Anular la Ley de Caducidad

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Al mantenerse en vigencia la Ley de Caducidad, Uruguay incumple con tratados internacionales sobre Derechos Humanos. Por eso desde la cancillería pretenden evitar castigos y crear un proyecto para dejarla sin efecto.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso abierto contra Uruguay por la desaparición en 1976 de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman, según informó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Escuche la entrevista con Ariela Peralta, representante de CEJIL de Uruguay
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“Mala tos le siento al gato”....

Parece ser que el gobierno progresista le teme a la sanción ética y moral, que estaría a punto de hacer la OEA, por el no cumplimiento del Tratado Internacional especialmente en el caso Gelman.

Y se dice en grandes titulares que desde la Cancillería se estaría redactando un proyecto para anular la ley de impunidad. Y que a su vez, los legisladores del FA, estarían elaborando algo también, para salir del paso.

La maldita ley de la Pretensión Punitiva del Estado, resulta ser que se podía anular con la mayoría parlamentaria ya que se había perdido nuevamente en el segundo plebiscito que no votaron muchos de los que habían padecido o dirigido aquella epopeya de los años 60 en adelante. Pero ahora ante la presión internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vuelve nuevamente al tapete, ante la posibilidad de una demanda que inició Macarena Gelman.

Derogar o anular son dos palabras que andan en danza desde hace mucho tiempo.

Incluso varios legisladores la han usado de diferentes formas, para confundir a la sociedad civil.

El tema de la justicia sobre si juzgar o no a militares y policías, siempre ha tenido varias reticencias dentro del poder político. Porque como todos sabemos los pactos realizados a la salida por los militares y políticos dejaron acuerdos de cómo interpretar ese pasado reciente y qué no hacer o juzgar.

A pesar de todo el tiempo transcurrido hoy tenemos en una cárcel cómoda a algunos personajes de los aberrantes crímenes de Lesa humanidad cometidos en la dictadura.

La presión ejercida a través de la recolección de testimonios y pruebas contundentes ofrecida a fiscales y jueces, desde las organizaciones de Derechos Humanos no han sido totalmente satisfactorias a pesar de estos procesos. Aún quedan cerca de 400 represores que debieran ser procesados por los delitos de asesinatos y tormentos a los detenidos políticos. Que deberán cumplir sus penas junto a los que ya están presos por los más de 200 desaparecidos y 116 asesinados la mayoría por torturas.

Hace poco tiempo atrás, se barajó la idea peregrina de liberar a los “pobres viejitos” genocidas presos, por estar al final de su ciclo vital. Esto por ahora quedó desestimado ante un gran costo político de haberlo llevado adelante. Ahora se habla de un posible proyecto para evitar la sanción no solo económica sino moral y ética ante La CIDH.

Anular la ley de impunidad es lisa y llanamente ¡Anularla!

- Sin artificios- Sin beneficios a los genocidas-

-Sin olvidos- Sin reconciliación-

-Sin trampas a la Memoria

Solo Verdad y Justicia.

Martha Passeggi

reportera-gráfica.