El viernes 17 de mayo, a las 19 horas, en el Paraninfo de la Universidad, la Mesa Permanente Contra la Impunidad organiza una Mesa Redonda, con la participación de personalidades y juristas argentinos y uruguayos. Este evento surge como forma de buscar una opinión académica sobre la situación en la que se encuentra el tema de los derechos humanos en nuestro país, luego de sendas decisiones de la Suprema Corte: primero con el traslado de la jueza Mariana Mota, y luego con la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley 18.831 (interpretativa de la ley de impunidad). Respecto del traslado de Mota, hubo una reacción popular inmediata, concurriendo a la Corte a brindarle apoyo a la jueza ese día, y la respuesta ha sido la citación por parte de la policía a algunos de quienes estuvieron allí. Hubo también una invitación a la Corte a concurrir al Parlamento para explicar las razones del traslado, invitación que fue desestimada, y luego un pedido de informes por escrito, el que fue contestado.
La contestación de la Corte es sumamente pobre, ya que el único argumento es que puede hacer “traslados por razones de mejor servicio”. Y uno se queda sin entender como se mejora el servicio cuando se saca de un Juzgado a una jueza que se ha especializado en el tema de los derechos humanos y que tiene más de 50 expedientes en sus manos y se pone a alguien que tiene que comenzar a estudiar todos los casos nuevamente.
Pero además, dice que no se dio vista al Fiscal de Corte (como lo mandata la Constitución), porque nunca se hizo. Esto es, como nunca se cumplió lo que manda la Constitución, nosotros seguimos sin cumplirlo. Luego se da la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa. La mayoría de la SCJ niega que las atrocidades cometidas por la dictadura cívico militar sean delitos de lesa humanidad, y dice que no se pueden castigar porque no eran delitos en ese entonces, con lo cual niega lo que ella misma afirmó en 2009, y además se opone al cumplimiento de una sentencia de un Organismo Internacional de derechos humanos al que estamos suscritos.
Algo inaudito, ya que la SCJ (con la actual integración), al declarar inconstitucional la ley de caducidad en octubre de 2009, reconoció que “las convenciones internacionales de derechos humanos se integran a la Carta por la vía del artículo 72, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce”
La lucha continúa de todas formas, y algunas juezas han procesado sin remitirse a la ley, simplemente aplicando el derecho internacional. También se ha recusado a la mayoría de la Suprema Corte por prejuzgar, cuando el ministro Jorge Ruibal expresó que los jueces podían seguir adelante con los juicios pero que “eventualmente van a encontrar una ‘muralla’ cuando llegue el momento en que expida el Tribunal o llegue el fin del expediente penal, y tenga la posibilidad de expedirse la Corte”.
Contra esa muralla -que es la muralla de la impunidad-, la Mesa Permanente seguirá haciendo todo lo posible para derribarla, junto a otras organizaciones de derechos humanos y junto a toda la ciudadanía preocupada por estos temas. Es en ese marco que organizamos este evento en el Paraninfo de la Universidad, donde juristas argentinos y uruguayos darán su visión académica sobre estos temas.
Estará el Dr. Gastón Chillier, que es el director Ejecutivo del CELS, que es un organismo no gubernamental que desde hace 30 años desarrolla acciones destinadas al fortalecimiento de las instituciones democráticas y la vigencia de los derechos humanos y el estado de derecho (El presidente es Horacio Verbitsky).
Estará Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) histórica asociación fundada el 20 de diciembre de 1937. En los años de la dictadura de los generales (1976–1983) la Liga acompañó los familiares de las victimas en la continua búsqueda de sus seres queridos, presentando casi 5mil recursos de Habeas Corpus y con otras iniciativas concretas y militantes. Al final de la dictadura, la Liga fue “una de las más fuertes promotoras por los procesos y el castigo hacia los culpables del genocidio y en la lucha contra todas las formas de impunidad”
El Dr. Alejandro Artucio – Ex Embajador uruguayo ante la ONU. Preso en la dictadura y luego exiliado en Francia. La Dra. Olga Díaz, que es Asistente Académica de la Facultad de Derecho de la UDELAR y que trabajó junto al Dr. Alberto Pérez Pérez en el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho.
Y el Dr. Pablo Chargoñia, abogado de derechos humanos, patrocinante de varias causas vinculadas con la violación de Derechos Humanos durante la dictadura militar.
La idea es que luego de las exposiciones el público pueda hacer (por escrito) algunas preguntas. Siéntanse todos invitados; derribar el muro de la impunidad será también una tarea colectiva.
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado