Un padre de 83 años ante el hallazgo de los restos de su hijo
Otra familia de un detenido desaparecido uruguayo en Argentina pudo confirmar la crueldad de la represión regional que terminó con la vida de un joven de 22 años, integrante de la Juventud Peronista. Su nombre era Heber Eduardo O’Neill Velázquez.
“Yo sabía que vivo a mi hijo no lo iba a encontrar, pero al menos estos huesitos que aparecieron en Argentina me dejan la tranquilidad de que, después de 37 años de búsqueda, y al final de mi vida, puedo saber la verdad.”
Ever O’Neill tiene 83 años y vive en Rocha, donde atendió la llamada de Brecha. Con hablar sereno, de frases cortas y largos silencios, reflexionó de esta manera ante el hallazgo de los restos de su hijo, Heber Eduardo O’Neill Velázquez, desaparecido en Buenos Aires en 1977. Y agradeció el trabajo de técnicos y autoridades de Uruguay y Argentina que colaboraron en todos estos años.
En los últimos tiempos mantuvo una comunicación constante con la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, y en las últimas semanas, consciente de la fragilidad de su salud pero sin que sus fuerzas amainaran en la lucha, le confió a uno de sus miembros que no quería morir sin encontrar a su hijo.
El lunes 30 de setiembre recibió esa llamada que de alguna manera él siempre esperaba: ahora puede llorar a su hijo muerto.
Eduardo O’Neill tenía 22 años cuando el 18 de enero de 1977 fue detenido “en el trayecto de su reparto de vino, en una plaza ubicada entre las calles Estomba y Montenegro, barrio La Paternal” de la ciudad de Buenos Aires, según consta en la investigación histórica sobre detenidos desaparecidos ordenada en 2006 por la Presidencia de la República.
Lo encerraron en la comisaría número 39 y luego fue trasladado al centro clandestino de detención Pozo de Quilmes. El 18 de febrero de ese año, “en muy malas condiciones físicas por las torturas recibidas, es conducido al centro clandestino de detención El Vesubio”, señala el documento.
Celmar Alves Heredia, otro joven detenido en aquellas circunstancias, brindó testimonio ante el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay, en audiencia que el 8 de agosto de 1978 se desarrolló en París: “(...) Momentos más tarde Eduardo O’Neill es liberado, se le entregan objetos personales y se le hace firmar el libro de salidas. Luego es llevado a un calabozo donde se lo escucha gritar momentos después: ‘No firmen ningún tipo de papel, esto es una trampa, no van a ser liberados’. Al escucharlo, los guardias entran en su celda y comienzan a golpearlo (...)”, declaró.
Este hecho es atribuido a “policías uniformados pertenecientes a la Seccional número 39 de la Policía Federal. Según la circular número 12 del sijau, la seccional estaba a cargo del comisario Carvallo”.
La familia O’Neill comenzó a buscarlo de inmediato por comisarías e instituciones del gobierno argentino, sin resultado. Obteniendo mentiras en cada organismo al que se presentaban.
Un parte diplomático describe: “Con fecha 15 de agosto de 1978 su padre señor Heber Germán O’Neill García denuncia su desaparición ante el señor ministro de Relaciones Exteriores” de la República Argentina. Y entre los documentos que se acopiaron para la investigación consta un ejemplar de Compañero, periódico del Partido por la Victoria del Pueblo, fechado el 1 de setiembre de 1978, que bajo el título “¿Dónde están?” registra su nombre en la “nómina de uruguayos vistos en prisión en Buenos Aires, en fecha 18 de enero de 1977”.
Por “Oficio confidencial número H3-2/978 (2255), de la Embajada de Uruguay en la República Argentina, fechado en Buenos Aires el día 17 de octubre de 1978” se informa que según la División Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Federal Argentina “el día 21-I-977 fue procesado por actividades subversivas” con intervención del “Consejo de Guerra Estable número 1” a donde fue “remitido” el detenido el “día 28-I-977”.
Pero al solicitarse información a ese organismo de la dictadura, se obtuvo por respuesta la siguiente: “En mi carácter de presidente del Consejo de Guerra Especial Estable número 1/1, tengo el agrado de dirigirme al señor cónsul a los efectos de informarle que en este Consejo de Guerra no existe ningún antecedente relacionado con el ciudadano uruguayo Heber Eduardo O’Neill Velázquez”.
Desde entonces Ever soportó obstáculos de toda índole, pero no claudicó en la búsqueda de su hijo, quien dejaba una hija pequeña, Yamila, quien ahora también podrá dar sepultura digna a los restos de su padre. La Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente ha comenzado los contactos para cumplir con los pasos del sepelio que decida la familia.
Las investigaciones penales tomarán en cuenta esta nueva información que puede servir como prueba para eventuales acciones contra criminales de lesa humanidad.
Se trata de un caso de coordinación represiva regional, como los que se practicaban bajo el Plan Cóndor. Ya en su momento, al pedir la condena de varios criminales militares uruguayos, la entonces fiscal Mirtha Guianze se había referido al caso de O’Neill para significar cómo se daba la coordinación del aparato represivo y cuál era la actitud del gobierno uruguayo: “No admitieron las operaciones en Argentina, ni en otros países, ni las detenciones-desapariciones, y aun brindaron reiteradamente informes en los que se falseaban los hechos”, aseveró.
Durante el gobierno de facto, el Ministerio de Relaciones Exteriores integraba el Consejo de Seguridad del Estado. En función de ello, una de las tareas primordiales de la Unidad de Derechos Humanos era servir de enlace y de ejecutor de las políticas que diseñaba el Servicio de Información e Inteligencia de las Fuerzas Armadas, en particular del Departamento II, Exterior. Cuando la reapertura democrática, en 1985, se localizaron diversos archivos con abundante información sobre lo que el Servicio de Información de Defensa ordenaba trasmitir al exterior en relación con los de-
saparecidos. Muchos de estos documentos revestían la autodenominación de “secretos”.
“Así, por ejemplo –explicaba la fiscal Guianze–, en el caso de Heber Eduardo O’Neill, detenido desaparecido en la República Argentina, existía un ‘memo’ secreto que informaba, mucho tiempo después de su desaparición, que dicho ciudadano estaba vivo, en la República Argentina, a disposición del ‘Tribunal de Guerra’ argentino”, señaló. Durante la dictadura esta información integró un amplio archivo guardado en la cancillería.
La fiscal recordó que “en los estertores del gobierno autoritario se dio orden de destruir dichos documentos, pero la misma no se ejecutó” y que “los documentos referidos se hallaban en el Archivo Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores”, según surge textualmente de un informe confidencial firmado el 3 de mayo de 1996 por la abogada Silvia Izquierdo, del Departamento de Derechos Humanos de la cancillería.
Caso Mota y Batallón 13
Cancillería enfrenta a la scj
La cancillería uruguaya decidió dejar en evidencia a la Suprema Corte de Justicia (scj) ante la onu por el caso del traslado de la jueza Mariana Mota (removida el 15 de febrero, cuando debía decidir en cerca de 50 causas de graves crímenes contra los derechos humanos durante la dictadura). El anuncio del canciller Luis Almagro cayó como un balde de agua fría en la Suprema Corte, que hasta el momento no ha recibido un revés tan directo por parte del Poder Ejecutivo.
Si bien es conocida la mirada divergente del gobierno y de la scj en este tipo de casos, ahora la situación parece ingresar en un campo de mayor tensión. De hecho, es la cancillería la que debe dar la cara a la hora de enfrentar a organismos internacionales que requieren la adopción de medidas de Estado acordes al derecho internacional de derechos humanos.
Almagro ya había mostrado su disgusto por decisiones de la corporación que han desatendido el cumplimiento de la sentencia del caso Gelman, aun cuando la Corte Interamericana (cidh) insistió en que la scj uruguaya debía rever sus posturas y resolver que los delitos cometidos bajo terrorismo de Estado constituyen crímenes de lesa humanidad.
Con ese asunto abierto ante la cidh, Almagro decidió jugar sus cartas con mayor agresividad institucional, por cuanto incluirá el caso de Mota en el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la onu (febrero de 2014).
También deberá exponer sobre los avances en cuanto a los temas vinculados a la desaparición forzada de personas y la responsabilidad que le cabe al Estado. En ese sentido, se mantienen buenas expectativas de que las nuevas excavaciones en el Batallón 13 por parte del equipo de arqueólogos a cargo de José López Mazz determinen hallazgos de restos de detenidos desaparecidos.
Los trabajos se realizan con base en información cotejada entre planos y testimonios de personas que en estos últimos tiempos se han acercado a la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente o, incluso, ante el propio antropólogo, dijeron a Brecha fuentes oficiales.
Se cuenta con testimonios de ex soldados, cuyos nombres se mantienen en el anonimato por razones de seguridad, que han señalado lugares donde se habrían enterrado cuerpos.
Nuevas piezas en el rompecabezas del Cóndor
04 Octubre 2013 Escrito por: Fabián Kovacic desde Buenos Aires
Tres policías federales argentinos irán a juicio oral el año próximo por causas vinculadas a Automotores Orletti y el Plan Cóndor. El juez federal Daniel Rafecas acaba de confirmar la existencia de un grupo de tareas dedicado a perseguir extranjeros, en particular uruguayos, entre 1975 y 1980. Los oficiales de inteligencia de la Policía Federal argentina Rolando Nerone y Oscar Gutiérrez serán juzgados en 2014 como responsables del secuestro, asesinato y desaparición del matrimonio uruguayo Roger Julien-Victoria Grisonas, según decidió el juez Rafecas. Junto a ellos compartirá juicio otro policía federal vinculado al centro clandestino Automotores Orletti, José Ferrer, acusado por el juez del secuestro de Ana María del Carmen Pérez –embarazada de ocho meses– y Gustavo Adolfo Gayá, y del asesinato de su esposa, Estela María Moya de Gayá, en un operativo realizado el 14 de setiembre de 1976 en el barrio porteño de Chacarita. Pérez, Gayá y Victoria Grisonas fueron vistos en los días siguientes en Orletti.
A estos tres funcionarios policiales se agregará el ex agente de inteligencia Miguel Ángel Furci, apropiador de la uruguaya Mariana Zaffaroni, secuestrada tras el asesinato de sus padres, en el nuevo juicio oral que resolverá acerca de los crímenes cometidos por la banda de argentinos y uruguayos de Orletti. El juicio oral recayó en el Tribunal Oral Federal Uno, el mismo que condenó en 2011 a cuatro miembros del staff de Orletti: los agentes de inteligencia Eduardo Ruffo, Raúl Guglielminetti, Honorio Martínez Ruiz y el general Rodolfo Cabanillas. También fueron parte del juicio los oficiales de ejército Ruben Visuara y Néstor Guillamondegui, pero el primero falleció durante los días de audiencia y el segundo quedó imposibilitado de participar por un accidente vascular.
Nerone y Gutiérrez fueron hallados responsables por Rafecas de coautoría de “privación ilegal de la libertad agravada” de Victoria Grisonas y el homicidio de Roger Julien, ocurrido el 26 de setiembre de 1976 en la localidad de San Martín, zona donde también fueron secuestrados Ary Cabrera Prates y Hugo Donadío, igualmente integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (pvp).
Del auto de procesamiento emitido por Rafecas se desprenden varias puntas de investigación para avanzar con más certezas por el camino de la génesis y desarrollo del Cóndor. El juez ya reconoce la existencia del llamado Grupo de Tareas 5 (gt5) a partir de los documentos firmados de puño y letra por su responsable, el teniente coronel Ramón Nieto Moreno, en los que Nerone es felicitado por su desempeño el día del operativo en casa de los Julien. Ya había sido probada la existencia del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, precisamente en los autos de procesamiento emitidos por Rafecas sobre Nerone y Gutiérrez en mayo de 2011 y julio de 2012. Sin embargo, el juez aún no da por acreditada la pertenencia de los dos policías acusados al gt5 y apenas menciona que “se habrían encontrado en comisión” en ese novedoso grupo de tareas paramilitares.
Rafecas recuerda el testimonio de otro represor del ejército, Juan Antonio del Cerro, en la reapertura de la causa 450, conocida como “Primer Cuerpo de Ejército” y cuyo principal responsable era el jefe de esa área, el general Carlos Suárez Mason. Del Cerro mencionó en su declaración un organigrama sobre los grupos de tareas divididos según las organizaciones políticas y armadas perseguidas: “el gt5, con asiento en el side, trabajaba tupamaros, mir chileno y mir boliviano, controlando también elementos de la Junta Coordinadora Latinoamericana”, sostiene Del Cerro.
La declaración de Gutiérrez ante Rafecas acerca del movimiento de documentación manejada en Asuntos Extranjeros indica la capacidad de esa repartición para analizar la situación de los exiliados uruguayos, chilenos y paraguayos en Buenos Aires en esos días de 1976, incluso cuando los ciudadanos extranjeros tenían algún tipo de protección de parte de organismos oficiales internacionales como el acnur. El imputado admite el “duro trabajo administrativo” en Asuntos Extranjeros, que estudiaba la situación de los exiliados. “Teníamos una vida pública, dábamos la cara. Venía por ejemplo Rodolfo Walsh a pedir por detenidos y después nos acusaron a nosotros de su detención. Una locura”, sostuvo. Walsh, escritor vinculado a Montoneros, fue secuestrado por grupos de tareas.
Sin embargo Guitiérrez admitió la relación entre su organismo y la detención de ciudadanos “extranjeros en operativos antisubversivos”. “Recuerdo haber participado de la detención de muchos tupamaros, pero no recuerdo sus nombres, seguramente detuve a personas por ser elementos subversivos, pero en tal caso la detención la hacíamos nosotros, la anotábamos en el registro y quedaban detenidos en nuestra dependencia y luego se los expulsaba del país”, dijo Gutiérrez al juez.
Y se extendió: “Detener a extranjeros era cosa de todos los días, no hay que olvidar que nosotros teníamos al sector de Migraciones, las listas de detenciones de personas venían de a diez o 15 personas. Por ejemplo, a fines de 1975 descubrimos el mayor arsenal de tupamaros en Argentina, tenían 500 quilos de trotil, cajones de manzanas (llenas) de Magnun 357, una cantidad de armas impresionante, eso fue en la calle La Rioja 765, las armas pertenecían a los tupamaros e intervino allí el juez federal Sarmiento, y allí hubo detenidos y no pasó nada”.
Según el escrito de Rafecas, “aún no ha sido esclarecida del todo la relación existente entre el personal estable de Orletti y las personas que prestaron servicios en la Superintendencia de Seguridad Federal. Lo cierto es que los elementos con los que hasta el momento contamos permiten advertir una vinculación y apreciar la participación de personal del Departamento de Asuntos Extranjeros y de la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia”. Pero al mismo tiempo toma los testimonios de Eduardo Dean Bermúdez, militante del pvp secuestrado en Buenos Aires en 1976, quien ya trasladado de Orletti a Montevideo en octubre de ese año en uno de los vuelos entre los dos países recuerda que sus captores uruguayos mencionaron la existencia en el grupo de dos miembros de inteligencia de la Policía Federal argentina, uno especializado en la investigación de uruguayos y el otro de ciudadanos chilenos exiliados en Buenos Aires.
Dos nombres nuevos. Según datos recogidos por Brecha hace seis años y entregados en julio pasado a la justicia federal argentina, en ocasión de suscribirse en Santiago de Chile los acuerdos entre las fuerzas armadas de la región para implementar un plan de operaciones conjunto que a la postre sería llamado Plan Cóndor, el jefe de la delegación argentina era el capitán de navío Jorge Casas, y fue acompañado por el teniente primero Enrique Giorello, uno de los hombres que más tarde operaron en Orletti. El encuentro se produjo en noviembre de 1975, según lo documenta el investigador estadounidense John Dinges en su libro Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur (Ediciones B, 2004).
Otro de los hombres que viajaban frecuentemente a la capital chilena entre 1975 y 1981, por lo menos, fue Luis Nelson González, un especialista en inteligencia sobre organizaciones políticas chilenas. Podría ser el hombre que Eduardo Dean Bermúdez mencionó en su declaración cuando en 2011 se sustanció el juicio oral en la causa Orle-
tti. Giorello llegó a ser funcionario de la Casa Militar en tiempos de la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001), mientras que González perteneció al side bajo la presidencia de Carlos Menem, en los noventa. Algunos lo mencionan como un activo agente en México durante la detención del ex jefe del erp argentino Enrique Gorriarán Merlo, en 1995.
La elevación a juicio oral llegó el mismo día en que se cumplían 37 años del secuestro del matrimonio Julien-Grisonas. Quizá se abra de ahora en adelante una nueva veta para avanzar con más pistas firmes sobre el Plan Cóndor.
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