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.
Global Slavery Index 2013 by Ryan M. Baillargeon .
dom oct 20 2013 14:15
Uruguay ocupa el puesto 72 en el ranking The Global Slavery Index (Índice Global de la Esclavitud) que fue elaborado por la organización australiana de derechos humanos Walk Free Foundation y
que refleja los niveles de esclavitud moderna en función de su
población. A nivel de las Américas, a Uruguay se lo encuentra en el
quinto puesto.
La esclavitud moderna incluye la esclavitud per sé,
las prácticas asociadas a la esclavitud como la servidumbre por deudas,
el matrimonio forzado, el comercio o el
explotación de los niños, la trata de personas y el trabajo forzoso.
En
total, hay referencias de 162 países entre los cuales Mauritania
encabeza el listado con entre 140.000 y 160.000 esclavos. Si bien no es
el país que cuenta con más esclavos, lidera el ránking puesto que es el
guarda la mayor relación frente a la cantidad de habitantes del país
(3.796.141). En estos términos, a Mauritania le sigue Haití.
Según
esta organización que realizó por primera vez el ranking, en Uruguay
hay aproximadamente entre 9.500 y 10.000 personas en diversos grados de
esclavitud. En relación a sus 3.395.253 habitantes, Uruguay está
ubicado 72° a nivel mundial y 5° en la región.
.
Sin embargo, al analizar los datos absolutos, el país
con más esclavos es India con entre 13.300.000 y 14.700.000 personas en
estas condiciones. A este le sigue China, Pakistan y Nigeria.
LA REGIÓN.
Según el informe, se estima que el 3,78% del total de
esclavos de los 29,8 millones del mundo, se encuentran en el continente
americano.
Estados Unidos y Canadá son los principales destinos
de estas personas por la demanda que tienen de trabajo con mano de obra
barata; sin embargo, ambos países puntúan muy bajo en el riesgo global,
lo que el informe The Global Slavery Index atribuye a las medidas
fuertes sobre la política de la esclavitud.
En este ránking regional, Uruguay está ubicado en la
quinta posición. Además de Haití, lo anteceden Perú con 80.000 personas
en condicion de esclavitud sobre un total de 29.987.800 pobladores.
Luego, Suriname que tiene entre 1.500 y 1.600 esclavos sobre un total de
534.541 y Ecuador que cuenta cerca de 45.000 personas víctimas sobre un
total de 15.492.264.
¿CÓMO SE HIZO EL INFORME?
The Global Slavery Index brinda un ranking que tiene como objetivo reflejar una medida que combina tres variables principales:
Prevalencia estimada de la esclavitud moderna en cada país (representa el 95% del total).
Una medida del nivel de tráfico de personas hacia y desde cada país (representa el 2,5 %).
Una medida del nivel de infantil y el matrimonio precoz en cada país (representa el 2,5 %).
Para los datos de la primera variable tomaron dos
tipos de investigación. La primera es una colección secundaria: revisión
de los registros públicos, informes publicados por los gobiernos,
investigaciones de informes no gubernamentales y organizaciones
internacionales y análisis de investigaciones periodísticas. La segunda,
datos de las encuestas que dan una estimación estadística. Este último
tipo de información está disponible para un número limitado de países.
Debido a que las encuestas por muestreo no existen para muchos países,
el índice utiliza datos de muestras representativas que usa como patrón
estadísticamente la prevalencia de la esclavitud en los países
seleccionados que no han tenido las encuestas por muestreo al azar.
La información sobre el nivel de trata de personas
dentro y fuera de un país fue sacado de la US Trafficking in Persons
mientras que los números de matrimonio infantil que se desarrolla dentro
de la investigación son del Unicef.
Para entender la variación en el riesgo de
esclavitud, el informe reúne diversos factores relacionados con este
delito. Algunos de estos ayudan a crear un contexto de vulnerabilidad,
otros reflejan la presencia o ausencia del imperio de la ley, y otros
señalan el impacto de la discriminación y la exclusión.
En esta investigación, 33 variables se utilizaron
para explorar cómo el riesgo de esclavitud varía de país a país.
Estas se agruparon en cinco dimensiones: políticas contra la esclavitud,
derechos humanos, desarrollo económico y social, estabilidad,
discriminación hacia la mujer
WALF FREE FOUNDATION.
The Global Slavery Index es producto del trabajo de
investigación de la ONG Walk Free Foundation, en consulta con expertos
de organizaciones internacionales y centro de investigación e
instituciones académicas. Según da cuenta la propia organización, el
índice está respaldado líderes políticos como Hillary Clinton , Tony
Abbott , Gordon Brown, Gareth Evans y Julia Gillard , filántropos como
Bill Gates y Mo Ibrahim y otros expertos como Muhammad Yunus , Luis
C'deBaca y Louise Arbour .
La misión de Walk Free Foundation, que tiene su sede
en Australia, es “poner fin a la esclavitud moderna” mediante “la
movilización de un movimiento activista mundial, la generación de máxima
calidad, la incorporación de negocios y el aumento de los niveles de
capital para impulsar cambios en aquellos países e industrias que llevan
la mayor responsabilidad por la esclavitud moderna de la actualidad”.
Tráfico de esclavos siglo XXI en Montes del Plata
Sábado 02.03.2013
Detectaron a 78 turcos trabajando en forma ilegal
MTSS clausuró a empresa que trabaja en Montes del Plata .
E.B.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social clausuró una empresa austríaca-alemana por contar con 78 obreros turcos trabajando en forma ilegal y por no pagarles los salarios de los últimos tres meses.
Fuentes del gobierno señalaron a El País que los turcos ingresaron a Uruguay como turistas pero carecían de la cédula de identidad provisoria y el permiso de Migración para trabajar en la planta de Montes del Plata.
Las fuentes indicaron a El País que la empresa solo pagaba adelantos y debía los salarios de tres meses a 78 de sus 150 obreros.
Tras la notificación de la sanción, la empresa en estos días se puso al día salvo algunas diferencias salariales por categorías. Además, la Inspección de Trabajo constató que los obreros turcos ingresaron al país como mano de obra especializada en montajes. Sin embargo, a muchos de estas personas se les vio haciendo tareas de obreros no calificados. Las empresas subcontratistas pueden contratar hasta un 75% de personal uruguayo y el 25% deberán ser obreros cuya especialización no exista en Uruguay.
Hay 800 extranjeros trabajando en forma legal en la planta y otros 400 con algún tipo de irregularidad. El Sunca reclama que los extranjeros no pueden hacer tareas cuya especialización exista en Uruguay. Además considera que muchos de estos trabajadores perciben un sueldo inferior a los uruguayos.
LA MAYOR INVERSIÓN EN URUGUAY
La empresa Montes del Plata surgió en el año 2009. Es un consorcio formado por la sueco-finlandés Stora Enso y la chilena Arauco con el objetivo de producir y exportar pulpa de celulosa a los principales mercados del mundo. Se trata de una inversión de US$ 2.000 millones, la mayor que se ha producido en la historia del Uruguay.
El País Digital
Domingo 03 de marzo de 2013
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social suspendió por seis días a una empresa contratada para trabajar en Montes del Plata, que tenía trabajando sin sueldo ni derecho ninguno a 76 obreros turcos ilegales, según confirmó el propio ministro del ramo.
Eduardo Brenta reconoció que la empresa sancionada,
que cumplía trabajos para la pastera en Punta Pereira, departamento de
Colonia, fue descubierta con los obreros trabajando desde hacía tres
meses sin percibir salarios: se les pagaba solamente unos 150 euros
mensuales de viáticos con los cuales sobrevivían. Los turcos no hablan
español en absoluto y en ningún momento fueron asesorados acerca de sus
derechos y obligaciones laborales, dijo el ministro a radio Uruguay del
SODRE.Brenta descartó cambios inmediatos en aporte patronal
En otro orden, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social ratificó la continuidad de la actual política de aportes patronales y refutó que el Gobierno esté estudiando una suspensión total de dicha obligación.“No es viable una reducción o suspensión de este tipo; los aportes fueron ajustados en la reforma tributaria notoriamente a la baja: ese dinero es el que financia las pasividades y su régimen no será modificado”, enfatizó Brenta.
Descartó que esa fuera la solución al problema que atraviesan algunas industrias debido a la pérdida de competitividad, y anunció que se estudian otras “variantes que están planteadas en el escenario económico para buscar alternativas para los sectores afectados”.
La principal preocupación reconocida por el secretario de Estado en este sentido está planteada en las empresas que contribuyen con mayor valor agregado a las exportaciones y que el sector donde más se siente el problema es entre quienes tienen por destino de sus productos a Brasil
Esclavas honradas y dóciles
"Hay
peruanos en el Uruguay, peruanas sobre todo, que sirven a algunas
familias ricas en Carrasco, tienen fama de ser muy buenas, honradas y
dóciles"
José Mujica
Gremio de domésticas denuncia violaciones a sus derechos
26.01.2011 | 17.19 El Espectador
Algunos patrones de estas mujeres las mantienen trabajando “en negro”, y en muchos casos les retiran los documentos y cierran las puertas para que no puedan salir a la calle.
Dirigentes del sindicato informaron a El Espectador que muchas de estas mujeres se desempeñan en barrios privados, donde para el gremio es muy difícil acceder para hablar con ellas y asesorarlas de sus derechos y obligaciones.
La dirigente gremial, Graciela Espinosa, dijo que en estos barrios se encontraría la mayor cantidad de trabajadoras en situación irregular, tanto de materia de documentación como de incorporación al trabajo formal.
“Lo que más se está viendo es en los barrios residenciales, Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Carrasco y se olvidan también de la zona metropolitana y del interior… estamos registradas por todo el país. Ante esta situación a nosotros en los barrios privados nos es muy difícil llevar porque sinceramente no nos dejan entrar. Y en Carrasco hemos hecho una movilización y estamos esperando que las compañeros se arrimen, porque ellas tienen que venir a nosotros”, advirtió Espinosa.
Apuntan a formalizar la actividad en el sector : : El Sindicato Único se fundó en 2005 y en 2008 firmó su primer convenio colectivo y el 17 de diciembre pasado firmó el último. En total tiene unas 900 afiliadas. El salario mínimo de las trabajadoras es 6.591 pesos (salario mínimo nacional), por 44 horas semanales.
"Las condiciones de trabajo van mejorando. Todavía falta mucho pero muchas cosas van mejorando. Desde que firmamos el convenio en 2008 muchas cosas cambiaron y seguimos avanzando” explicaron desde el sindicato.
No obstante, reconocen que aún existe abuso laboral por parte de muchos patrones. Graciela Espinosa reconoció que "todavía falta mucho de parte del trabajador. Reclamar nuestros derechos como trabajadores que somos. Resulta que nos contratan para la limpieza y terminamos siendo cuidadores de niños, de perros, enfermeras y cocineras. Todas esas tareas se debería pagar como horas extras", sostuvo.
“La mitad, más o menos, en negro, y la mitad estamos registradas en BPS. Queremos llegar a un poco más, son 110.000 más o menos las que están registradas”, apuntó Espinosa.
Molestaron dichos de Mujica : : Por otra parte, en las últimas horas llamaron la atención del sindicato algunas declaraciones del presidente José Mujica.
El martes, durante su visita oficial a Perú y luego de reunirse con el presidente Alan García, el presidente Mujica dijo que quiere que vengan a Uruguay "otros peruanos, no los marineros de tercera que los explotan en barcos asiáticos".
También agregó que "hay peruanos en el Uruguay, peruanas sobre todo, que sirven a algunas familias ricas en Carrasco, tienen fama de ser muy buenas, honradas y dóciles".
Mujica: elogios a trabajadoras peruanas
Sin documentos
http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_129778_1.html26.01.2011 11:09
Graciela Espinosa, del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, dijo a Montevideo Portal que la mayoría de las trabajadoras extranjeras que están en negro "se desempeñan en barrios privados". Denunció que en muchos casos "les sacan la documentación y las tienen encerradas adentro de las viviendas".
Espinosa
agregó que las empleadas domésticas extranjeras que trabajan en
Uruguay están presentes en Montevideo, pero también en el área
metropolitana, Canelones y San José. "Hemos visto y comprobado que
donde está la mayoría de trabajadoras ilegales es en los barrios
privados. Ahí nos cuesta mucho entrar. Allí les sacan la documentación y
las tienen encerradas bajo llave adentro de las viviendas. Mujica
habló de Carrasco, pero están presentes en Pocitos, Punta Carretas y en
los barrios privados alrededor de Montevideo".
La
delegada del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, explicó que
si bien la mayoría de las trabajadoras domésticas extranjeras son
peruanas, también hay paraguayas y brasileñas.
El
martes, durante su visita oficial a Perú y luego de reunirse con el
presidente Alan García, el presidente José Mujica dijo que quiere que
vengan a Uruguay "otros peruanos, no los marineros de tercera que los
explotan en barcos asiáticos".
También
sorprendió al decir que "hay peruanos en el Uruguay, peruanas sobre
todo, sirven a algunas familias ricas en Carrasco, tienen fama de ser
muy buenas, honradas y dóciles".
Mucho por avanzar
El
Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas se fundó en 2005 y en 2008
firmaron su primer convenio colectivo. En total tiene 1.000 afiliados.
Las trabajadoras calculan que del total de las trabajadoras domésticas
que hay en Uruguay, solo el 50% están trabajando en regla. El salario
mínimo de las trabajadoras es $6.591 (salario mínimo nacional), por 44
horas semanales.
De las 1.000 trabajadores domésticas afiliadas al sindicato, solamente cuatro son extranjeras.
Espinosa
reconoció que dentro de los problemas que enfrentan, "todavía falta
mucho de parte del trabajador. Reclamar nuestros derechos como
trabajadores que somos. Además del abuso laboral, nos contratan para la
limpieza y terminamos siendo cuidadores de niños, de perros, enfermos y
cocineras. Todas esas tareas se debería pagar como horas extras".
"Las
condiciones de trabajo van mejorando. Todavía falta mucho pero
mejoraron. Desde que firmamos el convenio en 2008 las cosas cambiaron.
Vamos por un camino bastante avanzado", explicó.
Montevideo Portal
ESCLAVITUD EN URUGUAY
Domésticas trabajan en negro, encerradas y sin documentos
CASI CONJUNTAMENTE con los dichos del presidente de la República, José Mujica, en Perú de que las mujeres peruanas son muy buenas, honradas y “Hay peruanos en el Uruguay, peruanas sobre todo, que sirven a algunas familias ricas en Carrasco, tienen fama de ser muy buenas, honradas y dóciles”, surge la denuncia de que en el Uruguay hay trabajadoras empleadas en el servicio doméstico, indocumentadas, que sus patrones las tienen encerradas trabajando en negro.
El fenómeno se daría precisamente en los barrios privadas de Carrasco..
Difundida la noticia por declaraciones de una integrante del sindicato de Trabajadoras Domésticas, Graciela Espinosa, a diversos medios de prensa, de este hecho que pone al descubierto una situación de la que mucha gente tenía conocimiento pero que se mantenía como secreto de Estado. Es un caso de esclavismo, lamentable y vergonzoso para este país.
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo en declaraciones Montevideo Portal que hoy viernes se reunirá con el Sindicato de las Trabajadoras Domésticas para analizar las versiones sobre empleadas indocumentadas y encerradas en barrios privados. El jerarca remarcó que las denuncias que se hagan se mantendrán en el anonimato,
Este miércoles la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Graciela Espinosa, afirmó en varios medios que la mayoría de las trabajadoras ilegales que hay en nuestro país se encuentran en los barrios privados que están “alrededor de Montevideo” además de “Carrasco, Pocitos y Punta Carretas”.
“Ahí nos cuesta mucho entrar. Allí les sacan la documentación y las tienen encerradas bajo llave adentro de las viviendas”, afirmó Espinosa.
Tras estas declaraciones, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, señaló que “más allá de ser un mal trato, ese hecho es un delito penal” y aseguró que su cartera ya se puso en contacto con el gremio para detectar y destrabar esta situación. “Nos pusimos en contacto con el sindicato.
Ellas adelantaron que si bien han escuchado que hay trabajadoras encerradas y sin documentos aún no lo han podido comprobar y carecen de datos precisos. Por tanto, si no existe una denuncia concreta es imposible actuar”, señaló el ministro.
En caso de que efectivamente se encuentren casos de este tipo “el Ministerio va a actuar con rapidez, utilizando todos los mecanismos e incluso la posibilidad de solicitar una orden de allanamiento ante la Justicia” para ingresar a la casa donde se nieguen a dar datos.
El Ministro dice que no se han encontrado indocumentados en las inspecciones que vienen realizando en comercios, pero de lo que se habla es otra cosa, son empleadas con cama a las que se asusta y se las amenaza, y si quiere saber donde están, pues pregúntele al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, el debe saber.
La Juventud 28 enero 2011
Domésticas trabajan en negro, encerradas y sin documentos
CASI CONJUNTAMENTE con los dichos del presidente de la República, José Mujica, en Perú de que las mujeres peruanas son muy buenas, honradas y “Hay peruanos en el Uruguay, peruanas sobre todo, que sirven a algunas familias ricas en Carrasco, tienen fama de ser muy buenas, honradas y dóciles”, surge la denuncia de que en el Uruguay hay trabajadoras empleadas en el servicio doméstico, indocumentadas, que sus patrones las tienen encerradas trabajando en negro.
El fenómeno se daría precisamente en los barrios privadas de Carrasco..
Difundida la noticia por declaraciones de una integrante del sindicato de Trabajadoras Domésticas, Graciela Espinosa, a diversos medios de prensa, de este hecho que pone al descubierto una situación de la que mucha gente tenía conocimiento pero que se mantenía como secreto de Estado. Es un caso de esclavismo, lamentable y vergonzoso para este país.
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo en declaraciones Montevideo Portal que hoy viernes se reunirá con el Sindicato de las Trabajadoras Domésticas para analizar las versiones sobre empleadas indocumentadas y encerradas en barrios privados. El jerarca remarcó que las denuncias que se hagan se mantendrán en el anonimato,
Este miércoles la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Graciela Espinosa, afirmó en varios medios que la mayoría de las trabajadoras ilegales que hay en nuestro país se encuentran en los barrios privados que están “alrededor de Montevideo” además de “Carrasco, Pocitos y Punta Carretas”.
“Ahí nos cuesta mucho entrar. Allí les sacan la documentación y las tienen encerradas bajo llave adentro de las viviendas”, afirmó Espinosa.
Tras estas declaraciones, el ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, señaló que “más allá de ser un mal trato, ese hecho es un delito penal” y aseguró que su cartera ya se puso en contacto con el gremio para detectar y destrabar esta situación. “Nos pusimos en contacto con el sindicato.
Ellas adelantaron que si bien han escuchado que hay trabajadoras encerradas y sin documentos aún no lo han podido comprobar y carecen de datos precisos. Por tanto, si no existe una denuncia concreta es imposible actuar”, señaló el ministro.
En caso de que efectivamente se encuentren casos de este tipo “el Ministerio va a actuar con rapidez, utilizando todos los mecanismos e incluso la posibilidad de solicitar una orden de allanamiento ante la Justicia” para ingresar a la casa donde se nieguen a dar datos.
El Ministro dice que no se han encontrado indocumentados en las inspecciones que vienen realizando en comercios, pero de lo que se habla es otra cosa, son empleadas con cama a las que se asusta y se las amenaza, y si quiere saber donde están, pues pregúntele al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, el debe saber.
La Juventud 28 enero 2011
Gremio de domésticas denuncia violaciones a sus derechos
26.01.2011 | 17.19 El Espectador
El
Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas advirtió que algunas
extranjeras son encerradas en las viviendas que trabajan e insta a
trabajdoras a formalizar su situación.
Algunos patrones de estas mujeres las mantienen trabajando “en negro”, y en muchos casos les retiran los documentos y cierran las puertas para que no puedan salir a la calle.
Dirigentes del sindicato informaron a El Espectador que muchas de estas mujeres se desempeñan en barrios privados, donde para el gremio es muy difícil acceder para hablar con ellas y asesorarlas de sus derechos y obligaciones.
La dirigente gremial, Graciela Espinosa, dijo que en estos barrios se encontraría la mayor cantidad de trabajadoras en situación irregular, tanto de materia de documentación como de incorporación al trabajo formal.
“Lo que más se está viendo es en los barrios residenciales, Punta Carretas, Pocitos, Buceo, Carrasco y se olvidan también de la zona metropolitana y del interior… estamos registradas por todo el país. Ante esta situación a nosotros en los barrios privados nos es muy difícil llevar porque sinceramente no nos dejan entrar. Y en Carrasco hemos hecho una movilización y estamos esperando que las compañeros se arrimen, porque ellas tienen que venir a nosotros”, advirtió Espinosa.
Apuntan a formalizar la actividad en el sector : : El Sindicato Único se fundó en 2005 y en 2008 firmó su primer convenio colectivo y el 17 de diciembre pasado firmó el último. En total tiene unas 900 afiliadas. El salario mínimo de las trabajadoras es 6.591 pesos (salario mínimo nacional), por 44 horas semanales.
"Las condiciones de trabajo van mejorando. Todavía falta mucho pero muchas cosas van mejorando. Desde que firmamos el convenio en 2008 muchas cosas cambiaron y seguimos avanzando” explicaron desde el sindicato.
No obstante, reconocen que aún existe abuso laboral por parte de muchos patrones. Graciela Espinosa reconoció que "todavía falta mucho de parte del trabajador. Reclamar nuestros derechos como trabajadores que somos. Resulta que nos contratan para la limpieza y terminamos siendo cuidadores de niños, de perros, enfermeras y cocineras. Todas esas tareas se debería pagar como horas extras", sostuvo.
“La mitad, más o menos, en negro, y la mitad estamos registradas en BPS. Queremos llegar a un poco más, son 110.000 más o menos las que están registradas”, apuntó Espinosa.
Molestaron dichos de Mujica : : Por otra parte, en las últimas horas llamaron la atención del sindicato algunas declaraciones del presidente José Mujica.
El martes, durante su visita oficial a Perú y luego de reunirse con el presidente Alan García, el presidente Mujica dijo que quiere que vengan a Uruguay "otros peruanos, no los marineros de tercera que los explotan en barcos asiáticos".
También agregó que "hay peruanos en el Uruguay, peruanas sobre todo, que sirven a algunas familias ricas en Carrasco, tienen fama de ser muy buenas, honradas y dóciles".
Esclavitud en el interior uruguayo
Qué Pasa
Trabajos forzados
Para intentar terminar con situaciones
"indignas" y casi "esclavizantes", el Ministerio de Trabajo aumenta
controles en el medio rural. Se detectaron campamentos precarios en la
forestación.
SEBASTIÁN CABRERA
No fueron uno, dos ni tres. "Fueron demasiados casos", dice el inspector general de Trabajo, Juan Andrés Roballo, mientras busca datos en su laptop en un Ministerio de Trabajo en obras y con paredes descascaradas. Y se refiere a los campamentos precarios vinculados a la pequeña forestación que los inspectores laborales detectaron en ocho departamentos en 2011.
Allí encontraron a hombres viviendo en carpas durante semanas y sin las condiciones mínimas requeridas. Que se dedicaban a talar montes enteros sin agua potable ni botiquín. Sin medios "para comunicarse con los servicios de emergencia si hay un accidente" ni elementos de protección indispensables, como zapatos, guantes y cascos.
En algunos casos, hace días que lo único que comían era una especie de carne salada o charque. En otros había adolescentes trabajando. Roballo dice que, tras recibir denuncias y realizar tareas "un poco de Inteligencia", la Inspección de Trabajo llegó a lugares "casi inaccesibles" para detectar esos campamentos. Las "peores" situaciones se encontraron en Durazno y Florida. Se inspeccionaron 34 lugares y solo nueve quedaron sin ningún tipo de observación, dice Roballo. Pero, sin embargo, desde el sector sindical tienen dudas respecto a la eficiencia de estos controles y el dirigente del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera (Soima), Hugo de los Santos, sostiene que los operativos en el monte el año pasado terminaron sin sanciones para pequeños empresarios y con los obreros con deudas impagas. Roballo, en cambio, dice que las empresas fueron sancionadas.
-Un grupo de trabajadoras de las aceitunas en Castillos denunciaron hace
unos días que estaban en una situación esclavizante. ¿Ustedes han
detectado situaciones así?
-Sí. En algunos lugares nos hemos encontrado con eso sí. De hecho, en esos campamentos nos hemos encontrado con situaciones de precariedad grave.
En 2011 las inspecciones y sanciones aplicadas en el interior y en el medio rural aumentaron al menos 20% y este año el Ministerio de Trabajo comprará nuevas camionetas 4x4, que se sumarán a los vehículos que ya existen, dos autos y seis otras 4x4 que se usan exclusivamente para entrar al campo, las canteras o la forestación (a las ciudades los inspectores van en transporte colectivo). La idea es aumentar la presencia en el medio rural, que se entiende que aún es insuficiente.
Roballo, un ex diputado de Alianza Progresista, saca un papel que es una especie de memoria de las actuaciones realizadas y empieza a leer cuáles fueron las peores situaciones detectadas en el interior rural en 2011, más allá de los casos de campamentos precarios ya mencionados.
Y ahí saltan primero las malas condiciones en el alojamiento de trabajadores en el campo. En tres casos en Paysandú, Artigas y Rivera "se constataron situaciones muy precarias que afectan la dignidad de la persona". Eran viviendas que no reunían condiciones mínimas de habitabilidad y que ni baño tenían. "Y en uno de esos casos el trabajador y su familia, incluyendo niños, fueron despedidos días después de realizada la inspección", dice el inspector de Trabajo.
También se han constatado condiciones precarias en las instalaciones eléctricas, uso de productos químicos afectando la salud de los trabajadores, falta de elementos de protección personal (desde guantes a zapatos), de provisión de agua para consumo humano, carencia de botiquín y de plan de salida de zonas de difícil accesibilidad.
TÉRMINO. Roballo dice que él no puede usar la palabra "esclavitud" para definir a muchas de las situaciones detectadas porque eso implica que las personas sean retenidas contra su voluntad en esas situaciones, lo que no fue comprobado. "Ahora, los actores sociales -a la hora de referirse a estas condiciones extremadamente precarias- pueden calificar de esa manera, de esclavitud o semi esclavitud, para dar cuenta de la gravedad de estas situaciones", dice el inspector. Y sigue: "Alguien podría calificarlo de esclavitud porque mucha gente no tiene los medios para poder salir de esa situación".
En estos días en Castillos, Rocha, se debate públicamente un caso relacionado con trabajadoras de la cosecha de aceitunas en una plantación en Cerro Agapito, a 10 kilómetros de la ciudad, quienes denuncian que en la firma en la que trabajaban debían orinar y defecar entre los arbustos y tapadas con lonas para que no las vieran sus superiores o los hombres que trabajaban allí. No tenían agua para higienizarse.
El diario El Este de Rocha tituló: "Mujeres rochenses denuncian
condiciones infrahumanas de trabajo". Las denuncias se difundieron en la
FM Esteña de Castillos, y llegaron a la junta departamental, donde el
edil nacionalista Alfredo Bertoni leyó una carta de una de las
trabajadoras, Zully Pereira, quien dice haberse sentido esclavizada (ver
nota en páginas 6 y 7).
Trabajadoras de la cosecha de aceitunas en Cerro Agapito.
Treinta mujeres que trabajan en la empresa Quebrada de los Olivos, Ruta 9, kilómetro 251 denunciaron que “son mano de obra barata y casi esclava”.
El intendente rochense Artigas Barrios dice que la denuncia "es muy grave" y la comunicó al inspector general de Trabajo. De hecho, la inspección visitó hace unos días la empresa y, aunque la zafra allí ya había terminado, comprobó que en la zona de la plantación había ausencia de "servicios de bienestar". Se le pidió al empresario que -para la próxima cosecha- ponga baños químicos y una carpa para que las trabajadoras puedan cubrirse del sol o la lluvia, entre otras correcciones. Al cierre de esta edición no se sabía si la firma sería sancionada, porque no estaba pronta la resolución.
En la junta departamental de Rocha, Bertoni pidió "hacer caer todo el peso sobre esta gente". El edil dice que, de unas 30 mujeres que trabajaban en la firma, luego quedaron 17. Y que la denuncia pública probablemente ha hecho mejorar las condiciones "deplorables" en la plantación.
La edila Graciela Sarova, también del Partido Nacional, dice que la empresa mostró "falta de humanidad", además de no tener conocimiento de cómo se trabaja. "No hay derecho de que no les dieran agua para lavarse las manos antes de comer o sacarse la sed. O que no tuvieran a dónde ir al baño", afirma Sarova. "Además la mujer es diferente al hombre, no puede hacer pis en cualquier lado y una vez al mes tiene menstruación".
Otro edil blanco, Marcelo Rocha leyó hace unos días en la junta una carta escrita a mano por un trabajador rural que pasó por la misma empresa y habla de "condiciones deplorables" y con muy poca remuneración. "Muchos lo aceptamos, por la vieja necesidad", dice el trabajador en la carta que se trató en la junta rochense, que pasó el tema a la comisión de asuntos laborales.
DEBATE. Germán González, secretario de la Unión de Trabajadores Rurales y
Afines del Sur del País (Utrasurpa), dice que en Uruguay sigue habiendo
"trabajo esclavo", aunque obviamente ya no es la norma en el medio
rural.
Y el empresario Guzmán Tellechea, vicepresidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), opina que, como en cualquier otra actividad, hay excepciones que se salen de las normas "y ahí está el desastre". Tellechea cree que en general han mejorado las condiciones laborales en el campo, pero que "en zonas alejadas o en rubros donde se trabaja en campamentos" pueden haber condiciones laborales muy precarias.
González recuerda dos casos muy graves en los últimos años. En 2006, en una bodega y plantación de vid en Colonia trancaban con llave en un galpón a los trabajadores junto a sus familias, incluyendo a niños, de 8.30 de la noche a 7 de la mañana. Tras la denuncia de una trabajadora, la Inspección General del Trabajo sancionó a la firma y dispuso la clausura temporal en aquel momento.
Pero la peor experiencia que recuerda el secretario del sindicato rural ocurrió hace solo dos años, cuando se enteró de las condiciones en las que vivieron cuatro meses un grupo de 15 trabajadores salteños en una plantación de papas en San José.
Esas personas, algunas de las cuales no sabían leer ni escribir, habían vivido un verano entero en un ómnibus viejo sin techo en medio del campo. Le habían puesto una lona y en la parte de arriba, donde iban los asientos, era el comedor. "Para dormir esa parte no servía porque si llovía, se mojaban los colchones", recuerda González.
"Y ellos dormían en la bodega, tipo tumba, como si fueran nichos", relata el sindicalista. El baño era una casilla hecha con palos y bolsas de nylon, que adentro tenía una silla playera con un agujero y un pozo en la tierra. La casilla se iba moviendo de lugar a medida que se llenaba el pozo.
El patrón, dice González, les llevaba algunos alimentos cada quince días, pero se los descontaba del sueldo. "Lo peor es que ellos habían perdido la rebeldía o el coraje de decir `te prendo fuego la quinta`. Porque los derechos humanos hay que respetarlos todos los días y no solo recordar la dictadura".
González se enteró del caso cuando recibió un llamado de un periodista de Radio 41 de San José, quien le avisó que un grupo de trabajadores habían llamado a denunciar que el patrón los había dejado (con colchones y cobijas) en plena ruta, una tardecita que llovía a cántaros.
El sindicalista armó un pequeño operativo con un camión y una camioneta y los fue a buscar a la ruta 3. "Encontré a esos hombres más desprotegidos que niños de jardinera, tapados con un nylon. Fue feo", dice ahora.
Después se enteraría de todo lo demás y de que los habían despedido porque le habían reclamado que no les descontara la comida del jornal La historia terminó con sanciones económicas del Ministerio de Trabajo a la empresa y -antes de enviarlos otra vez a Salto- durante 15 días el sindicato dejó a los trabajadores en San José, haciendo rondas de prensa "para sensibilizar a la gente sobre la situación que viven los trabajadores rurales".
RESULTADO. Claro que también hay quienes creen que, si el trabajador acepta determinadas condiciones, luego es demasiado tarde para quejarse. Así, por ejemplo, el sindicalista maderero Hugo de los Santos, dice que -en las casos de los campamentos precarios dedicados a la tala de montes- hay "condiciones desiguales" donde el principal culpable es el patrón "pero en general el trabajador también elige el camino de estar lejos de la ley y del sindicato".
De los Santos dice que, cuando se descubren casos como los que cuenta el inspector general de Trabajo, al final, al ser tan precario todo, los trabajadores suelen no cobrar y a veces ni siquiera se logra ubicar al empresario. Y, según el Soima, en algunos de los pequeños campamentos descubiertos por el Ministerio de Trabajo en 2011 al final los más perjudicados fueron los obreros.
"¿Entonces cuál es el papel de la Inspección?", pregunta el sindicalista. "Le sacaron fotos al campamento, a la gente y se fueron. No encontraron al contratista, la gente quedó sin trabajo y no les pagaron lo que les debían porque el contratista inmediatamente los echó a todos. A los efectos de los trabajadores, haberlo descubierto fue peor porque los trabajadores no encontraron protección. ¿Y entonces cómo es? El Ministerio de Trabajo se desentendió".
Hoy más del 90% de los trabajadores de la forestación ya no duerme en el monte, según el sindicato maderero. Pero De los Santos admite que "la forestación se ha ganado el derecho a ser mirada con desconfianza por el trabajo terrible realizado por contratistas durante años", aunque las condiciones han mejorado. "Para mí, la verdadera cuestión de esclavitud está en lo que ganan. A veces no sacan ni 5.000 pesos en un mes", afirma el sindicalista. Pero ese es otro debate.
En el verano de 2011, por ejemplo, una pesquisa judicial llevó al ingreso sorpresivo en unos campos en la zona agrícola de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, donde se halló a unos 130 individuos reducidos a servidumbre, entre ellos una treintena de niños. Los trabajadores dormían en carros y hacinados. La empresa descontaba a cada jornalero los bienes consumidos, como alimentos o elementos de higiene.
La presidenta se refirió entonces al cuadro hallado en la finca de San Pedro como propio "del siglo XVII" y llamó a las cámaras empresariales rurales a tomar "activa presencia" y "lograr que estos enclaves sean eliminados", según publicó BBC Mundo.
Para los dirigentes del agro correr la discusión hacia ese tema era "embarrar la cancha", según expresó en aquel momento el titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati.
En el Parlamento brasileño, en tanto, los diputados aprobaron hace unos días una enmienda constitucional que aumenta las sanciones contra empleadores que mantienen trabajadores en situación de servidumbre.
"Esta es la segunda abolición de la esclavitud en Brasil", dijo a la agencia AP el diputado oficialista Domingos Dutra tras la votación. Un total de 360 diputados votó a favor y 58 contra.
La disposición fue rechazada por la bancada ruralista, que alegó que la norma carece de una definición clara sobre lo que es trabajo esclavo, lo que puede conducir a sanciones contra propietarios que incurren en faltas laborales menores.
Entre 2003 y 2012, fueron rescatadas en Brasil 35.834 personas en situación análoga a la del trabajo esclavo o trabajo forzado, según datos oficiales.
Hay dos tipos de mujeres: las que orinan y las que mean", le dijo uno de los jefes a Zully Pereira, una trabajadora de la cosecha de aceitunas en una empresa en Cerro Agapito, cerca de Castillos. El único baño que había estaba a unos 600 metros de la zona de la cosecha de olivas y Pereira dice que a ella y otras trabajadoras no se lo dejaban usar. Entonces, según recuerda la mujer, le explicaron: "Ustedes mean, así que hay bastantes coronillas para que vayan a mear nomás".
La denuncia de Pereira llegó a la junta departamental de Rocha, donde fue difundida por un edil nacionalista. Y fue trasladada por el intendente Artigas Barrios al Ministerio de Trabajo. Madre de seis hijos y abuela de diez nietos, Pereira tiene 55 años. Antes fue apicultora, bombero forestal y bolichera en Aguas Dulces en verano. Hace tres años le detectaron un cáncer, vivió en Montevideo seis meses, donde fue tratada. Este año, por primera vez, se dedicó a la cosecha de aceitunas.
Además de evacuar sus necesidades fisiológicas entre los árboles, Pereira dice que en la empresa en la que trabajaba ella y sus compañeros no tenían agua para limpiarse, debían cargar cajones pesados, comían en el suelo, las cargaban en zorras sin condiciones de seguridad, y eran acosadas verbalmente por sus jefes. Pereira dice que se sintió "medio esclava" en Cerro Agapito, donde trabajó tres semanas y luego se fue a otra empresa del rubro.
"Sí, somos mujeres trabajadoras pero tampoco podés andar escondiéndote para orinar. La ley marca que debe haber baños en cada lugar donde hay gente trabajando", dice Pereira a Qué Pasa. Dos mujeres que trabajaban en esa empresa dan la misma versión. El caso sorprendió a los ediles y al intendente (ver nota principal).
Cinthia Da Silva de 29 años, habla de condiciones "decadentes, horribles, traumáticas". Y cuenta cómo hacían para ir al baño: "Nos envolvíamos en las lonas que usamos para recolectar las aceitunas y así orinábamos sin que nos vieran los hombres". El inspector de Trabajo, Juan Andrés Roballo, dice que lo que cuentan las trabajadores "es consistente, lo hemos visto en otros lugares". Tras visitar el lugar, la Inspección exigió a la firma que, para la próxima cosecha, ponga baños químicos, una carpa y que mejore el sistema de traslado hacia las plantaciones.
Pereira afirma en una carta que se leyó en la junta departamental que, como no había agua, "orinamos, defecamos y comemos en el campo, merendamos y nunca nos higienizamos las manos". Y dice: "Lo más triste es que en la casa grande existen baños y un super comedor que está prohibidísimo. Parece que en una cosecha anterior le ensuciaron feo los baños y decidió cerrar todo".
También dice que las zorras en las que las trasladaban medían "tres metros de largo por dos de ancho" y allí iban las trabajadoras y el material de trabajo, como cajones y lonas. Johana Dorao, de 26 años, dice que cobraban 40 pesos el cajón con 25 kilos de aceitunas (aunque la empresa dice que cada cajón carga "15 kilos a reventar"). Y que si no llenaban el cajón, debían seguirlo cargando hasta llenarlo.
TECHO. El empresario Andrés Rodríguez, dueño de la firma, responde que todo es "una movida política" vinculada a la lista 71 "porque los blancos y colorados tienen que hacer ruido, no existen y el Frente Amplio se ha comido la cancha". Agrega que con estas denuncias, buscan "pegarle" indirectamente al intendente Barrios, que inicialmente apoyó su emprendimiento por las fuentes de trabajo que generan. "Y yo, que no tengo filiación política, quedo en el medio", dice, después de parar su camioneta en la banquina de la ruta 9.
"Yo ni contesto", dice Rodríguez. Pero enseguida agrega: "¿Que nosotros esclavizamos? ¿Qué pretenden? ¿Que teche el campo? ¿Qué ponga losa radiante? ¿Qué las lleve en un taxi en vez de en zorras? ¿Quieren que les dé ropa adecuada para arrancar coquitos de un árbol de un metro ochenta de altura? Capaz una aceituna les abolla el pie. Son una manga de gente inescrupulosa".
Y protesta: "Quieren que haya trabajo en el campo pero después vienen con estas bobadas y complican la cosa". Rodríguez admite que está pensando en incorporar maquinaria para suplantar a los trabajadores en las próximas cosechas.
Pereira, la principal denunciante, tiene "problemas de coeficiente intelectual" y "todo es mentira", salvo por lo de los baños. "Poner un baño debajo de cada olivo es un poco complejo logísticamente", dice. "Tenemos un baño a 600 metros de la plantación". El empresario afirma que les daba café caliente cuando hacía frío, pero hubo problemas porque "dejaban los vasos descartables tirados" en el campo.
En una entrevista con el diario El Este, dijo hace unos años que en Rocha falta hábito o cultura del trabajo: "Parece que los 10 kilómetros entre Castillos y el establecimiento están pesando".
No fueron uno, dos ni tres. "Fueron demasiados casos", dice el inspector general de Trabajo, Juan Andrés Roballo, mientras busca datos en su laptop en un Ministerio de Trabajo en obras y con paredes descascaradas. Y se refiere a los campamentos precarios vinculados a la pequeña forestación que los inspectores laborales detectaron en ocho departamentos en 2011.
Allí encontraron a hombres viviendo en carpas durante semanas y sin las condiciones mínimas requeridas. Que se dedicaban a talar montes enteros sin agua potable ni botiquín. Sin medios "para comunicarse con los servicios de emergencia si hay un accidente" ni elementos de protección indispensables, como zapatos, guantes y cascos.
En algunos casos, hace días que lo único que comían era una especie de carne salada o charque. En otros había adolescentes trabajando. Roballo dice que, tras recibir denuncias y realizar tareas "un poco de Inteligencia", la Inspección de Trabajo llegó a lugares "casi inaccesibles" para detectar esos campamentos. Las "peores" situaciones se encontraron en Durazno y Florida. Se inspeccionaron 34 lugares y solo nueve quedaron sin ningún tipo de observación, dice Roballo. Pero, sin embargo, desde el sector sindical tienen dudas respecto a la eficiencia de estos controles y el dirigente del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera (Soima), Hugo de los Santos, sostiene que los operativos en el monte el año pasado terminaron sin sanciones para pequeños empresarios y con los obreros con deudas impagas. Roballo, en cambio, dice que las empresas fueron sancionadas.
-Sí. En algunos lugares nos hemos encontrado con eso sí. De hecho, en esos campamentos nos hemos encontrado con situaciones de precariedad grave.
En 2011 las inspecciones y sanciones aplicadas en el interior y en el medio rural aumentaron al menos 20% y este año el Ministerio de Trabajo comprará nuevas camionetas 4x4, que se sumarán a los vehículos que ya existen, dos autos y seis otras 4x4 que se usan exclusivamente para entrar al campo, las canteras o la forestación (a las ciudades los inspectores van en transporte colectivo). La idea es aumentar la presencia en el medio rural, que se entiende que aún es insuficiente.
Roballo, un ex diputado de Alianza Progresista, saca un papel que es una especie de memoria de las actuaciones realizadas y empieza a leer cuáles fueron las peores situaciones detectadas en el interior rural en 2011, más allá de los casos de campamentos precarios ya mencionados.
Y ahí saltan primero las malas condiciones en el alojamiento de trabajadores en el campo. En tres casos en Paysandú, Artigas y Rivera "se constataron situaciones muy precarias que afectan la dignidad de la persona". Eran viviendas que no reunían condiciones mínimas de habitabilidad y que ni baño tenían. "Y en uno de esos casos el trabajador y su familia, incluyendo niños, fueron despedidos días después de realizada la inspección", dice el inspector de Trabajo.
También se han constatado condiciones precarias en las instalaciones eléctricas, uso de productos químicos afectando la salud de los trabajadores, falta de elementos de protección personal (desde guantes a zapatos), de provisión de agua para consumo humano, carencia de botiquín y de plan de salida de zonas de difícil accesibilidad.
TÉRMINO. Roballo dice que él no puede usar la palabra "esclavitud" para definir a muchas de las situaciones detectadas porque eso implica que las personas sean retenidas contra su voluntad en esas situaciones, lo que no fue comprobado. "Ahora, los actores sociales -a la hora de referirse a estas condiciones extremadamente precarias- pueden calificar de esa manera, de esclavitud o semi esclavitud, para dar cuenta de la gravedad de estas situaciones", dice el inspector. Y sigue: "Alguien podría calificarlo de esclavitud porque mucha gente no tiene los medios para poder salir de esa situación".
En estos días en Castillos, Rocha, se debate públicamente un caso relacionado con trabajadoras de la cosecha de aceitunas en una plantación en Cerro Agapito, a 10 kilómetros de la ciudad, quienes denuncian que en la firma en la que trabajaban debían orinar y defecar entre los arbustos y tapadas con lonas para que no las vieran sus superiores o los hombres que trabajaban allí. No tenían agua para higienizarse.
El diario El Este de Rocha tituló: "Mujeres rochenses denuncian
condiciones infrahumanas de trabajo". Las denuncias se difundieron en la
FM Esteña de Castillos, y llegaron a la junta departamental, donde el
edil nacionalista Alfredo Bertoni leyó una carta de una de las
trabajadoras, Zully Pereira, quien dice haberse sentido esclavizada (ver
nota en páginas 6 y 7).
Treinta mujeres que trabajan en la empresa Quebrada de los Olivos, Ruta 9, kilómetro 251 denunciaron que “son mano de obra barata y casi esclava”.
“No contamos con ropa adecuada, ni zapatos, ni guantes, ni ropa o
elementos que nos protejan de la lluvia, porque si nos agarra la lluvia
en las chacras, así mojadas seguimos cosechando porque no tenemos
dónde guarecernos, con los consiguientes problemas de salud que esto
trae. (No hay sistema inmune, ni garganta que aguante)”.
La nota, firmada por Zully Pereira Soria. C.I.3574167-3, continúa relatando:
“Nos trasladan en zorras tiradas por tractores, las mismas sin protección de seguridad de ningún tipo, una tiene baranda y la otra sin nada, así que viajamos con las piernas colgando porque además llevamos los cajones, lonas y vings para trabajar.
Todas vamos con la esperanza de hacer un lindo jornal, pero las cajas son grandes (para ser gráficas más grandes que las cajas de pescado) cargan más o menos veinticinco kilos. Nos pagan cuarenta pesos por cada una. Llenarlas de aceitunas no es fácil.
Llegamos a las chacras y allí tenemos el problema más complicado para nosotras. Carecemos de baños, así es que nos vemos obligadas a usar los coronillas como tales. Así fue que maté una pequeña crucera en el momento que iba a hacer uso de tan ecológico baño. También nos pusimos prácticas en envolvernos en las lonas donde recogemos las aceitunas y en el medio de los olivares hacemos nuestras necesidades y los tractores van y vienen entre nosotras”.
Más adelante la vocera de las trabajadoras señala:
“Considerando que muchas de esas mujeres estaban en sus períodos menstruales debe ser muy difícil manejarse en esa circunstancia. Yo soy oncológica (intestino- vejiga) y necesito un ámbito más amable para manejar mis necesidades fisiológicas y allí no lo encontré.
Tampoco tenemos agua. Entonces tenemos que juntamos aceitunas, orinamos, defecamos y comemos en el campo, merendamos y nunca nos higienizamos las manos.
Comemos en el suelo, a la sombra escasa de los olivos, compartiendo con hormigas, arañas y cuanto bicho ande por allí.
En las chacras estamos desde las ocho de la mañana hasta las 18 y 30 más o menos (horario corrido) sin baños, sin agua a veces mojadas o con calor, abrazadas por el sol, observo todo esto y me siento medio esclava.
Lo más triste es que en la “casa grande” existen baños y un super comedor que está prohibidísimo. Usemos un No rotundo, esa es la respuesta del señor de los olivos; parece que en una cosecha anterior se los ensuciaron feo a los baños y decidió cerrar comedor y baños definitivamente.”
A estas condiciones la denunciante agrega:
“Del señor patrón hemos recibido maltrato verbal y nos ha tratado hasta de sucias y sus acólitos( léase colaboradores) se manejan igual que él, con soberbia y degradando con su actitud nuestra condición de trabajadoras.
Así fue que en un encontronazo con el patrón y acólito me fui, mi dignidad me decía que me fuera y denunciara tanto abuso y maltrato. Ya lo hice en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Opino que desgraciadamente estas empresas se aprovechan de que haya tan poco trabajo, se instalan y no dudan en explotarnos “no se les mueve un pelo” porque saben que a veces la “necesidad tiene cara de hereje”.
Así es que cada vez que alguien consuma el aceite de estos olivos llevará en forma no impresa nuestra desgracia de ser mano de obra barata y casi esclava.
Si la sociedad no frena estas malas actitudes y se sigue apañando estos negocios que no se sabe muy bien quién es el dueño del olivo, otro es el dueño de la tierra, otro de la planta aceitera, otro de las máquinas, uno es el que manda, pero no se hace eco de los reclamos que son justos, no pedimos algo que la ley no marque y está la sociedad anónima que no existe para reclamar. Entonces quedamos las zafrales medio en una nebulosa y sin condiciones mínimas para trabajar dignamente y como dice la ley.
Pido además se investigue si es verdad que el estado exonera de impuestos a estas empresas que dan “trabajo a mujeres”.
Por último las mujeres en su gran mayoría necesitan trabajar y a veces se ven obligadas a seguir a pesar de la circunstancia en que se desarrolle su labor.
Yo siento pena por esas jóvenes que tienen su primera experiencia laboral de esa forma, no tendrán cultura del trato justo, empleador- empleada y será una cadena de nunca acabar, mano de obra barata, maltrato, abuso, miedo, necesidad y las pobres seremos más pobres y los ricos más ricos”.
El edil Bertoni solicitó al Cuerpo la consideración del tema que calificó como muy grave al tiempo que pidió usar todo el peso de la Junta para “hacerlo caer sobre esta gente”.
Reclamó además que pase el tema a consideración de la Comisión de Asuntos Laborales. “No pueden seguir así haciendo trabajar de esta manera a gente pobre”, concluyó.
La nota, firmada por Zully Pereira Soria. C.I.3574167-3, continúa relatando:
“Nos trasladan en zorras tiradas por tractores, las mismas sin protección de seguridad de ningún tipo, una tiene baranda y la otra sin nada, así que viajamos con las piernas colgando porque además llevamos los cajones, lonas y vings para trabajar.
Todas vamos con la esperanza de hacer un lindo jornal, pero las cajas son grandes (para ser gráficas más grandes que las cajas de pescado) cargan más o menos veinticinco kilos. Nos pagan cuarenta pesos por cada una. Llenarlas de aceitunas no es fácil.
Llegamos a las chacras y allí tenemos el problema más complicado para nosotras. Carecemos de baños, así es que nos vemos obligadas a usar los coronillas como tales. Así fue que maté una pequeña crucera en el momento que iba a hacer uso de tan ecológico baño. También nos pusimos prácticas en envolvernos en las lonas donde recogemos las aceitunas y en el medio de los olivares hacemos nuestras necesidades y los tractores van y vienen entre nosotras”.
Más adelante la vocera de las trabajadoras señala:
“Considerando que muchas de esas mujeres estaban en sus períodos menstruales debe ser muy difícil manejarse en esa circunstancia. Yo soy oncológica (intestino- vejiga) y necesito un ámbito más amable para manejar mis necesidades fisiológicas y allí no lo encontré.
Tampoco tenemos agua. Entonces tenemos que juntamos aceitunas, orinamos, defecamos y comemos en el campo, merendamos y nunca nos higienizamos las manos.
Comemos en el suelo, a la sombra escasa de los olivos, compartiendo con hormigas, arañas y cuanto bicho ande por allí.
En las chacras estamos desde las ocho de la mañana hasta las 18 y 30 más o menos (horario corrido) sin baños, sin agua a veces mojadas o con calor, abrazadas por el sol, observo todo esto y me siento medio esclava.
Lo más triste es que en la “casa grande” existen baños y un super comedor que está prohibidísimo. Usemos un No rotundo, esa es la respuesta del señor de los olivos; parece que en una cosecha anterior se los ensuciaron feo a los baños y decidió cerrar comedor y baños definitivamente.”
A estas condiciones la denunciante agrega:
“Del señor patrón hemos recibido maltrato verbal y nos ha tratado hasta de sucias y sus acólitos( léase colaboradores) se manejan igual que él, con soberbia y degradando con su actitud nuestra condición de trabajadoras.
Así fue que en un encontronazo con el patrón y acólito me fui, mi dignidad me decía que me fuera y denunciara tanto abuso y maltrato. Ya lo hice en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Opino que desgraciadamente estas empresas se aprovechan de que haya tan poco trabajo, se instalan y no dudan en explotarnos “no se les mueve un pelo” porque saben que a veces la “necesidad tiene cara de hereje”.
Así es que cada vez que alguien consuma el aceite de estos olivos llevará en forma no impresa nuestra desgracia de ser mano de obra barata y casi esclava.
Si la sociedad no frena estas malas actitudes y se sigue apañando estos negocios que no se sabe muy bien quién es el dueño del olivo, otro es el dueño de la tierra, otro de la planta aceitera, otro de las máquinas, uno es el que manda, pero no se hace eco de los reclamos que son justos, no pedimos algo que la ley no marque y está la sociedad anónima que no existe para reclamar. Entonces quedamos las zafrales medio en una nebulosa y sin condiciones mínimas para trabajar dignamente y como dice la ley.
Pido además se investigue si es verdad que el estado exonera de impuestos a estas empresas que dan “trabajo a mujeres”.
Por último las mujeres en su gran mayoría necesitan trabajar y a veces se ven obligadas a seguir a pesar de la circunstancia en que se desarrolle su labor.
Yo siento pena por esas jóvenes que tienen su primera experiencia laboral de esa forma, no tendrán cultura del trato justo, empleador- empleada y será una cadena de nunca acabar, mano de obra barata, maltrato, abuso, miedo, necesidad y las pobres seremos más pobres y los ricos más ricos”.
El edil Bertoni solicitó al Cuerpo la consideración del tema que calificó como muy grave al tiempo que pidió usar todo el peso de la Junta para “hacerlo caer sobre esta gente”.
Reclamó además que pase el tema a consideración de la Comisión de Asuntos Laborales. “No pueden seguir así haciendo trabajar de esta manera a gente pobre”, concluyó.
El intendente rochense Artigas Barrios dice que la denuncia "es muy grave" y la comunicó al inspector general de Trabajo. De hecho, la inspección visitó hace unos días la empresa y, aunque la zafra allí ya había terminado, comprobó que en la zona de la plantación había ausencia de "servicios de bienestar". Se le pidió al empresario que -para la próxima cosecha- ponga baños químicos y una carpa para que las trabajadoras puedan cubrirse del sol o la lluvia, entre otras correcciones. Al cierre de esta edición no se sabía si la firma sería sancionada, porque no estaba pronta la resolución.
En la junta departamental de Rocha, Bertoni pidió "hacer caer todo el peso sobre esta gente". El edil dice que, de unas 30 mujeres que trabajaban en la firma, luego quedaron 17. Y que la denuncia pública probablemente ha hecho mejorar las condiciones "deplorables" en la plantación.
La edila Graciela Sarova, también del Partido Nacional, dice que la empresa mostró "falta de humanidad", además de no tener conocimiento de cómo se trabaja. "No hay derecho de que no les dieran agua para lavarse las manos antes de comer o sacarse la sed. O que no tuvieran a dónde ir al baño", afirma Sarova. "Además la mujer es diferente al hombre, no puede hacer pis en cualquier lado y una vez al mes tiene menstruación".
Otro edil blanco, Marcelo Rocha leyó hace unos días en la junta una carta escrita a mano por un trabajador rural que pasó por la misma empresa y habla de "condiciones deplorables" y con muy poca remuneración. "Muchos lo aceptamos, por la vieja necesidad", dice el trabajador en la carta que se trató en la junta rochense, que pasó el tema a la comisión de asuntos laborales.
DEBATE. Germán González, secretario de la Unión de Trabajadores Rurales y
Afines del Sur del País (Utrasurpa), dice que en Uruguay sigue habiendo
"trabajo esclavo", aunque obviamente ya no es la norma en el medio
rural.
Y el empresario Guzmán Tellechea, vicepresidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), opina que, como en cualquier otra actividad, hay excepciones que se salen de las normas "y ahí está el desastre". Tellechea cree que en general han mejorado las condiciones laborales en el campo, pero que "en zonas alejadas o en rubros donde se trabaja en campamentos" pueden haber condiciones laborales muy precarias.
González recuerda dos casos muy graves en los últimos años. En 2006, en una bodega y plantación de vid en Colonia trancaban con llave en un galpón a los trabajadores junto a sus familias, incluyendo a niños, de 8.30 de la noche a 7 de la mañana. Tras la denuncia de una trabajadora, la Inspección General del Trabajo sancionó a la firma y dispuso la clausura temporal en aquel momento.
Pero la peor experiencia que recuerda el secretario del sindicato rural ocurrió hace solo dos años, cuando se enteró de las condiciones en las que vivieron cuatro meses un grupo de 15 trabajadores salteños en una plantación de papas en San José.
Esas personas, algunas de las cuales no sabían leer ni escribir, habían vivido un verano entero en un ómnibus viejo sin techo en medio del campo. Le habían puesto una lona y en la parte de arriba, donde iban los asientos, era el comedor. "Para dormir esa parte no servía porque si llovía, se mojaban los colchones", recuerda González.
"Y ellos dormían en la bodega, tipo tumba, como si fueran nichos", relata el sindicalista. El baño era una casilla hecha con palos y bolsas de nylon, que adentro tenía una silla playera con un agujero y un pozo en la tierra. La casilla se iba moviendo de lugar a medida que se llenaba el pozo.
El patrón, dice González, les llevaba algunos alimentos cada quince días, pero se los descontaba del sueldo. "Lo peor es que ellos habían perdido la rebeldía o el coraje de decir `te prendo fuego la quinta`. Porque los derechos humanos hay que respetarlos todos los días y no solo recordar la dictadura".
González se enteró del caso cuando recibió un llamado de un periodista de Radio 41 de San José, quien le avisó que un grupo de trabajadores habían llamado a denunciar que el patrón los había dejado (con colchones y cobijas) en plena ruta, una tardecita que llovía a cántaros.
El sindicalista armó un pequeño operativo con un camión y una camioneta y los fue a buscar a la ruta 3. "Encontré a esos hombres más desprotegidos que niños de jardinera, tapados con un nylon. Fue feo", dice ahora.
Después se enteraría de todo lo demás y de que los habían despedido porque le habían reclamado que no les descontara la comida del jornal La historia terminó con sanciones económicas del Ministerio de Trabajo a la empresa y -antes de enviarlos otra vez a Salto- durante 15 días el sindicato dejó a los trabajadores en San José, haciendo rondas de prensa "para sensibilizar a la gente sobre la situación que viven los trabajadores rurales".
RESULTADO. Claro que también hay quienes creen que, si el trabajador acepta determinadas condiciones, luego es demasiado tarde para quejarse. Así, por ejemplo, el sindicalista maderero Hugo de los Santos, dice que -en las casos de los campamentos precarios dedicados a la tala de montes- hay "condiciones desiguales" donde el principal culpable es el patrón "pero en general el trabajador también elige el camino de estar lejos de la ley y del sindicato".
De los Santos dice que, cuando se descubren casos como los que cuenta el inspector general de Trabajo, al final, al ser tan precario todo, los trabajadores suelen no cobrar y a veces ni siquiera se logra ubicar al empresario. Y, según el Soima, en algunos de los pequeños campamentos descubiertos por el Ministerio de Trabajo en 2011 al final los más perjudicados fueron los obreros.
"¿Entonces cuál es el papel de la Inspección?", pregunta el sindicalista. "Le sacaron fotos al campamento, a la gente y se fueron. No encontraron al contratista, la gente quedó sin trabajo y no les pagaron lo que les debían porque el contratista inmediatamente los echó a todos. A los efectos de los trabajadores, haberlo descubierto fue peor porque los trabajadores no encontraron protección. ¿Y entonces cómo es? El Ministerio de Trabajo se desentendió".
Hoy más del 90% de los trabajadores de la forestación ya no duerme en el monte, según el sindicato maderero. Pero De los Santos admite que "la forestación se ha ganado el derecho a ser mirada con desconfianza por el trabajo terrible realizado por contratistas durante años", aunque las condiciones han mejorado. "Para mí, la verdadera cuestión de esclavitud está en lo que ganan. A veces no sacan ni 5.000 pesos en un mes", afirma el sindicalista. Pero ese es otro debate.
130.000
trabajadores rurales están registrados ante el BPS, unos 37.000 de ellos en Montevideo.20%
aumentaron las sanciones del Ministerio de Trabajo el año pasado en el interior y en el medio rural25
de 34 empresas y campamentos forestales visitados el año pasado por el MTSS eran irregulares.
Rel-UITA
Uruguay
Con Germán González
Trabajadores rurales en
condiciones de
semiesclavitud
A pocos kilómetros de la
capital
|
|
La
empresa Berruti de Sosa produce papa y
está ubicada en el kilómetro 132 de la
ruta 3. La semana pasada expulsó a once
trabajadores que desempeñaban tareas de
cosecha sin abonarles los haberes
correspondientes. Bajo amenazas, los
trasladaron hacia la ruta 3, en el
departamento de San José, donde los
abandonaron bajo una lluvia torrencial
sin ningún recurso. Además de este
atropello, los damnificados relataron
que trabajaban en condiciones de
semiesclavitud.
Enterada de esta situación la Unión de
Trabajadores Rurales y Afines del Sur del País (UTRASURPA),
junto a la Rel-UITA y al Plenario
Departamental de Trabajadores de San
José, coordinó una operación rescate y
la posterior ayuda y asesoramiento a
estos trabajadores.
Sirel
dialogó con
Germán
González, secretario
general de la UTRASURPA, para
conocer los detalles de esta situación y
las medidas sindicales que seguirán.
-¿Cómo se contactan
estos trabajadores contigo?
A metros de donde dejaron abandonados a estos once
trabajadores, hay una estación de
servicio donde trabaja el hijo de un
compañero del Sindicato de Obreros de
Frigorífico Maragato* (SOFRIM),
que se comunicó inmediatamente conmigo
para denunciar esta situación.
-¿Qué medidas se tomaron ante este
comportamiento insólito de la empresa?
-Rápidamente tomamos contacto telefónico con los trabajadores
y comenzamos desde la Rel-UITA y
el Plenario Departamental de
Trabajadores a gestionar una operación
de rescate. Cuando finalmente logramos
llegar al lugar, los trabajadores
estaban en la ruta, tapados con trozos
de plástico porque llovía intensamente.
El Sindicato de Funcionarios de la Salud
Privada prestó sus instalaciones para
que alojáramos a los trabajadores
mientras nos comunicábamos con la
empresa y coordinábamos el regreso de
estos compañeros al norte del país, de
donde son originarios.
-¿Cómo llegaron estos trabajadores a
esta situación?
-Los trabajadores manifestaron que el despido se había
originado cuando ellos se negaron a que
el patrón les bajara el sueldo; la
empresa pretendió bajar el precio que
pagaba por bolsa de papa cosechada, de
30 a 20 pesos (1,5 a 1 dólar
aproximadamente).
Los trabajadores aceptaron el despido pero solicitaron
permanecer en las instalaciones de la
empresa hasta que se les liquidaran sus
haberes, que además de ser un derecho
del trabajador, en este caso, era además
una necesidad pues todos viven en Salto,
a unos 500 kilómetros del lugar de
trabajo. Ante esta postura, el patrón
amenazó que si no se iban de inmediato
llamaría a la Policía, y acto seguido
los obligó a subirse a un camión y los
dejó abandonados en la ruta donde unas
horas después los fuimos a buscar.
-¿El UTRASURPA se comunicó con la
empresa?
-Sí, personalmente llamé al dueño de la empresa para hacerle
saber que su conducta estaba equivocada,
y que como Sindicato íbamos a tomar las
medidas necesarias para defender los
derechos de los trabajadores, además de
denunciar este atropello -que no se dio
sólo en este hecho puntual- sino que
también está ligado a una situación de
precarias condiciones laborales que los
trabajadores registraron con las cámaras
de sus celulares. Se iban rotando para
registrar todo porque no contaban con
energía eléctrica para cargarlos.
-¿De qué se trata exactamente?
-El responsable de la empresa,
Eduardo
Berruti, los tenía en
condiciones de semiesclavitud, vivían en
el casco de un ómnibus totalmente
deteriorado, sin techo, sin puerta. Como
se llovía todo, los trabajadores dormían
en el portaequipaje del antiguo
vehículo. El baño era un pozo en el piso
que iban tapando y corriendo a medida
que se llenaba, una silla playera con un
orificio en el medio, oficiaba de
inodoro y unos palos cubiertos con
nailon negro eran las paredes del baño.
Eduardo Berruti les
llevaba una canasta de víveres cada 15
días
–la cual cobraba a su antojo– y
ovinos –muchas veces enfermos– como
alimento. Cabe destacar que una vez que
hablamos con el dueño sobre la decisión
del Sindicato, el abogado de la empresa
Berruti de Sosa presentó una
denuncia de abigeato contra los
trabajadores, poniendo como prueba los
huesos encontrados en la zona donde
habitaban, siendo que esos restos son de
los animales que el mismo patrón llevaba
para que los trabajadores consumieran.
-¿Qué medidas adoptará el UTRASURPA?
-En una primera instancia presentamos la denuncia ante el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
en la ciudad de Salto, en la Inspección
General de Trabajo y estamos realizando
una denuncia pública en los medios
locales y, a través de la Rel-UITA,
a nivel internacional.
Pretendemos que con las evidencias recabadas por los propios
trabajadores, las autoridades
competentes tomen medidas disciplinarias
con esta empresa.
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BRASIL Y ARGENTINA
El panorama en la región
En Argentina el gobierno de Cristina Fernández ha tenido en las denuncias de trabajo rural "esclavo" otro tema de choque con las gremiales del campo. En 2011, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó y denunció públicamente casos de trabajo ilegal en condiciones infrahumanas.En el verano de 2011, por ejemplo, una pesquisa judicial llevó al ingreso sorpresivo en unos campos en la zona agrícola de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, donde se halló a unos 130 individuos reducidos a servidumbre, entre ellos una treintena de niños. Los trabajadores dormían en carros y hacinados. La empresa descontaba a cada jornalero los bienes consumidos, como alimentos o elementos de higiene.
La presidenta se refirió entonces al cuadro hallado en la finca de San Pedro como propio "del siglo XVII" y llamó a las cámaras empresariales rurales a tomar "activa presencia" y "lograr que estos enclaves sean eliminados", según publicó BBC Mundo.
Para los dirigentes del agro correr la discusión hacia ese tema era "embarrar la cancha", según expresó en aquel momento el titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati.
En el Parlamento brasileño, en tanto, los diputados aprobaron hace unos días una enmienda constitucional que aumenta las sanciones contra empleadores que mantienen trabajadores en situación de servidumbre.
"Esta es la segunda abolición de la esclavitud en Brasil", dijo a la agencia AP el diputado oficialista Domingos Dutra tras la votación. Un total de 360 diputados votó a favor y 58 contra.
La disposición fue rechazada por la bancada ruralista, que alegó que la norma carece de una definición clara sobre lo que es trabajo esclavo, lo que puede conducir a sanciones contra propietarios que incurren en faltas laborales menores.
Entre 2003 y 2012, fueron rescatadas en Brasil 35.834 personas en situación análoga a la del trabajo esclavo o trabajo forzado, según datos oficiales.
TESTIMONIO
"Hay dos tipos de mujeres"
COSECHA. Dicen que las obligaban a ir al baño entre los árboles y envueltas en lonas
S.C.Hay dos tipos de mujeres: las que orinan y las que mean", le dijo uno de los jefes a Zully Pereira, una trabajadora de la cosecha de aceitunas en una empresa en Cerro Agapito, cerca de Castillos. El único baño que había estaba a unos 600 metros de la zona de la cosecha de olivas y Pereira dice que a ella y otras trabajadoras no se lo dejaban usar. Entonces, según recuerda la mujer, le explicaron: "Ustedes mean, así que hay bastantes coronillas para que vayan a mear nomás".
La denuncia de Pereira llegó a la junta departamental de Rocha, donde fue difundida por un edil nacionalista. Y fue trasladada por el intendente Artigas Barrios al Ministerio de Trabajo. Madre de seis hijos y abuela de diez nietos, Pereira tiene 55 años. Antes fue apicultora, bombero forestal y bolichera en Aguas Dulces en verano. Hace tres años le detectaron un cáncer, vivió en Montevideo seis meses, donde fue tratada. Este año, por primera vez, se dedicó a la cosecha de aceitunas.
Además de evacuar sus necesidades fisiológicas entre los árboles, Pereira dice que en la empresa en la que trabajaba ella y sus compañeros no tenían agua para limpiarse, debían cargar cajones pesados, comían en el suelo, las cargaban en zorras sin condiciones de seguridad, y eran acosadas verbalmente por sus jefes. Pereira dice que se sintió "medio esclava" en Cerro Agapito, donde trabajó tres semanas y luego se fue a otra empresa del rubro.
"Sí, somos mujeres trabajadoras pero tampoco podés andar escondiéndote para orinar. La ley marca que debe haber baños en cada lugar donde hay gente trabajando", dice Pereira a Qué Pasa. Dos mujeres que trabajaban en esa empresa dan la misma versión. El caso sorprendió a los ediles y al intendente (ver nota principal).
Cinthia Da Silva de 29 años, habla de condiciones "decadentes, horribles, traumáticas". Y cuenta cómo hacían para ir al baño: "Nos envolvíamos en las lonas que usamos para recolectar las aceitunas y así orinábamos sin que nos vieran los hombres". El inspector de Trabajo, Juan Andrés Roballo, dice que lo que cuentan las trabajadores "es consistente, lo hemos visto en otros lugares". Tras visitar el lugar, la Inspección exigió a la firma que, para la próxima cosecha, ponga baños químicos, una carpa y que mejore el sistema de traslado hacia las plantaciones.
Pereira afirma en una carta que se leyó en la junta departamental que, como no había agua, "orinamos, defecamos y comemos en el campo, merendamos y nunca nos higienizamos las manos". Y dice: "Lo más triste es que en la casa grande existen baños y un super comedor que está prohibidísimo. Parece que en una cosecha anterior le ensuciaron feo los baños y decidió cerrar todo".
También dice que las zorras en las que las trasladaban medían "tres metros de largo por dos de ancho" y allí iban las trabajadoras y el material de trabajo, como cajones y lonas. Johana Dorao, de 26 años, dice que cobraban 40 pesos el cajón con 25 kilos de aceitunas (aunque la empresa dice que cada cajón carga "15 kilos a reventar"). Y que si no llenaban el cajón, debían seguirlo cargando hasta llenarlo.
TECHO. El empresario Andrés Rodríguez, dueño de la firma, responde que todo es "una movida política" vinculada a la lista 71 "porque los blancos y colorados tienen que hacer ruido, no existen y el Frente Amplio se ha comido la cancha". Agrega que con estas denuncias, buscan "pegarle" indirectamente al intendente Barrios, que inicialmente apoyó su emprendimiento por las fuentes de trabajo que generan. "Y yo, que no tengo filiación política, quedo en el medio", dice, después de parar su camioneta en la banquina de la ruta 9.
"Yo ni contesto", dice Rodríguez. Pero enseguida agrega: "¿Que nosotros esclavizamos? ¿Qué pretenden? ¿Que teche el campo? ¿Qué ponga losa radiante? ¿Qué las lleve en un taxi en vez de en zorras? ¿Quieren que les dé ropa adecuada para arrancar coquitos de un árbol de un metro ochenta de altura? Capaz una aceituna les abolla el pie. Son una manga de gente inescrupulosa".
Y protesta: "Quieren que haya trabajo en el campo pero después vienen con estas bobadas y complican la cosa". Rodríguez admite que está pensando en incorporar maquinaria para suplantar a los trabajadores en las próximas cosechas.
Pereira, la principal denunciante, tiene "problemas de coeficiente intelectual" y "todo es mentira", salvo por lo de los baños. "Poner un baño debajo de cada olivo es un poco complejo logísticamente", dice. "Tenemos un baño a 600 metros de la plantación". El empresario afirma que les daba café caliente cuando hacía frío, pero hubo problemas porque "dejaban los vasos descartables tirados" en el campo.
En una entrevista con el diario El Este, dijo hace unos años que en Rocha falta hábito o cultura del trabajo: "Parece que los 10 kilómetros entre Castillos y el establecimiento están pesando".
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