La impunidad que quiere Manini asusta

Bastaron que se produjeran algunos procesamientos de represores militares en la pasada dictadura, incursos en violaciones de los DDHH, para que saliera la ultraderecha a tratar de cortar y volver al absoluto cauce de la impunidad. Hay que recordar que Uruguay signo Tratados internacionales de Derecho humanitario que TIENEN FUERZA DE LEY, superior a la ley de Caducidad, que obligan a los Estados a no admitir en caso de delitos de Lesa Humanidad amnistias, indultos o caducidad de la potestad del Estado para juzgarlos.

Manini apuntó otra vez contra la Fiscalía y dijo que sus acciones "son intolerables"

El senador de Cabildo Abierto ha venido cuestionando los fallos contra militares retirados por delitos cometidos en la dictadura.

>>> Presionó al ejecutivo

Guido Manini Ríos se reunió este jueves con el presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva, en uno de los encuentros que el líder de Cabildo Abierto mantiene de forma periódica -según explicó- con el mandatario.
Este jueves Manini dijo que le planteó a Lacalle Pou su “preocupación” por los fallos de la Fiscalía contra militares retirados por delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985).
“Yo traje el tema de mi preocupación por los atropellos que se siguen dando a los principios del derecho con acciones desde la Fiscalía que son intolerables a esta altura del partido”, dijo Manini en rueda de prensa tras la reunión con el presidente.
Consultado sobre cuáles son las acciones de la Fiscalía que cuestiona, el ex candidato presidencial prefirió no dar detalles: “No quiero extenderme en el tema, seguramente en las próximas semanas van a tener noticias de esto”.
Manini ya había transmitido al presiente Lacalle Pou su malestar con el procesamiento de un soldado retirado por un homicidio ocurrido en 1972.
Esta semana el fiscal que investiga delitos de Lesa Humanidad en la última dictadura, Ricardo Perciballe, pidió y logró el procesamiento con prisión de los militares retirados Nelson Coitinho y Hugo Garciacelay por el homicidio del militante comunista Julián Basilio López, ocurrido en 1976.
Estos procesamientos se realizan con la aplicación del Código del Proceso Penal viejo, el que se utilizaba antes de noviembre de 2017.
Manini Ríos y todo Cabildo Abierto como partido le solicitaron días atrás al presidente Lacalle Pou que destituya al fiscal General de la Nación Jorge Díaz. A los cuestionamientos por los fallos contra militares retirados se sumó la investigación que dispuso Díaz sobre la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, con pasado militante en el Partido Nacional y que este mes archivó el caso que investigaba al ex intendente y candidato a la reelección en Colonia Carlos Moreira.

>>> Ahora no está Huidobro

Cuando fueron a presionar Mujica y Astori, que votar eso era peligroso para el país en ese momento. Tabaré estaba de acuerdo para que no se aprobara la anulación. Llegado el momento Víctor Semproni

(del MPP) votó en contra. ...y se perdió la mejor oportunidad. Manini hoy, no sería el peligro que es, si se hubiese hecho lo prometido : ANULAR la ley de impunidad.

>>> El fino hilo de la democracia

Manini quiere reinstalar la ley de impunidad de los terroristas de estado, en defensa de asesinos y torturadores. Nuestro pueblo en la calle seguirá reivindicando Verdad Justicia Memoria y Nunca Más .

Los milicos que asesinaron y torturaron en democracia primero y luego en dictadura dan un paso más, ahora pretenden condenar en la justicia a quienes hablen de su pasado negro, eso es consecuencia de la impunidad, Manini es consecuencia de la impunidad, mientras cientos de
denuncias penales contra cientos de oficiales torturadores, y asesinos están paradas o se arrastran en los juzgados como la del sexto de Caballeria, en la que luego de 9 años siguen sin ir a declarar, Manini ahora les da alas, quieren ademas obligarnos a silenciar su pasado.

El Parlamento retomó el estudio del pedido de desafuero del senador Guido Manini por, presuntamente, omitir denunciar ante la Justicia la confesión de José Nino Gavazzo sobre su participación en un crimen de lesa humanidad. De momento, la resolución es incierta, pero todo hace prever que el desafuero será rechazado. Las declaraciones de Manini ante Fiscalía, sin embargo, revelan varias inconsistencias en su relato.

Durante la campaña electoral, el general Guido Manini anunció –en reiteradas ocasiones– que no se ampararía en los fueros parlamentarios para evitar ser juzgado por la Justicia. Esto hacía prever que la resolución sobre el pedido de desafuero en su contra sería un trámite rápido, sencillo. Pero algo cambió.
Al presentarse ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, Manini se limitó a pedir celeridad en la decisión: «No quisiera que este tema se dilatara más en el tiempo y que su tratamiento demorara meses. Tengo interés en que se sustancie a la brevedad posible». Pero no dejó asentada su voluntad de ser desaforado.

La decisión de los senadores de Cabildo Abierto –Guillermo Domenech y Raúl Lozano– de abroquelarse detrás de su líder y no votar el desafuero terminó de complicar el asunto. El argumento de los cabildantes es que los fueros son del Parlamento, no del legislador. Y que, al analizar un pedido de desafuero, los legisladores deben asumir el rol de jueces y decidir, con las evidencias a la vista, si la persona es culpable o inocente. Se debe tener la certeza de que el imputado cometió un delito. Según los cabildantes, Manini es inocente, víctima de una campaña de desprestigio del anterior gobierno.
Para habilitar el desafuero se requiere el voto de dos tercios de la Cámara de Senadores (21 votos). De momento, ese número parece distante. El Frente Amplio (FA) tiene decidido votar a favor, lo que significa 13 votos. El Partido Colorado –que tiene cuatro senadores– aún no fijó posición, ya que existen posturas divergentes en la interna. El sector Ciudadanos, liderado por el excanciller Ernesto Talvi está «estudiando a fondo» el caso para fijar posición; en tanto, el sector Batllistas, encabezado por el expresidente Julio María Sanguinetti, se inclina por rechazar el asunto.

En cualquier hipótesis, la decisión estará en manos del Partido Nacional, que – por ahora– se inclina por votar en contra. Los legisladores blancos estudian los documentos en contacto directo con las altas esferas de Torre Ejecutiva, ya que el pedido de desafuero afecta a un hombre relevante de la coalición de gobierno y los votos de Cabildo Abierto son clave para garantizar la gobernabilidad, sobre todo a pocas semanas de que el Parlamento comience a estudiar la Ley de Presupuesto.
En este marco, la oposición intentará –en línea con el pedido del propio involucrado– que el asunto sea analizado con la mayor celeridad posible. La idea, según afirmó un legislador del FA a Brecha, es evitar que la decisión se dilate, y que la coalición de gobierno deba pronunciarse a favor o en contra, con los costos políticos que puede significar cualquiera de esas dos decisiones.

Es decir, si no se vota el desafuero de Manini, puede quedar enlodado ante la opinión pública, y si se vota, puede ser enjuiciado por la Justicia.

CONTRADÍGASE
Tras analizar decenas de documentos e interrogar a 18 personas, incluido el entonces presidente Tabaré Vázquez, el fiscal Rodrigo Morosoli solicitó la formalización del ex comandante en jefe del Ejército por la omisión de denunciar un delito ante la Justicia. El fiscal consideró que Manini era el único responsable de retardar –en forma consciente e intencional– la presentación de la denuncia penal por la confesión de Gavazzo ante un tribunal de honor.

Según la imputación, Manini demoró 310 días en informar a su superior, el exministro Jorge Menéndez (hoy fallecido), sobre esa confesión. Un período que se extiende desde el día en que Gavazzo declaró ante el tribunal hasta el día en que Manini le entregó al ministro el expediente con la resolución. Para hacerse esta idea, Morosoli se basó en las contradicciones en que incurrió el excomandante con el resto de las personas que declararon en la investigación, incluidos los tres integrantes del tribunal de honor: los generales Gustavo Fajardo, José González y Alfredo Erramún.

Los generales aseguraron que al declarar ante ellos, el 10 de abril de 2018, Gavazzo se refirió a la muerte, en 1973, de un militante del MLN-T en una unidad militar; dijo que recibió la orden de hacer desaparecer el cuerpo y que la cumplió, arrojándolo al Río Negro. La revelación los sorprendió, por lo que solicitaron una reunión con Manini para informarle el hecho. La reunión se concretó, al otro día, el 11, en el despacho del excomandante. Es allí donde comienzan las contradicciones.

Según los generales, en esa reunión le dijeron que la declaración de Gavazzo era un hecho grave, que debía presentarse ante la Justicia. El excomandante les ordenó suspender las actuaciones; les dijo que él se encargaría del asunto, que aguardaran órdenes. La respuesta –según los oficiales– les llegó sobre fines de abril: el excomandante convocó a Fajardo, presidente del tribunal, a su despacho y le ordenó seguir con la investigación.

Al declarar ante la Fiscalía –el 26 de junio de 2019–, Manini Ríos dio una versión distinta. Dijo que ese día, tras reunirse con los generales, se encontró con el ministro Menéndez en una ceremonia de ascensos de la Armada en el Club Naval. Que allí le informó sobre la declaración de Gavazzo y le sugirió la posibilidad de reinterrogarlo para que aportara nuevos detalles de esa muerte; el exministro –dice– estuvo de acuerdo. «No había un dato concreto, había un muerto […]. Ha habido tantas denuncias de muertes en la vuelta a Gavazzo que no se sabía de cuál era», dijo Manini ante el fiscal.
Según Manini, en esa ceremonia también estaban los tres generales, por lo que ahí mismo le ordenó in voce a Fajardo que siguiera adelante con las actuaciones y que profundizara sobre los detalles de esa muerte. Esa contradicción quedó registrada en una repregunta de la Fiscalía, que recordó la versión de los generales sobre la demora. «Tengo idea de que fue el mismo día», insistió Manini.

La declaración ampliatoria de Gavazzo se concretó el 13 de junio; allí confirmó que el cuerpo era de Roberto Gomensoro. Tras recabar el testimonio, los generales volvieron a reunirse con su superior y le insistieron en presentar los antecedentes a la Justicia. Según los generales, le entregaron una copia de la declaración de Gavazzo y le informaron también sobre la declaración de Jorge «Pajarito» Silveira, que daba detalles de otros crímenes durante la dictadura, entre ellos la desaparición de Eduardo Pérez Silveira.

El excomandante, sin embargo, dijo no recordar cómo fueron los hechos: «No recuerdo si me lo dijeron, me lo contaron o lo leí. No fue una comunicación por escrito adjuntando el acta. Ellos estaban conmigo y me mostraron el acta, la leí […]. Me la pueden haber mostrado o me la leyeron. Supe perfectamente todo lo que dijo Gavazzo». Unos días después, les ordenó seguir con las actuaciones.

VERDADES A MEDIAS
En su declaración ante Fiscalía, Manini intentó, en todo momento, ubicarse en el lugar más auspicioso para su situación procesal. Una de sus estrategias –la más relevante– fue excomulgar sus culpas en sus mandos superiores, en particular, en el exministro Menéndez, el único que no puede contradecir su versión. Y afirmó que la decisión de presentar una denuncia penal le correspondía al mando superior, al Poder Ejecutivo.

Según Manini, el exministro tenía una preocupación especial por los asuntos referidos a crímenes de la dictadura y premura por obtener un fallo del tribunal de honor; no quería que pasara lo que sucedió con el exdictador Gregorio «Goyo» Álvarez, cuyo tribunal se extendió en el tiempo y nunca se pronunció.
Por eso le informaba en forma periódica sobre la marcha del expediente, incluida la declaración de Gavazzo.

La información –según su declaración– se la transmitió en dos actos públicos: en abril, en el Club Naval, y en junio, en un evento en el Ejército. Pese a tratarse de eventos con mucha gente, de estas conversaciones no existen testigos. «Mis conversaciones con el ministro siempre eran mano a mano», argumentó. ¿Incluso con tanta gente alrededor? «Nadie. Así sea en el estadio de Peñarol, [las reuniones] son aparte, mano a mano.»

Según Manini, en ambas ocasiones el ministro le ordenó –previa consulta con el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma– que el Tribunal siguiera adelante; se entendió que era una maniobra dilatoria de Gavazzo para que el asunto pasara a la Justicia y evitar la resolución. Y así se lo informó al presidente del tribunal. Al declarar en Fiscalía, los generales dijeron tener la convicción de que Manini le comunicó estos hechos al ministro. Esa convicción nace de la organización vertical que rige al Ejército. Pero el excomandante nunca les dijo en forma explícita que había informado a su superior sobre la declaración de Gavazzo; sólo les refería a la urgencia del ministro porque hubiera una sentencia. En este sentido, el fiscal Morosoli afirmó –al pedir el desafuero– que no existe ningún registro de que Manini haya informado de este hecho a su superior jerárquico hasta el 14 de febrero de 2019, cuando le entregó en mano el expediente con la resolución del tribunal y el documento de ocho páginas con críticas al Poder Judicial por su accionar en causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que terminó con su remoción. La reunión tuvo lugar en la sede del Ministerio de Defensa y se extendió durante diez minutos. El fallo se entregó en sobre cerrado. Al conocer su contenido, en particular el tenor del documento firmado por el excomandante, Menéndez –que atravesaba la etapa final de su enfermedad oncológica– sufrió un malestar físico.

Todos los mandos civiles del ministerio –en particular el entonces subsecretario Daniel Montiel y el director de Derechos Humanos, Juan Delgado– coincidieron en que Menéndez se enteró del testimonio de Gavazzo al recibir el fallo.

Incluso, Montiel aseguró que en una reunión que tuvieron en Durazno, donde Menéndez pasó sus últimos días, le preguntó si el mando del Ejército –o sea, Manini– le había informado en algún momento sobre estas declaraciones: «Él me dijo que no».

Tampoco existía registro en el expediente militar de las reuniones con los generales. En Fiscalía, el excomandante dijo que esa falta no era algo extraño, ya que la mayoría de las órdenes no quedan registradas: «El 99 por ciento de las órdenes que manejo con los generales son verbales». ¿Por qué no se documentó cuando se estaba rompiendo la reserva del tribunal?, le preguntaron. «Simplemente no se documentaba», contestó.

Según los generales, es habitual que las reuniones con el comandante no queden registradas, ya que entre los militares existe una palabra de honor, una obligación ética y moral de decir la verdad. Pero atento a lo que surgía de la declaración, Fajardo aseguró que iba a pedir que esas reuniones quedaran asentadas en el expediente antes de ser elevado al ministro. Manini les dijoque se iba a poner en un oficio. Eso no ocurrió.