En su informe, Pablo De Greiff aseguró de las decisiones del máximo órgano judicial no contribuyen a la búsqueda de la verdad de los crímenes cometidos en dictadura.
En su informe sobre Uruguay, hizó incapié en la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de caducidad por lo que los delitos cometidos durante la dictadura no son considerados de lesa humanidad.
Según declaraciones de De Greiff que consigna El Observador "estas decisiones han despertado alarma tanto en Uruguay como en la comunidad internacional. La (Suprema) Corte (de Justicia) adopta posiciones que claramente no coinciden con tendencias jurisprudenciales actuales manifiestas por decisiones de cortes que han llegado a conclusiones diferentes".
El relator para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición aseguró que Uruguay "tiene aún un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente". Según De Greiff, hubo poco progreso para llegar a la verdad y hacer justicia en los últimos 30 años.
De Greiff se refirió al traslado de la jueza Mariana Mota de la justicia penal a la órbita civil. Mota tenía a su cargo más de 50 causas por delitos cometidos durante la dictadura militar. Dijo que el tema tuvo repercusiones a nivel internacional e instó a la Suprema Corte de Justicia a establecer mecanismos y normas que regulen los traslados de los magistrados.
De Greiff criticó la lentitud, la capacidad investigativa y la poca participación de las víctimas en el proceso penal.
"Lo que está en juego no es poco”, advirtió Pablo de Greiff, relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. De Greiff presentó ayer su informe acerca de Uruguay, en el que criticó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por “amenazar” con sus decisiones “las posibilidades de progreso en el área de la Justicia”.
“Uruguay es noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos. Sin embargo, tiene aun un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente”, advirtió. Según De Greiff, en los últimos 30 años hubo “poco progreso y en todo caso no constante” en cuanto a verdad y justicia en Uruguay.
El relator de ONU se refirió concretamente a la declaración de inconstitucional de la ley interpretativa de la ley de Caducidad. Por esta decisión de la Corte, los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura militar no son considerados delitos de lesa humanidad. “Estas decisiones han despertado alarma tanto en Uruguay como en la comunidad internacional”, advirtió el relator.
“La Corte adopta posiciones que claramente no coinciden con tendencias jurisprudenciales actuales manifiestas por decisiones de cortes en diferentes partes del mundo” que “han llegado a conclusiones diferentes”, dijo De Greiff.
“Las señales que envía la Corte –y no solo a través de sus sentencias– no son particularmente alentadoras. Es de esperarse que la Corte uruguaya vuelva a unirse en la corrientes de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados, como también los derechos de las víctimas”, expresó.
Mota y Gelman, presentes
De Greiff presentó ayer su informe en las oficinas de ONU, en la calle Barrios Amorín y la rambla, mientras lo escuchaban atentamente Macarena Gelman, hija de María Claudia García y nieta del poeta argentino Juan Gelman, y la jueza Mariana Mota, que fue trasladada por la Corte contra su voluntad de un juzgado Penal (en que tenía unas 50 causas de crímenes durante la dictadura) a uno Civil.
En la conferencia de prensa, una periodista consultó a De Greiff acerca del traslado de esta magistrada. “Es un caso visible no solo en Uruguay, sino internacionalmente”, aclaró el relator de ONU, quien agregó que la Corte debe establecer “mecanismos institucionales” y “normas” que permitan regular los traslados de los jueces.
El relator también criticó a todo el sistema judicial, por “su lentitud, la debilidad de la capacidad investigativa, y la casi nula participación de las víctimas en el proceso penal”.
La naturalización de la tortura
En su informe, el relator recomendó recoger el testimonio de las víctimas de la dictadura. “El precio de no hacerlo es no solo incumplir los derechos de las víctimas, sino también dejar instalada lo que puede decirse que es la naturalización de la tortura, como por ejemplo, el precio de la protesta”. El grupo Plenaria Memoria y Justicia denunció casos de tortura a manifestantes en las tradicionales marchas de agosto.
De Greiff también convocó a las fuerzas de seguridad a “presentar información requerida” y a “cumplir con las obligaciones legales”. En setiembre de 2012, Fernández Huidobro prohibió tomar fotografías en el Batallón 13 durante una inspección ocular dirigida por la jueza Mota, aunque luego lo permitió.
A su vez, el relator advirtió que no recibió “información suficientemente detallada acerca de los planes concretos de las reformas que se han hecho a las fuerzas de seguridad”.
Además de estas críticas, De Greiff reconoció ciertos avances en la materia. “En Uruguay se procesó penalmente a un expresidente electo (Bordaberry) y un expresidente de facto (Álvarez), a un exministro”, destacó. Durante su visita en Uruguay, el relator de ONU se reunió con el presidente José Mujica, los ministros del Interior, Eduardo Bonomi, y Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y con la SCJ, entre otros. El informe final será presentado en setiembre de 2014.
Además, De Greiff se refirió al traslado de ámbito judicial el pasado mes de febrero de la jueza Mariana Mota, que investigaba más de cincuenta expedientes de la dictadura uruguaya, un movimiento que atribuyó también a “las actuales tendencias de la Corte Suprema”.
El relator criticó además la “lentitud, la debilidad investigativa y la casi nula participación de las víctimas en el proceso penal” en la Justicia uruguaya.
Siguiendo con las críticas, el experto colombiano lamentó que en Uruguay todavía sea complicado acceder a los archivos de las Fuerzas Armadas pese a que como “todos los archivos”, son “propiedad de la Nación” y deberían estar “bajo el control nacional”.
En ese sentido, también indicó que durante su visita no había recibido “información detallada” sobre las reformas a emprender en las fuerzas de seguridad para “asegurar que las pasadas violaciones de derechos humanos no se repetirán”.
Por otra parte, De Greiff aplaudió el proceso penal al que fueron sometidos en Uruguay “un ex presidente electo, un ex presidente de facto, un ex ministro y varios miembros de alto rango de las fuerzas armadas”, todos ellos vinculados a los crímenes de la dictadura.
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