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Este artículo de "La Diaria" no tiene desperdicio.
Demuestra las falacias del "libre mercado", pero además la seria
implicancia del primer gobierno de Tabaré Vázquez con el "lobb"
(¿podríamos llamarlo "mafia"?) de los medicamentos.
El asunto "pega" en un lugar sensible.
Y el que piense que todo esto no tiene nada que ver con las recientes
declaraciones de Nin Novoa sobre Venezuela y la subrepticia entrada a
las negociaciones del TISA...que dios preserve su ingenuidad. El
artículo pone el acento en el entonces secretario de la presidencia
Miguel Toma. Siendo el presidente de la República un avezado empresario
de la medicina resulta bastante increíble que no estuviera al tanto del
asunto hasta en sus más mínimos detalles. Es que entre bueyes no hay
cornada.
William Yohai
Martes 07 • Abril • 2015.
No se come la pastilla
Fallo del TCA deja al descubierto el lobby de los laboratorios ante el secretario de Presidencia.
.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) desanduvo en
octubre una resolución del primer gobierno de Tabaré Vázquez que eximía
a 18 laboratorios de pagar una multa de unos 750.000 dólares por
prácticas anticompetitivas por medio del sistema Farmadescuento. Lo hizo
en un fallo en el que, además, se registra el lobby de los
laboratorios ante el entonces y actual secretario de Presidencia, Miguel
Ángel Toma, para que el Poder Ejecutivo dispusiera la revocación de una
sanción de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF). La multa, que fue antecedida por varios informes
técnicos de especialistas en materia de defensa de la competencia, fue
adoptada el 31 de agosto de 2005, luego de que el MEF determinara que
varios laboratorios habían eliminado del sistema Farmadescuento (que en
su momento implicaba un descuento de 25% en 6.000 medicamentos a quienes
presentaran las recetas médicas) a aquellas farmacias que adhirieran
simultáneamente a otro sistema, Cyberfarma, creado para reducir
sustancialmente el precio de venta al público de una serie de
medicamentos de alto consumo. De esta forma, sostuvo el MEF,
Farmadescuento había incurrido en prácticas anticompetitivas.
El proyecto de Cyberfarma consistía en conformar entre todas las droguerías una (Marbury SA) que aprovechara las bonificaciones de los laboratorios -que ofrecen hasta el doble de unidades por la compra de algunos medicamentos al por mayor-, explicaron algunos de sus ideólogos a la diaria. Este sistema, que inició formalmente sus operaciones el 13 de octubre de 2003 con diez farmacias -San Fermín, Ralf, Demichelli, Medio Siglo, Malvín, De la Torre, Furgan, De María, Alas y Crisana- y 400 productos, aspiraba a llevar adelante un “plan de medicamento popular”, ofreciendo descuentos de 45% sobre el precio de venta con la presentación de la receta médica en las farmacias. La megarrebaja duró 15 días: el 28 de octubre, una asamblea del sistema Farmadescuento a la que asistieron representantes de una veintena de laboratorios (Andrómaco, Antía Moll, Aventis, Bayer, Boehringer, Celsius, Cibeles, Dermico, Dispert, Dador, Glaxo, Gramón Bagó, Haymann, Icu, Vita, Ion, Lazar, Librer, Pfizer, Roche, Sanofi, Sharing, Servimedic, Spefar, Szabo, Urufarma y Roemmers) decidió eliminar de la red a todas las farmacias adheridas a Cyberfarma, informar a las droguerías de esta decisión y solicitarles que devolvieran las recetas que hubieran recibido. Y aun más: los reyes de la selva farmacéutica también resolvieron intimar a otros laboratorios que comercializaran con Cyberfarma que tomaran la opción por uno u otro sistema. 20 días después, nueve farmacias ya sufrían el desabastecimiento de algunos productos como consecuencia del bloqueo.
Presiones y pasiones
En su pulseada con las farmacias y cuando el caso ya había llegado al TCA a instancias de los laboratorios, los aliados en Farmadescuento recurrieron al secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, para que intercediera en su favor. Según consta en el fallo del Tribunal, luego de recibir a los laboratorios encabezados por el abogado especialista en derecho comercial Ricardo Olivera García, Toma ordenó que el expediente -que por entonces se encontraba en el MEF- pasara a la asesoría jurídica de Presidencia. Poco después, con el visto bueno de los fiscales de gobierno, el Poder Ejecutivo “llegó a la conclusión de que correspondía revocar el acto de la Dirección General de Comercio que, oportunamente, había sancionado a los laboratorios por entender que habían incurrido en prácticas anticompetitivas”, según se detalla en la sentencia. Los laboratorios habían conseguido lo que habían ido a buscar: que el Ejecutivo argumentara que la Dirección General de Comercio era “incompetente” y que no había un perjuicio al “interés general”. “En un escuetísimo dictamen” de una carilla y media de extensión, “el fiscal de gobierno de primer turno llegó a idéntica conclusión que la Asesoría Jurídica de la Presidencia”, describe el TCA, para el que además “es evidente que correspondía otorgar participación” a la otra parte (Cyberfarma) “para que pudiera dar razones en favor del mantenimiento del acto”.
Más adelante, el TCA volvió a criticar el secretismo con el que los laboratorios y el secretario de Presidencia -que hasta 2001 fue profesor catedrático grado 4 de la materia Legislación sanitaria y farmacéutica en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República- acordaron revocar la multa: “La omisión de conferir vista y de dar participación en el expediente al interesado vició de nulidad todo lo actuado”, afirmó. Y fue más allá, incluso, al sostener que “el proceder de la Administración sumió en indefensión” a la otra parte. La sentencia del TCA sostiene además que “resulta llamativo” que “la profundidad del análisis realizado en el procedimiento que culminó con el acto sancionatorio a los laboratorios contrasta con el trámite raudo -y ciertamente superficial- que tuvo el que culminó con su revocación”. Si bien el fallo sostiene que “en el primer procedimiento se hizo un análisis técnico detallado para culminar con la conclusión [de] que correspondía sancionar a los laboratorios que incurrieron en prácticas anticompetitivas”, también subraya que en el procedimiento llevado a cabo por Presidencia “no se hizo un análisis técnico jurídico por especialistas”. “Ni siquiera se consultó a la Dirección General de Comercio, que es el órgano especializado en Derecho de defensa de la competencia, pese a que una de las razones en que se fundamenta la decisión revocatoria tiene que ver con la aplicación de la normativa en esa materia”, advierte el fallo, votado por la unanimidad de los ministros del TCA. la diaria intentó, sin éxito, comunicarse con Toma.
.El proyecto de Cyberfarma consistía en conformar entre todas las droguerías una (Marbury SA) que aprovechara las bonificaciones de los laboratorios -que ofrecen hasta el doble de unidades por la compra de algunos medicamentos al por mayor-, explicaron algunos de sus ideólogos a la diaria. Este sistema, que inició formalmente sus operaciones el 13 de octubre de 2003 con diez farmacias -San Fermín, Ralf, Demichelli, Medio Siglo, Malvín, De la Torre, Furgan, De María, Alas y Crisana- y 400 productos, aspiraba a llevar adelante un “plan de medicamento popular”, ofreciendo descuentos de 45% sobre el precio de venta con la presentación de la receta médica en las farmacias. La megarrebaja duró 15 días: el 28 de octubre, una asamblea del sistema Farmadescuento a la que asistieron representantes de una veintena de laboratorios (Andrómaco, Antía Moll, Aventis, Bayer, Boehringer, Celsius, Cibeles, Dermico, Dispert, Dador, Glaxo, Gramón Bagó, Haymann, Icu, Vita, Ion, Lazar, Librer, Pfizer, Roche, Sanofi, Sharing, Servimedic, Spefar, Szabo, Urufarma y Roemmers) decidió eliminar de la red a todas las farmacias adheridas a Cyberfarma, informar a las droguerías de esta decisión y solicitarles que devolvieran las recetas que hubieran recibido. Y aun más: los reyes de la selva farmacéutica también resolvieron intimar a otros laboratorios que comercializaran con Cyberfarma que tomaran la opción por uno u otro sistema. 20 días después, nueve farmacias ya sufrían el desabastecimiento de algunos productos como consecuencia del bloqueo.
Presiones y pasiones
En su pulseada con las farmacias y cuando el caso ya había llegado al TCA a instancias de los laboratorios, los aliados en Farmadescuento recurrieron al secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, para que intercediera en su favor. Según consta en el fallo del Tribunal, luego de recibir a los laboratorios encabezados por el abogado especialista en derecho comercial Ricardo Olivera García, Toma ordenó que el expediente -que por entonces se encontraba en el MEF- pasara a la asesoría jurídica de Presidencia. Poco después, con el visto bueno de los fiscales de gobierno, el Poder Ejecutivo “llegó a la conclusión de que correspondía revocar el acto de la Dirección General de Comercio que, oportunamente, había sancionado a los laboratorios por entender que habían incurrido en prácticas anticompetitivas”, según se detalla en la sentencia. Los laboratorios habían conseguido lo que habían ido a buscar: que el Ejecutivo argumentara que la Dirección General de Comercio era “incompetente” y que no había un perjuicio al “interés general”. “En un escuetísimo dictamen” de una carilla y media de extensión, “el fiscal de gobierno de primer turno llegó a idéntica conclusión que la Asesoría Jurídica de la Presidencia”, describe el TCA, para el que además “es evidente que correspondía otorgar participación” a la otra parte (Cyberfarma) “para que pudiera dar razones en favor del mantenimiento del acto”.
Más adelante, el TCA volvió a criticar el secretismo con el que los laboratorios y el secretario de Presidencia -que hasta 2001 fue profesor catedrático grado 4 de la materia Legislación sanitaria y farmacéutica en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República- acordaron revocar la multa: “La omisión de conferir vista y de dar participación en el expediente al interesado vició de nulidad todo lo actuado”, afirmó. Y fue más allá, incluso, al sostener que “el proceder de la Administración sumió en indefensión” a la otra parte. La sentencia del TCA sostiene además que “resulta llamativo” que “la profundidad del análisis realizado en el procedimiento que culminó con el acto sancionatorio a los laboratorios contrasta con el trámite raudo -y ciertamente superficial- que tuvo el que culminó con su revocación”. Si bien el fallo sostiene que “en el primer procedimiento se hizo un análisis técnico detallado para culminar con la conclusión [de] que correspondía sancionar a los laboratorios que incurrieron en prácticas anticompetitivas”, también subraya que en el procedimiento llevado a cabo por Presidencia “no se hizo un análisis técnico jurídico por especialistas”. “Ni siquiera se consultó a la Dirección General de Comercio, que es el órgano especializado en Derecho de defensa de la competencia, pese a que una de las razones en que se fundamenta la decisión revocatoria tiene que ver con la aplicación de la normativa en esa materia”, advierte el fallo, votado por la unanimidad de los ministros del TCA. la diaria intentó, sin éxito, comunicarse con Toma.
>>>Designado por Vazquez
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