El mundo según Monsanto. En español y completo.
Ojo con Monsanto, de santo no tiene nada
Política 4.7.12
Preocupación patenteINIA y productores se reunieron por convenio con Monsanto; diputado del FA hizo pedido de informes sobre sus alcances.
Autoridades del Instituto Nacional de Investigación
Agropecuaria (INIA) y de la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) se
reunieron ayer para debatir entre otros temas el convenio firmado el 16
mayo por el INIA y la empresa estadounidense Monsanto, para el
desarrollo de una variedad local de soja transgénica sobre la base de la
nueva tecnología RR2Y-Bt, con el objetivo de aumentar la productividad
del cultivo más importante del país. Por el INIA asistieron el
presidente Álvaro Roel y el director Alfredo Picerno, que fueron
recibidos por el presidente de la CNFR, Mario Buzzalino, y el integrante
de la Mesa Ejecutiva de la gremial y también representante en la Junta
Directiva del INIA Joaquín Mangado.
La CNFR entregó a Roel un documento en el que se plantean aspectos sobre el funcionamiento del INIA que “preocupan” a la gremial. Buzzalino explicó que entre los temas “más sensibles” estuvieron los “recortes en los presupuestos” de algunas áreas específicas de investigación, como “la vegetal intensiva”, que se redujo a “3,4% del presupuesto” y se trata de un sector que “involucra mucha gente y es de importancia vital para el país, porque es donde se genera gran parte de la comida de la ciudadanía”. Las autoridades del INIA explicaron que tanto la producción familiar como la vegetal intensiva están “cruzadas” en varios proyectos y en realidad dispondrían de 17% del presupuesto.
Sobre la mesa estuvo también la firma del convenio entre el INIA y Monsanto rechazado por la CNFR, que decidió enviar una nota a Roel pidiendo explicaciones. Según supo la diaria, las autoridades del INIA han informado en diferentes instancias que el convenio consiste en el envío de tres variedades de soja a un laboratorio de Estados Unidos que trabaja para Monsanto, para que se les introduzcan los dos genes resistentes, uno a herbicidas y otro a insectos. Este trabajo demoraría unos tres años y el INIA deberá abonar 6.000 dólares por cada variedad.
Según Buzzalino, las autoridades del INIA señalaron que el instituto “tiene la posibilidad”, una vez finalizada la etapa de investigación e incorporación de la tecnología de “desactivar el programa”. “Todavía no se ha negociado la parte comercial con la multinacional”, dijo Buzzalino, y “hay que ver a qué aspira la empresa”, porque “todos sabemos” que Monsanto “no va a venir” a Uruguay “para ganar 6.000 dólares por incorporar un gen a una semilla”.
Luego de los tres años de investigación, el INIA utilizaría esas variedades como fuente del material genético y de continuarla, en unos años más, se podrían generar variedades adaptadas al medio local. Esta segunda fase es la que no ha sido negociada aún. Vale recordar que la patente del gen RR1, que actualmente se utiliza en Uruguay y que es propiedad de Monsanto, cae en 2014. “Es claro” que Uruguay tiene que “crecer en tecnología” y la investigación genética “es muy cara”, pero “sabemos” que el mercado mundial de semillas “lo manejan cinco empresas” y “estamos en contra de ese tipo de monopolios”, porque se “parece mucho a regalar la independencia”, concluyó Buzzalino.
Álvaro Roel, de INIA, dijo que en la reunión se trató “un montón de temas de acción concreta” conjunta y otros “en los que hay algunas diferencias de concepciones de ideas”. Sobre el convenio con Monsanto, Roel dijo que se conversó pero “no fue el tema central”. “Transferimos la información y vemos que aquí hay mucho para avanzar” en cuanto a “mejorar la comunicación” sobre estos “procesos estratégicos de vinculación con el sector privado”, indicó Roel. También destacó que varios programas del INIA, como el de producción ganadera, el de sustentabilidad ambiental o el hortifrutícola, “tienen proyectos específicos vinculados a la producción familiar”, una “opción central” del instituto.
La firma del convenio entre el INIA y Monsanto también motivó acciones en el Parlamento. A principios de junio el diputado tacuaremboense Edgardo Rodríguez (Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio) presentó un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Instituto Nacional de Semillas para conocer “en profundidad” los alcances y “las consecuencias” del convenio.
Rodríguez dijo a la diaria que se enteró por una conocida y si bien “no queremos tener prejuicios ni preconceptos, sabemos que Monsanto es una empresa enorme que genera y produce semillas modificadas genéticamente, las patenta y luego tiene el manejo absoluto de éstas, y ha pretendido imponer condiciones inaceptables a agricultores en diferentes partes del mundo”. Rodríguez preguntó entre otras cosas “cuáles son los argumentos” de la firma del convenio, “qué derechos adquiere” Monsanto y qué participación va a tener “con respecto a la semilla generada” porque “es necesario saber quién será el propietario de esa patente y por cuánto tiempo”. El legislador dijo que en función de la respuesta evaluará los pasos a seguir.
La CNFR entregó a Roel un documento en el que se plantean aspectos sobre el funcionamiento del INIA que “preocupan” a la gremial. Buzzalino explicó que entre los temas “más sensibles” estuvieron los “recortes en los presupuestos” de algunas áreas específicas de investigación, como “la vegetal intensiva”, que se redujo a “3,4% del presupuesto” y se trata de un sector que “involucra mucha gente y es de importancia vital para el país, porque es donde se genera gran parte de la comida de la ciudadanía”. Las autoridades del INIA explicaron que tanto la producción familiar como la vegetal intensiva están “cruzadas” en varios proyectos y en realidad dispondrían de 17% del presupuesto.
Sobre la mesa estuvo también la firma del convenio entre el INIA y Monsanto rechazado por la CNFR, que decidió enviar una nota a Roel pidiendo explicaciones. Según supo la diaria, las autoridades del INIA han informado en diferentes instancias que el convenio consiste en el envío de tres variedades de soja a un laboratorio de Estados Unidos que trabaja para Monsanto, para que se les introduzcan los dos genes resistentes, uno a herbicidas y otro a insectos. Este trabajo demoraría unos tres años y el INIA deberá abonar 6.000 dólares por cada variedad.
Según Buzzalino, las autoridades del INIA señalaron que el instituto “tiene la posibilidad”, una vez finalizada la etapa de investigación e incorporación de la tecnología de “desactivar el programa”. “Todavía no se ha negociado la parte comercial con la multinacional”, dijo Buzzalino, y “hay que ver a qué aspira la empresa”, porque “todos sabemos” que Monsanto “no va a venir” a Uruguay “para ganar 6.000 dólares por incorporar un gen a una semilla”.
Luego de los tres años de investigación, el INIA utilizaría esas variedades como fuente del material genético y de continuarla, en unos años más, se podrían generar variedades adaptadas al medio local. Esta segunda fase es la que no ha sido negociada aún. Vale recordar que la patente del gen RR1, que actualmente se utiliza en Uruguay y que es propiedad de Monsanto, cae en 2014. “Es claro” que Uruguay tiene que “crecer en tecnología” y la investigación genética “es muy cara”, pero “sabemos” que el mercado mundial de semillas “lo manejan cinco empresas” y “estamos en contra de ese tipo de monopolios”, porque se “parece mucho a regalar la independencia”, concluyó Buzzalino.
Álvaro Roel, de INIA, dijo que en la reunión se trató “un montón de temas de acción concreta” conjunta y otros “en los que hay algunas diferencias de concepciones de ideas”. Sobre el convenio con Monsanto, Roel dijo que se conversó pero “no fue el tema central”. “Transferimos la información y vemos que aquí hay mucho para avanzar” en cuanto a “mejorar la comunicación” sobre estos “procesos estratégicos de vinculación con el sector privado”, indicó Roel. También destacó que varios programas del INIA, como el de producción ganadera, el de sustentabilidad ambiental o el hortifrutícola, “tienen proyectos específicos vinculados a la producción familiar”, una “opción central” del instituto.
La firma del convenio entre el INIA y Monsanto también motivó acciones en el Parlamento. A principios de junio el diputado tacuaremboense Edgardo Rodríguez (Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio) presentó un pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y al Instituto Nacional de Semillas para conocer “en profundidad” los alcances y “las consecuencias” del convenio.
Rodríguez dijo a la diaria que se enteró por una conocida y si bien “no queremos tener prejuicios ni preconceptos, sabemos que Monsanto es una empresa enorme que genera y produce semillas modificadas genéticamente, las patenta y luego tiene el manejo absoluto de éstas, y ha pretendido imponer condiciones inaceptables a agricultores en diferentes partes del mundo”. Rodríguez preguntó entre otras cosas “cuáles son los argumentos” de la firma del convenio, “qué derechos adquiere” Monsanto y qué participación va a tener “con respecto a la semilla generada” porque “es necesario saber quién será el propietario de esa patente y por cuánto tiempo”. El legislador dijo que en función de la respuesta evaluará los pasos a seguir.
Luis Rómboli
Las manos de Monsanto en el Paraguay.
Diario Miradas al Sur
24-06-2012
Paraguay
Monsanto y las semillas del golpe
La
transnacional de la agroindustria fue uno de los poderosos y discretos
protagonistas de la destitución del ex obispo y presidente paraguayo,
Fernando Lugo.
Por Walter Goobar
El gobierno de Fernando Lugo ya había
sufrido la amenaza del juicio político en 23 ocasiones anteriores y por
los más diversos motivos. En su mayoría, estas operaciones de desgaste
contra el ex obispo y presidente, fueron propiciadas por su
vicepresidente Federico Franco, una suerte de Cleto Cobos guaraní que se
distanció políticamente de Lugo poco después de iniciado el mandato
presidencial, el 28 de abril de 2008.
Sabiendo que contaba con los votos del
Partido Radical Liberal Auténtico (Prla), más los del Partido Colorado
–fundado por el dictador Alfredo Stroessner–, en reiteradas
oportunidades el vicepresidente Franco fue hasta la sede del gobierno
para intentar extorsionar a Lugo con la amenaza del juicio político,
Franco nunca ocultó que quería ser presidente, si no lo logró antes es
porque los colorados no quisieron prestarse a la maniobra, porque tenían
su propia estrategia de desgaste.
LOS HILOS DEL PARTIDO COLORADO
En esta oportunidad, la convergencia de
tres actores en las sombras –la siniestra trasnacional sojera Monsanto,
la oligarquía latifundista paraguaya y la jerarquía de la Iglesia
católica–, hicieron que el Partido Colorado modificara su estrategia,
habilitando el juicio político a menos de diez meses de prevista la
elección presidencial en la que su candidato, el terrateniente y
empresario sojero Horacio Cartes, aparece posicionado como seguro
triunfador.
No se puede descartar que los colorados,
que representan los intereses de los grandes latifundistas paraguayos
optaran por un golpe de mano preventivo ante la presunta amenaza de los
campesinos sin tierra, que vieron frustradas sus aspiraciones de una
reforma agraria que Lugo prometió y nunca cumplió. Tal vez temían que
los desposeídos avanzaran en la ocupación de territorios antes de la
salida de la presidencia del ex obispo, pero lo concreto es que se
avizora detrás del golpe institucional es un plan para criminalizar,
llevar hasta el odio extremo, a todas las organizaciones campesinas,
para empujar a los campesinos a abandonar el campo para el uso exclusivo
del agronegocio.
ENFRENTAMIENTO EN CURUGUATY
En esa hipótesis, el enfrentamiento en
Curuguaty (en la hacienda de Blas Riquelme, un terrateniente ligado al
Partido Colorado) bien podría haber sido provocado para desatar el
proceso de juicio político que culminó el viernes pasado con la
destitución del presidente Lugo.
Sólo un sabotaje interno dentro de los
cuadros de inteligencia de la Policía, con la complicidad de la
Fiscalía, explica la emboscada, en la cual murieron seis policías. No se
comprende cómo policías altamente entrenados, en el marco del Plan
Colombia, pudieron caer fácilmente en una supuesta trampa tendida por
campesinos, como hizo creer la prensa aliada al golpe express.
Los uniformados reaccionaron y
acribillaron a los campesinos, matando a 11, quedando unos 50 heridos.
Entre los policías muertos estaba el jefe del GEO, comisario Erven
Lovera, hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad
del presidente Lugo.
En ese contexto, el asesinato del
hermano del jefe de seguridad del presidente de la República obviamente
fue un mensaje directo a Fernando Lugo, cuya cabeza sería el próximo
objetivo. Más aún, tanto la Fiscalía que investigó la masacre, como el
Poder Judicial y la Policía Nacional, están controlados mediante
convenios de cooperación por Usaid, la agencia de cooperación de los
Estados Unidos.
EL ERROR DE LUGO
Pese a las múltiples advertencias de
numerosos aliados dentro y fuera de Paraguay, Lugo no se abocó a la
tarea de consolidar la heterogénea fuerza social que en 2008 lo elevó a
la presidencia. Su gravitación en el Congreso era absolutamente mínima,
uno o dos senadores, mientras sobreestimaba la capacidad de movilización
para garantizar la gobernabilidad a su gestión.
A lo largo de su mandato se sucedieron
múltiples concesiones a la derecha como las leyes antiterroristas que
promulgó a pedido de la embajada de Estados Unidos, sancionadas por un
congreso que es uno de los más corruptos del Continente y que terminó
destituyéndolo en un farsesco simulacro de juicio político que violó
todas las normas del debido proceso.
LAS MANOS DE MONSANTO
Según el periodista y autor del libro
Los Herederos de Stroessner, Idilio Méndez Grimaldi, la trasnacional
Monsanto ha cumplido un papel central en el golpe contra Lugo.
El 21 de octubre de 2011, el Ministerio
de Agricultura y Ganadería, dirigido por el liberal Enzo Cardozo, dio el
visto bueno provisorio a la semilla de algodón transgénico Bollgard BT
de Monsanto, para su siembra comercial en Paraguay. Las protestas
campesinas y de organizaciones ambientalistas no se dejaron esperar. El
gen de este algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thurigensis,
una bacteria tóxica que mata a algunas plagas del algodón, como las
larvas del picudo, un coleóptero que deposita sus huevos en el capullo
del textil.
El Servicio Nacional de Calidad y
Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave, otra institución del Estado
paraguayo, dirigido por Miguel Lovera, se negó a inscribir dicha semilla
transgénica en los registros de cultivables, por carecer de los
dictámenes del Ministerio de Salud y de la Secretaría de Ambiente.
Durante los meses posteriores, Monsanto,
a través de la Unión de Gremios de Producción, UGP, estrechamente
ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color, lanzó una
feroz ofensiva contra el Senave y su presidente por no inscribir la
semilla transgénica para su uso comercial en todo el país.
La cuenta regresiva decisiva pareció
haberse dado con una nueva denuncia por parte de una seudosindicalista
del Senave, de nombre Silvia Martínez, quien acusó el 7 de junio pasado a
Lovera de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través
de ABC Color.
Martínez es esposa de Roberto Cáceres,
representante técnico de varias empresas agrícolas, entre ellas Agrosán,
recientemente adquirida por 120 millones de dólares por Syngenta, otra
transnacional, todas socias de la UGP. El viernes 15 de junio,
coincidiendo con una exposición anual organizada por el Ministerio de
Agricultura, la transnacional Monsanto presentó otra variedad de
algodón, doblemente transgénico: BT y RR o Resistente al Roundup, un
herbicida fabricado y patentado por Monsanto. La pretensión de la
transnacional norteamericana era la inscripción en Paraguay de esta
semilla transgénica, tal como ya ocurrió en la Argentina y otros países
del mundo. Sin embargo, la ministra de Salud de Lugo se oponía.
Paraguay es uno de los países más
desiguales del mundo. Allí reina la UGP, apoyada por las transnacionales
del sector financiero y del agronegocio que nunca ocultaron que iban a
conseguir la aprobación de las semillas de Monsanto a como diera lugar.
Walter Goobar
Diario Miradas al Sur
24-06-2012
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