Domenech escribano de la presidencia de Vazquez durante todo su mandato
“De las aulas pueden salir criminales, revolucionarios,viciosos de toda índole” escribió como sumariante de docentes en 1979 el hoy senador Domenech.
21 de agosto de 2020 · Escribe Belén Riguetti, Natalia Uval en Política nacional
El senador de Cabildo Abierto entendió que monografías liceales tenían un “tono subversivo” y constituían una “adhesión a la prédica de las organizaciones marxistas disueltas” en 1973.
El 2 de enero de 1979, Guillermo Domenech, actual senador por Cabildo Abierto (CA), firmó una constancia para cargos públicos, documento solicitado por la Junta de Comandantes en Jefe del Servicio de Información y Defensa. El documento, al que accedió la diaria y que forma parte de los “archivos Berrutti”, era requerido para trabajar en el Consejo de Educación Secundaria Básica y Superior, donde Domenech fue abogado encargado de la Oficina de Sumarios a partir de 1975. Según consta en varios documentos, participó, por lo menos, en una investigación sobre trabajos y monografías supuestamente subversivos y de “contenido marxista” presentados por alumnos de los sextos años del Liceo 14 en 1972 para la aprobación de año.
En un informe confidencial fechado el 6 de agosto de 1975 figura que Domenech era quien investigaba a varios estudiantes y profesores por el contenido de estos trabajos. En las casi 40 páginas en las que se describe la actuación en el Liceo 14, el actual senador interroga a profesores y alumnos y firma como abogado sumariante. Además, resolvió “proponer la destitución” de varios profesores, una resolución que fue efectivizada el 9 de mayo de 1978 por el rector interventor Daniel Ferreira y por el coronel Julio R Soto, vicerrector interventor.
En todos los casos a los que accedió la diaria, el actual senador aconsejó la destitución del docente con retención de sueldos debido a que este había aprobado varias monografías y resúmenes de libros en los que se formulaban “elogios de un sistema político de naturaleza subversiva”.
En uno de los documentos, fechado el 7 de octubre de 1975, consta que a causa de un informante que entregó los trabajos se procedió a la realización de una investigación sumarial para establecer “las responsabilidades que pudiera caber a quienes las aceptaron como elementos válidos para la evaluación de conocimientos con miras al pasaje del curso”. Los profesores que fueron citados eran de variadas asignaturas: Historia, Filosofía, Literatura, Arte Contemporáneo, Ciencia, Matemática, Física, Química, Biología y Dibujo. A los docentes se los investigaba por haber infringido el Decreto 640/973 (Procedimiento Administrativo. Procedimiento disciplinario), que fue derogado en 1991.
Una pregunta frecuente era quién había sido la persona responsable de recomendar la bibliografía, ya que algunos de los trabajos investigados eran resúmenes de libros. Otro cuestionamiento recurrente era: “A qué se debe que todos los trabajos tengan una orientación de corte marxista”. Cuando Domenech preguntó esto a una profesora de historia con 22 años de antigüedad, ella respondió: “No creo que eso pueda afirmarse, haría falta tener una estadística de todos los trabajos realizados durante seis años”.
Otra de las preguntas era si el contenido de las monografías respondía a “la acción proselitista de algunos profesores”, a lo que la misma docente contesta que no: “En el curso de los seis años 1968-1974 he leído monografías de los más diversos temas y de las más variadas orientaciones ideológicas; como fui formada profesionalmente y siempre ejercí una enseñanza laica, nunca tomé en cuenta para fundamentar mi voto de aprobación o rechazo de una monografía, la tendencia ideológica que ella manifestara, sino los aspectos estrictamente pedagógicos”.
En los interrogatorios, los docentes recordaron haber sido profesores de esos cursos pero no tenían presente el contenido de los trabajos, incluso alguno dijo que su tarea sólo consistía en hacer correcciones ortográficas y no de contenido. Uno de los docentes explicó que en el plan piloto que llevaba adelante el liceo “los temas debían ser de actualidad necesariamente”, ya que los programas “se referían exclusivamente al siglo XX y se desarrollaban de forma interdisciplinaria”; además, los trabajos se aprobaban o reprobaban por votación mayoritaria de los profesores.
El abogado de uno de los docentes de Filosofía señala en una nota que “un principio fundamental del derecho democrático es que las normas represivas no pueden tener efecto retroactivo”, además indica que “por el funcionamiento de las corrientes ideológicas durante el año referido (1972) la marxista no era una opinión punible”. Sostiene también que la evaluación se centró en la investigación y el análisis del tema, pero no en la orientación ideológica que pudiera tener, lo que “es siempre una apreciación subjetiva y por lo tanto susceptible de variar según quien sea el corrector”.
La defensa de Cassinelli Muñoz
La defensa de los profesores sumariados la ejerció el abogado y a la postre profesor emérito de Derecho Constitucional Horacio Cassinelli Muñoz. En su escrito, argumentó que los docentes actuaron “de conformidad con los principios constitucionales y doctrinales de laicidad y respeto a la libertad e independencia de la conciencia moral y cívica de los educandos”.
Cassinelli Muñoz señaló que en todos los casos salvo en uno, los trabajos de los estudiantes se trataban de “meros resúmenes de libros”, que “obviamente resultan de la misma orientación que el libro resumido” y que no habían sido vistos por los profesores hasta que se inició el sumario. Además, sostuvo que los docentes deben “apreciar los valores del trabajo, con prescindencia de su tendenciosidad, como modo de respetar la libre expresión del estudiante y su independencia de conciencia moral y cívica, religiosa o filosófica”. Añadió que la aprobación de un trabajo estudiantil “no significa, como es obvio, que el profesor comparta la orientación o las conclusiones del trabajo”, ya que lo que se evalúa es “los valores que el trabajo demuestre como ejemplo de la laboriosidad y del rendimiento del alumno en sus estudios”.
El abogado argumentó también que “es notorio que dentro de las generaciones jóvenes en todo el mundo se da el fenómeno de la tendencia renovadora, cuando no revolucionaria, determinada por la etapa que el ser humano atraviesa en la formación de su personalidad, etapa las más de las veces superada en virtud del simple paso de los años con las experiencias vividas y el apaciguamiento de los ímpetus propios de la vehemencia juvenil”. Agregó que los estudiantes suelen asumir “actitudes e ideologías más inconformistas” que el resto de la población, con independencia de las ideas de sus profesores o de los adultos. Y concluyó que “la represión psicológica de las tendencias naturales propias de esa edad” resulta “a la larga contraproducente”.
Cassinelli Muñoz sostuvo que los profesores se atuvieron a los programas de las asignaturas, y que incluso corrigieron las monografías de los estudiantes haciéndoles ver, por ejemplo, que el Estado socialista soviético monopolizaba los medios de información y difusión, “mención que difícilmente se conciliaría con un propósito supuesto de proselitismo o con una posición complaciente frente al marxismo soviético”.
Finalmente, solicitó que no se sancionara a los profesores y que se clausuraran las actuaciones.
El informe del sumariante
El dictamen final del procedimiento fue firmado por el jefe del Departamento de Investigaciones y Seguridad del Consejo Nacional de Educación (Conae), César Garabide Gurbindo, en 1978, y avalaba lo propuesto por Domenech. El actual senador concluyó que los docentes no cumplieron con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 71 de la Constitución, que indica que en las instituciones docentes “se atenderá especialmente la formación del carácter moral y cívico de los alumnos”.
Domenech afirmó que en los trabajos monográficos de los estudiantes “se formulan elogios de un sistema político de naturaleza subversiva, diametralmente opuesto al nuestro”. Como ejemplo de ello, citó frases formuladas por los estudiantes: “En América Latina se presentan dos casos, cada uno de ellos en distintas etapas de liberación. Estos países son Cuba y Chile. El primero ya ha adoptado una estructura político-económica independiente que lo lleva a tener una vida cultural propia. Con respecto al segundo, vemos el comienzo de un proceso semejante al de Cuba”; “En una sociedad donde existen las clases sociales, el fútbol está utilizado por el poder político como adormecedor del pueblo”; “La yerra está acompañada de un gran asado (uno de los pocos o el único que come el hombre de campo por año)”; “Un Estado autoritario no acepta una opinión pública independiente y monopoliza los medios de difusión y de información y además, maneja la opinión del público para que esta coincida con la orientación general del Estado. Si en cambio su futuro es socialista, los medios de comunicación se encargarán de formar individuos racionales”.
El informe de Domenech concluye que la monografía de la que surgen las frases mencionadas “constituye una desordenada selección de los sofismas y ridículos errores difundidos por el marxismo en nuestro país, y en especial a través de la enseñanza, contando con la indebida colaboración de algunos docentes como ha sucedido en el presente caso”.
Sostiene que las manifestaciones que aparecen en los trabajos “constituyen sin lugar a dudas una adhesión a la prédica de las organizaciones marxistas disueltas por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 1026/73 de 28 de noviembre de 1973, lo cual resulta inadmisible se realice en un trabajo de orden estudiantil y menos aún que este resulte aprobado por los docentes a quienes se encomienda su corrección”. El decreto mencionado por Domenech disolvió, entre otras organizaciones políticas y gremiales, al Partido Comunista, el Partido Socialista, la Unión Popular y la Federación de Estudiantes Universitarios. Además, por ese mismo decreto se clausuraron los locales y se incautaron los bienes de esas organizaciones.
A continuación, el dictamen realiza otras consideraciones generales. Por ejemplo, defiende que “no es posible sostener que todas las ideas son iguales, máxima estúpida que dio albergue a las corrientes marxistas”. “La responsabilidad en la formación de las generaciones del futuro es tarea irrenunciable de los hombres del presente. Sólo así nos aseguramos de que el sentir nacional ha de pasar de generación en generación sin debilitamientos ni claudicaciones”, alega. Domenech afirma que hay que “evitar” que “se formen ciudadanos que sólo poseen una perspectiva crítica con respecto a los valores de la democracia”.
Luego considera que, a diferencia de lo afirmado por Cassinelli, el docente “no interfiere indebidamente en la libertad de la conciencia moral y cívica de los alumnos cuando se esfuerza por conducir a estos hacia la verdad, el bien y la cultura”. “De las aulas pueden salir criminales, revolucionarios, viciosos de toda índole, o, por el contrario, hombres de carácter, conscientes de sus deberes, trabajadores, patriotas a carta cabal”, puntualiza.
Domenech concluye en su informe que los profesores violaron sus deberes funcionales “en cuanto omitieron observar el tono subversivo utilizado en los trabajos”. Casi un mes después de esta evaluación, el 6 de setiembre de 1976, el Consejo de Educación Secundaria, Básica y Superior propuso al Consejo Nacional de Educación la destitución de los profesores, resolución que finalmente adoptó el Conae.
la diaria se intentó comunicar con Domenech este viernes 21 pero no obtuvo respuesta del senador.
Habilitado para cargos públicos
En un documento fechado el 2 de enero de 1979, Guillermo Domenech firmó la Solicitud de Constancia para Cargos Púbicos. Ese documento, además de especificar datos básicos como la fecha de nacimiento, el número de credencial y la dirección de residencia, enumera los estudios del actual legislador. “Desde 1968 a 1969 estudiante de preparatorios de Derecho IAVA. 1969 a 1976 estudiante de Derecho (Abogacía y Notariado). Facultad. 1975 a la fecha se desempeña como Abogado en el Consejo de Educación Secundaria Básica y Superior”. En octubre de 2019, 40 años después de haber firmado ese documento, el actual senador declaró en el programa Tarde o temprano, de Canal 12, en una sección llamada “Candidatos a vice. Historias de vida”: “Yo me recibí el mismo día de abogado y de escribano. Di dos exámenes, uno por abogacía y otro por notariado. Eso fue a fines de 1975 y quedé habilitado para ejercer las dos profesiones en marzo de 1976”.
Con base en estas declaraciones, Domenech habría ejercido como abogado antes de tener la habilitación. Además, en la página del Poder Judicial, en la Consulta de Profesionales, que tiene una base de datos abierta de abogados inscriptos en la matrícula desde 1950 a la fecha, figura que Guillermo José Domenech Martínez está habilitado para ejercer como abogado y fue juramentado el 27 de febrero de 1976.
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