Aplastaron 13 mil voluntades en Tacuarembó

Corte Electoral rechaza firmas hacia plebiscito departamental en Tacuarembó

J. Esteves / P. Meléndrez

El pasado 27 de junio, la comisión "Por la Vida y el Agua" de Tacuarembó presentó cerca de 13.000 firmas que plantean la realización de la consulta popular departamental respecto a los emprendimientos de megaminería en la zona.

La iniciativa, impulsada por varias organizaciones civiles departamentales, busca declarar libre de megaminería metalífera a cielo abierto al departamento de Tacuarembó.

La semana pasada, la Junta Departamental de Lavalleja estableció que en ese departamento no se pueden realizar emprendimientos de minería matalífera a cielo abierto. La moción se votó por 19 votos a favor frente a 10 ediles que se expresaron en contra.

En Tacuarembó, como el camino elegido fue el de la consulta popular, las firmas fueron enviadas a la Corte Electoral, que en una primera etapa validó las rúbricas.

Sin embargo, al analizar el fondo del asunto, la Corte Electoral determinó que la consulta popular planteada en Tacuarembó contra la megaminería no es viable jurídicamente.

"La mayoría entendió que está habilitado el derecho de iniciativa departamental, pero un gobierno departamental no tiene facultades para dictar un decreto como el que promovía la iniciativa. No son facultades que estén dentro de las potestades del gobierno departamental, según las leyes de Ordenamiento Territorial, Orgánica Municipal y de Minería", dijo a El País el ministro de la Corte Electoral, Gustavo Silveira. "El proyecto de decreto no podía ser objeto de una aprobación ni aun a través de un referéndum porque excedía las facultades de un gobierno departamental", indicó el ministro de la Corte Electoral. "El texto que se promovía estaba alejado de las facultades jurídicas que en la materia tiene el gobierno departamental, que si bien es claro que tiene potestades, pero no las absolutas como para regular todo el territorio y declararlo como reserva natural, lo que implicaría por ejemplo prohibir la actividad agropecuaria", agregó el funcionario.

La resolución se tomó el miércoles por cinco votos contra cuatro, pero ningún ministro se pronunció por habilitar la consulta, sino que las diferencias fueron matices en posiciones más o menos concordantes, dijo Silveira, que si bien es de extracción colorada, integra la Corte Electoral en calidad de ministro neutral.

La mayoría del órgano (integrada por José Arocena, Wilfredo Penco, Washington Salvo y los representantes frenteamplistas Walter Pesqueira y Pablo Klappenbach) entendió que el mecanismo de consulta departamental está vigente, aunque en el caso planteado en Tacuarembó no es viable su realización porque "es como querer regular la hora de salida del sol", ejemplificó Silveira.

El representante del Partido Colorado, Alberto Brause, y Silveira, entendieron que según una reforma constitucional de 1942, a nivel departamental solo está vigente el referéndum y no la consulta popular como se planteó en Tacuarembó.

La ministra neutral Margarita Reyes y la nacionalista Sandra Etcheverry, por su parte, se pronunciaron por validar las firmas y enviarlas a la Junta Departamental de Tacuarembó para que decidiera qué pasos seguir al respecto.

Silveira aclaró que el pronunciamiento de la Corte Electoral "no se expidió en forma genérica", por lo que una iniciativa del mismo tipo planteada de otra forma y en otro departamento podría ser avalada.

"Lamentable"

La decisión de la Corte Electoral, si bien hasta ayer no había sido comunicada formalmente a los promotores de la consulta popular en Tacuarembó, causó malestar entre los integrantes de las organizaciones civiles implicadas.

"Tuvimos la lamentable noticia de que la Corte Electoral se definió en contra del procedimiento de convocatoria a un plebiscito departamental y así niega nuestro derecho legitimo de poder informar, discutir y decidir sobre un tema que sin duda va a afectar el futuro de los ciudadanos, violentando un derecho fundamental e inalienable que tenemos", aseguró a El País Sebastián Ríos, integrante de la comisión "Por la Vida y el Agua".

"Hubo una cuestión política, hubo una votación dividida por parte de los ministros que nos da cuenta claramente que los ministros que representan al oficialismo votaron en contra", añadió el activista.

Según Ríos, la posibilidad de realizar la consulta departamental se encuentra amparada en la ley de Ordenamiento Territorial, y cuestionó a la Corte Electoral por "negar la posibilidad de que el ciudadano pueda elegir sobre su entorno y territorio, que es un derecho que los legisladores deberían defender", dijo el integrante de la comisión "Por la Vida y el Agua".

Expertos debaten sobre potestad

La potestad de los gobiernos departamentales para oponerse a los emprendimientos mineros a cielo abierto ha sido en las últimas semanas objeto de discusión entre los expertos. El director de la Maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Universidad de la República, Pablo Ligrone, afirmó que no tiene "ninguna duda" de que los gobiernos municipales, amparados por la ley de Ordenamiento Territorial que se aprobó en 2008, pueden rechazar la explotación minera. "La autonomía municipal para impedir emprendimientos mineros es total", dijo Ligrone.

Sin embargo, el abogado constitucionalista Ruben Correa Freitas, opinó que "los gobiernos departamentales no tienen competencia para regular la minería, eso le corresponde al gobierno nacional. Es definitivo, no queda ninguna duda". "Si las intendencias no tienen competencia no pueden hacer nada ante la explotación minera. La Constitución y la ley les dan determinadas competencias, y en materia de explotación minera es muy claro que la competencia es del gobierno nacional", afirmó el abogado.

Los vecinos de Tacuarembó buscarán otra salida

Aunque oficialmente la notificación aún no fue entregada en el departamento norteño, la noticia corrió rápidamente por los corrillos locales y en general la sensación era de rechazo a lo decidido por los miembros de la Corte.
Desde las distintas baterías locales, se entiende que se trató de una decisión política, no básicamente jurídica, ya que la división de los ministros a la hora de votar (cinco contra cuatro) pauta que no existe un criterio común.
Los impulsores de la iniciativa del plebiscito –el grupo “Por la Vida y el Agua”- remarcaron que continuarán adelante buscando otras vías, y rechazaron la decisión de la Corte que entienden, les negó un derecho legítimo de “informar, discutir y decidir” en torno a un tema que afectará directamente a los tacuaremboenses en primer término.
Paralelamente los debates entre jurisconsultos sobre la potestad de los gobiernos departamentales para oponerse a la minería a cielo abierto, está en el tapete ya que otros departamentos vecinos también están planteando similares condiciones.

 Tacuarembó por la vida y el agua le responde a La Corte Electoral, luego de que esta negara plebiscito departamental para decidir sobre minería metalífera a cielo abierto.

Declaración:
Tacuarembó 28 de octubre de 2013


“Vox populi, vox dei”. – Hesíodo siglo Viii
(“La voz del pueblo es la voz de Dios”)

Hace ya varios días nos enterábamos que La Corte validó las más de 13.000 firmas presentadas por La Comisión Tacuarembó por la vida y el agua, y dijo además que eran suficientes para habilitar el plebiscito. Esto nos dio una alegría inicial de que nuestro trabajo, con la participación activa de decenas de vecinos que salieron en forma espontánea y anónima a juntar firmas en cada rincón de nuestro departamento, había sido bien hecho, y solo quedaba por esperar que La Corte habilitara el plebiscito.

Con gran sorpresa, el jueves pasado trascendía a la opinión pública a través de la prensa, el rechazo de La Corte Electoral al plebiscito departamental, para que los tacuaremboenses podamos decidir si queremos o no minería metalífera a cielo abierto en nuestro territorio.

Queremos dejar clara nuestra opinión. La decisión de la Corte estuvo para nosotros impregnada por una decisión política, mucho más que jurídica. No es casualidad que la votación entre los ministros haya sido dividida, 5 ministros negaron el plebiscito, mientras los otros 4 lo apoyaron. Seguimos sosteniendo, es un derecho consagrado en nuestra Constitución los plebiscitos departamentales y el ordenamiento del territorio en cuanto a la clasificación de los suelos, es una potestad del departamento y no del gobierno nacional como lo establece claramente la ley de ordenamiento territorial.

Es por esto que la decisión de La Corte, es para nosotros un hecho gravísimo. Es en primer lugar el desconocimiento a la voluntad popular de más de 13.000 vecinos de Tacuarembó, lo que constituye en sí mismo un ataque al derecho soberano e inalienable del pueblo a decidir sobre su destino.

Como dijo Hesíodo, el gran poeta griego del siglo VIII, vox populi, voxdei, La voz del pueblo, es la voz de Dios. Porque cuando el pueblo decide en forma soberana se vuelve protagonista de su historia.

En este caso, los vecinos de Tacuarembó, reclamamos algo tan simple pero fundamental, queremos informarnos, queremos discutir, queremos decidir. Estos derechos nos han sido negados desde una sala en la ciudad vieja, a 400 kilómetros de distancia de nuestro pago, en la toda poderosa metrópolis Montevideo. En sus cómodos sillones, con sus respectivos secretarios personales, 5 de los nueve ministros de La Corte, nos dijeron “no”. No es la primera vez, y seguramente no será la última, en que el poder central, solo nos ve como proveedores de lo que necesita la insaciable Montevideo, y a los habitantes, sobre todo los que estamos al norte del Río Negro, como pertenecientes a una segunda categoría de ciudadanos.

Y no decimos esto solo por la decisión de negar el plebiscito por parte de La Corte, sino por el hecho poco prolijo y poco respetuoso de las formas, a la hora de comunicar dicha decisión los señores ministros. Insólitamente revelaron a la prensa la información, sin haber emitido formalmente y por escrito su decisión, sin hacerla llegar, antes de hacerla pública, al presidente de La Junta Departamental de Tacuarembó, Augusto Sánchez como correspondía, que al igual que nosotros se enteró por la prensa. Señores ministros, no es así como se trata a nuestro órgano representativo departamental.

Queda ahora en manos de los señores ediles, defender y hacer respetar la decisión ciudadana y reivindicar el derecho de los tacuaremboenses a decidir sobre su territorio. Ya existen presentados proyectos en la Junta fieles al sentir popular y sabemos que los mismos vienen siendo retomados por las bancadas. Es una oportunidad histórica de que nuestros ediles, al igual que sus colegas de Lavalleja y seguramente en los próximos días de Paysandú y Treinta y Tres, frenen este atropello, y se pongan del lado de la defensa de nuestra forma de vida, se pongan del lado de la gente.
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