Diputados aprobó imprescriptibilidad
Por 50 votos en 90, la Cámara Baja transformó en ley el texto que declara a los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad
La Cámara de Representantes aprobó, a las 2:14 horas de hoy jueves, por 50 votos en 91 legisladores presentes -solo votó a favor el Frente Amplio- el proyecto de ley que declara que los delitos cometidos durante la dictadura son de lesa humanidad, con lo que se elimina la prescripción de los plazos.
La Cámara también resolvió comunicar hoy la aprobación al Poder Ejecutivo para que la ley pueda ser promulgada.
En los hechos, significa el primer paso para dejar sin efecto la ley de Caducidad, vigente desde marzo de 1985 y ratificada en dos consultas populares: en 1989 y 2009.
La iniciativa que restablece la pretensión punitiva del Estado, permitirá que el Poder Judicial siga adelante con los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), delitos que prescribirían el próximo martes 1° de noviembre.
El texto, según indica su artículo 1º, restablece la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos durante la dictadura hasta el 1º de marzo de 1985. Además, la nueva ley establece que “no se conmutará el plazo procesal comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley para los delitos a que refiere el artículo primero”. De esa manera, el texto eliminaría las restricciones impuestas por la Ley de Caducidad, que impide juzgar los crímenes cometidos por militares, a la hora de investigar y actuar contra los mismos.
De este modo, además, el texto procura que se evite la prescripción automática el 1º de noviembre de las torturas, violaciones, asesinatos y secuestros cometidos durante la dictadura. Además, el artículo tercero de la nueva ley declara a los crímenes como de lesa humanidad, “de acuerdo a los tratados internacionales de los que la República es parte”, indica el proyecto.
De esa manera, el texto busca cumplir el fallo de la Corte Interamericana de derechos Humanos (CIDH), que considera a los crímenes como de lesa humanidad, en contra de la postura de la Suprema Corte de Justicia, que los considera como homicidios muy especialmente agravados, debido a que la figura legal de crímenes de lesa humanidad no existía en el marco normativo uruguayo cuando los delitos fueron cometidos. De esa manera serían pasibles de comenzar a prescribir tras 25 años.
Del otro lado, la opinión de algunos constitucionalistas de izquierda como José Korzeniak es que por la firma Convención de Derechos Humanos en 1985, Uruguay queda sujeto a organismos como la CIDH, que establece que todos los obstáculos a la investigación de los casos deben ser eliminados, y que, como tratado internacional, esa oposición pesa aún por encima de la Constitución nacional.
De este modo, además, el texto procura que se evite la prescripción automática el 1º de noviembre de las torturas, violaciones, asesinatos y secuestros cometidos durante la dictadura. Además, el artículo tercero de la nueva ley declara a los crímenes como de lesa humanidad, “de acuerdo a los tratados internacionales de los que la República es parte”, indica el proyecto.
De esa manera, el texto busca cumplir el fallo de la Corte Interamericana de derechos Humanos (CIDH), que considera a los crímenes como de lesa humanidad, en contra de la postura de la Suprema Corte de Justicia, que los considera como homicidios muy especialmente agravados, debido a que la figura legal de crímenes de lesa humanidad no existía en el marco normativo uruguayo cuando los delitos fueron cometidos. De esa manera serían pasibles de comenzar a prescribir tras 25 años.
Del otro lado, la opinión de algunos constitucionalistas de izquierda como José Korzeniak es que por la firma Convención de Derechos Humanos en 1985, Uruguay queda sujeto a organismos como la CIDH, que establece que todos los obstáculos a la investigación de los casos deben ser eliminados, y que, como tratado internacional, esa oposición pesa aún por encima de la Constitución nacional.
Se tragaron otro sapo, ahora es la “no prescripción”
Uruguay últimamente se ha transformado en el plano político en un gran escenario donde allí se intentan legitimar, los actos para mantener en el olvido las violaciones a los derechos humanos fundamentales en nuestro país.
Es cierto que la impunidad como otros temas de tipo social, lejos están de resolverse en la vida social y económica del país, uno de los temas que fue abordada en el parlamento una vez más ha sido la salida de la dictadura de mediados de los años 80 del siglo pasado, hace ya más de un cuarto de siglo, con sus actores y los más diversos intereses políticos en juego.
Sin duda que no siendo el único problema pero sí es este un momento clave para entender lo que ha sucedido hasta nuestros días, en materia social
y política.
Fue evidente que la concertación, en la que cada partido jugo con su perfil inclusive el movimientos sindical y social, la salida se conformó sobre un gran acuerdo entre los militares, Sanguinetti y el Frente Amplio y el conjunto de los partidos políticos que
actuaban en la época.
También ayer se hizo evidente que luego de ciertos fuegos de artificios entre el gobierno y los partidos tradicionales, aparecieron en el senado profundas diferencias entre los senadores el partido de gobierno.
Sin darse la polémica fue claro que al expresarse el posicionamiento del entonces líder nacionalista en el exilio Ferreira Aldunate, y Seregni, fue claro que las diferencias no eran solamente entre los partidos, sino además dentro de ellos el senador Baráibar y la senadora Xavier, expresaron los puntos de vista con el escenario de fondo levantado por los partidos
tradicionales, donde quedó claro que la negociación suponía el mantenimiento de la impunidad y su legitimación en los términos que hoy perdura.
Luego que el Frente Amplio enterrara la posibilidad de los últimos plebiscitos sobre el tema y la acción parlamentaria donde un senador se fue del partido, otro se fue también del senado hacia el ministerio de Defensa como es el caso de Huidobro, y Semprone que se quedó y voto en contra de la famosa “derogación” Ahora luego de unos meses el escenario se ha recompuesto pues se encontró una “salida” política y jurídica que habla de la no prescripción del delito, casi en el mismo momento que se encuentran restos humanos al lado del Batallón 14, para darle mucha publicidad.
Lo cierto es que hasta el momento no han avanzado las investigaciones, ni con esta nueva votación no irá ningún nuevo responsable de delitos detenido o preso, y los que están se mantienen donde están, libres e impunes. ¿Dónde está el cambio para que exista tanto alboroto? Francamente es difícil de comprender, lo que sí, da la impresión que el gobierno
se conforma con poco.
Lo cierto es que la anulación de la ley no se ha producido y los avances es difícil verlos.
Hace tiempo que Uruguay vive en la inconstitucionalidad con respecto a la ley de impunidad, ella ha violado el ya frágil derecho internacional, con el consenso político en su momento que suponía los acuerdos de la salida de la dictadura.
El oficialismo pretende hacernos creer que la prescripción del delito, y diciendo que son delitos de lesa humanidad, supone la anulación de la ley impunidad, ello no es así, es falso.
El Dr. Helios Sarthou ha sentenciado en el tema que:” con la nueva ley quedan presos los que ya están y los que están libres siguen libres”
Editorial La Juventud 27 oct 2011 Es cierto que la impunidad como otros temas de tipo social, lejos están de resolverse en la vida social y económica del país, uno de los temas que fue abordada en el parlamento una vez más ha sido la salida de la dictadura de mediados de los años 80 del siglo pasado, hace ya más de un cuarto de siglo, con sus actores y los más diversos intereses políticos en juego.
Sin duda que no siendo el único problema pero sí es este un momento clave para entender lo que ha sucedido hasta nuestros días, en materia social
y política.
Fue evidente que la concertación, en la que cada partido jugo con su perfil inclusive el movimientos sindical y social, la salida se conformó sobre un gran acuerdo entre los militares, Sanguinetti y el Frente Amplio y el conjunto de los partidos políticos que
actuaban en la época.
También ayer se hizo evidente que luego de ciertos fuegos de artificios entre el gobierno y los partidos tradicionales, aparecieron en el senado profundas diferencias entre los senadores el partido de gobierno.
Sin darse la polémica fue claro que al expresarse el posicionamiento del entonces líder nacionalista en el exilio Ferreira Aldunate, y Seregni, fue claro que las diferencias no eran solamente entre los partidos, sino además dentro de ellos el senador Baráibar y la senadora Xavier, expresaron los puntos de vista con el escenario de fondo levantado por los partidos
tradicionales, donde quedó claro que la negociación suponía el mantenimiento de la impunidad y su legitimación en los términos que hoy perdura.
Luego que el Frente Amplio enterrara la posibilidad de los últimos plebiscitos sobre el tema y la acción parlamentaria donde un senador se fue del partido, otro se fue también del senado hacia el ministerio de Defensa como es el caso de Huidobro, y Semprone que se quedó y voto en contra de la famosa “derogación” Ahora luego de unos meses el escenario se ha recompuesto pues se encontró una “salida” política y jurídica que habla de la no prescripción del delito, casi en el mismo momento que se encuentran restos humanos al lado del Batallón 14, para darle mucha publicidad.
Lo cierto es que hasta el momento no han avanzado las investigaciones, ni con esta nueva votación no irá ningún nuevo responsable de delitos detenido o preso, y los que están se mantienen donde están, libres e impunes. ¿Dónde está el cambio para que exista tanto alboroto? Francamente es difícil de comprender, lo que sí, da la impresión que el gobierno
se conforma con poco.
Lo cierto es que la anulación de la ley no se ha producido y los avances es difícil verlos.
Hace tiempo que Uruguay vive en la inconstitucionalidad con respecto a la ley de impunidad, ella ha violado el ya frágil derecho internacional, con el consenso político en su momento que suponía los acuerdos de la salida de la dictadura.
El oficialismo pretende hacernos creer que la prescripción del delito, y diciendo que son delitos de lesa humanidad, supone la anulación de la ley impunidad, ello no es así, es falso.
El Dr. Helios Sarthou ha sentenciado en el tema que:” con la nueva ley quedan presos los que ya están y los que están libres siguen libres”
Los milicos no hablarán
La lucha tampoco prescribe
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