Horas de definición

Los aumentos de salarios de los funcionarios públicos tienen mala prensa 

 Antonio Elías (*)

Los reclamos de los trabajadores del sector público por aumentar el poder adquisitivo de sus salarios parecen contrarios a las doctrinas económicas y políticas dominantes. El marketing político tiene sus especialistas que, además de crear y recrear la imagen de líderes y partidos, inciden fuertemente en lo que es parte de la buena conciencia de una época o de un determinado momento histórico y han marcado a estos trabajadores como “privilegiados” e “incompetentes”.

Campañas de propaganda perfectamente diseñadas, pobres en definiciones concretas y colmadas de promesas ambiguas para un futuro incierto alertan sobre los riesgos de bajar la rentabilidad del capital y los impactos negativos del déficit fiscal. Hora tras hora nos anuncian, los males que sobrevendrán si se otorgan aumentos salariales que atentan contra la estabilidad macroeconómica. De paso nos recuerdan lo bueno del capitalismo y lo ideológicamente inconveniente de cualquier postura que apunte a reducir la concentración de la riqueza, la extranjerización y el poder omnímodo del dios mercado.

En la inversión de valores correspondiente a esta concepción del mundo las personas responsables, que dialogan y reconocen los límites “socialmente aceptables”, son contrapuestas a las personas “irresponsables”, que siguen pregonando medidas a favor del trabajo y contra el capital.

El discurso del poder respecto al tema del aumento salarial de los trabajadores públicos no tiene, prácticamente, fisuras. Coinciden los gobernantes, oficialistas y opositores con el poder económico nacional y extranjero. Los trabajadores, en cambio, no tienen una posición común, hay sectores influidos por un discurso oficial que “dibuja” espacios fiscales, cada vez más restrictivos, y pretende contraponer trabajadores públicos y privados en la vieja lógica de pobres contra pobres.

Las negativas a incrementar en la próxima rendición de cuentas los salarios de los funcionarios del Gobierno Central, son seguramente resultado de que al interior de fuerza política gobernante predomina la concepción de quienes se asumen como administradores y promotores de un “capitalismo en serio”.

El salario sigue siendo una variable de ajuste. Las múltiples confrontaciones de los trabajadores públicos con los gobernantes nacionales y departamentales por aumentos salariales y la definición de los criterios para actualizar los salarios (aumentos del valor nominal de los mismos con relación a la variación de los precios de los bienes de consumo) implica definir cuál será el poder adquisitivo de esos trabajadores y, por tanto, la calidad de vida de sus familias. Se le reclama a los funcionarios públicos que asuman que en el horizonte aparecen nubarrones y, por tanto, acepten que no haya aumentos salariales y que las actualizaciones salariales por inflación se basen en metas de inflación futura irrealizables y en correctivos basados en una inflación pasada que fue alterada con medidas ad-hoc.

La ampliación de la meta inflacionaria del rango actual entre 4 y 6% al nuevo rango entre 3% y 7%, mantiene el centro de la banda en 5% a los efectos de los incrementos salariales basados en la inflación futura. Con una inflación actual anualizada de 8%, la ampliación hacia abajo del rango (del 4 al 3%) tiene un único efecto: que los trabajadores no tengan los aumentos que les corresponden y pierdan poder adquisitivo.

Pretenden convencer a la población que las restricciones salariales los benefician, porque la inflación es el peor de los impuestos. Lo cual implicaría asumir que los salarios son el origen de la inflación, lo que no ha sido demostrado.

Se sostiene que la reducción del déficit fiscal - ajuste de las cuentas públicas – repercute en una mejora en el nivel de vida de la población. Si eso fuera cierto porque no reducen los enormes subsidios que se entregan al capital a través de las exoneraciones impositivas (leyes de zonas francas y de promoción de inversiones) y los cientos de millones de dólares que se pagan por intereses de deuda para aumentar las reservas en el Banco Central.

Los salarios crecen en forma desigual y mucho menos que el producto. Al inicio de este gobierno se sostenía que el poder de compra de los trabajadores evolucionaría en similar proporción que el crecimiento del producto. Eso no se ha cumplido para los trabajadores en general, menos aún para los funcionarios públicos, como lo demuestra el siguiente cuadro.

Se constata en el cuadro, en primer lugar que el producto creció 56% más que el salario real general y 119 % más que el salario real de los trabajadores públicos. La segunda constatación es la gran diferencia que existe en la evolución de los asalariados públicos y privados. Los trabajadores privados aumentaron sus salarios 64% más que lo públicos en el actual gobierno.

Por otra parte es imposible ignorar las profundas desigualdades entre sectores de los funcionarios públicos, como se desprende del siguiente cuadro en el que se observa la evolución de los salarios reales de los trabajadores del Gobierno Central, las Empresas Públicas y los Gobiernos Departamentales.
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Como se observa en el cuadro hay fuertes diferencias entre los distintos sectores que se utilizan para estimar el salario real de los funcionarios públicos. Los salarios en las empresas púbicas aumentaron casi el triple que en los gobiernos departamentales y 27% más que en el gobierno central.

Las cifras presentadas en el cuadro 2, siguen siendo muy agregadas y no permiten ver la evolución salarial de sectores muy diferenciados dentro del propio Gobierno Central, donde coexisten los Organismos del artículo 220 de la Constitución, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la Administración Central.

Para estimar la evolución salarial el INE selecciona algunos incisos y les da una ponderación en función de criterios estadísticos, a título de ejemplo el Ministerio de Defensa tiene un porcentaje de 10, 6% y el del Interior 10,1% y la ANEP 32,7%, por su parte el INAU representa solo el 3.1%. Esto quiere decir que si recibe un aumento ANEP incide en el índice 10 veces más que si el aumento se da en el INAU. Esta situación dificulta fuertemente la negociación colectiva porque el valor del Índice Medio de Salarios, oculta que algunos pueden haber aumentado mucho y otros muy poco o nada.

El reclamo de aumentos salariales, de reglas claras para determinar los índices de actualización salarial -convergentes con la inflación efectiva- en el gobierno central, y el cumplimiento pleno de la negociación colectiva entre trabajadores y gobernantes en todos los ámbitos de la administración pública, se inscriben en una concepción de sociedad que jerarquiza el papel de los trabajadores como seres humanos sujeto de necesidades, y no como un gasto que impide cerrar las cuentas.

(*) Miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU)

Publicado en el Semanario “Voces” el 13 de junio de 2013

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14.6.13

Esto es sólo el comienzo 
Trabajadores de la educación, en vísperas de una huelga general, pidieron por lo menos 6% del PIB para su actividad.

“No queremos discurso por la televisión, queremos presupuesto para la educación”, corearon ayer frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cientos de trabajadores docentes y no docentes, en la concentración y acto que cerró una semana de movilizaciones y paros en diferentes niveles en todo el territorio nacional.

Nada que ver

El coordinador de la central que nuclea a los sindicatos de la enseñanza (CSEU), José Olivera, aclaró anoche a Montevideo Portal que el ingreso a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas por parte de un grupo de docentes no contó con el respaldo de la CSEU, y criticó los insultos dirigidos al titular de la cartera, Fernando Lorenzo, que afirmaban: “A vos te puso el Fondo, Lorenzo botón, te vendés a los yanquis, entregás el país, sos un hijo de puta, te tenés que ir”. 

La actividad, organizada por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza de Uruguay (CSEU), tuvo la presencia sobre el estrado no sólo de dirigentes locales, sino también del presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación de Brasil, Roberto Leao; y del delegado del Colegio de Profesores de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, Guillermo Scherping. Ambos se encuentran en Uruguay en el marco de una reunión del sector Educación de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Mercosur. Leao explicó que la aspiración de “por lo menos 6% del PBI para la educación” es compartida por todos, “independientemente de las diferencias de los países; en todos por igual”. En esa línea, Sherping apuntó: “Seguimos escuchando que ya se ha invertido mucho, pero igual así no hay calidad de educación. Lo que no dicen es de dónde partimos, ni que es insuficiente todavía el presupuesto de educación”. Resaltó que “mejorarán las condiciones si hay un compromiso por invertir mucho más en una educación que ponga en el centro no educar para Pisa, [Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, por su sigla en inglés] no educar para las pruebas internacionales, sino para la vida y el desarrollo de nuestros países”.

Ponete

El cierre del acto estuvo a cargo del secretario general de CSEU, José Olivera, para quien “es un orgullo estar escribiendo otra página de gloria del pueblo uruguayo en defensa de la educación pública”. Apuntó no sólo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, señalando que le preguntaría “a los legisladores que cobran más de 200.000 pesos en el caso de los diputados, y 300.000 pesos en el caso de los senadores, si no sienten vergüenza a la hora de levantar la mano para votar sus propios aumentos salariales, pero la bajan a la hora de votar recursos para la educación pública”.
En la oratoria también tomaron parte la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, Nélida Pereira. Alfredo Peña por la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República, y Pablo Pratto por la Unión de Trabajadores del Hospital Clínicas.
“Es la oportunidad de demostrar que la educación es una prioridad y no sólo parte de un discurso”, señaló Pereira, para quien “la calidad de la educación pasa también por la calidad de vida de los trabajadores”.
Peña añadió que “mientras la propuesta de aumento es cero, el MEF nos dice que tiene que pagar la deuda externa, después cumplir con todos los compromisos que tiene asumidos, para después recién ver si le sobra alguna moneda para el sistema educativo público”. Dijo que no existe planificación para incluir a los niños en el sistema, al tiempo que alertó de la existencia de “un plan peor del que pensamos, de privatización de la enseñanza, y del manejo de fondos públicos a través de actores privados”.
Pratto, que puntualmente sobre el Clínicas dijo que la situación “así no da para más” y que “todos quieren el hospital universitario pero nadie quiere poner un peso”, afirmó que a nivel estatal “plata hay, plata sobra; nunca sobró tanta plata como ahora. Lo que hace falta es la decisión política”.