Una regasificadora que nos amenaza a todos

“Aratirí” no es solamente saqueo y depredación; si prospera, nos llevaría todo el hierro, pero podría dejarnos también nuestro propio “Fukuyima” metanero y criollo

“ARATIRÍ” NO REPRESENTA SOLAMENTE SAQUEO Y DESPOJO; ES, ADEMÁS, LA CRUDA Y DRAMÁTICA AMENAZA DE UN AUTÉNTICO GENOCIDIO URBANO GENERADO EN LAS CONDICIONES ABSOLUTAMENTE INAPROPIADAS EN QUE SE PRETENDE INSTALAR EN PUNTAS DE SAYAGO, UNA BASE OPERATIVA COSTERA DE REGASIFICACIÓN PARA ABASTECER DE ENERGÍA A LA MINERA A CIELO ABIERTO QUE ENTRARÍA A FUNCIONAR MUY CERCA DE VALENTINES, DE NO LOGRARSE DETENER ESTE FUNESTO PROYECTO A PARTIR DE LA ENÉRGICA MOVILIZACIÓN POPULAR Y CON LA INTERVENCIÓN ACTIVA DE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LOS CUALES EL MÁS ELEMENTAL AMENAZADO POR “ARATIRÍ” Y SU REGASIFICADORA, ES EL DERECHO A LA VIDA.

Los cráteres “lunares” que dejaría el vaciamiento de hierro de nuestro territorio en 10 o 15 años --de prosperar “Aratirí”--, lucirían en el futuro paisaje oriental como la señal clara y vergonzante dejada por el sometimiento al capital multinacional deseoso de adueñarse total y definitivamente de los recursos naturales de todo el continente americano.

Pero para que prospere y funcione realmente “Aratirí”, los riesgos para los uruguayos no se restringen al aspecto económico del saqueo ya en marcha a través de incursiones expropiatorias/depredatorias como UPM (Botnia), Montes del Plata, la mega forestación, la mega sojización, los “súper puertos”, las zonas francas y otras mega aberraciones “inversionistas” en curso, publicitadas oficialmente como piezas clave de un cacareado “Uruguay Productivo” impulsado realmente desde el último período dictatorial, y desarrollado y “mejorado” por todos los gobiernos “democráticos” que sucedieron al “proceso cívico-militar” hasta hoy.

(No siendo lo más grave desde el punto de vista de la integridad humana, conviene destacarlo: la regasificadora significa una inversión “solidaria” con la multinacional “Aratirí” del Estado uruguayo de no menos de 2.500 millones de dólares, que a la cotización actual de esta moneda, equivale a los costos de prácticamente todas las viviendas dignas socialmente necesarias al presente, o a unos 240 liceos de 10.000 metros cuadrados cada uno).

Buena parte de quienes defienden a “Aratirí” y su regasificadora desde el gobierno y los cuatro partidos tradicionales, mienten, directamente, falseando las cifras de lo que le costaría al Estado uruguayo la regasificadora; pero, además, y lo más grave, manejan irresponsablemente, subestimando a la gente, los datos sobre su ubicación y las condiciones de su funcionamiento respecto a la seguridad ciudadana.

Las organizaciones sociales de defensa de la tierra y los recursos naturales de todo nuestro territorio literalmente ocupado por el capital –y no solamente las coordinaciones barriales del oeste montevideano--, tienen ante sí el desafío de encarar urgentemente una estrategia de freno categórico a este emprendimiento oficial-privado, que para nada responde a una estrategia de modificación de la “matríz energética” o “productiva” del país, sino a una estrategia de vaciamiento de materias primas autóctonas, aun al precio de eventuales y nada inimaginables crímenes colectivos perfectamente calificables como “delitos de lesa humanidad”, que se consumarían a plena conciencia y mediante el engaño y una hipócrita prédica de “progreso” y “desarrollo nacional” que no contempla la vida humana en riesgos múltiples e impactos socio-culturales altamente negativos.

“Aratirí” no es sólo robo extractivista disfrazado; es también, una angustiante amenaza sobre la vida colectiva de vastísimas zonas capitalinas (desde La Teja hasta Pajas Blancas, por lo menos) que deberían pasar por el trance de vivir temiendo permanentemente la nada fantasiosa eventualidad de sucumbir masivamente a consecuencia de posibles explosiones de buques “metaneros” o “accidentes” semejantes, por más que algunos pretendan calificar esta visión de tremendismo “radical” o bochinche ambientalista y traten de desmentir esta denuncia falseando los datos de la realidad que surgen, sin embargo, de los mismos números expuestos oficialmente, aunque se los tergiverse a la hora de sumar, restar y multiplicar como puede hacerlo correctamente hasta un escolar. (*)

“ARATIRÍ” ES LA ALARMANTE AMENAZA QUE MUY POCA GENTE CONOCE Y CASI NADIE DENUNCIA, DE UNA REGASIFICADORA IDEADA, IMPULSADA Y CO-FINANCIADA POR EL ESTADO URUGUAYO PARA PROVEER DE ENERGÍA A DICHA EMPRESA MULTINACIONAL DEDICADA A LA ESPECULACIÓN FINANCIERA Y UN EXTRACTIVISMO FEROZ QUE NO SE LIMITA AL HIERRO U OTROS METALES DE CARÁCTER ESTRATÉGICO INTERNACIONAL.

TAL COMO ESTÁN DISPUESTAS LA UBICACIÓN Y LA ACTIVIDAD DE LA PROYECTADA Y “YA APROBADA” REGASIFICADORA DE “PUNTAS DE SAYAGO”, EN ESTRECHÍSIMO CONTACTO CON UNA ENORME MASA DEMOGRÁFICA URBANA Y SEMIURBANA, NO SOLAMENTE CRÁTERES SÍMBOLOS DE LA DEPENDENCIA SERÍAN “LA PAGA” DE LOS SAQUEADORES METALÍFEROS: UNO O MÁS DE LOS GIGANTESCOS BUQUES “METANEROS” CON LOS CUALES SE REALIZARÍA LA INTRODUCCIÓN AL PAÍS DEL GAS NATURAL LICUADO IMPORTADO PARA “ARATIRÍ”, DE ACCIDENTARSE Y EXPLOTAR, LO HARÍA CON UN RADIO DE EXPANSIÓN DE NO MENOS DE 10 KILÓMETROS, PUDIENDO ALCANZAR LOS 40 KILÓMETROS Y MÁS TAMBIÉN, CON EFECTOS QUE REPRESENTARÍAN UN SEGURO Y AUTÉNTICO GENOCIDIO URBANO, CLARAMENTE PREVISIBLE, MÁXIME TENIÉNDOSE EN CUENTA LA ESCASA DISTANCIA QUE EXISTIRÍA ENTRE LA REGASIFICADORA Y SUS BUQUES DE TRASIEGO Y LA PLANTA DE REFINERÍA DE ANCAP –YA DE POR SÍ ALTAMENTE RIESGOSA EN LA ACTUALIDAD— UBICADA EN LA PERIFERIA COSTERA DE LA TEJA Y PUEBLO VICTORIA.

No obstante el demoradísimo censo nacional realizado no hace mucho tiempo, aún no se conocen públicamente datos cuantitativos precisos sobre el gigantesco crecimiento poblacional ocurrido en los últimos veinte años en una vastísima zona periférica del oeste capitalino, genéricamente denominada “Rincón del Cerro” (“atrás” del Cerro, visto desde la bahía de Montevideo).

Se trata de una zona que comprende varios barrios tumultuosamente habitados –fundados, podría decirse, en muchos casos-- por gente en situación laboral inestable y de ingresos muy por debajo del valor de la canasta básica familiar de $ 50.000 mensuales, o, directamente, desocupada y sobreviviendo en forma decididamente paupérrima, dependiendo su alimentación básica del asistencialismo estatal, de la flaca jubilación de algunos abuelos o directamente de la mendicidad pública.

No obstante esta ausencia de datos, podemos hablar sí de decenas de miles de familias trabajadoras con un porcentaje de integrantes menores de edad y muy jóvenes que contrasta con el porcentaje de esta misma franja etárea a escala nacional. Al menos en los barrios Casabó, Nuevo Casabó, La vía, Bajo Valencia, Santa Catalina y Punta de Yeguas, que siguen creciendo vertiginosamente, casi el 60 % de su población no ha cumplido la mayoría de edad o la ha cumplido no hace mucho tiempo. Lo mismo ocurre más hacia afuera (Tres Ombúes, La Ruta, Cadorna y Nuevo Cadorna, etc.), por lo que tenemos entendido.

Destaca, también, la enorme cantidad de mujeres muy jóvenes –casi niñas aun, en muchos casos— con hijos y sin pareja que colabore en el sustento del hogar. Su mantenimiento depende de agotadoras labores domésticas en Pocitos, Punta Carretas, Punta Gorda y Carrasco, con cuatro horas de ómnibus ida y vuelta, o de empleos de cajeras o reponedoras de supermercados, con salarios, en ambas situaciones, verdaderamente miserables, por jornadas de súper explotación y en condiciones legales de total precariedad y abuso patronal sin límites.

En resumen, lo que sí se sabe fehacientemente (y quien desee verificarlo puede hacerlo tomándose un 124 desde la Ciudad Vieja hasta Santa Catalina) es que esta zona –con muchos predios fiscales o municipales tomados masivamente-- ha sido literalmente invadida desde la última década del siglo pasado por una impresionante multitud de familias imposibilitadas de sostener el pago de alquileres o cuotas del BHU e impelidas a ocupar para autoconstruir precarias viviendas en condiciones sanitarias absolutamente deficitarias y con acceso más bien “artesanal” y sumamente riesgoso a servicios tales como el suministro de energía eléctrica y agua “potable” (las comillas las pone la realidad, es obvio). Ni hablemos del servicio de transporte colectivo: viajar “como sardina en lata” es, aquí, la penosa regla cotidiana pagándose dos o cuatro boletos que cuestan exactamente un dólar o un dólar y medio cada uno.

Esta amplísima zona capitalina es la que aparece como inmediatamente amenazada por la regasificadora de “Aratirí”, que trata de dividir a los vecinos –a través de la fantasmal empresa “mixta” GASSAYAGO-- hablándoles de fantásticas “fuentes de trabajo”, “buenos realojos”, e, incluso, alguna “comisioncita” por callarse la boca y mirar para el costado, aunque esto suponga perjudicarse y perjudicar a sus propias familias.

En algunos de estos barrios –que forman parte de una gran área concebida como estratégica militarmente desde los EE.UU.; por eso fue el traslado de la llamada “armada nacional” de la Aduana a Santa Catalina--, se pretende “llenar el ojo” construyendo velozmente algunos edificios escolares y de enseñanza técnica, como así también entubando algunas cañadas nauseabundas y tirando balasto en algunos pasajes peatonales intransitables…

No obstante, ya se han dado pasos de vecinos organizados reclamando informes oficiales claros acerca de todo esto y previéndose acciones judiciales de amparo, QUE BIEN PODRÍAN MULTIPLICARSE EN TODO MONTEVIDEO COORDINADAMENTE O INCLUSIVE DESDE LO BARRIAL-SOCIAL O SINDICAL PARTICULAR, EN LA MEDIDA QUE LA REGASIFICADORA DE “ARATIRÍ” ES UN PELIGRO CIERTO Y NO “UN BOLAZO”, QUE AFECTA NO SOLAMENTE A LA POBLACIÓN OESTEÑA DE MONTEVIDEO, SINO A TODO MONTEVIDEO.

Lo indagado hasta el momento acerca de cómo se ha venido fraguando este proyecto en la esfera gubernamental, sugiere irregularidades de todo tipo y la contravención de normas internacionales muy claras de seguridad, además de desconocimiento de derechos ciudadanos imposible de disimular por intermitentes y silenciosas convocatorias “de consulta popular” que no hacen otra cosa que poner en evidencia que estos planes tenebrosos de expoliación, depredación y agresión al pueblo trabajador y la soberanía nacional, se desenvuelven en medio del ocultamiento de información, los rumores tendentes a atemorizar y dividir a los vecinos y a pintar cualquier resistencia popular a ellos como arrebatos de “ultras” y “energúmenos” opuestos al progreso, el desarrollo y la creación de nuevas fuentes de trabajo.

Mientras tanto, una enorme grúa trabaja el día entero en Puntas de Sayago, siendo imposible acceder al lugar para constatar qué se está haciendo en concreto, debido a que destacamentos militares de la “armada nacional” impiden el acercamiento civil, so pena de ser detenido quien insista en saber directamente qué se está urdiendo a espaldas de la gente y como si todo se tratara de un “secreto militar inexpugnable”.

LO DEL TÍTULO: SI A ESTO NO SE LE PONE UN RÁPIDO PARATE, NO SOLAMENTE SE NOS DEJARÁ SIN HIERRO… PUEDE HASTA OCURRIR QUE LOS ORIENTALES AMERICANOS TENGAMOS NUESTRA PROPIA EMULACIÓN METANERA Y CRIOLLA DE LA TRAGEDIA ORIENTAL ASIÁTICA DE FUKUYIMA.

(*) Lo siguiente es bien ilustrativo sobre los riesgos previsibles:

“Solo Local info”, periodismo digital de Bahía Blanca (Argentina): Escrito por Vecinos Autoconvocados de Escobar, martes 14 de junio de 2013:

(Notas de Usuarios) - El 8 de mayo un nuevo accidente con Gas Natural Licuado ocurrió cerca de la ciudad de México. El trágico siniestro producido por la colisión de un camión cisterna provocó la muerte de 23 personas y 40 heridos. Afectó un radio de 500 metros a la redonda causando la destrucción de decenas de viviendas y afectó a un centro educativo. Cada buque metanero que navega el Río de La Plata y el Paraná de Las Palmas hasta Escobar, transporta 2500 veces más de carga, al igual que los que ingresan al puerto de Bahía Blanca. Los barcos fábrica de almacenamiento/regasificación (FSRU) son instalaciones que deben ser localizadas en alta mar (offshore) y donde también debe realizarse el proceso barco a barco que implica la transferencia de GNL desde el metanero (o transportador) hacia el regasificador (o fábrica), conforme la normativa europea de seguridad de GNL "Instalaciones y equipos de gas natural licuado", para una vez vuelto al estado gaseoso ser transportado por gasoductos submarinos hacia tierra para el abastecimiento local. Sin embargo en Argentina las operaciones se realizan en el Km 74 del Río Paraná de Las Palmas a 300 km de alta mar y en el polo petroquímico de Bahía Blanca, comprometiendo permanentemente la seguridad de millones de argentinos, como puede verse en la primera parte y segunda parte de un video realizado en Escobar”.

Recientemente, por otra parte, el ex secretario de Energía de la Nación argentina, Emilio Apud, advirtió: "Las instalaciones de Gas Natural Licuado (GNL) ubicadas en Bahía Blanca y Escobar no son aceptadas por muchas compañías del exterior, al no reunir las condiciones de seguridad establecidas en las normas internacionales". British Gas posee la flota de metaneros más grande del mundo y plantas regasificadoras en varias partes del planeta, y prohibe el `ship to ship' o transferencia de Gas líquido de un barco a otro barco, como se realiza en Bahía Blanca y Escobar.

El especialista dijo en esta nota que las normas internacionales vigentes establecen también ciertas distancias a los lugares poblados o de actividad económica. Dijo que para el caso de ignición de un derrame de GNL en el agua, se aconseja estar alejados a una distancia de 9 kilómetros a la redonda de lugares habitados, mientras que para una emergencia con riesgo de explosión del buque metanero, se exige una salida rápida hacia alta mar ya que la onda puede afectar de distinta manera hasta un radio de 40 kilómetros. Puede afectar en consecuencia una superficie 25 veces superior a la de la Capital Federal.

Apud puntualizó que aún hoy no deja de llamarle la atención la instalación de un buque regasificador en Escobar, proyecto que exigió la modificación del Código Urbano municipal y se debieron hacer excepciones a las reglas de navegación y seguridad. "Hay un montón de cosas que me hacen pensar que primó el interés de algunos de acceder rápidamente al negocio de la importación, que es muy importante porque cada barco significa 45 millones de dólares en gas. Las urgencias y las improvisaciones benefician a unos pocos vivos que están en el negocio de la comercialización y del transporte".

Se recomienda asimismo ver en “El Corresponsal de Canelones”, la nota “¿Habrá una bomba gigante sobre Jaureguiberry?”.

Gabriel –Saracho—Carbajales / Montevideo, 21 de junio de 2013.-  

Accidente de planta GNL

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RESPUESTA A RESPUESTA A NOTA SOBRE REGASIFICADORA QUE AMENAZA A TODO MONTEVIDEO:

"El procedimiento que se utilizará en la planta de Sayago no ha generado explosiones en ningún lugar del mundo. Consiste en bajarle la temperatura al gas que viene comprimido a más de 160 grados bajo 0. Y se almacena en un barco que no es el que trae el gas, que son naves de gran calado, sino que está fijo en el pequeño puerto que se construirá, con una gran escollera, y en ese barco se producirá el proceso de regasificación (elevación de la temperatura) y el almacenamiento.

Las normas de seguridad más exigentes recomiendan que no haya poblaciones a menos de 800 metros. Al hacerlo en el mar, a 2.000 metros de la costa, esta terminal regasificadora cumple con cualquier tipo de normativa de seguridad. No habrá cerca, ni remotamente, "barrios tumultuosamente habitados".

Sin ingresar en aspectos tales como si a Uruguay le conviene o no hacer estas obras (Aratirí, regasificadora), la información técnica -como los aspectos relacionados con la seguridad- no solo es equivocada sino, en varios casos, sencillamente disparatada. Además no tiene en cuenta los procedimientos tecnológicos contemporáneos que se aplicarían. Algo parecido a lo que sucedió con Botnia, que iba a transformar el Río Uruguay en una especie de Pantanoso y donde los niños nacerían con deformaciones genéticas como en Hiroyima.

Hay que cuidar la contaminación y la seguridad, y todo lo que se diga para mejorar el medio ambiente, la seguridad y el habitat humano siempre será bienvenido. Sin omitir, como lo hacen algunas personas que militan en movimientos ambientalistas, que el mayor agente contaminador del medio ambiente en el Uruguay es la ganadería. Por supuesto que a nadie se le ocurriría eliminar esa fuente de producción fundamental para el país, sino estudiar sus efectos y procurar minimizarlos.

Toda obra humana introduce cambios medioambientales y perjuicios. Hasta una casita en el medio del campo. El asunto no es hacer panfletos sino estudios con base científica.

Los que queremos cambiar el país, que sea cada vez mejor para su gente, deberíamos utilizar el debate, la información adecuada, la reflexión y el respeto para intercambiar ideas. Con agravios y exteriorizaciones panfletarias no se cambia nada. La izquierda que quiere cambiar la sociedad necesita otra cosa. Acusar de asesinos a quienes impulsan estos proyectos no sirve. En todo caso, si esas personas fueran de la misma organización política que los acusados de pergeñar proyectos criminales, deberían plantear en el seno de dicha organización la expulsión de esas personas (sean el presidente Mujica, los ministros y directores responsables de dichas obras, etc.). Si no lo hacen se transforman en cómplices de los "criminales". Yo soy frenteamplista. Si pensara que dentro del FA hay un violador de DDHH, plantearía su expulsión inmediata en los organismos pertinentes. Y si no lo hiciera sería cómplice de quien acuso. Con panfletos y agravios no vamos a ningún lado. O vamos al peor lado.

José L. Piccardo"

Un cachito, nomás

En lo sustancial, el proyecto de la regasificadora de Aratirí, no es distinto a los que conocemos, poco –tanto yo como mi objetor J.L.P.--, y que aunque todavía no hayan desembocado en tragedia genocida, no hay que esperar que ello ocurra para darles con un caño a sus responsables, desde ya, antes de que se conviertan en auténticos asesinos, ellos, y nosotros, en sus víctimas.

Hace una punta de años, cuando el amigo Panario advertía sobre la contaminación creciente del agua “potable”,brillantes eminencias, catedráticos y algún que otro atrevido, pretendieron desmentirlo, ridiculizándolo, aunque ahora no tienen otra que meter el rabo entre las patas, mientras crece el número de niños que nacen con cuadros diarreicos congénitos y crónicos, por lo menos.

Así de sencilla es la cosa, sin entrar en lo que significan Aratirí y su regasificadora desde el punto de vista del saqueo, aspecto que preocupa muy poco a los defensores del productivismo a ultranza, que es lo mismo que ser defensor –lo digo para no dejar de ser todo lo “panfletario” que hay que ser aun cuando no se trate de campañas electorales—del imperialismo asesino.

Eso sí, como no tengo iglesia a la que reclamarle nada, dejo para mi objetor la loable tarea de rogarle a las jerarquías de la suya, al menos un cachito de respeto por la vida humana.

Un cachito, nomás.



Gabriel, 22/6/13

Comunicado: REGASIFICADORA

Este miércoles 26 de Junio a las 14 horas, una delegación de la coordinación de vecinos del oeste, se hará presente ante la DINAMA para entregar una carta con cientos de firmas de vecinos cuestionando el VAL (Viabilidad Ambiental de Localización) de la instalación de la planta regasificadora en Punta de Sayago
Contactos:
Diego Rodríguez  091444421 - Verónica Lara  098763853
Ruben Bouza  091456769  - Luis Soria  099348525

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Montevideo, junio de 2013.
Dirección Nacional de Medio Ambiente
Presente:
Los que subscriben, vecinas/os, pescadores, usuarios de la zona Oeste de Montevideo, ciudadanas/os, cuyos datos lucen al pie del presente escrito, manifestamos nuestra preocupación por el impacto ambiental y social que provocará en toda la zona del Oeste la localización, con las obras y posterior funcionamiento del proyecto de una planta regasificadora en Puntas de Sayago.
Se afectará gravemente el hábitat acuático, los pecios (restos de navíos antiguos), las playas (zonas de recreación de la población), la temperatura y calidad del agua, así como la calidad del aire, el paisaje en su conjunto (la panorámica), el tráfico marítimo, el tránsito y zona de trabajo de los pescadores artesanales (con probable extinción de especies vivas en la zona), la actividad agrícola (ya afectada por la implantación de la soja).
Muchos de estos datos surgen de informes técnicos elaborados en base a bibliografía aportada por la propia empresa consultora contratada por el Gobierno (CSI Ingenieros).
El poder Ejecutivo no cuenta respecto de este proyecto con un apropiado y serio estudio de impacto ambiental y posibles afectaciones sobre la zona, donde  se parta de un correcto estudio de línea base que permita establecer la situación real y actual de los diferentes recursos naturales presentes en la zona, así como el estado del ambiente en general (en su concepción más amplia abarcando allí lo social y cultural)  en el cual deben estar  involucrados los diferentes organismos del Estado vinculados al tema, tales como Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del MGAP,  Comisión del Patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social  y otros vinculados.
Esta línea de base debe referir a datos recientes y ser medida en período no menores a un año para tomar en cuenta las diferencias estacionales.
 No es completa la caracterización de la zona que hace el promotor en su Estudio de Impacto Ambiental, en cuanto a vegetación y fauna, por ejemplo: (ver material anexado “Caracterización del ambiente II”), no se mencionan las especies protegidas, exóticas, especies en atención especial, especies amenazadas; ni hay un correcto conteo de estas (algunas están bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas).
Queremos que haya un estudio que evalué el estado actual del ambiente de toda la zona a intervenir en conjunto, así como los posibles impactos antes (en la etapa de obra), durante (en la etapa de operación) y después del proyecto (etapa de abandono); es decir: ni más ni menos que lo que estamos en condiciones de exigir en aplicación de la ley 16466 y su decreto reglamentario 349/2005, la ley 17283 Ley General de Protección del Ambiente y en definitiva el artículo 47 de la Constitución de la República
Vemos con preocupación la fragmentación con la cual el Estado está tomando los diversos proyectos que se quieren instalar en la zona como en el caso de la regasificadora, evaluando (y aprobando) en primera instancia el dragado como algo separado cuando es parte del mismo proyecto, a su vez el Puerto de Punta de Sayago, (con área industrial, Zona Franca, estacionamiento y zona de Puerto Libre), sumado al astillero naval, el saneamiento, vertedero de desechos (¿qué tipo de desechos?) y una boya petrolera, más algún proyecto que podemos desconocer
Ninguno de estos han sido evaluados de manera conjunta y coordinada, no existe un estudio de impacto ambiental acumulativo, no hay planificación estratégica, no hay coordinación interinstitucional y mucho menos aun se ha trabajado sobre una indispensable evaluación ambiental estratégica.
A cinco años de aprobada la ley 18308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (30 de junio de 2008 – 30 de junio de 2013) nos encontramos increíblemente ante un proyecto que cambiará sustancialmente la vocación e impronta de una gran zona de Montevideo (hasta ahora “protegida y rural”) sin que medie un instrumento de planificación y gestión del territorio de los previstos por dicha norma, y sin que al menos se cumpla con sus principios transitando por los caminos de la planificación, con participación social efectiva y en procura de un modelo sustentable, equitativo y justo      
Es de nuestro conocimiento (nada se nos ha explicado oficialmente al respecto) que las plantas regasificadoras presentan altos riesgos de accidentes,  que involucran poblaciones aledañas a las plantas, lo cual nos preocupa ya que en el caso de Uruguay las obras mencionadas estarán insertas en zonas densamente pobladas
No existe ningún protocolo adecuado para el manejo ante una eventual situación de siniestro.
¿Qué garantías, que infraestructura y que capacitación tiene el estado uruguayo para enfrentar posibles accidentes?
¿Qué tranquilidad al respecto podemos tener los vecinos, cuando la mitad de los establecimientos comerciales de este país no cuentan con habilitación de bomberos en regla, bajo excusa de que el trámite es muy largo?
Por otra parte vemos con preocupación la inminente destrucción del medio ambiente, la salud de los pobladores, la afectación de recursos naturales, tanto marinos como terrestres, de  bienes que son patrimonio histórico de la Nación y la pérdida de zonas de recreación  y deporte importantes para Montevideo, de los montevideanos, principalmente los más pobres, tales como Cerro, Puntas de Sayago, Casabó, Santa Catalina, Punta Yeguas, Pajas Blancas, y demás zonas aledañas del oeste.
Nos preocupa el cambio cultural y social de nuestros barrios, una población básicamente pobre con alto porcentaje de jóvenes, una población vulnerable.
Nos preocupa que la destrucción de las playas y espacios de recreación sumada a la instalación no planificada de todas estas industrias favorezcan al narcotráfico, que aumente la tasa de suicidios, la trata de personas, la prostitución infantil, la inseguridad y la violencia en general.
La instalación de la regasificadora es de alto impacto negativo para nuestra zona y repercutirá indudablemente en la ciudadanía en general, nuestra zona tiene proyectos de elevado resultado positivo que se vienen gestionando por parte de la comunidad y la IMM, como es el Parque de Gestión Público de Punta Yeguas, localizar el proyecto de la regasificadora en esta zona es desconocer y no tener en cuenta la realidad social, cultural, económica y ambiental del lugar, donde existen funcionando proyectos de integración, educativos, culturales, productivos, que coexisten y protegen el medio ambiente; con la instalación de la regasificadora éstos logros se van a ver afectados (adjuntamos documento del Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas)
En definitiva al respecto, se borrará con el codo lo que se escribió con la mano, todos los proyectos, todos los recursos destinados a esos proyectos (tiempo, vidas, dinero) serán al parecer desperdiciados.  
El Código de Aguas, establece el dominio y las formas y posibilidades de utilización de las aguas en nuestro país.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas es la autoridad competente en materia de gestión y control de las aguas públicas, mencionado en dicho código.
El art. 4 del mismo, atribuye al MTOP la supervisión, vigilancia, control y regulación de las actividades y obras públicas o privadas que implican uso, captación, evacuación y conservación de las aguas, tanto de dominio público como del privado.
Recientemente las competencias respecto al recurso agua se comparten con el MVOTMA en especial con DINAGUA.
El Código de Aguas, también define la Faja de Protección Costera en su art. 153.
La ley Nº 16.466 establece un régimen de evaluación de los impactos ambientales, reglamentado por el dec. 349/005, que indica que requieren Autorización Ambiental Previa la construcción de nuevos puertos, tanto comerciales como deportivos, o remodelaciones de los existente donde existan modificaciones de las estructuras del mar, ya sean escolleras, diques, muelles u otras obras  que impliquen ganar tierra al mar (art. 2 núm. 5)
También toda construcción u obra que se proyecte en la Faja de Defensas de Costas definida por el art. 153 del Código de Aguas (Ley 15.903- art. 193 del 10/11/1987. "Establécese una faja de defensa en la rivera del Océano Atlántico,  el Río de la Plata, Río Uruguay, y de la Laguna Merín para evitar modificaciones perjudiciales a su configuración y estructura)
De lo antes expuesto se entiende claramente que no se podrá autorizar cualquier acción en el álveo del Río de la Plata que pueda causar efectos perjudiciales y/o modificar la configuración o estructura natural de la costa.
 La ley Nº 16.462 del 11/01/1994, en su art. 117  regula el otorgamiento de autorizaciones, permisos, habilitaciones o similares que tengan relación con cualquier acción a realizar en la Faja de Defensa Costera, que modifique su configuración natural.
Por resolución del Poder Ejecutivo Nº 584/86 se declara Monumento Histórico Cultural la costa del departamento de Montevideo.
Por lo que se viene de exponer, los abajo firmantes, cuestionamos el otorgamiento de viabilidad ambiental y nos oponemos a la instalación de la regasificadora en la costa Oeste de Montevideo por su carácter destructivo a nivel ambiental, social y cultural, teniendo presente que la zona de Montevideo Oeste representa la reserva natural más próxima a la capital de nuestro país, lugar donde habita prácticamente la mitad de la población del Uruguay.

Coordinación de Vecinos del Oeste