Internacional 16.10.13
Uniformes en cuestión
El activista haitiano Antonal Mortimé sostiene que su país no necesita tropas internacionales.
Los derechos de los haitianos son vulnerados por la
pobreza y también por la presencia de la Misión de las Naciones Unidas
para la Estabilización de Haití (Minustah) aunque no haya guerra, dijo a
la diaria Antonal Mortimé, secretario ejecutivo de la Plataforma de
Organizaciones Haitianas de los Derechos Humanos (POHDH). En su opinión,
la intervención militar es un antecedente que debería poner en alerta a
la región.
Mortimé es
periodista, licenciado en Derecho y desde hace años se dedica a la
defensa de los derechos humanos en Haití. El actual secretario ejecutivo
de la POHDH, que federa ocho organizaciones, se define como “de
izquierda, sin militancia partidaria”. Estuvo en Montevideo hasta ayer
junto a sus compatriotas Camille Chalmers, presidente de la Plataforma
Haitiana de Alegato por un Desarrollo Alternativo, y Henry Boisrolin,
del Comité Democrático Haitiano. Fueron invitados por la Coordinadora
por el Retiro de Tropas de Haití.
En opinión de Mortimé, la Minustah no respeta tratados internacionales firmados por su país. En este sentido, dijo que el primer artículo del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos establece la “libre determinación” de los pueblos, algo que en su opinión no respeta la fuerza de la ONU.
Además, opina que el Consejo de Seguridad del organismo “hizo una lectura errónea” de la situación del país cuando aprobó el envío de tropas en 2004 (http://ladiaria.com.uy/UDW). Entonces, recordó, se pensó que Haití era una “amenaza” para el Caribe y América Latina, “debido a la inestabilidad, la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos”. Pero esa “inestabilidad fue creada por el imperialismo y el capitalismo, y los problemas socioeconómicos” y el desorden que había se debían a la falta de acceso a servicios básicos como la electricidad, el agua potable, la educación y la vivienda, concluyó.
“La gente protestaba, es normal”, agregó. “No se trata de un verdadero problema político, surge de las políticas que se estaban aplicando”, aseguró. Desde su óptica, la presencia de las tropas no se justifica porque “Haití no está en guerra, lo que hay es una guerra contra la pobreza”, y alertó sobre el “antecedente” que esto representa para la región.
Mortimé denunció que la presencia de los efectivos de la Minustah ha estado acompañada de casos de violencia sexual y citó como ejemplo lo ocurrido con el contingente de Sri Lanka. De acuerdo a un cable de la agencia de noticias Reuters de 2007, 111 de los 1.000 cascos azules srilanqueses que estaban en Haití volvieron a su país para ser juzgados al descubrirse que habían establecido una amplia red de abusos y explotación sexual de mujeres haitianas. Además, según Mortimé y varios medios locales consultados por la diaria, el contingente nepalés, acusado de haber llevado al país en 2010 el brote de cólera que dejó más de 8.000 muertos, estuvo involucrado ese mismo año en el caso de un joven de 16 años que murió ahorcado en una base de la Minustah en la que trabajaba, por robar entre 40 y 200 dólares (las versiones varían).
Estos hechos generan rechazo en la población, aunque las opiniones están divididas respecto de si la Minustah se tiene que retirar o no, reconoció. Señaló que a algunos “les da lo mismo” y que otros tienen miedo de que haya “caos” si se retiran, pero se trata de “una minoría acomodada” que teme perder sus bienes.
El activista piensa que el presidente haitiano, Michel Martelly, está de acuerdo con la permanencia de la Minustah porque le ofrece “garantía de que no habrá grandes manifestaciones” y lo mantiene a salvo de “los golpes de Estado que son tradicionales en Haití”. Por eso, su antecesor, René Préval, también estaba a favor de esa fuerza.
Mortimé aseguró que la Minustah se ocupa de “reprimir” manifestaciones (se registraron varias muertes de civiles baleados en esas circunstancias) y que eso es una “violación de los derechos humanos”, aunque a veces -“no siempre”- los soldados estén acompañados por la Policía Nacional. En su opinión, “no habrá caos” si la Minustah se retira, “porque ya lo hay”. Dijo que en la capital, Puerto Príncipe, hay tres asesinatos por día, por diversos motivos, y “siempre” hay manifestaciones de protesta.
A esto, el dirigente de la POHDH agregó que “Haití es un país pobre en el que no hay muchos servicios”, por lo que la llegada de 12.000 personas en el marco de la Minustah genera problemas de todo tipo: de infraestructura, de vivienda, de alimentación. Explicó que cuando llegaron los distintos contigentes, por falta de lugares para alojarse los efectivos fueron instalados en sedes de universidades y escuelas públicas, algo que calificó de “ocupación”. Estimó que “si se invirtiera aunque sea parte del dinero de la Minustah en servicios de educación, salud y agua potable, sí se lograrían resultados concretos”.
En opinión de Mortimé, la Minustah no respeta tratados internacionales firmados por su país. En este sentido, dijo que el primer artículo del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos establece la “libre determinación” de los pueblos, algo que en su opinión no respeta la fuerza de la ONU.
Además, opina que el Consejo de Seguridad del organismo “hizo una lectura errónea” de la situación del país cuando aprobó el envío de tropas en 2004 (http://ladiaria.com.uy/UDW). Entonces, recordó, se pensó que Haití era una “amenaza” para el Caribe y América Latina, “debido a la inestabilidad, la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos”. Pero esa “inestabilidad fue creada por el imperialismo y el capitalismo, y los problemas socioeconómicos” y el desorden que había se debían a la falta de acceso a servicios básicos como la electricidad, el agua potable, la educación y la vivienda, concluyó.
“La gente protestaba, es normal”, agregó. “No se trata de un verdadero problema político, surge de las políticas que se estaban aplicando”, aseguró. Desde su óptica, la presencia de las tropas no se justifica porque “Haití no está en guerra, lo que hay es una guerra contra la pobreza”, y alertó sobre el “antecedente” que esto representa para la región.
Mortimé denunció que la presencia de los efectivos de la Minustah ha estado acompañada de casos de violencia sexual y citó como ejemplo lo ocurrido con el contingente de Sri Lanka. De acuerdo a un cable de la agencia de noticias Reuters de 2007, 111 de los 1.000 cascos azules srilanqueses que estaban en Haití volvieron a su país para ser juzgados al descubrirse que habían establecido una amplia red de abusos y explotación sexual de mujeres haitianas. Además, según Mortimé y varios medios locales consultados por la diaria, el contingente nepalés, acusado de haber llevado al país en 2010 el brote de cólera que dejó más de 8.000 muertos, estuvo involucrado ese mismo año en el caso de un joven de 16 años que murió ahorcado en una base de la Minustah en la que trabajaba, por robar entre 40 y 200 dólares (las versiones varían).
Estos hechos generan rechazo en la población, aunque las opiniones están divididas respecto de si la Minustah se tiene que retirar o no, reconoció. Señaló que a algunos “les da lo mismo” y que otros tienen miedo de que haya “caos” si se retiran, pero se trata de “una minoría acomodada” que teme perder sus bienes.
El activista piensa que el presidente haitiano, Michel Martelly, está de acuerdo con la permanencia de la Minustah porque le ofrece “garantía de que no habrá grandes manifestaciones” y lo mantiene a salvo de “los golpes de Estado que son tradicionales en Haití”. Por eso, su antecesor, René Préval, también estaba a favor de esa fuerza.
Mortimé aseguró que la Minustah se ocupa de “reprimir” manifestaciones (se registraron varias muertes de civiles baleados en esas circunstancias) y que eso es una “violación de los derechos humanos”, aunque a veces -“no siempre”- los soldados estén acompañados por la Policía Nacional. En su opinión, “no habrá caos” si la Minustah se retira, “porque ya lo hay”. Dijo que en la capital, Puerto Príncipe, hay tres asesinatos por día, por diversos motivos, y “siempre” hay manifestaciones de protesta.
A esto, el dirigente de la POHDH agregó que “Haití es un país pobre en el que no hay muchos servicios”, por lo que la llegada de 12.000 personas en el marco de la Minustah genera problemas de todo tipo: de infraestructura, de vivienda, de alimentación. Explicó que cuando llegaron los distintos contigentes, por falta de lugares para alojarse los efectivos fueron instalados en sedes de universidades y escuelas públicas, algo que calificó de “ocupación”. Estimó que “si se invirtiera aunque sea parte del dinero de la Minustah en servicios de educación, salud y agua potable, sí se lograrían resultados concretos”.
Marina González
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