Se hizo el sota

Política 18.6.13

Bien Ocupado
Ruibal Pino no fue a escuchar a Baltasar Garzón por “agenda tapada”, aunque preveía que críticas a la SCJ serían “tema principal” 

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Ruibal Pino, no comparte los proyectos del Poder Legislativo y el Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) para modificar tanto los mecanismos de designación de los ministros de la SCJ como los ascensos de los jueces. Dijo que se opone a la elección de ministros de la SCJ mediante voto popular, por entender que con el sistema actual ya existe representación.
Se excusó de no haber ido a ver a Baltasar Garzón el lunes 10 al Paraninfo de la Universidad de la República porque su agenda está “tapada” y porque “suponía” que “la crítica a nuestras decisiones iba a ser el tema principal”. Contesta “puede ser” cuando se le pregunta si la firma y ratificación del Acuerdo de Londres implica que Uruguay suscribe a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
“Mi agenda está tapada”, contestó Ruibal al escuchar la pregunta “¿por qué no fue al Paraninfo?”. Pero reconoció que ése no fue el único motivo: “Naturalmente suponía lo que el doctor Baltasar Garzón iba a exponer. Venía precedido de su fama internacional y de asesorar a autoridades argentinas, y obviamente la crítica a nuestras decisiones iba a ser el tema principal”.
Acerca del comentario del juez español sobre “la decisión netamente política” del traslado de Mariana Mota, porque “a los jueces incómodos [...] en otros lados se los mata; aquí se los traslada”, se limitó a señalar: “Prefiero no opinar sobre ese tema”. Destacó que “aunque la prensa habla de presión nacional e internacional”, él no ha sentido “ninguna presión”.
En su oficina del palacio Piria, Ruibal defendió las sentencias más controvertidas de la SCJ. De todos modos, no negó que Uruguay haya ratificado hace casi 70 años, en el Acuerdo de Londres de 1945, su posición alineada a entender imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. “No sé; puede ser. El tema es que si se lee con detención la sentencia nuestra, la primera, se habla de que estamos defendiendo también tratados internacionales que establecen garantías individuales que no pueden traspasarse, el tema de que no hay pena sin ley que la establezca y el tema de la irretroactividad de las leyes penales”. En tal sentido, entendió que la irretroactividad queda en un mismo plano que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. “Está claro, porque el Estatuto de Roma y el Pacto de San José de Costa Rica lo prevén”, argumentó.

La representatividad

Dijo tener conocimiento de los diferentes proyectos que maneja el Poder Legislativo “sólo por la prensa”. “Sé que se trataría de un sistema similar al que se está procesando en Argentina, con fuerte oposición, incluso con decisiones judiciales en contra. También hay un proyecto del CAU, que no comparto”, agregó.
Incluso sostuvo que “está previsto en la Constitución” que abogados con méritos, aun sin ser jueces, puedan llegar a ser ministros de la SCJ. “Un abogado con credenciales y méritos suficientes puede ser designado por la Asamblea General sin haber recorrido la carrera judicial. Lo que se pretende ahora es que los miembros de la SCJ sean elegidos por voto popular, que sean como una especie de políticos”, indicó.
Consultado respecto de que pueda ser viable que, por ejemplo, un ministro sea electo por voto popular, subraya que “hoy los cinco ministros ya son electos por representación popular. Si la Asamblea General no tiene los 87 votos, lo que supone que haya más de un partido que lo vote, no se puede ser ministro”.
Entonces, añadió, los acuerdos entre partidos ya de por sí hablan de una representatividad. “Es claro. Si la opinión pública dijera ‘Ruibal no puede ir a la SCJ’, hablaría con sus legisladores para que no lo acompañe, porque no lo quiere”, opinó.
De todas maneras, admitió que la población no suele acompañar ese proceso y enfatiza que “lo debería hacer” más seguido. “No sólo en esto, sino en muchas otras cosas. Si no gusta lo que se está gestando en tal parte, hay que ir al representante y hacerle saber que no se está de acuerdo”.
Sobre la posibilidad de modificar los mecanismos de ascensos de jueces, también se mostró contrario a las variantes propuestas. “Tenemos un sistema; no digo que sea perfecto, pero se basa en una comisión que no sólo está formada por magistrados, sino también por un representante del CAU, uno de la Facultad de Derecho, uno de la Asociación de Magistrados del Uruguay y uno de la SCJ”. Cuando se le señaló que ese sistema elige a los 20 mejores y que hay jueces que permanecen lustros en un mismo juzgado, lo que podría llegar a ser incluso un castigo para los propios justiciables, recurrió a un ejemplo: “Supóngase que se clasifican del primero al último. El juez que pasa en el último lugar de la fila muchos años, ¿qué hacemos con él? ¿Lo echamos? No podemos. Para eso hay que hacer un sumario”.
Claro que la eterna permanencia, apunta, “habla de un defecto del sistema, pero también de un defecto de los que lo califican. Muchas veces los abogados de un lugar, para que un juez que no trabaja bien se vaya de ahí, lo califican bien, o hacen la inversa. Pero no hay que echarle la culpa siempre al sistema, sino a los hombres”.

Emilio Martínez Muracciole