeria Rubino
Santiago Mazzarovich
Guillermo Lamolle
Leonardo Mattioli Valverde
Soledad Platero
Daniel Gil
Olga Laura Fernández Ogando
Daniel Fessler
Aníbal Corti
Daniel Viñar
Carmen Ruth Robaina Aparicio
Carlos Andrés Hipogrosso Fernández
Rafael Cantera Carlomagno
María Carolina Blixen
Alma Bolón Pedretti
Raúl Zibechi
Ana Inés Larre Borges
Nicolás Duffau
Magdalena Broquetas
Marcelo Rossal
Nairí Aharonián
María Cristina Umpiérrez Pacheco
Sandino Núñez
Daniel Vidal Saraví
Alma Pedretti
Anahit Aharonian Kharputlian
Inés Martínez
Louise Von Bergen
Estela Acosta y Lara
Andrea Vigorito
Nicolás Trajtenberg
Mercedes Xavier
Ivonne Trías
Isabel Trevelli
Elena Zaffaroni
Graciela Paraskevaídis Coriún Aharonián
Alfredo Falero
Desde el Comité de Prevención de la Tortura y otros tratos Inhumanos de Naciones Unidas, se reveló el último informe sobre la situación de Uruguay en materia de tortura.
El comité cuestionó la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 16 años y mostró “preocupación” por la consulta plebiscitaria a realizarse el 26 de octubre de 2014 para “el enjuiciamiento de jóvenes en conflicto con la ley como adultos en casos de delitos graves, como forma de luchar contra la criminalidad”.
El informe agrega: ”preocupan también al Comité los informes recibidos en los que se señala que el endurecimiento de la legislación penal aplicable a los menores infractores habría supuesto un aumento significativo en el número de menores privados de libertad, con el consiguiente deterioro en las condiciones de detención en los centros del Sistema de Responsabilidad de Adolescentes (SIRPA)”.
Afirma que “si bien el Estado parte no ha facilitado datos sobre la tasa de ocupación en estos centros, según la información de que dispone el Comité los centros SER y Las Piedras, en Colonia Berro, registran situaciones de hacinamiento agravadas por el hecho de que los menores permanecen hasta 23 horas al día confinados en sus celdas sin acceso a actividades formativas o recreativas. El Centro de Ingresos de Adolescentes Femeninos (CIAF) y el Centro de Privación de Libertad (CEPRILI), en Montevideo”.
El informe agrega: “El reforzamiento de las medidas adoptadas para evitar fugas en estos centros han restringido considerablemente las posibilidades de contacto con el exterior de los menores internados”.
La ONU recomienda “velar por que la edad mínima de responsabilidad penal establecida sea acorde con las normas de internacionales”, “aplicar la privación de libertad a menores infractores como último recurso y por el periodo más breve posible” y que las condiciones de detención en los centros de internado de menores “sean compatibles con la Convención”.
En el informe se muestran otras preocupaciones:
Accionar policial y maltratos:
- Se manifiesta preocupación por la ampliación de los poderes de la policía durante las detenciones, los allanamientos y registros domiciliarios y en relación con el uso de la fuerza.
- El comité sostiene que, pese a las “decenas de denuncias penales por maltrato u omisión de asistencia a personas privadas de libertad” presentadas por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, el Estado parte no haya facilitado datos precisos sobre el número de denuncias”.
Según el informe, Uruguay debería:
- Adoptar las medidas apropiadas para velar por
que todas las denuncias de tortura o malos tratos se investiguen con
prontitud, exhaustividad e imparcialidad, se enjuicie debidamente a sus
autores y, de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes
con la gravedad de sus actos;
- Velar por que las investigaciones de las
denuncias de torturas o malos tratos sean realizadas por un organismo
independiente que cuente con los recursos necesarios.
- Evaluar eficacia de los sistemas de denuncia puestos a disposición de las personas privadas de libertad;
- Proporcionar información detallada sobre los casos de tortura y malos tratos ocurridos durante el periodo examen.
Situación carcelaria
El comité expresó preocupación ante el hecho de que dos tercios de la
población reclusa se encuentre en espera de juicio y que la legislación
del Estado parte no establezca aún un plazo límite de duración de la
prisión preventiva.“Preocupan también las informaciones que indican que no se respeta la estricta separación entre procesados y condenados”, asegura el informe.
Uruguay debería:
- Aplicar“las medidas sustitutorias a la privación de libertad, de conformidad con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad”.
- Establecer plazo límite para la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales,
- Asegurar que los reclusos pertenecientes a categorías diversas sean alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de esos centros, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles
- Traspasar el sistema penitenciario del Ministerio del Interior a otra repartición administrativa.
El informe también criticó el accionar de Uruguay en la información de las muertes que ocurren dentro de las cárceles uruguayas. “Hubo 19 de estas muertes como consecuencia de incendios en centros de detención, y el resto causadas por electrocución y violencia entre reclusos.
Al respecto, la ONU exige que el estado proporcione “información estadística completa sobre el número de muertes de personas detenidas ocurridas durante el periodo en examen, desglosados por lugar de detención, sexo, edad y origen étnico o nacionalidad del fallecido y causa de la muerte”.
El informe de la onu que el gobierno no hizo público
Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas Observo duramente a Uruguay por situación de centros de detención y torturas
Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas Observo duramente a Uruguay por situación de centros de detención y torturas
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