Botijas encadenados como animales

Botijas encadenados

Está comprobado que en el Uruguay colocan grillos a los adolescentes procesados por el poder judicial. Con la excusa de “algunas otras cosas se han hecho bien”, los dirigentes sindicales y los ex guerrilleros que gobiernan el país, apoyan a Sergio Villaverde, responsable polítíco de las torturas…¿se puede mirar para el costado para no ver el hecho central:¡tortura! ¿no les mueve algún engranaje de vuestras consciencias, compañe@s franteamplistas?                                             Jorge Zabalza

 

La Biaba

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El suicidio .

Constatan graves violaciones a los DDHH



 Colonia Berro

 El Sirpa por adentro
Ser, Ceprili, ciaf, Hogar Cimarrones o Ituzaingó, son nombres que poco significan para muchos pero que no logrará olvidar quien haya estado alguna vez allí. Son algunos de los centros de reclusión que integran el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y que Brecha recorrió junto al Ielsur y el secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura. Acompañar la recorrida puede ser una buena forma de apreciar para qué sirve el encierro.
El estereotipo de los “menores infractores” se abre camino con fuerza en el imaginario. Como si la frescura de la vida aún breve desapareciera de pronto sin dejar rastro, olvidamos que hace poco dejaron de ser niños. Sobre ellos recaen los afanes punitivos hasta desdibujar la frontera entre víctimas y victimarios. “Por las dudas nos quedamos acá, nos avisan cuando quieran salir”, se nos dice al entrar en la celda. Seguro no es fácil estar allí, ni dentro ni fuera de las celdas. El continuo y fugaz paso de las historias de “los menores infractores” por la agenda mediática los convierte en un conjunto de seres, aunque diferentes, iguales. La analogía puede extenderse a los centros de reclusión, que a pesar de tener características distintas, son iguales. La lógica es casi la misma. Aunque siempre hay excepciones.
I. El hierro retumba. Una y otra vez las puertas se abren y cierran, delatando ensordecedoras la dinámica del espacio. Se respira fácil el pórtland y el encierro. Y la primacía del gris acentúa la falta de luz. La mayoría de los jóvenes pasan veinte horas al día en la celda; un rectángulo sin luz eléctrica ni más calor que la magra envoltura de las camas. ¿Hay algún sistema de calefacción? Un no prolongado en la o dice que la pregunta es retórica: “Esto es el Ser”.
Minimalista, la casa está limpia y ordenada. Allí comen, duermen, y no mucho más. Cuando hay visitas, una de las frazadas va al piso en procura de un poco de comodidad.
La cucheta ocupa casi la mitad del espacio. De su cabecera cuelga una toalla. “Si no es horrible”, dicen entre una mezcla de risa y vergüenza. Es que atrás está el inodoro, que bajo una ventana del tamaño de una caja de ravioles se eleva desde el piso completando el cuadro. Antes usaban bolsas de nailon.
¿Cómo es un día acá? “Todo el día de tranca”, dicen los del Módulo 2. Los chiquilines salen para bañarse y para ir al patio. Desde este año también van a la escuelita de la colonia para hacer el liceo. Pero no todos. “Yo me anoté pero no me llaman”, avisa uno. También viene una ong que hace talleres, pero “a veces te toca y otras no”. Y dos veces por semana juegan al fútbol.
El Ser es el centro de máxima seguridad de la Colonia Berro. Allí van los jóvenes complicados, no necesariamente porque hayan cometido los delitos más graves sino porque se portan mal en otros centros. Es el hogar de castigo. El sistema está organizado de modo que el adolescente, según su conducta, transita por varios niveles. El Módulo 4 es la parte nueva del hogar. Se edificó sobre lo que antes era patio. Tiene losa radiante, que por una cuestión de justicia no se enciende. Es que no todos quienes están allí pueden gozar de semejante lujo. Entre las alas del módulo se ve una mesa de ping-pong. La luz natural se expande desde la claraboya iluminando a unos diez que juegan animosamente. Afuera, una tanda de engrillados pasan por la requisa de rigor antes de ir a la escuela. En el patio una pelota triste rebota entre dos. El resto –salen de a 14– muta.
II. Cuando un adolescente ingresa al Ser va directo a la “tumba”, así le dicen a la celda de castigo en la que los nuevos, por una cuestión de orden, pasan cinco días solos, sin luz, actividades ni patio. También van sancionados si se mandan alguna macana dentro del centro. En ese caso el tiempo de permanencia varía según el nivel en que estén y la gravedad de la falta. La tumba también existe en otros hogares. En el Desafío es la celda 10, famosa porque ahí “se aparecen entidades” y “dicen que abajo hay un cajón de muerto”. Debe ser por eso que uno sintió una madrugada que le tiraban de la frazada, y hasta se le apareció un enano. Un día otro se puso muy nervioso, vinieron los del Suat y lo inyectaron. Durmió durante días.
 III. ¿Reciben visitas? “Él no.” ¿Por qué?, le pregunto. “No sé, dicen que no tienen plata.” ¿A vos sí te vienen a visitar? “Sí, todas las semanas. Pero yo les digo que no vengan.” ¿Por? “Qué van a venir acá, te hacen sentar en el piso, ¡tas loco! Cuando llueve llegan todos mojados. Pero vienen igual. Yo le digo a él que no se queme, que si necesita ropa que me pida, y de los paquetes que me mandan le comparto.”
¿Conocen cuál es el reglamento de convivencia? “Respetar a los compañeros, respetar a la Policía, respetar a los funcionarios y a la visita, ¿no viste el cartel de la entrada?”, dijeron varios. Otros sacaron un librito celeste que les habían repartido días atrás. La situación se repite en varios centros. “Nos hicieron firmar y nos dieron esto.” El documento no es comprensible para muchos de los adolescentes. Algunos no lo leyeron, porque no saben hacerlo muy bien, o empezaron y se aburrieron al toque. Otros en cambio tenían subrayados los artículos que no se respetan, como el que dice que tienen derecho a recibir la visita de familiares, amigos o ayuda espiritual.
Restringir la visita es una forma de sanción, según cuentan los chiquilines de varios centros, al igual que acortar las dos llamadas semanales de seis minutos a tres. Lo mismo pasa con el encendedor, o el baño. También el patio. “No estuve saliendo por una sanción.” Dice que lo involucraron en algo que no hizo. Le pregunto cómo lo tratan y me dice que bien. ¿Pero no fue a vos que te hicieron limpiar la pared con un cepillo? (Varios me habían contado que una forma de castigo era hacerlos limpiar el ala del módulo en traje de Adán.) Me contesta que sí esquivando la mirada. Le digo que entonces no lo trataban tan bien. “Es así –me responde–. No vas a estar tan bien, es una cárcel.”
IV. “¿Por el Ser y todo van? ¿De acá se van al Ser? ¿Y qué les dijeron ahí? Te cagan a palos en el Ser, ¿les dijeron?”, pregunta uno. “Hay mucha tranca pero este hogar está bueno, no te pegan ni nada. En el Ser te pican”, afirma otro. Los adolescentes identifican al Ser con las palizas, pero no es el único centro señalado en las denuncias.
Además de hacerlos limpiar desnudos las paredes o el piso, una práctica de castigo reiterada es “el paquetito”. Consiste en encadenar a los adolescentes de pies y manos y enganchar los grilletes por detrás del cuerpo, de modo de reducir al máximo el movimiento. Así quedan, tumbados por el tiempo que al funcionario se le ocurra. “O si no te llevan amarrocado para el patio con dos o tres funcionarios y te pican.” Al igual que los que no pegan, los golpeadores son identificados con nombre y apellido, así como por su nivel de violencia. “Con ese no podés, te pega en serio.” Algunos de los jóvenes, quizás los más cabizbajos, no se animan a identificar a los verdugos, se limitan a decir que “siempre son los funcionarios más grandes”. Mientras que hay otros que cuentan confiados cambiando un “No digas, que nos van a venir a pegar a todos” por un “No me importa, una paliza más, una menos…”.
Cuentan que a veces llaman a funcionarios de otros hogares. Ahora, “los directores que andan de traje”, ésos, no participan.
“¿Denunciar? ¡Tas loco! Si contás es peor.”
V. La pieza. Cuatro paredes y una puerta siempre cerrada. Más gurises que camas, colchones en el piso. Dos pequeñas ventanitas, y aun más arriba, casi llegando al techo, una ventana. Con suerte, un televisor. Sobre los bordes de la reja descansan avioncitos de papel. Son más de 20 horas diarias, en realidad cerca de 23 las que los adolescentes pasan dentro de la celda. Salen 20 minutos al patio, en algunos centros también a buscar el alimento, en otros se los traen a la celda. Los gurises la cuentan.
—La rutina de nosotros es: nos despiertan a las nueve, limpiamos los pisos, nos sacan a bañar, nos dan la leche. A las doce: alimento. A las cinco: patio, ahí tomamos la leche, y después… ¿A qué hora es el alimento? –pregunta uno de ellos.
—A las ocho –le responden.
—Y en total, todo el tiempo que estamos afuera junto es una hora –agregan.
Y la comida “está a full”. Así al menos es en el Centro de Medidas Cautelares (Cemec). Dentro de la celda está la cancha de ping-pong: la línea central armada con los championes, las chancletas como paletas y como pelotita la del desodorante.
—El juego lo inventó esta pieza –se jactan.
Un funcionario le dijo al director, y éste les compró unas paletas. Ahora pueden jugarlo en el patio. No hay grandes sanciones, porque tampoco son muchas las grandes macanas. La más común es faltarle el respeto a los funcionarios, por ende quedarse sin el patio, o sin llamadas. Otras normas las establecen entre ellos: subir suave a las camas, no golpear las paredes, salir “bien presentados” –peinaditos, con championes, sin llevar las medias por arriba del pantalón– y con la cabeza gacha cuando un compañero está con visita. Tampoco golpear los fierros de las camas, porque el ruido se siente en la otra celda, y sí, retumba. “Jesús protege la pieza”, reza un cartel tras la puerta; y en la celda de enfrente uno de los chicos señala el almanaque, tiene sus días contados con precisión. En otro de los centros, sólo una pieza tiene radio. Si no, hay demasiado ruido en las celdas. Ese es el argumento, y se acabó. Entonces para que todos puedan escuchar hay que ponerla alta. Los sábados, cuando pueden agarrar algunas cumbias en la tele, de tanto esperar las suben “a todo lo que da”, y cuentan que les apagan “el toma” y chau música.
Pero la conversación se interrumpe porque es hora de talleres.
—Ahora o nunca.
—Ya vamos, nos vamos a despabilar, lavarnos la cara y vamos –avisa uno. Otro pide:
—¡Funcionaria! ¡Fuego!
La llama se enciende junto a la ínfima ventanita a un lado de la puerta.
La mayoría de los adolescentes no tienen contacto fluido con sus abogados, ni saben nada del juez. Algunos sí lo tienen a través de sus familiares afuera. En el pasillo una funcionaria esposa pies y manos. Van a los talleres. En una piecita del Ceprili (ex Puertas) los adolescentes hacen talleres de teatro, de computación y de canto. El resonar de “Color esperanza” lo presagiaba. Salen al patio de mañana y de tarde.
VI. El pasto perfectamente cortado, las paredes pintadas de colores vivos… cuando uno traspasa el cerco perimetral del hogar Ituzaingó la atmósfera se distiende. El movimiento es permanente pero no hay gran alboroto. Tampoco gritos. Todos parecen estar concentrados en algo.
Tres educadores que almuerzan bajo la sombra de uno de los árboles del predio no se ven muy distintos del grupo de jóvenes que en la mesa contigua conversan, fuman, juegan. Algunos deambulan de aquí para allá, un grupo numeroso juega al ping- pong, y a pocos metros un adolescente y un funcionario se mimetizan en la construcción de un baño “para las visitas”. El director del centro, que encabeza la recorrida, nos dice que el muchacho pasó momentos difíciles y que con el apoyo de todos ahora está mejor. Por suerte ya le queda poco para egresar. Su proyecto es ingresar en la marina.
La casa está en permanente mantenimiento. “Como verán no es perfecto, es todo reciclado, pero cuando vinimos en 2011 esto estaba lleno de ratas.” Lo que hoy se ve, dice, es obra de los gurises y de los funcionarios. “Acá no viene una ong que trabaja una hora y se va. Acá los funcionarios vienen tres veces por semana desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde y trabajan con todos los gurises que quieran.”
En todos los centros hay más internos que cupos disponibles, y el Ituzaingó no es la excepción. Hay 90 gurises en una casa pensada para recibir a la tercera parte. Sin embargo el hacinamiento no se percibe a simple vista como un problema. “Estos tres lugares que antes eran pensados como calabozos ahora son la escuela, la panadería y la sala de informática.”
Un grupo de jóvenes dispuestos en círculo lee junto a dos maestras en la biblioteca, en un rincón descansan las máquinas de la futura fábrica de baldosas, a pocos pasos un adolescente arma y desarma piezas mecánicas, y de a poco el aroma anuncia que muy cerca algo está a punto de salir del horno. La cocina oficia de taller: pizza rellena, pan con grasa y diferentes tipos de pasta se aprecian sobre la mesada. “¡Las tortas que hace esta señora! ¡Al mejor estilo del Emporio! Hace un mes que está con nosotros y se ha encariñado mucho con los jóvenes, yo no puedo desperdiciar el saber que tiene y ponerla a abrir y cerrar puertas.”
VII. “¿Ituzaingó? Tas loco… ahí están todos los calefones.” ¿Pero parece que está buenísimo todo lo que hacen en ese hogar? “Parece, pero sos papeleta, si vas después para otro hogar te pegan. Yo me quedo acá.” A los que vienen de ese hogar los consideran “alcahuetes”, me explican.
Entre los centros hay pica. Y ésta se expresa fuertemente en la existencia de dos bandos: los del Ser y los del Ituzaingó, dos centros con conceptos visiblemente opuestos. Uno es de máxima seguridad, en el otro la apertura viene a más.
El cruce entre los internos de ambos centros puede devenir en conflicto, y por lo tanto se evita. Nunca juegan al fútbol juntos, y en la escuelita es mejor si no se encuentran. Se nos explica que por un lado el enfrentamiento tiene que ver con la cultura de la delincuencia, asentada con intensidad entre “los más pesados”, para quienes pactar con la institución, ser fieles a un proyecto, es sinónimo de traicionar los valores propios.
Pero estar entre los más pesados no implica haber cometido los delitos más graves. En ambos centros hay de éstos. La resistencia tampoco se asocia tan claramente con tener o no la voluntad de estudiar, trabajar, o participar de actividades. Algunos manifiestan que les gustaría ir a Cimarrones, por ejemplo, un hogar abierto en donde los jóvenes salen para ir a trabajar.
¿Y a Ituzaingó no? “No me gusta,  hay violadores.” ¿Funcionarios violadores? “Gurises.” ¿Cómo es eso? “El hogar… dicen que es calefón… pero no sé bien cómo es la mano.”
VIII. Una chica llora desconsoladamente junto al teléfono.
—Te amo, decile a él que lo amo mucho también –dice–. Te amo –insiste.
Del otro lado de la reja azul, una funcionaria mira las hojas de un listado. Entre sollozos, la detenida alcanza a decir:
—Tengo que cortar, mi amor.
Otra funcionaria la abraza, está desconsolada. Juntas caminan hacia la única entrada de luz natural que cae sobre el pasillo, justo sobre un rectángulo de cemento lleno de colillas de cigarrillos. Por encima del compensado que limita el lugar se ven las obras. Es que donde antiguamente había una cancha de fútbol habrá más celdas. Estamos en el Centro de Ingreso de Adolescentes Femeninos (ciaf).
A través de los pequeños huecos cuadraditos de las puertas se ven paredes tapadas de frases, nombres, dibujos. Por esos mismos huecos las adolescentes piden el agua. También se saben miradas. Desde allí cuentan que hay talleres de vóleibol, florería, costura. Pero son muchas, no alcanza una media hora por semana. Tienen que esperar a que les avisen. Preguntan la hora, no tienen reloj. Tienen entre 13 y 18 años. Y son 39 en un hogar con capacidad para 25. Del total, sólo diez no reciben medicación. El resto sí, psiquiátrica, o para tratar sus adicciones. Dentro de la celda no tienen televisión ni radio, según explican, para que no se depriman. De estos aparatos sólo pueden disfrutar durante la “convivencia”, una hora por día. La misma hora en la que tienen que lavar la ropa si lo necesitan, o jugar en la red que cuelga despareja en el pequeño patio gris, con el cielo lleno de duras franjas negras. Claro que el resto del tiempo nada tiene que ver con convivencia. {/restrict}

Nacional 7.5.14

En medio de denuncias de organizaciones sociales, de familiares de menores recluidos en hogares del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT decidió ayer respaldar la actual gestión de este organismo, comandada por Ruben Villaverde.
La gestión del Sirpa está en la mira de varias organizaciones no gubernamentales e incluso estatales debido a denuncias por malos tratos realizadas por familiares de internos de los centros de reclusión en el hogar Ser de la Colonia Berro. Las denuncias implican maltrato físico y verbal y hasta torturas. El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) incluso pidió la renuncia de Villaverde, y la INDDHH presentó documentación al Poder Legislativo y al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. En cambio, el presidente del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay (INAU), Javier Salsamendi, había respaldado la conducción del Sirpa, al igual que el sindicato de ese organismo.
Ayer el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT recibió a Villaverde (quien fue director del Instituto Cuesta Duarte de la central durante diez años) y a uno de los directores del Sirpa, Jorge Gago, quienes esbozaron un “informe completo” sobre las situaciones que se vivieron en los centros de reclusión. “La información que nos dieron fue contundente, desde el punto de vista de que el informe de la INDDHH tiene un montón de imprecisiones y desajustes, algunas cosas que no son verdad y otras que son verdades a medias”, dijo a la diaria Ismael Fuentes, dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (FUECYS). Fuentes destacó además que la actual dirección “ha hecho cosas muy interesantes con los gurises”, incluyendo “muchos gurises que actualmente están trabajando”, además de que “se bajaron muchísimo las fugas” y “se ha mejorado sustancialmente las condiciones, aunque es cierto que falta mucho por hacer”.
“No cabe duda de que deben pasar cosas y de que debe haber un exceso, pero ellos manifestaron que en los casos en que vieron esas situaciones los enviaron a la Justicia. Hay personal separado del cargo, otros procesados y otros en investigación”, añadió el dirigente, que destacó la disposición de la dirección del Sirpa a continuar denunciando las situaciones. El Secretariado decidió respaldar el “modelo” a seguir por el Sirpa, “fundamentalmente sobre la base de darles perspectivas [a los adolescentes] por la base de la educación y el empleo”. La decisión fue apoyada por la totalidad de los integrantes del Secretariado, aunque algunos integrantes enfatizaron en mayor medida el rol de la INDDHH, como Edgardo Oyenart, secretario de Derechos Humanos de la central sindical. “La INDDHH tiene gente muy valiosa y eso es indiscutible, pero todos nos equivocamos”, sostuvo Fuentes.
En cambio, el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Carlos Cachón, dijo que las denuncias de la INDDHH “hay que tomarlas en cuenta en su independencia, en términos de qué se puede corregir y mejorar”. Sin embargo, consideró que más allá de estos casos, lo actuado por el Sirpa “ha sido importante”: “Dentro de nuestra independencia de clase hay que reconocer cuando el trabajo se realiza bien, más allá de temas puntuales. Se está trabajando, hay sensibilidad para los temas y se apuesta a un proyecto de recuperación e inclusión social”.

Santiago Sánchez

Ex funcionario del centro Ser acusa a la dirección del sindicato de encubrir golpizas; el gremio sostiene que los “extorsionó”

Acusaciones recíprocas, informaciones contradictorias y en algunos casos falsas, responsabilidades que no terminan de dilucidarse, investigaciones administrativas que no concluyen y una defensa cerrada del oficialismo a la gestión de las autoridades del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa). Las denuncias por malos tratos a los jóvenes recluidos en los centros del Sirpa -y especialmente en la Colonia Berro- están a estudio del Parlamento, con estos elementos sobre la mesa. En el PIT-CNT hay distintas posturas respecto del tema. 

Hoy la comisión de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados recibirá a las autoridades del Sirpa y del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) por las denuncias de maltratos a los jóvenes recluidos, especialmente en el centro Ser de la Colonia Berro. Pero ayer hubo un preámbulo de la discusión de hoy: compareció ante la comisión de Derechos Humanos de Diputados el sindicato del INAU, encabezado por Joselo López.
El sindicato ya había cuestionado mediante un comunicado el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que denunciaba torturas en el Sirpa. Ayer ratificaron esta posición -calificaron el informe de “parcial” y defendieron la gestión de Ruben Villaverde al frente del Sirpa-, pero además hicieron afirmaciones 
novedosas.
Por ejemplo, cuando el presidente de la comisión, el diputado colorado Gustavo Espinosa, hizo referencia a un video difundido en 2013, en el que un funcionario golpea a un joven, el presidente del sindicato, Joselo López, contestó que el funcionario que filmó el video intentó extorsionarlos, amenazándolos con que si intentaban cesarlo del cargo, presentaría el video a la Justicia. Se refería al funcionario José Márquez. Además, López sostuvo en comisión que Márquez terminó presentando el video a la Justicia un año después de la golpiza, según relató a la diaria la diputada emepepista Orquídea Minetti y ratificó Espinosa. Esta última información resulta falsa, si se toma como válida la fecha de la grabación de la golpiza. La filmación, de acuerdo al registro de la cámara, se produjo el 2 de agosto de 2013, y el funcionario presentó la denuncia en setiembre de 2013.
la diaria dialogó con Márquez, quien negó un eventual intento de extorsión. “Es mentira. Yo nunca extorsioné al sindicato. Fui al sindicato a decirles que si seguían en la Colonia [Berro] tratando mal a los funcionarios y a los internos, yo tenía un video grabado y lo iba a presentar a la Justicia. [Joselo] López me dijo que tenía que adecuarme a la dirección de ahora [en referencia a la actual directora del centro Ser, Jessica Barrios] si quería ser bien evaluado”, sostuvo Márquez. El funcionario hizo la denuncia en setiembre de 2013 en el Juzgado de Pando. Sin embargo, en el expediente figura como denunciante Ruben Villaverde. “Se enteró de que yo iba a hacer la denuncia y se me adelantó, para quedar bien”, asegura Márquez.
El 17 de febrero de este año, el mismo día en que Márquez ratificó su denuncia, lo echaron del centro Ser “sin ningún motivo”, sostiene. Lo hicieron una semana después de que firmara una renovación de su contrato por un año. El funcionario inició un juicio laboral.

Del trabajo

Ismael Fuentes, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, afirmó ayer que el informe de la INDDHH tiene “un montón de imprecisiones y desajustes”. Edgardo Oyenard, de la secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT, dijo a la diaria que discrepa “profundamente” con esa visión. Reivindicó el rol de la INDDHH, sostuvo que su informe fue “medido, concienzudo, realizado por un equipo multidisciplinario” y recordó que el propio Villaverde admitió que hubo violaciones a los derechos humanos, desde el momento en que se presentaron las denuncias. “Que ha pasado, ha pasado, vamos a dejarnos de joder”, reclamó. No obstante, opinó que hay que reconocer “lo que se ha hecho bien” en la actual gestión del Sirpa.

Márquez asegura que Barrios es responsable de lo que sucede en el centro. Dice que las golpizas empezaron cuando ella ingresó al centro en julio de 2013, ya que trajo consigo a siete funcionarios [dio sus nombres] que son los que golpean hoy en el Ser; todos ellos trabajaban antes en el centro Sarandí y tenían denuncias por golpear a los internos. Los nombres dados por Márquez coin-
ciden con los nombres que figuran en las denuncias de los familiares, según las actas presentadas ante el Sirpa, a las que tuvo acceso la diaria. Hasta el 21 de abril de 2014, sólo uno de estos funcionarios había sido separado del cargo. Márquez asegura que Barrios “siempre estuvo al tanto de todo, es la principal promotora de lo que ellos hacen y nunca dejó de saber las cosas”. Sostiene que Barrios les dio “mucho poder” a esos funcionarios y al resto los dejó “aislados”.

Respaldos

Ayer en comisión, el sindicato destacó la gestión de las actuales autoridades del Sirpa. Dijo que en los últimos dos años se incrementó de 640 a 1.340 el número de funcionarios, pero valoró que los recursos humanos siguen siendo insuficientes, y que algunos problemas señalados por el informe de la INDDHH se solucionarían con más personal.
Sobre las denuncias de abusos, reclamaron una mirada “más global” de la gestión del INAU, relató a la diaria el diputado Espinosa. Destacaron que de 1.300 funcionarios, sólo 26 han sido denunciados. Resaltaron que en todos los casos se iniciaron investigaciones administrativas y que ha habido funcionarios sancionados y trasladados. Sin embargo, en el informe entregado el 21 de abril por jurídica del Sirpa a la abogada de los familiares de jóvenes recluidos, Sandra Giménez, sólo se menciona la separación del cargo de un funcionario.
“Los funcionarios no comparten el informe [de la INDDHH] porque dicen que es parcial, cosa en la que hago acuerdo”, indicó por su parte a la diaria la diputada emepepista Minetti. “Siempre hay denuncias, porque por más que sean adolescentes que estén presos, son sus madres, y es normal que tiendan a su defensa. El 90% de las denuncias no son reales”, sentenció. Destacó que todas las denuncias que recibe el Sirpa “se procesan”, pero admitió no saber cuántos funcionarios sancionados y destituidos hubo a raíz de estos procedimientos.
Minetti también cuestionó a Márquez por filmar la golpiza. “Si tú sos testigo de una violación de DDHH de esa índole, tenés que denunciarla inmediatamente. Este funcionario no la denunció hasta un año después”, valoró.

Natalia Uval

Violencia de Estado y cultura del encierro de menores

Samuel Blixen

Brecha, Montevideo

Los éxitos en la reducción de fugas y motines en los centros del nstituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau) tienen una contracara de graves violaciones de los derechos de los menores, denunciadas en el Parlamento. Golpizas reiteradas, tratos abusivos para preservar la seguridad, hacinamiento intolerable y sanciones colectivas prohibidas por normas nacionales e internacionales, son una parte de la realidad en algunos de los 17 centros de internación de menores del inau, según denunció la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh) en el Parlamento. En otros centros, según se consigna en cinco informes presentados a los miembros de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, la situación es más alentadora y se verifican adelantos en la superación de problemas, lo que, en opinión de los miembros de la inddhh, revela disparidad de criterios y políticas que dependen, en cada caso, de las orientaciones u omisiones de los directores o encargados de cada hogar o centro administrado por el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).
El presidente del Inau-Sirpa, Ruben Villaverde, (1) negó implícitamente las denuncias, y en declaraciones radiales se mostró molesto, aduciendo que las situaciones registradas por la inddhh refieren a mayo de 2013 y que ya fueron encaradas y superadas. Sin embargo hay informes de noviembre de ese año y de febrero de 2014 que confirman la persistencia de violaciones a los derechos de los menores. Villaverde retrucó: “El que escucha este informe debe pensar que esto poco menos que son las catacumbas, pero en medio de una serie de dificultades propias de la lentitud de procedimientos (…) nosotros en el mismo período logramos salir del paisaje de un motín y una fuga atrás de la otra, eran cuatro fugas por día”.
En la comisión se informó que existe un documento reservado que fue elevado al Sirpa y que contiene denuncias de malos tratos y la identificación de algunos funcionarios responsables. “Lo que más nos preocupa en este momento es el centro ser –dijo la abogada Mirtha Guianze a los diputados–. Es por ello que hemos hecho cinco visitas a ese centro. Hasta el momento no tuvimos respuesta de ese informe del mes de febrero, con relación al tipo de castigos físicos, maltrato y tratos humillantes o degradantes.”
Según se pudo saber, un menor internado en el ser fue víctima de una golpiza tal que le provocó una herida en la cabeza, que terminó infectada. Fue trasladado al hospital Pasteur, donde le drenaron la herida y después permaneció recluido en un centro de Montevideo para posibilitar el tratamiento con antibióticos. La inddhh recibió la denuncia días después y sus directivos pudieron observar cómo ese menor seguía con la cabeza vendada. Se obtuvo la historia clínica, lo que posibilitó una denuncia penal en un juzgado de Pando. “Logramos que el defensor se pusiera en contacto con Villaverde y que el chico permaneciera en Ceprili, donde se encuentra actualmente”, narra la ex fiscal. Villaverde no hizo ninguna referencia a ese grave caso de maltrato ocurrido en febrero pasado.
Según la doctora Guianze, los malos tratos se repiten en el ser y también los nombres de los funcionarios responsables. Pero, reveló, los menores y sus padres se abstienen de formular denuncias porque, dicen los familiares, “a los que denuncian después les pegan”. Guianze reiteró ante la comisión parlamentaria que “son determinados funcionarios cuyos nombres nosotros ya proporcionamos al Sirpa, y que se repiten. Son chicos que han estado, que han salido y que han vuelto. Incluso algunos que están en cárceles de mayores dicen: ‘Acá no pasa nada; ¡las palizas que me daba fulano de tal cuando estaba en el ser!’”. Según Guianze, en las visitas de los especialistas de la inddhh a los centros se comprobaron menores con escoriaciones y hematomas, pero esos elementos no son suficientes para elevar denuncias.
A la inddhh le preocupa particularmente la situación de los menores de entre 12 y 15 años, especialmente vulnerables. Los informes se refieren, además de a las golpizas, a los casos graves de hacinamiento (“que es una especie de tortura”), al aislamiento y al encierro prolongado. “Hay lugares donde pueden estudiar y tener un material de trabajo –puntualizó Guianze–. Pero hay otros en los que a uno le dicen que un lápiz puede servir para sacar un ojo y un libro para hacer un incendio. Entonces, ocho muchachos en una celda no tienen un libro en todo el día.”
En la comisión se hizo referencia al caso del hogar Ariel, cuya vieja casona, casi derruida, tiene serias deficiencias edilicias. “Sin embargo los directores y el equipo técnico sacan a los 43 muchachos al patio, y son rapiñeros y homicidas, no niños de pecho. En cambio en otros lugares, en los que están por hurto, no salen nunca al patio. Eso quiere decir que hace falta una política institucional. Hay sitios en los que el hacinamiento se tolera porque justamente la política institucional es buena. En otros no. Por ejemplo, en un lugar en el que seis o siete muchachos salen a hacer teatro con grilletes y esposas, hay cuarenta que quedan adentro y no salen.”
El uso de grilletes y esposas es la norma en algunos centros: los menores concurren a clase engrillados, y además tienen prohibido hablar entre ellos. Es parte de una política que, por ejemplo, aplica sanciones colectivas, que están expresamente prohibidas, y que a veces se adoptan a raíz de la infracción cometida por un solo menor.
En el centro Desafío, según los informes, el hacinamiento llega a una densidad del 153 por ciento; los internos permanecen encerrados la mayor parte del día, faltan actividades educativas y laborales. “Los encierros priorizan la seguridad sobre las medidas socioeducativas.”
En el Centro de Internación Provisoria hay prohibición de mantener material de lectura, y se aplican sanciones que eliminan las visitas, un extremo que los organismos internacionales condenan. En el Centro de Internación de Adolescentes Femeninas “el hacinamiento es intolerable, hay falta de higiene e inexistencia de privacidad para las necesidades fisiológicas”. En el Centro de Medidas de Contención hay 57 jóvenes para 32 plazas; la mayoría duerme en el suelo. Particularmente, las celdas 9 y 10 no cuentan con las condiciones mínimas indispensables, “el estado es deplorable, carecen de una ventilación aceptable, su aspecto es denigrante, la higiene es pésima, el calor se hace sofocante, agobiante e irresistible”.
El encierro prolongado provoca estrés por confinamiento: “Se configura una serie de condiciones de convivencia interna y propias de esta situación de encierro, donde predomina el aislamiento entre las celdas, la separación y la soledad afectiva, la falta de espacios de intimidad, las restricciones, prescripciones y proscripciones para conducirse como individuo diferente de otros y único en su existencia”.
En el Centro de Diagnóstico y Derivación se verifica hacinamiento, aislamiento, ausencia de actividades educativas. En el Centro de Privación de Libertad, al hacinamiento se suma una política que administra las actividades educativas según un criterio de selección en función de la conducta de cada menor, de modo que “rige un principio de premio-castigo y no el principio rector de una reinserción social futura”.
Por el contrario, los informes subrayan la buena política que se aplica en el hogar Sarandí: pese al hacinamiento y las carencias, las mismas “se toman como una oportunidad de trasmitir valores, apelando a que los adolescentes sean solidarios y roten en el hecho concreto de dormir en el suelo”. Las opciones educativas y recreativas disminuyen notablemente las horas de encierro.
En el centro Las Piedras se consigna que “la higiene general del establecimiento es buena y las celdas permanecen prolijas y aseadas”; en cuanto al trato, “se percibe un buen clima entre los adolescentes y en la interacción con los funcionarios”. En el centro Paso a Paso los informes reconocen “en líneas generales la buena labor que se está llevando a cabo por el personal del centro con los medios disponibles”.
La doctora Guianze concluyó su síntesis a los diputados: “Yo no puedo decirles que todo el Sirpa es malo, si bien hay situaciones que nos preocupan muchísimo. Lo que más nos preo­cupa en este momento es el castigo físico”.
1) Nota de Correspondencia de Prensa: Ruben Villaverde fue director del Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT, centro de investigación y formación de la central sindical financiado, entre otros, por UGT y Comisiones Obreras de España.




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