Gustavo Zubía el fiscal de los torturadores y la impunidad
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La Justicia procesó sin prisión por el delito de difamación a la
funcionaria de la Unidad de Desarrollo Integral (UDI) de la ANEP,
señalada como la denunciante del caso de los psicólogos ñoquis, informó a
El Observador la jueza del caso, Blanca Rieiro.
En febrero pasado, la funcionaria había sido sumariada y separada del
cargo por la ANEP bajo el entendido de que su denuncia y conducta
“desleal” hacia la institución había generado “escándalo público”.
La funcionaria es acusada por la ANEP de denunciar el caso de los
psicólogos ñoquis a través de “cualquier formato o medio”, entre ellos,
mails anónimos a las autoridades del organismo. En ellos señalaba
también al exdirector de la UDI, el psiquiatra Héctor Martin, como
responsable de “supuestas violaciones a los Derechos Humanos en el
pasado y actualmente por tortura psicológica a los funcionarios
profesionales de la unidad”, según se recoge del expediente de la ANEP,
fechado el 18 de diciembre de 2013.
Los mails acusan a Martin de ser “el cerebro de un esquema científico
utilizado en la dictadura, y que aún se implementa, pensado para
arrasar sistemáticamente las personalidades”. Uno de los mail dice que
el psiquiatra “manipula tests psicológicos y entrevistas para precisar
donde y hasta qué profundidad sangrar la psiquis”.
Estos mails anónimos fueron los que dieron lugar a una denuncia penal
presentada en julio del año pasado por Martin, en la que acusaba a la
funcionaria y a otros dos trabajadores de la unidad por difamación e
injurias.
En este marco, la Justicia también investiga en el caso de los
psicólogos ñoquis, de forma independiente a la indagación que realiza la
ANEP.
El martes 14 de mayo, a solicitud del fiscal Gustavo Zubía, la jueza
Rieiro procesó sin prisión a la funcionaria, imputándole el delito de
difamación.
Además de los mails anónimos que llegaron a las autoridades de la
ANEP, la investigación judicial también reunió publicaciones en Facebook
por parte de la involucrada y papeles varios que llegaron al Codicen,
donde se expone al acusado “al odio y al menosprecio público”,
informaron fuentes vinculadas al caso a El Observador.
Los informantes explicaron que si bien la jueza intentó un arreglo
entre las partes, Martin no accedió. “La indagada se retractó y pidió
disculpas, pero esto no fue aceptado por Martin”, agregó una fuente.
La funcionaria apeló el procesamiento, alegando que ella no envió los mails.
Separados del cargo
Cuatro psicólogos y el psiquiatra Martin marcaban tarjeta en la UDI
pero se iban a otro empleo. Los funcionarios fueron sumariados y
separados del cargo. El instructor legal del sumario encontró mérito
para la destitución de todos los funcionarios, pero esta medida aún no
se ha efectivizado y hay tres que fueron reincorporados.
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jueves, 22 de mayo de 2014
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