Lapidarias conclusiones de la ONU con la SCJ

La Suprema Corte de INjusticia uruguaya provocativamente ha proclamado el que serían una MURALLA contra todas las protestas a su resolución de que los crímenes de lesa humanidad son "delitos comunes" que han  prescripto. Ya se empiezan a ver las grietas en el amurallado organismo de los que cobijan a los criminales, desaparecedores, torturadores, ladrones de bebés, violadores, asesinos y saqueadores.

CONCLUSIONES DEL RELATOR DE LA ONU:LAPIDARIAS QUÉ SE VAYA LA SUPREMA CORTE!!

observaciones preliminares realizadas por Pablo De Greiff

Relator de ONU advierte a Uruguay sobre decisión de Suprema Corte

Un relator de la ONU llamó este viernes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a prestar tanta atención a los derechos de las víctimas como a los de los imputados y sostuvo que una decisión reciente del organismo amenaza avances en materia de justicia.

AFPvie oct 4 2013 19:21 El País uy

Pablo De Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación garantías de no repetición, cerró este viernes una visita oficial a Uruguay con la difusión de sus observaciones preliminares al informe que presentará en setiembre de 2014 en la ONU.
"El país se encuentra comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional y está siendo noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos", sostuvo De Greiff en conferencia de prensa.
"Sin embargo, tiene aún un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente", añadió. "No se trata de revanchismo ni de mirar solo el pasado, sino de crear bases sólidas para una sociedad justa, equitativa".
"Nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de justicia que decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia", advirtió el relator. "Estas decisiones han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional".
"Es de esperarse que la Corte uruguaya vuelva a unirse a la corriente de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados como también los derechos de las víctimas", sostuvo.
El relator consideró logros significativos las leyes de reparación de las víctimas aunque consideró que no incluyen a todas y consideró "llamativo" que los esfuerzos respecto al pasado se han concentrado en los casos de desaparecidos cuando son muchas más las víctimas de detención y tortura.
"Uruguay llegó a tener el número de detenidos per cápita más alto de cualquier país de la región", indicó. "Ese universo inmenso de víctimas merece ser escuchado y reconocido", añadió, llamando a no postergar esa tarea debido a la avanzada edad de las víctimas.
Finalmente, llamó a invertir recursos humanos y materiales en la capacitación efectiva de jueces y fiscales en materia de derechos humanos.

Relator de ONU advierte a Uruguay sobre decisiones de Corte Suprema

Un relator de la ONU llamó el viernes a la Suprema Corte de Justicia de Uruguay a prestar tanta atención a los derechos de las víctimas como a los de los imputados, y sostuvo que una decisión reciente del organismo amenaza avances en materia de justicia.

Sábado 05 de octubre de 2013 | 18:09  La República uy

De Greiff aclaró que se trata de ”crear bases sólidas para una sociedad justa, equitativa”.

Pablo De Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación garantías de no repetición, cerró el viernes una visita oficial a Uruguay con la difusión de sus observaciones preliminares al informe que presentará en setiembre de 2014 en la ONU.
“El país se encuentra comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional y está siendo noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos”, sostuvo De Greiff en conferencia de prensa.
“Sin embargo, tiene aún un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente”, añadió. “No se trata de revanchismo ni de mirar solo el pasado, sino de crear bases sólidas para una sociedad justa, equitativa”.
“Nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de justicia que decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia”, advirtió el relator. “Estas decisiones han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional”.
A 40 años del golpe de Estado en Uruguay, unas 15 personas han sido procesadas por crímenes cometidos durante la última dictadura (1973-1985), y los abogados de las víctimas buscan sortear una decisión de este año de la SCJ que considera que estos delitos prescribieron.
“Es de esperarse que la Corte uruguaya vuelva a unirse a la corriente de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados como también los derechos de las víctimas”, sostuvo.
El relator consideró logros significativos las leyes de reparación de las víctimas aunque consideró que no incluyen a todas y consideró “llamativo” que los esfuerzos respecto al pasado se han concentrado en los casos de desaparecidos cuando son muchas más las víctimas de detención y tortura.
“Uruguay llegó a tener el número de detenidos per cápita más alto de cualquier país de la región”, indicó. “Ese universo inmenso de víctimas merece ser escuchado y reconocido”, añadió, llamando a no postergar esa tarea debido a la avanzada edad de las víctimas.

Finalmente, llamó a invertir recursos humanos y materiales en la capacitación efectiva de jueces y fiscales en materia de derechos humanos.

Enviado por Walter Martínez

Relator de ONU dijo que la Corte amenaza progreso de la Justicia

De Greiff señaló que la SCJ adopta posiciones que despiertan “alarma”

+ Nicolás Delgado @nicodelgado13 - 05.10.2013, 05:00 hs Texto: El Observador

• © Presidencia
  
  De Greiff se reunió con Mujica

"Lo que está en juego no es poco”, advirtió Pablo de Greiff, relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. De Greiff presentó ayer su informe acerca de Uruguay, en el que criticó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por “amenazar” con sus decisiones “las posibilidades de progreso en el área de la Justicia”.

“Uruguay es noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos. Sin embargo, tiene aun un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente”, advirtió. Según De Greiff, en los últimos 30 años hubo “poco progreso y en todo caso no constante” en cuanto a verdad y justicia en Uruguay.

 El relator de ONU se refirió concretamente a la declaración de inconstitucional de la ley interpretativa de la ley de Caducidad. Por esta decisión de la Corte, los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura militar no son considerados delitos de lesa humanidad. “Estas decisiones han despertado alarma tanto en Uruguay como en la comunidad internacional”, advirtió el relator.

“La Corte adopta posiciones que claramente no coinciden con tendencias jurisprudenciales actuales manifiestas por decisiones de cortes en diferentes partes del mundo” que “han llegado a conclusiones diferentes”, dijo De Greiff.

“Las señales que envía la Corte –y no solo a través de sus sentencias– no son particularmente alentadoras. Es de esperarse que la Corte uruguaya vuelva a unirse en la corrientes de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados, como también los derechos de las víctimas”, expresó.

Mota y Gelman, presentes
De Greiff presentó ayer su informe en las oficinas de ONU, en la calle Barrios Amorín y la rambla, mientras lo escuchaban atentamente Macarena Gelman, hija de María Claudia García y nieta del poeta argentino Juan Gelman, y la jueza Mariana Mota, que fue trasladada por la Corte contra su voluntad de un juzgado Penal (en que tenía unas 50 causas de crímenes durante la dictadura) a uno Civil.

En la conferencia de prensa, una periodista consultó a De Greiff acerca del traslado de esta magistrada. “Es un caso visible no solo en Uruguay, sino internacionalmente”, aclaró el relator de ONU, quien agregó que la Corte debe establecer “mecanismos institucionales” y “normas” que permitan regular los traslados de los jueces.

El relator también criticó a todo el sistema judicial, por “su lentitud, la debilidad de la capacidad investigativa, y la casi nula participación de las víctimas en el proceso penal”.

La naturalización de la tortura
En su informe, el relator recomendó recoger el testimonio de las víctimas de la dictadura. “El precio de no hacerlo es no solo incumplir los derechos de las víctimas, sino también dejar instalada lo que puede decirse que es la naturalización de la tortura, como por ejemplo, el precio de la protesta”. El grupo Plenaria Memoria y Justicia denunció casos de tortura a manifestantes en las tradicionales marchas de agosto.

De Greiff también convocó a las fuerzas de seguridad a “presentar información requerida” y a “cumplir con las obligaciones legales”. En setiembre de 2012, Fernández Huidobro prohibió tomar fotografías en el Batallón 13 durante una inspección ocular dirigida por la jueza Mota, aunque luego lo permitió.

A su vez, el relator advirtió que no recibió “información suficientemente detallada acerca de los planes concretos de las reformas que se han hecho a las fuerzas  de seguridad”.

Además de estas críticas, De Greiff reconoció ciertos avances en la materia. “En Uruguay se procesó penalmente a un expresidente electo (Bordaberry) y un expresidente de facto (Álvarez), a un exministro”, destacó. Durante su visita en Uruguay, el relator de ONU se reunió con el presidente José Mujica, los ministros del Interior, Eduardo Bonomi, y Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y con la SCJ, entre otros. El informe final será presentado en setiembre de 2014.

Informe preliminar sobre DDHH

De CRYSOL INFORMA

Curva peligrosa

El relator especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad justicia y reparación Pablo De Greiff, advirtió que “nada amenaza más las posibilidades de progreso en el área de Justicia” que el “cambio de rumbo” adoptado por la SCJ. De Greiff valoró la creación de la INDDHH como “uno de los grandes logros” en materia de protección de los DDHH.

Montevideo Portal 4 10 13

El relator especial de las Naciones Unidas para la promoción de la Verdad, Justicia y Reparación Pablo De Greiff expresó su agradecimiento para con el gobierno uruguayo por haber facilitado reuniones con las diferentes instituciones de los poderes del Estado, además de organizaciones civiles vinculadas a los DDHH.

En su presentación de las observaciones preliminares, De Greiff, manifestó que el país está comprometido con el respeto a los DDHH y en los últimos 10 años se han acelerado las iniciativas para avanzar en la materia, pero advirtió que hay que preguntarse si se está realizando en forma suficiente.

En ese sentido, hizo mucho hincapié en que los nuevos diseños institucionales, deben ir acompañados de los recursos suficientes para que no sean solo “instituciones en el papel” y puedan ejercer sus funciones.

En ese sentido recomendó “darle todo el apoyo que sea necesario a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, uno de los grandes logros en materia de protección de los últimos años”.

De Greiff recordó que Uruguay es el país con más detenidos y torturados per cápita, señalando que es necesario además de fortalecer los esfuerzos por conocer la verdad de los detenidos desaparecidos aumentar la atención de las víctimas de detención y tortura, incluyendo los casos de abuso sexual contra hombres y mujeres.

“No se trata de revanchismos, sino de crear bases sólidas para el respeto a los DDHH”, señaló De Greiff.

Otro de los temas tratados fue el acceso a los archivos de la dictadura, donde encontró dificultades, particularmente en los documentos de las Fuerzas Armadas: “Queda todavía camino por recorrer en este último campo, pues no se cuenta con todos los archivos relevantes especialmente de las Fuerzas Armadas, que, vale decirlo como todos los otros son propiedad y deberían estar abajo el control de la nación”.

El relator especial de Naciones Unidas, señaló también su preocupación por lo que calificó como “un cambio de rumbo” por parte de la Suprema Corte de justicia, luego que en 2009 determinara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso Nibia Sabalsagaray.

“Nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de Justicia que decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia. Estas decisiones han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional”, señaló, agregando que la decisión de la Corte que considera “inconstitucionales los artículos 2, 3, y 4 de la ley que restablece la pretensión punitiva del Estado y en el curso de la decisión adopta posiciones que claramente no coinciden con tendencias jurisprudenciales actuales manifiestas por decisiones de cortes en distintas partes del mundo”.

Al ser consultado por el traslado de la jueza Mariana Motta a un juzgado civil, De Greiff señaló que el caso es conocido internacionalmente y fue un tema “recurrente” en las charlas con las diferentes instituciones y organizaciones con las que conversó, pero declinó hacer cualquier tipo de consideración específica sobre el tema.

Delegación de Crysol que el domingo 29 se entrevistó con el Relator Especial de la ONU para la Verdad, la Justicia, la reparación y las garantías de no repetición. De izquierda a derecha: Uberfil Martínez, Chela Fontora, Pablo de Greiff, Gastón Grisoni, Amanda Flores y Baldemar Tarocco.

Para que no haya "ni vaga impresión" de irregularidad

Relator de ONU: rever sistema de traslado de jueces

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la promoción de la verdad, la justicia, la reaparición y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, consideró que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) debería examinar "en detalle" y evaluar posibles cambios en el sistema de designaciones, traslados, ascensos y sanciones de magistrados.

Pablo Meléndrez - El País uy

El funcionario de la ONU de nacionalidad colombiana -que esta semana visitó Montevideo y se reunió con autoridades del gobierno (entre ellas el presidente José Mujica), parlamentarios y con jerarcas del Poder Judicial- efectuó ese comentario cuando ayer El País lo consultó por el polémico traslado de la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) y que en febrero pasó de una sede penal a una civil.
"Hay mecanismos que se han utilizado en varios países para establecer procedimientos que disminuyan la posibilidad de que decisiones de este estilo y de otros -como por ejemplo el ascenso de determinados jueces o la adopción de medidas disciplinarias- no den lugar ni siquiera a la vaga impresión de que motivos ajenos al mérito propio han motivado esas decisiones", afirmó De Greiff, que es profesor de filosofía y experto en programas de reparación de víctimas.
El jerarca de la ONU dijo que no le corresponde pronunciarse en cuanto a si el traslado de Mota obedeció a una intención de trabar el curso de las causas de derechos humanos, e indicó que su preocupación es "analizar el carácter sistémico de incidentes de este estilo".
En tal sentido, De Greiff señaló que los sistemas judiciales de otros países han adoptado mecanismos en relación a los ingresos, traslados y ascensos de jueces que "pueden resultar de gran utilidad en el contexto uruguayo".
Aclaró, sin embargo, que no necesariamente ello debería implicar la creación de un Consejo de la Magistratura, lo que requeriría "reformas de alta envergadura".
De todos modos, De Greiff detalló que su posición definitiva sobre el punto y sobre otros temas abordados en su visita los plasmará en el informe final que presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2014.
El traslado de Mota generó gran malestar en organizaciones sociales, sindicales y en el Frente Amplio, ya que se consideró que la SCJ sancionó a la magistrada (que no comparte los criterios del máximo órgano judicial en materia de derechos humanos) en forma encubierta.

"Preocupación".

Consultado sobre la posición de la SCJ que en febrero desoyó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de María Claudia García de Gelman y ratificó que los crímenes de la dictadura son ilícitos comunes y por tanto prescriben, De Greiff señaló que esa postura del máximo órgano judicial uruguayo "genera preocupación". "Es un tema bastante serio no solo para la comunidad internacional, sino también para muchísimos grupos de la sociedad civil y también para diversos estamentos del Estado uruguayo", consideró el jerarca de la ONU.
De Greiff, quien espera que la SCJ modifique su posición, expresó que "de existir una secuencia de sentencias similares" con "seguridad" Uruguay "pagaría un precio en términos de la opinión que se tiene sobre la forma en que cumple sus obligaciones internacionales".
El experto internacional dijo que más que una posible sanción, lo más negativo en ese caso sería el perjuicio en la imagen de Uruguay, "sobre todo por ser un país que se precia de ser democrático y de haberse adherido a la mayor parte de los instrumentos de Derechos Humanos, es asunto serio dejar de cumplir alguna de esas obligaciones".
Por otra parte, De Greiff destacó la importancia de que en Uruguay existan dos leyes de reparación a víctimas de la dictadura, pero criticó que los beneficiarios deben elegir entre la pensión y su jubilación. "Demerita un esfuerzo de reparación que la víctima elija entre un régimen u otro", opinó el experto.


La cuestión está entre la libertad y el despotismo
La Suprema Corte de Justicia (Injusticia) viene colocando a Uruguay como un paria a nivel internacional en materia de los Derechos Humanos. La Resolución de la Corte de declarar "delitos comunes" a los crímenes de lesa humanidad ha despertado las alarmas en todo el mundo, dado que una supuesta democracia desafía a todo el orden jurídico internacional en la materia y absuelve en masa a los criminales. Criminales de lesa humanidad en tanto sus crímenes se llevaron adelante desde el Estado, por cuenta de éste, y por razones de índole político con el fin de aplastar toda oposición a una dictadura cívico-militar y más tarde militar a secas. Al ser crímenes de lesa humanidad las tropelías implementadas por ese Estado, además con un gobierno ilegal e inconstitucional, los responsables de ellas, todos, y sus cómplices, todos, son criminales de lesa humanidad, cómplices de criminales de lesa humanidad, colaboradores, instigadores y toda la graduación desde el dictador de turno al milico raso qué ayudó a enterrar clandestinamente a las víctimas, desde el médico presente en las torturas para "calibrar" el nivel de las mismas, hasta los fiscales y jueces que archivaron denuncias y expedientes, en consecuencia todos los implicados, al ser criminales de lesa humanidad son responsables de delitos que no prescriben. Esa ha sido y es la praxis del derecho internacional en la materia de los DDHH desde Nuremberg a la fecha, y que a medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido amplificando vía diversas convenciones internacionales que han sido ratificadas y pasado a ser convenciones de la ONU, por ejemplo contra la tortura y contra la desaparición forzada de personas.
La Suprema Corte uruguaya rompe con esa legalidad internacional y coloca a Uruguay al márgen de la misma y encima hace el ridículo más completo cuando define estos crímenes como "delitos comunes". Equiparando incidentes entre hinchadas de fútbol con las brutales golpizas a prisioneros maniatados en los cuarteles militares, poniendo al mismo nivel una violación individual con la industrial violación de prisioneras y prisioneros, políticos, prisioneros bajo responsabilidad del Estado, aplicada como medida de tortura masiva y de hacer uso del "botín de guerra" como así los criminales consideraron a los prisioneros. Se incluye en la misma categoría al robo de bebés y recién nacidos, de madres prisioneras, torturadas y luego desaparecidas, con un robo en algún hospital. Esta brutal violación de las normas internacionales es, de por sí, UNA FLAGRANTE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS en tanto cobija, proteje y da impunidad e inmunidad a los criminales. Automáticamente los hace cómplices de crímenes de lesa humanidad. Lógicamente esto desata la alarma internacional. Y es de esperarse qué estas alarmas deriven en sendas condenas internacionales tal cual lo fué en el caso de la familia Gelman, el qué aún no esta terminado ya que el Estado uruguayo con gobierno "progresista", aún no ha cumplido con la totalidad del fallo de la Corte Interamericana. La "amurallada" Corte se piensa que logrará resistir el embate, tanto el repudio masivo en Uruguay como el que viene creciendo a nivel internacional. No lo lograrán porque en la medida que son crímenes que NO PRESCRIBEN podrán pasar decenios y los embates contra el Estado uruguayo como responsable, más allá del gobierno de turno, van a proseguir como el actual ejemplo sobre las víctimas del franquismo le viene demostrando al mundo.
Además de que al ser CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD LOS MISMOS PODRÁN SER JUZGADOS EN CUALQUIER PAÍS Y EN CUALQUIER MOMENTO. No habra "muralla" de la impunidad que lo vaya a poder resistir. Miembros de la Suprema Corte que han hecho carrera en tiempos de dictadura no podrían estar sentados en esos sillones. Fiscales hijos de los militares autores materiales del golpe y responsables durante la dictadura de torturas y muertes, no podrían estar en esos cargos. La actual "muralla" puso sus piedras durante la dictadura fascista, y a pesar de proclamadas "vuelta a la democracia" y "elecciones", impasibles han seguido amontonando piedras a la muralla de la fortificación fascista, cubriendo así a los criminales que andan sueltos y a todos los cómplices también, incluídos jueces y fiscales. El voltear esa "muralla" equivale al ir a fondo para el esclarecimiento de todos los crímenes del fascismo y el juicio y castigo a los responsables. Mientras que esa "muralla" no caiga el fascismo gozará de impunidad y desde su interior proseguirán su labor de zapa contra la maltrecha democracia burguesa del presente. Los centros militares y los retirados militares han tomado vuelo y ya hacen declaraciones públicas reivindicando el pasado y sus crímenes. Para ellos no hay sanciones, interrogatorios, fiscales y jueces en disposición de juzgarlos, tienen impunidad, reforzada últimamente con la resolución de la Suprema Corte. Al no haber reacción alguna en el  ámbito político, parlamentario y gubernamental, se les esta dando carta blanca para la reedición de sus fechorías criminales.Sobre este fenómeno también advierte el relator de la ONU.
Hay amenazas de prisión para los que solidarizaron con la Jueza Mota, acusados de "motín", "asonada","toma", y hasta "secuestro" dicen los dinosaurios de la Suprema Corte, pero ni una palabra sobre quienes reivindican los crímenes y se juntan para festejarlos en una implícita promesa del ya largamente agitado "volveremos!" que han pintado en los dormitorios de la escuela militar o han amenazado al anterior ministro de Defensa Rosadilla. Lo de Mota ha merecido un capítulo aparte para el relator de la ONU ya que de hecho ha sido el detonador de esta situación actual, que solamente esta en sus comienzos, sobre eso no hay que confundirse, dado que la expulsión de Mota trancó 55 expedientes que estaban listos para resolución de condena, y el apoyo popular motivó la escalada contra los militantes sociales y organizaciones populares para enjuiciar y tratar de condenar a militantes sociales, lo que a su vez da luz verde para la ofensiva policial en todos los terrenos, reprimiendo las protestas, a los jóvenes y criminalizando organizaciones. No hay que olvidar que todo esto viene dándose respaldado, de hecho o por omisión, por el conjunto de los partidos políticos. Así como respaldado por el gobierno que a partir del reclamo público de Mujica desde su audición radial privada le exigió a la Suprema Corte la expulsión de la Jueza Mota. El Frente Amplio todavía no ha dicho una palabra sobre el caso Mota, formalmente dijeron estar en contra de la impunidad decretada por la SCJ, pero no fué más que un saludo a la bandera, pero sobre el caso Mota no han abierto la boca. Ni uno solo de los legisladores del vertical, intolerante y monolítico aparato-partido de Gobierno,el Frente Amplio, ha siquiera intentado diferenciarse de dichos y hechos de Mujica, lo que agrava la situación mediante esa actuación claramente corporativa qué más y más se asienta en la represión policial.
Mujica es el gran y primer responsable de este proceso actual. Fué él y solo él quien llamó a los "amurallados" de la SCJ a la acción contra Mota, que era -en realidad- contra la continuación del enjuiciamiento a los criminales de lesa humanidad Esto a pesar de las claras advertencias de la Corte Interamericana. Si Mujica lo planeo en sus detalles o si se le escapó de las manos lo sabrá solo él y en definitiva a nadie le debe de importar, lo que cuentan son los hechos concretos y ahí los tenemos. Mujica tan hablador en foros internacionales difundiendo absurdos mensajes que el primero en violar es él mismo y su gobierno, en su propio país, ha estado en silencio, no ha dicho nada sobre las lapidarias conclusiones del Relator de la ONU. Él que tan presto ha sido para condenar con los peores insultos y diatribas a la lucha de los sindicatos o de los maestros, por ejemplo, o de los ecologistas, no ha dicho ni una palabra sobre algo tan trascendente como han sido estas conclusiones. Ni un comentario. Se ha hecho el desentendido, en lugar de asumir - como corresponde - su actuación y tratar de defenderla. De las conclusiones del Relator de la ONU queda bien claro que la expulsión de Mota es una agresión contra el enjuiciamiento de los criminales de lesa humanidad. Mujica deberia salir en su audición y decir qué fué él quién inició todo esto. Las conclusiones actuales a nivel internacional no han tomado en cuenta las razones de Mujica para exigir la expulsión de Mota. Básicamente porque nunca las dió. Pretendió colocarlo como un problema formal, una "falta" de la Jueza Mota, pero nadie se ha tragado esa estupidez. Empezando por los "amurallados" de la SCJ qué aprovechando el invite presidencial directamente declararon que todos los crímenes de lesa humanidad habían prescripto yya que eran "delitos comunes". Tampoco nadie a nivel internacional se lo traga. Todos han entendido que Mujica está frenando los juicios a los criminales de lesa humanidad y buscando la manera de que no sean condenados. Los porque los sabrá el mismo. Lo que interesan son los hechos y ellos son bien claros.
Si fueran consecuentes podrían reconocer que las conclusiones del Relator de la ONU condenan las resoluciones internacionalmente consideradas ILEGALES de la SCJ, rechazan la expulsión de la Jueza Mota, y llaman a rectificación inmediata. Por lo tanto, quienes hicieron acto de presencia en UN ACTO PÚBLICO OFICIAL para apoyar a la Jueza Mota tenían y tienen razón, al igual que la Jueza Mota, y que los intentos de la SCJ, la prensa de derecha, el Fiscal Zubía hablando de "asonada", "secuestro", "motín", "toma", "ocupación", no son más que insultos fascistas provenientes de gente inspirada en el fascismo y cobijadora de los fascistas criminales de lesa humanidad. Los rehenes, los siete militantes sociales a los que pretenden encarcelar, tuvieron razón ya que estaban apoyando la aplicación de la leyes internacionales sobre crímenes de lesa humanidad, estaban apoyando las convenciones de la ONU y la práctica internacional tal cual lo vemos en sucesivos juicios que se llevan adelante en varios países. Solo una mentalidad fascista a la que no le importa ni interesa lo que son las convenciones internacionales que el mismo Uruguay ha firmado puede pretender condenar a quienes han defendido esos principios. La cuestión, hoy como ayer, sigue siendo "entre la libertad y el despotismo" y en este caso entre los principios universales y las leyes que los amparan y los remanentes del fascismo y la dictadura. El Frente Amplio con su silencio de aparato político intolerante y monolitista socava la democracia, si un hombre, por mas presidente que sea, ha desatado una tal tormenta es el deber de un partido que antes se decía de izquierda y ahora se llama de progresista, el fijar una clara posición de condena. Tienen ahora, progresistas tan apegados a lo legal, tienen ahora lo que ha dicho el relator de la ONU que no es ningun "radical" como gustan estigmatizar, no hay razones pues para callarse la boca. Más que nada cuando la cuestión esta entre la libertad y el despotismo.

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