Nuevas piezas en el rompecabezas del Cóndor

Victoria Grisonas y Roger Julien víctimas del Plan Cóndor

Juicio a tres oficiales de inteligencia de la Policía Federal que actuaron en Orletti

04 Octubre 2013

Escrito por: Fabián Kovacic desde Buenos Aires

Nuevas piezas en el rompecabezas del Cóndor

Tres policías federales argentinos irán a juicio oral el año próximo por causas vinculadas a Automotores Orletti y el Plan Cóndor. El juez federal Daniel Rafecas acaba de confirmar la existencia de un grupo de tareas dedicado a perseguir extranjeros, en particular uruguayos, entre 1975 y 1980.

Foto de Rolando Oscar Nerone en su legajo personal de la Policía Federal 


Los oficiales de inteligencia de la Policía Federal argentina Rolando Nerone y Oscar Gutiérrez serán juzgados en 2014 como responsables del secuestro, asesinato y desaparición del matrimonio uruguayo Roger Julien-Victoria Grisonas, según decidió el juez Rafecas. Junto a ellos compartirá juicio otro policía federal vinculado al centro clandestino Automotores Orletti, José Ferrer, acusado por el juez del secuestro de Ana María del Carmen Pérez –embarazada de ocho meses– y Gustavo Adolfo Gayá, y del asesinato de su esposa, Estela María Moya de Gayá, en un operativo realizado el 14 de setiembre de 1976 en el barrio porteño de Chacarita. Pérez, Gayá y Victoria Grisonas fueron vistos en los días siguientes en Orletti.
A estos tres funcionarios policiales se agregará el ex agente de inteligencia Miguel Ángel Furci, apropiador de la uruguaya Mariana Zaffaroni, secuestrada tras el asesinato de sus padres, en el nuevo juicio oral que resolverá acerca de los crímenes cometidos por la banda de argentinos y uruguayos de Orletti. El juicio oral recayó en el Tribunal Oral Federal Uno, el mismo que condenó en 2011 a cuatro miembros del staff de Orletti: los agentes de inteligencia Eduardo Ruffo, Raúl Guglielminetti, Honorio Martínez Ruiz y el general Rodolfo Cabanillas. También fueron parte del juicio los oficiales de ejército Ruben Visuara y Néstor Guillamondegui, pero el primero falleció durante los días de audiencia y el segundo quedó imposibilitado de participar por un accidente vascular.
Nerone y Gutiérrez fueron hallados responsables por Rafecas de coautoría de “privación ilegal de la libertad agravada” de Victoria Grisonas y el homicidio de Roger Julien, ocurrido el 26 de setiembre de 1976 en la localidad de San Martín, zona donde también fueron secuestrados Ary Cabrera Prates y Hugo Donadío, igualmente integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (pvp).
Del auto de procesamiento emitido por Rafecas se desprenden varias puntas de investigación para avanzar con más certezas por el camino de la génesis y desarrollo del Cóndor. El juez ya reconoce la existencia del llamado Grupo de Tareas 5 (gt5) a partir de los documentos firmados de puño y letra por su responsable, el teniente coronel Ramón Nieto Moreno, en los que Nerone es felicitado por su desempeño el día del operativo en casa de los Julien. Ya había sido probada la existencia del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, precisamente en los autos de procesamiento emitidos por Rafecas sobre Nerone y Gutiérrez en mayo de 2011 y julio de 2012. Sin embargo, el juez aún no da por acreditada la pertenencia de los dos policías acusados al gt5 y apenas menciona que “se habrían encontrado en comisión” en ese novedoso grupo de tareas paramilitares.
Rafecas recuerda el testimonio de otro represor del ejército, Juan Antonio del Cerro, en la reapertura de la causa 450, conocida como “Primer Cuerpo de Ejército” y cuyo principal responsable era el jefe de esa área, el general Carlos Suárez Mason. Del Cerro mencionó en su declaración un organigrama sobre los grupos de tareas divididos según las organizaciones políticas y armadas perseguidas: “el gt5, con asiento en el side, trabajaba tupamaros, mir chileno y mir boliviano, controlando también elementos de la Junta Coordinadora Latinoamericana”, sostiene Del Cerro.
La declaración de Gutiérrez ante Rafecas acerca del movimiento de documentación manejada en Asuntos Extranjeros indica la capacidad de esa repartición para analizar la situación de los exiliados uruguayos, chilenos y paraguayos en Buenos Aires en esos días de 1976, incluso cuando los ciudadanos extranjeros tenían algún tipo de protección de parte de organismos oficiales internacionales como el acnur. El imputado admite el “duro trabajo administrativo” en Asuntos Extranjeros, que estudiaba la situación de los exiliados. “Teníamos una vida pública, dábamos la cara. Venía por ejemplo Rodolfo Walsh a pedir por detenidos y después nos acusaron a nosotros de su detención. Una locura”, sostuvo. Walsh, escritor vinculado a Montoneros, fue secuestrado por grupos de tareas.
Sin embargo Guitiérrez admitió la relación entre su organismo y la detención de ciudadanos “extranjeros en operativos antisubversivos”. “Recuerdo haber participado de la detención de muchos tupamaros, pero no recuerdo sus nombres, seguramente detuve a personas por ser elementos subversivos, pero en tal caso la detención la hacíamos nosotros, la anotábamos en el registro y quedaban detenidos en nuestra dependencia y luego se los expulsaba del país”, dijo Gutiérrez al juez.
Y se extendió: “Detener a extranjeros era cosa de todos los días, no hay que olvidar que nosotros teníamos al sector de Migraciones, las listas de detenciones de personas venían de a diez o 15 personas. Por ejemplo, a fines de 1975 descubrimos el mayor arsenal de tupamaros en Argentina, tenían 500 quilos de trotil, cajones de manzanas (llenas) de Magnun 357, una cantidad de armas impresionante, eso fue en la calle La Rioja 765, las armas pertenecían a los tupamaros e intervino allí el juez federal Sarmiento, y allí hubo detenidos y no pasó nada”.
Según el escrito de Rafecas, “aún no ha sido esclarecida del todo la relación existente entre el personal estable de Orletti y las personas que prestaron servicios en la Superintendencia de Seguridad Federal. Lo cierto es que los elementos con los que hasta el momento contamos permiten advertir una vinculación y apreciar la participación de personal del Departamento de Asuntos Extranjeros y de la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia”. Pero al mismo tiempo toma los testimonios de Eduardo Dean Bermúdez, militante del pvp secuestrado en Buenos Aires en 1976, quien ya trasladado de Orletti a Montevideo en octubre de ese año en uno de los vuelos entre los dos países recuerda que sus captores uruguayos mencionaron la existencia en el grupo de dos miembros de inteligencia de la Policía Federal argentina, uno especializado en la investigación de uruguayos y el otro de ciudadanos chilenos exiliados en Buenos Aires.
Dos nombres nuevos. Según datos recogidos por Brecha hace seis años y entregados en julio pasado a la justicia federal argentina, en ocasión de suscribirse en Santiago de Chile los acuerdos entre las fuerzas armadas de la región para implementar un plan de operaciones conjunto que a la postre sería llamado Plan Cóndor, el jefe de la delegación argentina era el capitán de navío Jorge Casas, y fue acompañado por el teniente primero Enrique Giorello, uno de los hombres que más tarde operaron en Orletti. El encuentro se produjo en noviembre de 1975, según lo documenta el investigador estadounidense John Dinges en su libro Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur (Ediciones B, 2004).
Otro de los hombres que viajaban frecuentemente a la capital chilena entre 1975 y 1981, por lo menos, fue Luis Nelson González, un especialista en inteligencia sobre organizaciones políticas chilenas. Podría ser el hombre que Eduardo Dean Bermúdez mencionó en su declaración cuando en 2011 se sustanció el juicio oral en la causa Orle-
tti. Giorello llegó a ser funcionario de la Casa Militar en tiempos de la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001), mientras que González perteneció al side bajo la presidencia de Carlos Menem, en los noventa. Algunos lo mencionan como un activo agente en México durante la detención del ex jefe del erp argentino Enrique Gorriarán Merlo, en 1995.
La elevación a juicio oral llegó el mismo día en que se cumplían 37 años del secuestro del matrimonio Julien-Grisonas. Quizá se abra de ahora en adelante una nueva veta para avanzar con más pistas firmes sobre el Plan Cóndor.

UN DOCUMENTO DE LA POLICIA FEDERAL DA CUENTA DEL TRABAJO CONJUNTO CON FUERZAS REPRESIVAS DE CHILE Y URUGUAY 
Pruebas sobre el Cóndor Los papeles firmados por el jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros dan cuenta con nombre y apellido de secuestros y de la coordinación entre los tres países. El comisario pedía una recompensa para 44 hombres de su tropa por el trabajo realizado.

.

Por Alejandra Dandan

Si no se hubiese destruido la mayor parte de los archivos de la dictadura, probablemente aparecerían más documentos como estos. Es un informe “secreto” firmado por el entonces jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, comisario inspector Alberto Baldomero Obregón, en el que sin ahorrar elogios pide una “recompensa” para 44 hombres de su tropa por haber “neutralizado” satisfactoriamente las acciones de “organizaciones delictivas del tipo subversivo nacionales e internacionales” que estaban en el país. Página/12 accedió al documento presentado por un grupo de sobrevivientes uruguayos en el juzgado de Norberto Oyarbide. En él se observan por primera vez comunicaciones en tiempo real entre las fuerzas represivas argentinas, chilenas y uruguayas como si estuviesen del otro lado de una línea. Quedaron plasmadas las caídas de dirigentes y militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno y de 76 uruguayos de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales. El documento arroja, a la vez –para la querella–, una nueva prueba sobre la fecha en la que empieza a funcionar el Plan Cóndor. Uno de los párrafos indica que Argentina y Chile trabajaban juntos desde noviembre de 1974, es decir en el momento en que Isabel Martínez de Perón decreta el estado de sitio.

El 15 de septiembre de 1976, el comisario Obregón, de Asuntos Extranjeros, describió el trabajo de varios meses en un informe dirigido a la Dirección General de Operaciones e Informaciones: “El trabajo de inteligencia y operacional del personal de este departamento –escribió– ha permitido neutralizar en forma altamente satisfactoria la actividad desplegada en nuestro país por distintas organizaciones delictivas de tipo subversivo, con proyecciones nacionales e internacionales”, dice. “Ello es fruto del trabajo constante en el que la dedicación plena de los hombres requirió de un esfuerzo que va más allá de los límites convencionales de un horario rutinario, y en el que los riesgos físicos han sido ciertos y reales, dada la alta peligrosidad de los elementos con que ha debido enfrentarse el personal policial.” Los procedimientos, de los que desiste detallar, “hecho por hecho y caso por caso” porque “no sólo sería extenso” sino que “obviamente” iría en contra “de lo que en un primer momento se trató de evitar: dar trascendencia a la actuación individual” de la tropa, permitieron “ir anulando la actividad de dichas organizaciones, secuestrándose en muchos casos armas, municiones, en otro caso quedaron al descubierto fincas que eran utilizadas como refugios y cárceles del pueblo”.

El documento

Bajo el subtítulo “Partido Radical Revolucionario chileno”, el comisario Obregón señala entre los logros que consiguió con la “detención” de Javier Huenchllan Sagrista, un chileno secuestrado en Argentina, a quien presentan como “responsable del partido”, también “de la Coordinadora Chilena (ex Resistencia)” y del “Movimiento de Solidaridad con las organizaciones subversivas trasandinas con asiento en diversos países europeos y americanos con sede actual en Cuba”. Su “detención”, dicen, “logra desbaratar a la cúpula de la nueva estructura formada a posteriori”. Informan que “detuvieron a 10 (diez)” personas y explican que así se dejó “desmembrado el Movimiento, (la) ayuda económica, prensa y propaganda y comunicaciones entre integrantes subversivos en el exilio”.
El dato es que siguieron avanzando a partir de lo que declaran fueron los “interrogatorios”: después de los “interrogatorios” a los que fueron sometidos los “detenidos” entendieron que la Coordinadora iba a abrir un “centro de documentación” en Argentina para “invadir la plaza bibliográfica del país con literatura marxista”. Un tema que, dicen, anularon “eficazmente” porque detuvieron a los cinco encargados.
El documento es rico en el nivel de prueba porque abundan descripciones como éstas con esa y otras organizaciones, uno de los valores más importantes para las querellas es aquello que revela sobre el Cóndor. El correr de las páginas permite ver al menos en dos casos la velocidad con la que circulaba la comunicación de uno a otro país y cómo se coordinaron las acciones.
Un ejemplo es la intervención en el caso del Movimiento de Izquierda Revolucionario chileno (MIR). En un párrafo, el comisario Obregón explica que se procedió a la “detención” del “periodista chileno Ernesto Carmona Ulloa (a) Mateo Fernández”, a quien ubica como “actualmente responsable del MIR en Venezuela”. Detrás de la “caída”, “se logra detectar la primera célula del MIR en Argentina”. A raíz de lo cual “y continuando con investigaciones, se logra detectar la forma de comunicación entre responsables del MIR exterior e interior, poniendo sobre aviso de esta circunstancia al gobierno chileno. De común acuerdo con las autoridades chilenas e intercambiando opiniones –dice– se establece no entorpecer sucesivas relaciones, a fin de reunir mayor información y llegar a detectar a los integrantes de la cúpula de dicha organización subversiva”. Allí es cuando agregan los datos que hablan del tiempo de trabajo con los chilenos: “Tras un año y medio de investigación, por fin, en abril del corriente año se comienzan a realizar procedimientos simultáneos en ambos países, dando como resultado en Argentina la caída del hombre más importante del MIR, luego de la muerte de Miguel Enríquez en Chile, cayendo además sus principales colaboradores”.
Eso quiere decir que si en abril de 1976 llevaban “un año y medio de investigación”, el comienzo se remonta a noviembre de 1974.
Páginas más adelante, el informe habla de los uruguayos y ahí cuentan cómo coordinaron acciones de secuestro, al mismo tiempo, entre los dos países. Para entonces estaban cayendo en el país otros uruguayos del Frente para la Victoria del Pueblo, muchos de los cuales fueron secuestrados en Orletti. En este documento se habla de otro grupo.
Debajo del subtítulo de “Los 33 Orientales”, Obregón hizo lo mismo que con el resto de las organizaciones espiadas: puso todo lo que sabía sobre los supuestos orígenes políticos del partido, desmembramientos, los ubicó como “brazo armado” en cuyos orígenes ubicó a la Federación Anarquista uruguaya y al Movimiento de Resistencia Obrero Estudiantil. Escribió que cobraron “notoriedad” porque “sustrajeron la bandera de los 33 Orientales, reliquia histórica del pueblo oriental, depositado en el Museo Nacional y que representa lo que la bandera de los Andes para nuestro país”.
Lo importante es el fragmento que señala cómo, a partir de junio de 1976, coordinaron el trabajo con los uruguayos para detenerlos: “En junio del corriente año, luego de pacientes investigaciones se logra la detención de dos integrantes de la conducción central y el desbaratamiento total de los sectores Obrero y Popular y Agitación y Propaganda a la vez que parte del Frente Interno y Político”, dice el informe. “A raíz de este golpe cae en Uruguay toda la organización que se mantenía en ese país, lográndose la detención de 76 integrantes del mencionado movimiento de los cuales 34 fueron detenidos por personal de la DAE”, es decir el Departamento de Asuntos Extranjeros de Buenos Aires.

La burocraciaEl informe apareció a raíz de dos condenas del juicio de Automotores Orletti. Dos de los condenados eran parte de los 44 policías que integran la lista de Asuntos Extranjeros: los inspectores Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez. En sus legajos había una felicitación que remitía a su vez a un expediente secreto. El juez Daniel Rafecas pidió el expediente secreto y encontró este nuevo documento que ahora está en manos de Oyarbide y del fiscal Luis Osorio. Para los querellantes uruguayos del Cóndor tiene un enorme valor. Juan Castillo, en este momento candidato a la presidencia del Frente Amplio, Sergio López Burgos y Lille Haydée Carusso Larrainci venían denunciando a militares, policías y diplomáticos uruguayos que actuaron en Argentina, pero ahora pidieron indagatorias para los argentinos. Según sus datos, excepto dos de Orletti y una persona fallecida, el resto de los 44 “están vivitos y coleando” y acaban de ser denunciados por primera vez.
“La burocracia dejó en algunos legajos huellas de la participación de los miembros de las fuerzas en distintos operativos, pero son datos indirectos: en general se entiende que intervinieron porque en los legajos aparece un pedido de licencia por tal acción, un traslado o piden un reconocimiento por el deber cumplido”, explica Elizabeth Gómez Alcorta con Mariana Neves, representante legal de la querella. “Lo que sin embargo no hay son documentos como el que acabamos de presentar, porque la burocracia hizo desaparecer toda esa información.”
.

Última escena

Roger Julien y Victoria Grisonas, detenidos-desaparecidos, víctimas del Plan Cóndor, desde el 26 de septiembre de 1976. Testigos recuerdan un operativo gigantesco, con cerca de mil hombres, civiles y militares, tanquetas, el barrio cercado. El habría muerto en el lugar; ella fue arrastrada de manos y pies hacia la calle y golpeada brutalmente contra el pavimento. Los dos hijos vieron todo y fueron trasladados con su madre al centro de detención y torturas Automotores Orletti. No se vuelven a reunir.

Victoria y Anatole Larrabeiti: Los nietos del Cóndor 

—¿Cuántas piezas del rompecabezas quedan por armar?

El matrimonio Julien-Grisonas, militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP),  llevaban menos de dos años en Buenos Aires, clandestinos, y sabían que los buscaban. Llegó el día fatal: se montó un enorme operativo en el que participaron cerca de mil hombres, civiles, militares, policía federal, tanquetas. Las calles aledañas cortadas, un allanamiento violento de la casa ubicada en la calle Mitre 1050 del barrio San Martín, en Buenos Aires. Anatole tenía cuatro años, Victoria, uno y medio. Ven todo. El recuerda que “entran a la casa. Hay un destello verde azulado, la ráfaga de un milico disparando. Mi hermana en brazos de mi mamá, yo tomado de su mano…”.

Según testimonio del quiosquero de esa calle, Francisco Curreli, hubo disparos. Julien quiso escapar por el patio trasero, intentando pasar como residente de otra casa. Lo matan cuando va saliendo a la calle. Victoria escondió a los niños en la bañera. También fue capturada, la sacaron de la casa, sujetándola por las manos y los pies, la golpearon contra el pavimento brutalmente. Un militar le comentó a Anatole: “La yegua de tu madre ya no va a estar más”.

A Victoria la trasladadan, con los dos niños, a Automotores Orletti, centro de detención y torturas en Buenos Aires. Unos dicen que la madre llegó viva, otros dicen que no. Lo cierto es que los hijos son separados de ella, no la vuelven a ver. Anatole hoy recuerda: “Yo estoy al fondo de una habitación. Hay muchas personas viendo cómo una mujer bañaba a mi hermana sobre un mesón en una tinita de plástico rojo. Todos muy alegres de verla, yo veía a través de las piernas por la altura”.

En el libro “Las palabras que llegaron: distintas voces contra la impunidad”, Victoria entrega su testimonio: “Me llevaron a una celda con una mujer embarazada, esposada y encapuchada para que me cuidara en medio de ruidos de torturas, muerte y desesperanza. Sé que José Gavazzo (oficial ya retirado) miraba harto a mi hermano (…) Le decía El Coyotito”. La mujer era María Claudia de Gelman, de 19 años, a quien asesinaron luego de dar a luz a Macarena, nieta del poeta Juan Gelman, posteriormente encontrada.

En octubre de 1976, trasladan a Anatole y Victoria a la sede del Servicio de Información de Defensa (SID), en Montevideo, donde hay otros detenidos. Dos meses después, los hermanos son llevados a Chile. El niño recuerda un viaje en avión. “Había una cordillera”, acota. Luego, a los dos los dejan en la Plaza O´Higgins de Valparaíso. “Una supuesta tía Mónica nos dice que vamos a ir a los juegos, que la esperemos ahí, tranquilitos sin llorar, que vuelve en un momento”, recuerda él. No regresa. Durante horas deambulan por el lugar. Al caer la noche son llevados a una comisaría de Carabineros y de ahí, por separado, a un centro de menores del puerto. Pasan los meses, nadie los reclama. El caso sale a la luz pública. En esos días aparece una crónica en El Mercurio de Santiago con la foto de Anatole acompañado de una asistente social del centro. Según la crónica, el niño cuenta que vivía en Buenos Aires, que su casa fue invadida por hombres uniformados, que su madre había sido herida, que su padre intentó ayudarla.

En el intertanto las organizaciones de derechos humanos y las abuelas de los niños habían enviado a los diarios de algunos países democráticos —la mayoría estaba con dictaduras instaladas— fotografías de los hermanos Julien-Grisonas. La búsqueda era activa. “Mi abuela tomó onces con pastelitos con Jorge Rafael Videla y él decía: ‘No, señora Angélica, no busque más, nosotros no hicimos esas cosas. A lo sumo, si hubo enfrentamiento y su hijo estuvo involucrado en esas cosas, quién sabe, pero no tenemos nada que ver en esas cosas’”, cuenta Anatole Larrabeiti.

—Mi abuela era aguerrida —asegura Victoria—. Una mujer de carácter muy fuerte, con una rabia desarrollada por la pérdida y la impotencia de una madre y abuela que quedó en el camino de una búsqueda angustiante e incierta.

En Caracas, 1979, una asistente social chilena ve la foto de los dos hermanos en el diario El Nacional y tiene la certeza de que son los niños que conoció en el centro de menores de Valparaíso.

20 Julio 2012

Escrito por: Fabián Kovacic

Nuevos documentos sobre el crimen de Roger Julien 

 El acta de defunción de un nn muerto en la misma casa y fecha en que desapareció el matrimonio Julien Grisonas despeja dudas sobre la suerte corrida por Roger. Los responsables del secuestro de Victoria Grisonas son para el juez los asesinos de su esposo. Nuevos documentos aportan pruebas sobre la existencia de un gt 5 especializado en militantes extranjeros.

La aparición en los archivos judiciales del acta de defunción de un nn muerto a balazos el 26 de setiembre de 1976 en la calle Mitre al 1050, en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, llevó al juez federal Daniel Rafecas a procesar por el homicidio de Mario Roger Julien a los comisarios retirados de la Policía Federal argentina Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez, ambos ya procesados y detenidos por el secuestro de Victoria Grisonas, pareja de Roger, quien fue vista por última vez en el centro clandestino de detención Automotores Orletti en octubre de 1976. El magistrado descartó así la hipótesis del suicidio de Julien con la ingesta de una cápsula de cianuro, tal como lo señalaban algunos testigos.
La prueba. En un libro interno de la Policía Federal denominado “Fichas cadáver”, el juez encontró asentado el deceso de un nn con todas las características de Mario Roger Julien Cáceres. El libro cuenta con un listado de muertos nn en diferentes comisarías de la provincia de Buenos Aires. En el correspondiente a San Martín, con fecha 26 de setiembre de 1976, solamente aparece el hecho ocurrido en la dirección de la familia Julien Grisonas. La corroboración ante el cementerio local indicó que Roger Julien fue ingresado en esa fecha en el área de los sepultados, gratuitamente y como nn. El documento policial –hoy en custodia de la justicia federal– señala que fue imposible tomar las huellas dactilares, pero el informe forense elaborado por el médico Arturo Ernesto Coppola señala como causa del deceso “paro cardíaco traumático, hemorragia aguda y heridas de bala”. La descripción es de un hombre “de unos 30 años, 1,76 metros de estatura, cabello largo, negro, sin bigotes, tez mate, y vestía pantalón marrón”.
La investigación judicial permitió encontrar nuevas evidencias acerca de la coordinación represiva entre Argentina y Uruguay, y las vinculaciones entre fuerzas de inteligencia y seguridad argentinas especializadas en la persecución de militantes políticos extranjeros, especialmente uruguayos. En el texto del procesamiento ordenado el pasado miércoles 11 se incluyen informes de inteligencia donde consta la existencia de un Grupo de Tareas 5 (gt 5) en el que confluían miembros del Departamento de Asuntos Extranjeros (dae) de la Policía Federal, de la Secretaría de Inteligencia del Estado (side) y del Ejército, todos bajo las órdenes del teniente coronel Juan Ramón Nieto Moreno, jefe de Contrainteligencia de la side.
Durante el operativo en casa de los Julien Grisonas, los policías Nerone y Gutiérrez participaron junto a su par –ya fallecido– Roberto Gómez Migenes, como miembros del dae “en comisión” en el gt 5. Tal como publicara Brecha (20-V-11), Nerone fue quien intentó ingresar a la casa y recibió desde allí un disparo en su pierna izquierda que lo obligó meses después al retiro forzoso de la actividad policial.
Según la resolución del juez Rafecas, “Nieto Moreno se habría desempeñado simultáneamente como jefe del Grupo de Tareas número 5 que funcionaba en el ámbito de la side, y en el cual Nerone y Gutiérrez se habrían encontrado en comisión”.
Pese a que sólo ahora queda probada para la justicia la existencia del gt 5, existen dos testimonios utilizados como antecedentes durante los juicios por delitos de lesa humanidad en los últimos años. El ex policía federal Peregrino Fernández, uno de los primeros arrepentidos aun antes de retornada la democracia en 1983, señaló ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (Cadhu) en Madrid en 1980 que “los grupos de tareas son creados con motivo del golpe de 1976 (...) los distintos gt habían especializado su actuación por grupos políticos. Así, por ejemplo, el Ejército tenía a su cargo la represión del erp, la Armada a Montoneros, la Fuerza Aérea a organizaciones menores, fal, fap, etcétera; y la Policía Federal, a pesar de trabajar bajo jurisdicción del Ejército, también se encargaba de la represión a Montoneros. Cuando algunos de los gt secuestraban a alguna persona que por su participación interesara a otro gt, se trasladaba al prisionero”.
El otro testimonio es del represor Juan Antonio del Cerro, alias “Colores”, muerto en abril de 2006 mientras esperaba su turno para ser juzgado por 160 crímenes. En la causa 450, caratulada “Suárez Mason, sobre delitos cometidos en área del Primer Cuerpo de Ejército”, Colores sostuvo que “cuando el Ejército toma el control de la lucha contra el terrorismo (marzo de 1976), se crea la Central de Reunión y distribuye en grupos de tareas y qué dependencia iba a tener asignado cada grupo; se determinó también qué grupo iba a investigar a cada organización terrorista”. Y completa para que no queden dudas: “el gt 5, con asiento en el side, trabajaba tupamaros, mir chileno y mir boliviano, controlando también elementos de la Junta Coordinadora Revolucionaria Latinoamericana”.
“COSA DE TODOS LOS DIAS.” Esos antecedentes vienen a corroborar el testimonio del imputado Oscar Gutiérrez cuando aseguró al juez Rafecas que él mismo, dentro del Departamento de Asuntos Extranjeros, estaba especializado en grupos políticos chilenos y que “era cosa de todos los días hacer operativos” donde “por una cosa u otra se detenía a diez o quince personas”. La locuacidad de Gutiérrez contrasta con la parquedad de Nerone, quien aseguró desconocer que perteneció a un grupo de tareas y que ni antes ni después de los hechos del 26 de setiembre de 1976 participó en otro operativo semejante. Gutiérrez, sin embargo, recuerda haber participado en un operativo a fines de 1975 donde “descubrimos el mayor arsenal de los tupamaros en Argentina, con 500 quilos de trotyl, en un operativo sobre la calle La Rioja al 765, a cargo del juez Sarmiento”. La tranquilidad de saber que en el procedimiento participó un juez se esfuma cuando se indaga sobre Rafael Sarmiento, juez federal en la capital argentina hasta 1979, experto en rechazar hábeas corpus de los familiares de detenidos y desaparecidos.
Entre los informes de inteligencia elaborados por otros oficiales de la Policía Federal en el dae, el juez Rafecas consigna el de un comisario inspector de apellido Obregón, quien con fecha 15 de setiembre de 1976 menciona los operativos contra miembros del mir chileno en Argentina gracias al intercambio de información con la Dina, órgano de inteligencia de la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo la última parte del informe es la más extensa y se detiene precisamente en la opr 33, de Uruguay. Menciona la historia y ramificación de sus exiliados en Argentina y Chile, y se detiene en la conformación del grupo. Según Obregón, en la opr 33 confluyeron “elementos de la Columna 10 de los tupamaros, el frt y el fer”, con lo cual para el juez Rafecas queda probada la participación conjunta en el gt 5 de la side, el dae y el Ejército. El documento fue hallado, entre otras varias piezas valiosas, en una dependencia de la Policía Federal.
“Homicidio agravado por alevosía” es la calificación del crimen de Mario Roger Julien dada por el juez Rafecas, y tanto Nerone como Gutiérrez fueron hallados responsables del hecho como coautores. A esta imputación se le suma la del secuestro de Victoria Grisonas, delito por el cual están detenidos desde mayo de 2011. Con las nuevas imputaciones la justicia avanza por un lado en el esclarecimiento del crimen del matrimonio Julien Grisonas, y por otro en las nuevas pistas sobre el paso del Plan Cóndor por Buenos Aires. n
(N de R: En el texto del procesamiento de los autores del crimen de Mario Roger Julien se hace mención al trabajo periodístico (sobre todo de documentación gráfica del barrio que habitaba Julien) de Fabián Kovacic, corresponsal de Brecha en Buenos Aires. Su labor ha significado un aporte en varios casos de derechos humanos ya que, por ejemplo, integró junto a Samuel Blixen y Walter Pernas el equipo de este semanario que ubicó en Buenos Aires al miembro del escuadrón de la muerte Nelson Bardesio. Desde el Consejo de Redacción de Brecha, vaya el reconocimiento al trabajo de nuestro corresponsal.)



PROCESAMIENTO NERONE Y GUTIERREZ

clic para ver pdf




.