Centros inaceptables

27/04/2015
El camino a las mazmorras juveniles uruguayas

Nueva denuncia internacional por las torturas y tratos inhumanos a los adolescentes privados de libertad en el Sirpa: “inaceptable en una sociedad democrática”.

  La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitió un comunicado desde Ginebra en el que realiza fuertes cuestionamientos al Estado uruguayo por los tratos inhumanos a los que están sometidos los adolescentes privados de libertad y le pide al gobierno de Tabaré Vázquez que “priorice las reformas de justicia juvenil para prevenir la tortura”.


“El uso excesivo de la detención de adolescentes y las pésimas condiciones de detención que encontramos durante nuestra visita son claramente inaceptables en una sociedad democrática. Es hora de que la apertura que las autoridades mostraron durante nuestras visitas se traduzca en reformas que hacen frente a estos problemas que perduran desde hace ya mucho tiempo”, concluyó Carolina Bárbara, Coordinadora de Derechos de los Niños de la OMCT.


La misión que visitó el país la semana pasada se realizó a fin de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Comité Contra la Tortura- CAT de las Naciones Unidas en mayo del 2014. En aquella ocasión, todavía con José Mujica en la presidencia y en medio de la campaña para bajar la edad de imputabilidad penal, el Comité destacó tres áreas prioritarias para avanzar:


(a) asegurar o reforzar salvaguardias para las personas privadas de libertad, adoptando las medidas apropiadas para que todas las denuncias de tortura o malos tratos se investiguen con prontitud, exhaustividad e imparcialidad y que se enjuicie debidamente a sus autores
(b) asegurarse de que el sistema de justicia juvenil esté armonizado con las normas internacionales;
(c) investigar prontamente y garantizar el enjuiciamiento debido por los actos de tortura en el sistema de justicia juvenil y garantizar la protección para las víctimas y los testigos.

Para examinar la aplicación de las recomendaciones, la misión visitó la cárcel de mujeres de Montevideo y algunos centros de detención para menores del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA).
“Durante las visitas, la OMCT notó con preocupación algunos problemas que pueden representar tratos inhumanos y degradantes, tales como celdas de aislamiento y condiciones insalubres de detención. La OMCT también recibió quejas relacionadas con maltratos, largos períodos de confinamiento, el uso excesivo de medicamentos en algunos centros de detención y la persistencia de represalias en contra del personal que presenta denuncias dentro del SIRPA o que esté en desacuerdo con algunas de las prácticas establecidas”, destaca el comunicado emitido por la organización.


“Estamos particularmente preocupados de que algunos empleados del SIRPA formalmente acusados de actos de tortura y malos tratos estén simplemente reasignados a otros puestos de trabajo dentro del mismo sistema y en constante contacto con los niños detenidos. Igualmente preocupante es el hecho de que los empleados que denunciaron las agresiones y los abusos hayan perdido su trabajo como forma de represalia”, agrega el pronunciamiento de la OMCT. Además de estas visitas de control, la misión se entrevistó con representantes del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); la nueva directiva del SIRPA; la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH); la Suprema Corte de Justicia; UNICEF; el Ministerio de Relaciones Exteriores y organizaciones de la sociedad civil.


Si bien la OMCT manifestó su reconocimiento por la apertura, el diálogo, la coordinación y el apoyo del gobierno y de la INDDHH a la misión, también manifestó su deseo de que
“el nuevo gobierno de Uruguay le dé prioridad a las reformas legales y políticas en el sistema de justicia juvenil con el fin de cumplir plenamente con el derecho internacional”. Según trascendió luego de la visita, el gobierno uruguayo se comprometió a tomar varias medidas para mejorar la situación, entre ellas el
cierre de la Colonia Berro, principal centro de reclusión juvenil del país.

Los seis pedidos

La misión de alto nivel, que se llevó a cabo con el apoyo local de la OMCT, el Instituto de Estudios Legales y Sociales (IELSUR), el Comité de los Derechos del Niño en Uruguay (CDNU) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), realizó asimismo una serie de peticiones al Estado en esta materia:


1. Llevar a cabo una reforma estructural , legal y de políticas sobre el sistema de justicia juvenil, dándole prioridad a las medidas no privativas de libertad para adolescentes en conflicto con la ley.
2. Garantizar que la nueva dirección del SIRPA tenga un presupuesto adecuado para promover de manera urgente los cambios estructurales necesarios en los centros de detención, incluyendo una evaluación de los contratos de trabajo y una formación adecuada para los empleados que trabajan directamente con niños.
3. Asegurar salvaguardias adecuadas contra el uso excesivo de medicación en el sistema de justicia juvenil.
4. Garantizar que el mecanismo nacional de prevención tenga suficiente presupuesto, recursos humanos y la estructura para supervisar todos los lugares de privación de libertad.
5. Asegurar garantías contra la tortura y los malos tratos en todos los lugares de privación de libertad, incluyendo la eliminación de las celdas solitarias de confinamiento o de castigo.
6. Traducir la reforma penitenciaria en cambios estructurales reales, garantizando condiciones de detención en conformidad con los derechos humanos internacionales. El próximo mes, la OMCT publicará un informe de seguimiento para el Comité Contra la Tortura que contendrá información y documentos recibidos durante la misión, así como nuevas recomendaciones. 

 Las anteriores denuncias de la OMCT

Esta no es la primera ni la segunda vez que la organización denuncia las torturas y tratos inhumanos a los que el sistema de reclusión juvenil uruguayo somete a los adolescentes. Si bien se han señalado avances en varias ocasiones, hay críticas que se repiten: torturas, celdas de aislamiento, funcionarios acusados de malos tratos que siguen trabajando, condiciones insalubres de reclusión, entre otras.


Desde el primer informe realizado en 2004 estos cuestionamientos se reiteran sin que parezcan registrarse avances estructurales que erradiquen las violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia. En el informe titulado “
Niños, niñas y adolescentes privados de libertad: CON O SIN DERECHOS?”, redactado en 2004, la organización realizaba cuestionamientos muy similares a los actuales, casi con las mismas palabras.


En 2010 la OMCT denunció la existencia de
abusos sexuales contra adolescentes internadas en el Centro de Ingreso de Adolescentes Femenino (CIAF) y reclamó al presidente Mujica que actuara para terminar con la situación.


La OMCT también planteó críticas a Uruguay durante el Examen Periódico Universal (EPU) al que se sometió al país durante la reunión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra. En aquella ocasión, la delegación de la OMCT planteo que
“La privación de libertad se ejecuta en centros en donde —en su mayoría—no hay planes ni objetivos claros, y los niños permanecen largos períodos de tiempo encerrados en los que se convierten en víctimas de malos tratos y torturas que no se investigan, y cuando eso ocurre se hace de manera que no se atienden los preceptos de celeridad, imparcialidad y eficacia. Así, la víctima queda indefensa y con probabilidades de sufrir represalias en caso de denunciar tales hechos, como ocurrió esta semana en el caso del niño torturado en el centro SER. Es urgente crear un mecanismo de investigación de las torturas y malos tratos, que exija garantías para que los denunciantes no sean víctimas de represalias. Esperamos que, ya que Uruguay apostó por ser revisado por estas instancias de Naciones Unidas, ello signifique también que pueda dar los pasos necesarios para revertir estas dos cuestiones que se han vuelto acuciantes en términos de respeto y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes”.


El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas también demandó a Uruguay la solución inmediata a las situaciones de “Tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes” contra niñas, niños y adolescentes, entre los que mencionó los abusos cometidos en comisarías, las condiciones de detención, la falta de un mecanismo sistemático de inspección de estos establecimientos y el incumplimiento de sus reglamentos.

Las cárceles

Las cárceles uruguayas son “inhumanas”. Esta fue la conclusión, plasmada en un
voluminoso informe, realizado en 2009 por el entonces Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, Manfred Nowak durante fines del primer gobierno de Tabaré Vázquez).


Un concepto similar repitieron, en marzo de 2012, representantes del equipo formado por Nowak ante la atenta mirada del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Nowak visitó Uruguay para hacer un seguimiento de la situación carcelaria. La nueva evaluación concluye que las condiciones en Uruguay siguen siendo “inhumanas” y “constituyen una violación sistemática y continua de los derechos humanos” de los presos. Además cuestionó la gestión de las cárceles y criticó que aunque se le ha cambiado el nombre –en lugar de Dirección Nacional de Cárceles pasó a llamarse Instituto Nacional de Rehabilitación– reproduce antiguos errores.


El segundo informe señaló que el gobierno realizó esfuerzos como la construcción de la nueva cárcel de Las Rosas en Maldonado, y de institutos que unifican criterios operativos (el INR, que administra las cárceles para adultos, y el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes para los menores). No obstante, advirtió que
“resulta difícil entender cómo a través de una mera nueva nominación de las instituciones, así como de su personal, puede llevarse adelante un enfoque y método de trabajo verdaderamente nuevos”.


En el caso de Las Rosas señaló que “la construcción y administración de la cárcel no se correspondían con las necesidades de un establecimiento destinado a la rehabilitación de las personas”. La nueva cárcel no presenta “oportunidades educativas, recreativas y laborales”.


El informe, que cayó como un balde de agua fría en el gobierno de José Mujica, sintetiza que
“a pesar de todo este progreso, la situación de las cárceles sigue siendo muy preocupante”. El hacinamiento carcelario sigue siendo el mayor déficit. Incluso, advirtió que
“en algunos de los principales centros, como el Penal de Libertad, y el Comcar, la situación se ha deteriorado al punto tal que las condiciones de detención deben ser catalogadas como inhumanas”. En cuanto al tratamiento y condiciones de reclusión de menores, el informe sostiene que son “deplorables”.


A poco menos de un año de finalizar el mandato de Mujica el Comité Contra la Tortura de ONU fue muy duro con la situación de los menores recluidos en los centros del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (Sirpa).
“El Comité expresa su seria preocupación por los informes recibidos en los que se denuncian casos de malos tratos a menores internados en los centros de menores del Sirpa”, señala el informe del comité de ONU difundido en mayo de 2014.


Según la información que manejó el comité -informes, entrevistas y visitas-
“los casos de malos tratos documentados consisten en palizas, posiciones de estrés como ‘el paquetito’ -atar a las personas de pies y manos enganchando los grilletes por detrás-, castigos de carácter vejatorio y humillantes incluida la desnudez forzada, castigos colectivos, registros sin ropa e invasivos y el uso de medios de coerción en el interior de los centros”. Por este motivo, la ONU conminó a la suspensión de los funcionarios acusados y a que se proteja e indemnice a las víctimas.


El informe se publicó luego que el Sirpa contestara en Ginebra –durante el EPU- 87 preguntas formuladas por el Comité contra la Tortura, varias de ellas expuestas en base a las denuncias de golpizas y maltratos presentadas en el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en abril de 2014.


Además, este comité de la ONU criticó las condiciones en los centros penitenciarios. La separación entre procesados y condenados, el hacinamiento y la dilatación de los juicios fueron las principales preocupaciones contenidas en el informe. La ONU aconsejó “redoblar los esfuerzos” para que se apliquen medidas sustitutivas y solicitó información precisa sobre las muertes en las cárceles.