>>> No te olvides que Isaac
Las desviaciones de Alfie son profundas
Estamos viviendo una revolución tecnológica de la humanidad. El trabajo humano está siendo suplantado por la automatización y la inteligencia artificial. Entonces una cajera automática suplanta puestos de trabajo en el super y en los bancos, dentro de muy poco se suplantaran los choferes de taxis, ómnibus, y camiones de carga. La tecnología TESLA suplantará puestos de choferes. Ya lo hace UBER en el primer mundo, pronto llegará aqui porque es mas barato, funciona 24 horas, no se enferma, no está sindicalizado. Es mejor para la continuidad de las empresas.
Si bien habrá y ya hay pérdida de puestos de trabajo, los trabajadores deberán entonces adaptarse al desafío de actualizarse y capacitarse para las nuevas formas de trabajo. Se terminan los trabajos artesanales que son suplantados por máquinas como se suplantan los carteros por el email. pero se crean otros puestos de trabajo. Para ello hay que capacitarse. Estamos en plena revolución global del trabajo donde miles que no compitan por un trabajo quedan en la calle.
>>> Hablan de despilfarro
Primero el desprestigio, luego el recorte
«En
este marco se inscribe la ofensiva desplegada contra el Inefop,
destinadas a deteriorar su imagen y a recortar sus programas. Vemos
nuevamente los mecanismos ya utilizados en otras instituciones y
empresas públicas: sugerir corrupción, cuestionar su necesidad,
exponerlas como ineficientes y —como conclusión— aplicar recortes y
reducciones. La ofensiva contra Inefop recorre esta receta al pie de la
letra. Para ello articula tendenciosas operaciones mediáticas con
intervenciones políticas cargadas de intencionalidad, más allá de las
pruebas que la realidad presenta. Inicialmente, desde algunos medios se
agitaron los fantasmas de la corrupción en la aplicación de los fondos
dirigidos al fortalecimiento de los actores que integran el instituto.
Fondos de los que participa también la cooperación internacional
aportada por la OIT, y de los que disponen equitativamente las
organizaciones empresariales y los sindicatos.
Luego se desplegaron los cuestionamientos sobre la validez de sus programas y proyectos»
La motosierra llega al Inefop
Vistos los recortes presupuestales anunciados queda en claro que la inversión social será la más afectada por la política de ajuste del Gobierno.
EDITORIAL
El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), de conformación tripartita, administra el Fondo de Reconversión Laboral destinado a estimular el desarrollo social y productivo del país, a partir del diseño y la ejecución de políticas públicas en materia de empleo y formación profesional.
Con este cometido, el Inefop en primer término identifica los intereses y necesidades de empleadores y trabajadores, así como los de la población más vulnerable frente a la desocupación. Sobre esa base brinda luego asistencia técnica y formación profesional a empresarios, emprendedores y directivos de empresas, y conduce programas de capacitación para trabajadores en actividad y en seguro por desempleo. Con estos fines proporciona becas y tutorías destinadas a lograr la continuidad educativa de los trabajadores.
Otras funciones del instituto son la de actuar como intermediario para facilitar el empleo de algunos sectores de población, en algunos casos mediante la adjudicación de subsidios. También la de colaborar con la finalización de los ciclos educativos de los trabajadores en actividad, en la certificación de competencias laborales y en la asistencia técnica para la creación y desarrollo de empresas, considerando los intereses de empresarios y trabajadores, entre otros cometidos.
Esta breve descripción permite apreciar la trascendencia que tiene una herramienta institucional que, a partir de aportes realizados por trabajadores y empresas, así como de fondos provenientes de la Organización Internacional del Trabajo y otras fuentes de cooperación, atiende el imprescindible proceso de formación y capacitación que el mundo del trabajo requiere.
Mayor aún es su importancia cuando la pérdida y precarización del empleo emergen en forma aguda a partir de la crisis sanitaria y la política económica recesiva que implementa el gobierno. Sin dudas, este instrumento —que permite a los sectores laborales profundizar su formación y elevar su calificación— debería ser considerado un valor estratégico para superar la coyuntura actual.
Sin embargo el camino elegido es nuevamente atacar los ámbitos en que participan los trabajadores, contraer su capacidad para contribuir a la búsqueda de soluciones para el país y desarticular derechos y posibilidades de superación para la población más vulnerable.
En este marco se inscribe la ofensiva desplegada contra el Inefop, destinadas a deteriorar su imagen y a recortar sus programas. Vemos nuevamente los mecanismos ya utilizados en otras instituciones y empresas públicas: sugerir corrupción, cuestionar su necesidad, exponerlas como ineficientes y —como conclusión— aplicar recortes y reducciones.
La ofensiva contra Inefop recorre esta receta al pie de la letra. Para ello articula tendenciosas operaciones mediáticas con intervenciones políticas cargadas de intencionalidad, más allá de las pruebas que la realidad presenta.
Inicialmente, desde algunos medios se agitaron los fantasmas de la corrupción en la aplicación de los fondos dirigidos al fortalecimiento de los actores que integran el instituto. Fondos de los que participa también la cooperación internacional aportada por la OIT, y de los que disponen equitativamente las organizaciones empresariales y los sindicatos.
Luego se desplegaron los cuestionamientos sobre la validez de sus programas y proyectos. Algunos fueron dirigidos contra la investigación de los mercados de trabajo, y otros a desvalorizar la contribución al desarrollo de aquellas empresas que intentaron recuperar unidades productivas fundidas en manos de los trabajadores. Además fue cuestionada la eficacia de los programas dirigidos a la terminación de los estudios formales de los trabajadores con el apoyo del instituto.
La última línea de la crítica apunta hacia la eficiencia en la gestión, y cuestiona la importante inversión desarrollada en el pasado quinquenio en materia de contrataciones y becas.
Montado el escenario, no se hicieron esperar las primeras medidas tendientes a desmantelar programas y recortar beneficios. Así, en forma sorpresiva y expedita, se cancelaron cerca de 10.000 becas. Con ellas se apoyaba a trabajadores a través del programa Uruguay Estudia, destinado a terminar su formación en el sistema educativo. Y aún mayor será el impacto de estos recortes. A los desocupados participantes en ese programa se les aplicará una reducción del 60 % en los viáticos que recibían, para darles la oportunidad de concurrir a centros de estudio y de esta forma mejorar su calificación en diversos oficios.
Estas medidas merecen el rechazo frontal de parte del movimiento sindical porque afectan derechos y oportunidades para acceder a mejores puestos de trabajo, a la vez que empobrecen la fuerza laboral de que disponen las empresas. Y también por afectar directamente la oportunidad de miles de trabajadores desocupados, que solo contaban con la capacitación para reconvertirse laboralmente o reingresar al mercado de trabajo.
El retiro de estos apoyos se produce cuando la pandemia y la receta neoliberal aplicada por el gobierno profundizan la recesión y la desocupación. Justo en el momento en que el mantenimiento de la mayor extensión de programas y contribuciones del Inefop resulta estratégico para recuperar el nivel del empleo.
Pero el Gobierno tiene otros planes. Redireccionó al Fondo Coronavirus los recursos disponibles generados por el aporte de trabajadores y empresarios, cuando claramente eran imprescindibles para atender la crisis del empleo. Estas acciones nos muestran a un Estado omiso en el cumplimiento de funciones establecidas por la ley e insensible a la urgencia de fortalecer esta herramienta de cara a la situación de crisis.
Sin duda, la ofensiva destinada a erosionar esta herramienta fundamental tiene un contenido inmediato: el desmantelamiento de un componente imprescindible de las relaciones laborales y la mejora de la calidad del trabajo. Pero aún más profunda es su intención de limitar un pilar fundamental de nuestro desarrollo como sociedad. El filósofo Fernando Savater afirma que «la educación debe formar ciudadanos y no empleados» y «formar ciudadanos significa formar gobernantes». Desde esta visión no existe, para un gobierno centrado en la exclusión y la vulneración de derechos, nada más peligroso para sus intereses que una clase trabajadora educada y consciente de su papel como ciudadanos.
Ante cierre del diálogo banca oficial aplicará medidas
Vie. 7 de agosto , 2020
Un choque frontal de posiciones se dio ayer por la tarde entre una delegación del sector oficial de AEBU y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.
Lorena Lavecchia ayer, a la salida de la reunión con OPP
Mientras el sindicato entiende que el Banco República necesita dinero para invertir y que algunos de sus locales presentan carencias edilicias y de equipamiento, estas razones no fueron atendidas por la OPP. Argumenta una «falta de dinero» que el directorio anterior «malgastó», afirmó Isaac Alfie. Sobre estas bases el jerarca de gobierno manifestó que se mantendrá el tope de las inversiones en el 85 % y también la decisión de reponer solamente un tercio de las vacantes que se registren en los bancos oficiales.
Esta decisión contrasta con las enormes ganancias que el año 2019 registró el BROU y con el hecho de que en el primer semestre de 2020 estas aumentaron y mostraron que el banco se mantiene como una isla de prosperidad dentro de un conjunto recesivo de la economía nacional.
«Nos vamos a tener que reunir a analizar la situación porque estamos disgustados y pensamos en la profundización del conflicto que estamos llevando adelante», afirmó Lorena Lavecchia, presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial a la salida de la reunión. Hoy al mediodía el consejo del sector delineará las medidas de lucha, dado que no existe una negociación seria, y ha sido cerrada tajantemente por el Gobierno toda posibilidad de hacer más planteos.
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