vie may 31 2013 00:34
Asi lo anunció hoy el periodista Juan Carlos Giacosa en su cuenta de Twitter. El titular del máximo organismo judicial del país había dicho días atrás
que en todos los casos abiertos los jueces y fiscales "tienen la
oportunidad de opinar en el sentido que sea", pero "eventualmente van a
encontrar una muralla" en lo que refiere a la inconstitucional de la
norma que eliminó la prescripción de los delitos cometidos por militares
y policías durante la dictadura.
El periodista Carlos Rodríguez, conductor de TNU
Noticias “Cierre”, agregó por la misma red social que Ruibal Pino dijo
que “por razones de delicadeza y decoro tengo que apartarme de esos
expedientes”.
En entrevista exclusiva con la periodista Georgina
Mayo, el presidente de la Suprema Corte afirmó: “Soy un ministro
sospechado, de falta de imparcialidad o de parcialidad. Entiendo que por
falta de delicadeza, tengo que apartarme de esos expedientes”.
En
referencia a los dichos contra jueces y fiscales y contra “la muralla”
contra la que se darían, Ruibal Pino dijo que se estaba refiriendo al
caso específico de Julio Castro y que aquella palabra la habría
utilizado un periodista. “Yo me referí a un único caso que ya estaba
decidido por la Corte”, dijo el jerarca.
Además afirmó que la “mitad de la opinión pública en
Uruguay interpretó lo que yo no quise decir” y en referencia a su
relacionamiento con la prensa, el jerarca recalcó su arrepentimiento por
sus comentarios. “Siempre hablar con la prensa [y para quien no está
acostumbrado a hablar con la prensa] no es fácil”, remarcó el juez.
viernes 31.05.2013
los magistrados insistirán con la normativa internacional
Fiscales podrían ir a corte de DD.HH.
El enfrentamiento entre cinco fiscales y
cuatro ministros de la SCJ está lejos de terminar. Los representantes
del Ministerio Público, incluso, están dispuestos a evaluar la opción de
llevar los casos de los militares a la Corte Interamericana.
La recusación que los fiscales penales Ana
Tellechea, María de los Ángeles Camiño, Carlos Negro, Gilberto Rodríguez
y Ariel Cancela presentaron contra cuatro ministros de la Suprema Corte
de Justicia (SCJ) a los que acusan de prejuzgar en casos de violaciones
a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) es un hecho
inédito ya que se tendrá que formar un tribunal especial que deberá
decidir sobre el punto.
Los planteos de los representante del Ministerio
Público son en relación a 11 expedientes que están a su cargo, y tienen
como origen las declaraciones públicas que formuló el presidente de la
SCJ, Jorge Ruibal Pino, quien dijo que todos los casos están abiertos y
los jueces y fiscales "tienen la oportunidad de opinar en el sentido que
sea", pero "eventualmente van a encontrar una muralla" en lo que
refiere a la inconstitucional de la ley que amplió la prescripción de
los crímenes cometidos por militares y policías y los definió como
delitos de lesa humanidad.
"Cuando llegue el momento, ya sea si se expide el
tribunal o que por alguna razón cuando llegue el fin del expediente
penal tenga posibilidad de expedirse la Corte, se va a volver a la
solución de la Corte si es que tiene la misma integración que ahora",
afirmó Ruibal Pino a principios de abril.
El presidente del máximo órgano del Poder Judicial hizo
esas declaraciones cuando la Corporación ya se había pronunciado, por
mayoría de cuatro a uno, por la inconstitucionalidad de la norma que en
los hechos operó como interpretativa de la ley de Caducidad.
Además de Ruibal Pino, los ministros Jorge Larrieux,
Jorge Chediak y Julio César Chalar votaron por la inconstitucionalidad
de la ley. El único ministro que en minoría se pronunció a favor de la
ley interpretativa fue Ricardo Pérez Manrique, y por eso no fue
recusado.
"De la manera que se expresó el señor presidente de la
Suprema Corte y que los demás ministros no salieran a aclarar que no
estaban de acuerdo, es algo que indica que los cuatro opinan lo mismo",
declaró Camiño ayer a El País.
Rodríguez, por su parte, comentó que a su juicio lo
cuestionable a los ministros de la SCJ es que "cierren toda discusión
jurídica".
Interamericana
Camiño indicó que era "esperable" que los cuatro
ministros recusados rechazaran el planteo. Lo mismo dijo Rodríguez, para
quien ese resultado era "previsible".
Los fiscales buscarán continuar adelante con las
indagatorias, intentando hacer valer la normativa internacional, en
especial, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que en marzo de 2011 condenó al Estado uruguayo a investigar la
desaparición de María Claudia García de Gelman, ocurrida en 1976.
De hecho, hay varios jueces de primera instancia
que, a pesar de la posición de la SCJ, han decidido seguir adelante con
varias indagatorias.
"Seguiremos hasta que podamos manteniendo nuestro
criterio y que prime el derecho internacional", dijo Camiño, quien
confía en que la SCJ varíe su posición. Para la Corporación tiene más
peso la Constitución y las normas internas uruguayas, y por eso declaró
la inconstitucionalidad de la interpretativa de la Caducidad.
En caso contrario, los fiscales, en intercambios
sobre el tema, han manejado la posibilidad de llevar los casos ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que eventualmente se
llegue a un pronunciamiento de la Corte Interamericana.
"Se ha conversado en algún momento, pero no hay nada
en concreto porque la intención es instruir estas causas a nivel
nacional", dijo Rodríguez a El País sobre la posibilidad de que los
fiscales recurran a organismos internacionales de Justicia. Agregó que a
nivel personal es algo que debería "estudiar" ya que "no tiene claro"
si los fiscales como tales podrían dar ese paso. Quienes sí están
legitimados a recurrir a la Comisión Interamericana son las víctimas
directas del terrorismo de Estado y sus familiares.
Camiño, por su parte, dijo que tendría que analizar a
fondo esa alternativa, y por ese motivo indicó que no puede
"aventurarse" con un juicio definitivo sobre el punto.
El fiscal Ariel Cancela, en tanto, dijo a El País
que tiene dudas de que cada fiscal en forma independiente pueda
presentarlos ante la Comisión Interamericana o si es algo que debería
hacer la "institución", es decir, el Ministerio Público.
"Obviamente que uno se presenta posibilidades, pero
no lo he estudiado ni me estoy planteando la posibilidad de hacerlo
ahora porque me parece que hay todavía un trayecto para transitar a
nivel interno", comentó Cancela.
La
jueza penal de Segundo Turno de Cerro Largo, Verónica Ester Pena
Molina, ordenó el ingreso del antropólogo López Mazz y su equipo a un
predio en Cerro Largo conocido como el cementerio de “Los Álvarez” donde
se presume que puedan existir enterramientos de personas desaparecidas
durante la dictadura.
El cementerio
rural se encuentra a la altura del kilómetro 335 de la ruta 7, entre los
poblados de Fraile Muerto y Tupambaé, y se ingresa a través de un
camino de servidumbre después de recorrer unos doce kilómetros. En el
lugar se constituyó un equipo de la Jefatura de Policía de Cerro Largo y
del equipo de antropólogos de la Facultad de Ciencias que encabeza José
López Mazz. La magistrada autorizó el ingreso a la estancia Las Moras
que sería propiedad del ex general del Ejército Manuel Núñez, ex
ministro del Interior durante la dictadura, y que está contigua al
cementerio. Otras fuentes sostienen que el cementerio pertenece a la
propiedad del ex jerarca castrense.
Fuentes de la Secretaría de DDHH confirmaron a LA REPÚBLICA que la investigación comenzó hace varios meses en torno al “presunto lugar donde pudieron haberse producido enterramientos de personas desaparecidas”. En el transcurso de la misma se recogieron diversos testimonios, todos coincidentes en cuanto a que efectivamente allí se habían producido enterramientos clandestinos. Según pudo saber LA REPÚBLICA, las últimas inhumaciones “formales” en dicha necrópolis datarían del año 1974. Los informantes dijeron que los sitios de interés serían “dos o tres”. En el lugar se constituyó ayer un equipo de la Jefatura de Policía de Cerro Largo y de antropólogos liderados por José López Mazz.
En la mañana de hoy, el equipo de antropólogos de la Facultad de Ciencias comenzaría con la tareas de búsqueda. De acuerdo a los datos recogidos por LA REPÚBLICA, en la mañana de ayer hubo una inspección ocular en el lugar, estando presentes la jueza de Segundo Turno en lo Penal, de Cerro Largo, Verónica Pena, el fiscal departamental, un médico forense, un equipo de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Cerro largo y el propio José López Mazz. Este esperaba ayer la autorización judicial para hacer las intervenciones de rigor.
Fuentes de la Secretaría de DDHH confirmaron a LA REPÚBLICA que la investigación comenzó hace varios meses en torno al “presunto lugar donde pudieron haberse producido enterramientos de personas desaparecidas”. En el transcurso de la misma se recogieron diversos testimonios, todos coincidentes en cuanto a que efectivamente allí se habían producido enterramientos clandestinos. Según pudo saber LA REPÚBLICA, las últimas inhumaciones “formales” en dicha necrópolis datarían del año 1974. Los informantes dijeron que los sitios de interés serían “dos o tres”. En el lugar se constituyó ayer un equipo de la Jefatura de Policía de Cerro Largo y de antropólogos liderados por José López Mazz.
En la mañana de hoy, el equipo de antropólogos de la Facultad de Ciencias comenzaría con la tareas de búsqueda. De acuerdo a los datos recogidos por LA REPÚBLICA, en la mañana de ayer hubo una inspección ocular en el lugar, estando presentes la jueza de Segundo Turno en lo Penal, de Cerro Largo, Verónica Pena, el fiscal departamental, un médico forense, un equipo de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Cerro largo y el propio José López Mazz. Este esperaba ayer la autorización judicial para hacer las intervenciones de rigor.
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