Roger Rodriguez
La fiscal penal de 5º turno, Dra. Ana María Tellechea, solicitó formalmente que “por delicadeza o decoro”, cuatro de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia “se inhiban de pronunciarse” en dos causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura para “garantizar un pronunciamiento con la debida imparcialidad” ya que existe un prejuzgamiento por el que todos ellos se constituirán en una “muralla” contra estas causas.
El dictamen de Tellechea, fechado el 15 de mayo y que refiere a los casos de Julián Basilicio López y Humberto Pascaretta, muertos por tortura en unidades de represión de la dictadura, abarca al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, y a los ministros Jorge Larriex, Jorge Chediak y Julio César Chalar, quienes se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la ley sobre imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura.
Ruibal Pino había declarado el pasado 9 de abril a la prensa que “las causas abiertas en juzgados penales por crímenes ocurridos en la dictadura no podrán continuar pese a la posición favorable de fiscales y jueces. Afirmó que sibien “puedan dar su opinión” encontrarán “una muralla” cuando se expida la corporación”, según la versión periodística divulgada por el matutino La República al día siguiente. La declaraciones motivaron que esos ministros fueran recusados por varios fiscales.
El caso de Julián Basilicio López, muerto en el cuartel de Artillería 1 (La Paloma del Cerro) el 5 de enero de 1976, implica los coroneles Nelson Coitinho y Hugo Garciacelay y al sargento Julio César Igarzabal, quienes lo interrogaban. El caso de Humberto Pascaretta, asesinado en contrainformaciones del Ejército el 4 de junio de 1977, compromete a los coroneles Carlos Alberto Rossell y Carlos Calcagno (fallecido ayer cuando estaba en prisión domiciliaria).
En ambas causas se pedía suspender las actuaciones por la prescripción del delito y en sendos expedientes el reclamo de los abogados de los mencionados militares fue rechazado por el ministerio público. Incluso, en el caso López, la fiscal debió recordarle a la defensa que ya existía un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la Suprema Corte sobre la ley 18.831 que ni fiscalía ni juzgado había amplicado.
En su pronunciamiento, la fiscal Tellechea vuelve a alegar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, fundamentado en la amplia jurisprudencia existente a nivel internacional y en los pronunciamientos de varios organismos internacionales que descalificaron la posición de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, al punto que días atrás voceros del Poder Ejecutivo informaron formalmente a los ministros de la situación generada.
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