En diálogo con En Perspectiva, el vocero del grupo de vecinos que se opone a la instalación en la zona de Puntas de Sayago de una planta regasificadora, Ruben Bouza, afirmó que "una planta de estas características no se puede instalar ahí" dado que se trata de "un lugar frágil" en donde "habrá un impacto fuerte a nivel ecológico y social".
El próximo lunes habrá una audiencia pública en torno al proyecto de construcción y operación de la planta regasificadora. Es una de las últimas cartas que le queda al grupo de vecinos que se opone a su instalación en la zona de Puntas de Sayago.
La audiencia pública es el paso previo para que la Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente) conceda la autorización necesaria para que pueda empezar la construcción. Es por eso que por estas horas la “Coordinadora de Vecinos del Oeste de Montevideo” redobla sus actividades para intentar que se consideren las objeciones que ellos plantean a esta obra a nivel ambiental, social y económico.
Bouza informó que los vecinos pidieron que la audiencia se postergue por 30 días porque “hay una serie de documentos que aún no han llegado a nuestras manos. De hecho algunos fueron declarados secretos por Ancap y UTE, entre ellos uno elaborado por una consultora en la que se informa que de una posible zona de localización de la planta, que no es Puntas de Sayago, y que podría tener menor impacto”.
Las objeciones planteadas por el grupo de vecinos están expresadas en “una 23 páginas, muy concretas, en donde apuntamos a los problemas ambientales, de impacto social y de seguridad”. A estas objeciones se suman “seis pliegos elaborados por otras zonas de vecinos, técnicos independientes y hasta la Universidad de la República (Udelar)”.
“No se usan modelos de evacuación adecuados para decirnos lo que puede llegar a pasar”, indicó Bouza, “podría haber un accidente cada 300 años, pero ese accidente puede pasar a la semana o a los 100 años. No se usan en el informe de la empresa los modelos que hablen del lugar físico donde se va a instalar”.
A eso se suman “el impacto natural sobre las playas y a nivel social, de una zona frágil, el cambio en la vida de mucha gente que vive de la vida natural que allí hay, caso los pescadores”, explicó el vocero.
La zona donde se planifica la construcción de la planta, “no es una zona cualquiera, es el punto donde se mezcla el agua dulce con la salada, especial para el desarrollo de especies como el pejerrey, la corvina blanca, etcétera. Mucha gente vive de esa actividad, la cual se verá alterada, lo mismo que en el verano las playas, por la actividad de la planta y el dragado que se deberá hacer para un barco de más de tres cuadras”.
Al cierre de sus declaraciones Bouza se refirió a la seguridad en la escollera que está planificada para que la planta opere: “Las cosas que pueden pasar son las que menos se contemplan en el informe de la empresa a estudio de la Dinama. Hay detalles de encalle del barco, de posibles fugas de gas, que no fueron contempladas”.
“Dicen que la escollera operará a 2600 metros de la costa, que esa es una distancia suficiente pero a nivel internacional queda probado que eso no es así. Por ejemplo la legislación de California habla de 6500 metros como medida mitigatoria de accidente grave”, sostuvo. “El barco no opera del lado de afuera sino del lado de adentro entre la escollera y la costa, estará a 970 metros en la parte de maniobras de la costa por lo que hablamos de que los que viven en la zona afectada estarán a unos 2000 metros de la zona de operación de una planta que no cumple con las normas internacionales”, sentenció.
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