El fiscal uruguayo Enrique Viana denunció que su país "cedió soberanía y república" al permitir la instalación de la pastera finlandesa UPM en su territorio y advirtió que la “industria de celulosa ha sido declarada poco menos que una cuestión de Estado” por lo que “la Justicia está condicionada” para regular cuestiones ambientales.
Viana agregó que el Estado “se ha convertido en un socio de la industria de celulosa”, lo que torna difícil “que prosperen las demandas en defensa del medio ambiente”.
“Somos un país celulósico”, denunció el funcionario judicial y explicó que en Uruguay “la Justicia está condicionada (en este tema) porque la industria de la celulosa ha sido declarada poco menos que una cuestión de Estado”.
Viana, que desde 2003 ha presentado demandas en su país contra la instalación de pasteras como la empresa finlandesa, volvió a alertar sobre la contaminación del sector luego de que el presidente uruguayo José Mujica autorizara de manera unilateral a UPM el aumento de la producción sin el consentimiento de la Argentina.
De todos modos, Viana lamentó que esas demandas tienen “pocas posibilidades de prosperar porque en el Uruguay no tenemos jurisprudencia de protección del medio ambiente”.
“El Estado se ha convertido en un socio de esa industria y esto hace muy difícil que prosperen demandas en defensa del medio ambiente”, explicó en diálogo con radio América.
“El Estado se ha convertido en un socio de esa industria y esto hace muy difícil que prosperen demandas en defensa del medio ambiente”El fiscal de Montevideo subrayó que “cuando el Estado se vuelve socio, una suerte de socio gestor de estas empresas, mediando tratados y contratos de inversión, es muy difícil pensar que el Poder Judicial tenga independencia en este tipo de decisiones”.
En ese marco, Viana advirtió: “Cuando usted firma tratados y contratos de inversión, lo primero que hace es ceder soberanía y república”.
“Cuando usted cede los tres poderes del Estado, es muy difícil que ese Estado, condicionado y convertido en un socio de esa industria, le diga que no; es por eso que a este pedido de aumento de la producción era evidente que se le iba a contestar que sí”, analizó.
En tal sentido, reflexionó que “si el Estado uruguayo le hubiera dicho que no, tendría que pagar el lucro cesante, es decir, lo que hubiera dejado de producir Botnia por producir más”.
El fiscal remarcó que no sólo “toda pastera contamina", sino que "no hay plantas de celulosa de un millón de toneladas en ríos interiores en el mundo, ni siquiera en Finlandia, que vuelca todos sus vertidos tóxicos a mares abiertos y mares congelados”.
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Las fábricas de celulosa tienen una larga historia de contaminación en Finlandia.
El mismo grupo de empresas (UPM/Kymmene, Metsa Botnia, M-Real, Stora-Enso) que ahora se presenta al mundo como cuidadosas del medio ambiente, contaminaron impunemente durante décadas el agua, el aire y la salud de la gente de ese país. Las plantas de celulosa que podrían instalarse en Fray Bentos tienen una capacidad de producción dos o tres veces superior a cualquiera de las tres fábricas de la región que visité en Finlandia
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El ex presidente Julio María Sanguinetti
respaldó la posición del gobierno y consideró que los asambleístas de
Gualeguaychú están “confundidos o mal informados” sobre UPM.
En declaraciones a
Radio FM Milenium de Argentina, el dos veces ex presidente dijo que la
decisión de Mujica de autorizar la ampliación de la producción de UPM
está ajustada a derecho.Dijo que esa decisión no necesitaba de una autorización previa por parte de la Argentina y subrayó que el tratado del río Uruguay “es claro” en ese sentido. Agregó que la sentencia del Tribunal Internacional de La Haya “dice que no había prueba de contaminación abusiva” y que Uruguay “no precisa autorización” para avanzar con una mayor producción de UPM.
“La gente de Gualeguaychú está confundida o mal informada en cuanto al alcance jurídico del tema”, insistió.
Al mismo tiempo consideró que este incidente “es la crónica de una muerte anunciada porque todo este tiempo no se ha actuado con claridad” por parte de la Argentina. “La delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay prohibió la publicación de los monitoreos ambientales y nadie sabía lo que estaba pasando”, señaló.
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