Un nuevo movimiento social
La irrupción de proyectos de minería metalífera a cielo abierto en gran escala en un país de economía agropastoril, donde no existen yacimientos de gran concentración ni de grandes volúmenes y donde los impactos sociales y ambientales de la actividad extractiva serían de gran magnitud, ha generado un movimiento social de resistencia sin precedentes en Uruguay, en el que se está desarrollando un nuevo concepto de ciudadanía.
Sociedad 17.10.13
No hay ambiente
Mayoría de la Junta Departamental de Lavalleja quiere que la Intendencia no permita "explotaciones metalíferas a cielo abierto" en ese departamento.
Con votos de los ediles del Partido Nacional (PN) y del
Partido Colorado (PC), la Junta Departamental de Lavalleja (JDL) votó
un proyecto de decreto que declara al departamento libre de megaminería,
con el objetivo de que sea incluido en el Plan Directriz Departamental
(PDD), que está siendo elaborado por el Poder Ejecutivo.
Anoche,
en la barra de la JDL, una veintena de personas siguió la sesión con
atención. La edila informante del proyecto, Andrea Aviaga (Aire Fresco,
PN), destacó la inusual concurrencia. Su hermana Carol Aviaga es la
referente a nivel de la sociedad civil del movimiento local contra la
megaminería. También integra la Federación de Funcionarios de Salud
Pública y el directorio del PN por Aire Fresco.
Ayer Carol era la anfitriona. Pasadas las 19.00, media hora antes de que se iniciara el plenario, llegó acompañada por Víctor Baccheta, referente en temas ambientales del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus). Lo presentó al resto de los presentes, en su mayoría vecinos y pequeños productores rurales. “Vamos a dar la batalla contra la minería metalúrgica”, alentó uno de los presentes. “Metalífera”, corrigió otro. “Vamos a ganar esta batalla, pero no la guerra. Hay que seguir”, terció Carol, y pidió a Baccheta que pusiera a los presentes al tanto de las movilizaciones contra la megaminería en otros rincones del país.
Al iniciar el tratamiento del tema en el plenario, la edila Aviaga argumentó que la iniciativa “defiende claramente el derecho de la gente a un departamento con un medio ambiente sin contaminación, sin destrucción ni enfermedades”. “Esto recién empieza”, aseguró. El colorado Gustavo Risso (Uruguay es Posible) colocó el énfasis en la afectación de los “megaemprendimientos” a los productores rurales.
Desde la bancada del Frente Amplio (FA), los ediles Julián Mazzoni y Alejandro Santos cuestionaron que “ingresaran el proyecto por la ventana”, incumpliendo un acuerdo entre bancadas de consensuar previamente los puntos del orden del día. Durante sus intervenciones pidieron “olvidar que se está llegando a la época electoral” y no plantear el debate en términos de “defender al departamento de la contaminación”. “Nadie está a favor de la contaminación”, apuntó Mazzoni, quien argumentó largamente sobre la importancia del desarrollo sustentable. “Con este texto yo me pregunto dónde vamos a poner las industrias”, cuestionó Santos. En diálogo con la diaria, planteó dudas sobre la “validez jurídica” de lo votado en función de las normativas nacionales. “Las dos bibliotecas y la batalla jurídica será larga”, comentó Baccheta a la diaria.
Tras el fracaso de la votación y para alcanzar el objetivo, la coordinadora resolvió recurrir al recurso de referéndum departamental, previsto en el artículo 305 de la Constitución y en la Ley 9.515, de 1935. De acuerdo a esta normativa, 15% de los inscriptos residentes de un departamento puede presentar una iniciativa ante la JDL, luego de que las firmas sean avaladas por la Corte Electoral. La JDL debe pronunciarse dentro de los 60 días después de recibido el proyecto, y si lo rechaza debe enterar al intendente para que éste convoque a referéndum.
Para fines de 2012, además de los grupos en Lavalleja, había en Tacuarembó, Rivera y Treinta y Tres colectivos consolidados y movilizados para declarar las zonas rurales de esos territorios libres de extracción metalífera de gran porte. En abril de 2013, cuando el proyecto de ley de Minería de Gran Porte tenía media sanción del Parlamento nacional, Carol Aviaga informó a la diaria que se habían alcanzado 4.000 de las 7.500 firmas necesarias para, llegado el caso, habilitar el referéndum (ver edición del 22/04/13).
Ayer Aviaga señaló que cuentan con unas 7.000 papeletas de respaldo a la iniciativa, pero que “no fue necesario” iniciar el proceso formal ante la Corte Electoral porque las bancadas nacionalista y colorada “asumieron el compromiso” de reconsiderar y aprobar el proyecto que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto en Lavalleja. También con la voluntad política del Ejecutivo: la intendenta Adriana Peña (Alianza Nacional) señaló a la diaria que la postura del gobierno departamental “es la misma desde un principio” y no está directamente relacionada con la adopción de una postura contra la ley de Minería de Gran Porte de Alianza Nacional. Explicó que, en cambio, en aquella oportunidad pidió a los ediles que “no votaran” porque quería tener una reunión con el presidente José Mujica. “Nunca lo logramos. Pero ya no hace falta porque públicamente ha dado su opinión”.
El 12 de setiembre de 2012, un mes antes de que la JDL tratara el tema por primera vez, a nivel nacional, el diputado nacionalista Luis Lacalle Pou (Aire Fresco) cursó un pedido de informes a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y a la Dirección Nacional de Minería y Geología sobre los trabajos de B2 Gold en Lavalleja. El diputado -que también pedía información sobre Minera San Gregorio SA, instalada en Florida- solicitó la autorización ambiental, así como los controles efectuados por la Dinama, y realizó varias consultas sobre el cumplimiento de la Ley 18.610 de Política Nacional de Aguas. Nicolás Martinelli, asesor de Lacalle Pou, aseguró a la diaria que la respuesta nunca llegó. “El diputado siempre ha tenido preocupación por el cuidado del medio ambiente y el crecimiento sustentable en el tiempo, y ahora estos temas están presentes en su discurso de campaña”, indicó.
El administrador de B2 Gold, Pedro Aladio, integró la delegación de la Cámara de Industria Minera del Uruguay (CIMU) que acudió al Parlamento a las comisiones de Diputados y de Senadores que discutían el proyecto de Minería de Gran Porte, en febrero y mayo de 2013, respectivamente. Los datos manejados en ese ámbito por el presidente de la CIMU, Ignacio Salazar, según las versiones taquigráficas, indican que el oro “es el único mineral metálico con cierta presencia en el Uruguay, ya que el cobre y otros minerales no existen en el país”; aseguró que se extraen dos toneladas de oro anuales “frente a las 200 o 300 de China, Australia o Estados Unidos”. De acuerdo a la misma fuente, el escribano de la CIMU Carlos Coirolo aportó que el territorio uruguayo cuenta con 80 hectáreas de oro “por un valor que está entre 80.000.000 y 90.000.000 de dólares por año”.
Ayer Carol era la anfitriona. Pasadas las 19.00, media hora antes de que se iniciara el plenario, llegó acompañada por Víctor Baccheta, referente en temas ambientales del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus). Lo presentó al resto de los presentes, en su mayoría vecinos y pequeños productores rurales. “Vamos a dar la batalla contra la minería metalúrgica”, alentó uno de los presentes. “Metalífera”, corrigió otro. “Vamos a ganar esta batalla, pero no la guerra. Hay que seguir”, terció Carol, y pidió a Baccheta que pusiera a los presentes al tanto de las movilizaciones contra la megaminería en otros rincones del país.
Al iniciar el tratamiento del tema en el plenario, la edila Aviaga argumentó que la iniciativa “defiende claramente el derecho de la gente a un departamento con un medio ambiente sin contaminación, sin destrucción ni enfermedades”. “Esto recién empieza”, aseguró. El colorado Gustavo Risso (Uruguay es Posible) colocó el énfasis en la afectación de los “megaemprendimientos” a los productores rurales.
Desde la bancada del Frente Amplio (FA), los ediles Julián Mazzoni y Alejandro Santos cuestionaron que “ingresaran el proyecto por la ventana”, incumpliendo un acuerdo entre bancadas de consensuar previamente los puntos del orden del día. Durante sus intervenciones pidieron “olvidar que se está llegando a la época electoral” y no plantear el debate en términos de “defender al departamento de la contaminación”. “Nadie está a favor de la contaminación”, apuntó Mazzoni, quien argumentó largamente sobre la importancia del desarrollo sustentable. “Con este texto yo me pregunto dónde vamos a poner las industrias”, cuestionó Santos. En diálogo con la diaria, planteó dudas sobre la “validez jurídica” de lo votado en función de las normativas nacionales. “Las dos bibliotecas y la batalla jurídica será larga”, comentó Baccheta a la diaria.
Historia
La JDL había discutido la iniciativa en octubre de 2012. En aquella ocasión obtuvo el apoyo de 11 de los 16 votos necesarios y no prosperó. No obstante, la normativa vinculada a la legislación departamental permite reconsiderar la iniciativa en el plenario un año después de la votación. Para aquella instancia, vecinos, productores, dirigentes partidarios, integrantes de organizaciones y de la Federación de Funcionarios de OSE nucleados en una coordinadora serrana habían entregado a los ediles de la JDL unas 400 firmas de apoyo.Tras el fracaso de la votación y para alcanzar el objetivo, la coordinadora resolvió recurrir al recurso de referéndum departamental, previsto en el artículo 305 de la Constitución y en la Ley 9.515, de 1935. De acuerdo a esta normativa, 15% de los inscriptos residentes de un departamento puede presentar una iniciativa ante la JDL, luego de que las firmas sean avaladas por la Corte Electoral. La JDL debe pronunciarse dentro de los 60 días después de recibido el proyecto, y si lo rechaza debe enterar al intendente para que éste convoque a referéndum.
Para fines de 2012, además de los grupos en Lavalleja, había en Tacuarembó, Rivera y Treinta y Tres colectivos consolidados y movilizados para declarar las zonas rurales de esos territorios libres de extracción metalífera de gran porte. En abril de 2013, cuando el proyecto de ley de Minería de Gran Porte tenía media sanción del Parlamento nacional, Carol Aviaga informó a la diaria que se habían alcanzado 4.000 de las 7.500 firmas necesarias para, llegado el caso, habilitar el referéndum (ver edición del 22/04/13).
Ayer Aviaga señaló que cuentan con unas 7.000 papeletas de respaldo a la iniciativa, pero que “no fue necesario” iniciar el proceso formal ante la Corte Electoral porque las bancadas nacionalista y colorada “asumieron el compromiso” de reconsiderar y aprobar el proyecto que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto en Lavalleja. También con la voluntad política del Ejecutivo: la intendenta Adriana Peña (Alianza Nacional) señaló a la diaria que la postura del gobierno departamental “es la misma desde un principio” y no está directamente relacionada con la adopción de una postura contra la ley de Minería de Gran Porte de Alianza Nacional. Explicó que, en cambio, en aquella oportunidad pidió a los ediles que “no votaran” porque quería tener una reunión con el presidente José Mujica. “Nunca lo logramos. Pero ya no hace falta porque públicamente ha dado su opinión”.
Informes e informados
Dentro del departamento, afirmó Aviaga, el “megaemprendimiento” metalífero cuya concreción preocupa a la coordinadora es el de la empresa canadiense Weeping Apple-B2 Gold, que se encuentra en etapa de exploración en el territorio ubicado en el curso del Cebollatí a la altura de Pirarajá. “Queremos evitar que se le dé el permiso de explotación”, sostuvo.El 12 de setiembre de 2012, un mes antes de que la JDL tratara el tema por primera vez, a nivel nacional, el diputado nacionalista Luis Lacalle Pou (Aire Fresco) cursó un pedido de informes a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y a la Dirección Nacional de Minería y Geología sobre los trabajos de B2 Gold en Lavalleja. El diputado -que también pedía información sobre Minera San Gregorio SA, instalada en Florida- solicitó la autorización ambiental, así como los controles efectuados por la Dinama, y realizó varias consultas sobre el cumplimiento de la Ley 18.610 de Política Nacional de Aguas. Nicolás Martinelli, asesor de Lacalle Pou, aseguró a la diaria que la respuesta nunca llegó. “El diputado siempre ha tenido preocupación por el cuidado del medio ambiente y el crecimiento sustentable en el tiempo, y ahora estos temas están presentes en su discurso de campaña”, indicó.
El administrador de B2 Gold, Pedro Aladio, integró la delegación de la Cámara de Industria Minera del Uruguay (CIMU) que acudió al Parlamento a las comisiones de Diputados y de Senadores que discutían el proyecto de Minería de Gran Porte, en febrero y mayo de 2013, respectivamente. Los datos manejados en ese ámbito por el presidente de la CIMU, Ignacio Salazar, según las versiones taquigráficas, indican que el oro “es el único mineral metálico con cierta presencia en el Uruguay, ya que el cobre y otros minerales no existen en el país”; aseguró que se extraen dos toneladas de oro anuales “frente a las 200 o 300 de China, Australia o Estados Unidos”. De acuerdo a la misma fuente, el escribano de la CIMU Carlos Coirolo aportó que el territorio uruguayo cuenta con 80 hectáreas de oro “por un valor que está entre 80.000.000 y 90.000.000 de dólares por año”.
Lourdes Rodríguez desde Minas, Uruguay
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