Martes 21 • Abril • 2015Paso a paso
Diez víctimas de torturas en el Fusna cierran etapa testimonial antes de citar a militares.
La causa colectiva por torturas en la sede de los Fusileros
Navales (Fusna) de la Armada Nacional y en un sótano de la Prefectura
Nacional Naval en plena dictadura entra en la recta final previa a que
los imputados sean llamados a declarar. El abogado que representa a la
víctimas, Pablo Chargoñia -en coordinación con el equipo jurídico
formado en torno al Observatorio de Derechos Humanos Luz Ibarburu-,
solicitó a la sede que se fijen audiencias para las diez víctimas que
aún no han comparecido. Más de 40 ya lo hicieron.
Las mayoría de estas personas fueron secuestradas por las fuerzas represivas entre 1977 y 1978 y permanecieron recluidas en los citados centros, algunas de ellas durante más de un año. Entre ellas se encuentra el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social Eduardo Brenta, que meses atrás relató ante la Justicia su experiencia de estar 14 meses recluido en el Fusna. Tanto Brenta como otras víctimas han remarcado la ferocidad de las torturas y el régimen de privación de libertad al que fueron sometidos, en comparación con lo que se vivía en otros centros de reclusión de la dictadura. “Ir al Penal de Libertad era como ir a la libertad”, ironizó Brenta al ser consultado por la diaria.
Una de las prácticas particulares que imponían los oficiales del Fusna era obligar a los prisioneros a permanecer casi todo el día encapuchados o con los ojos vendados. Mientras el sentido de la vista se veía reprimido, el del oído se potenciaba. “Escuchábamos todos los gritos de los compañeros torturados. Por eso cuando la jueza [Julia Staricco] me preguntó si yo consideraba que las autoridades estaban al tanto de las torturas, tengo la seguridad de que sí, porque si nosotros escuchábamos, ellos también”, explicó Brenta.
La referencia concreta era para Tabaré Daners, quien en 2004 fue designado comandante en jefe de la Armada por el entonces presidente Jorge Batlle y que permaneció en el cargo hasta junio de 2006, bajo el primer gobierno de Tabaré Vázquez. “Daners era el juez sumariante de la Armada”, sostuvo Brenta, y agregó que era el encargado del “interrogatorio formal”, aunque las actas que le llegaban habían sido previamente labradas durante las sesiones de torturas. “Era un trámite, ir y firmarlas delante suyo, como si hubieran sido producto de esa instancia formal. Los que se negaban a poner la firma eran devueltos a la máquina”, recordó Brenta, detenido a fines de 1977 junto a más de dos decenas de militantes de los Grupos de Acción Unificadora.
Entre los más de 50 presos políticos que pasaron por el Fusna había de todas las edades y sectores políticos. Según Brenta, los gritos de los torturados llegaban claramente hasta el despacho de Daners, por lo que era imposible que no supiera lo que estaba pasando ni que desconociera el estado físico y psicológico de los detenidos cuando eran conducidos ante él. Sin embargo, hasta el día de hoy Daners niega cualquier participación en violaciones a los derechos humanos, e incluso se ufanó ante Vázquez de haber contribuido a esclarecer las denuncias cuando entregó el mando de la Armada el 1º de junio de 2006: “Dentro de lo vivido institucionalmente, entiendo que debemos mencionar el tema de los derechos humanos, ya que al ser confirmado en el cargo [cuando asumió el Frente Amplio] y consultado al respecto por parte del señor presidente, le manifestamos en la oportunidad que haríamos cuanto estuviera a nuestro alcance para colaborar en su objetivo de dar vuelta una dolorosa página en la historia de nuestro país y recomponer, definitivamente, el tejido social”.
La percepción que tienen Chargoñia, Brenta y el resto de los denunciantes, al igual que organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, es la contraria. Cuando terminen de declarar todas las víctimas, la jueza deberá citar en calidad de indagados a los militares mencionados como responsables. En esa lista figurarían, además de Daners, los también marinos Alex Lebel, Jorge Juansolo y Juan Carlos Larcebeau, este último procesado con prisión en 2007 por 29 delitos de homicidio.
Al igual que está ocurriendo en otras investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad, se estima que los acusados solicitarían el archivo de las actuaciones alegando la prescripción de los delitos, así como la inconstitucionalidad de la ley que en 2011 los declaró imprescriptibles.
Obediencia indebida
Por otro lado, Chargoñia informó acerca de los últimos movimientos que hubo en otro expediente, en este caso el que procura establecer responsabilidades en el asesinato del militante comunista Álvaro Balbi, secuestrado por un grupo de tareas en julio de 1975 junto a otras siete personas y entregado en el Departamento de Inteligencia de la Policía. Allí fue torturado con el método del submarino hasta su muerte, tal como quedó demostrado en la reconstrucción histórica que una junta médica hizo de la autopsia, extremo ratificado en la sede por el médico forense Guido Berro.
En esta causa los imputados son el comisario Eduardo Telechea, el comisario Benítez, Enrique Navas, Ricardo Medina, José Sande Lima, Alen Castro y Beto Lemos, entre otros, según consta en el registro que lleva el Observatorio Luz Ibarburu. Semanas atrás Navas concurrió a declarar al Juzgado Penal de 7º Turno, a cargo de la jueza Beatriz Larrieu, oportunidad en la que reconoció que cumplía tareas de ubicación y captura de requeridos, y en la que habría afirmado que “es posible” que entre las detenciones que concretó se encontrara Balbi. Sin embargo, alegó desconocer el destino que tenían esas personas, ya que su función era entregarlas a las autoridades de Inteligencia, cuyos referentes eran Medina y Sande.
Las actuaciones entraron en un impasse luego de que otros imputados reclamaron el archivo, al amparo de la supuesta prescripción de los delitos.
Las mayoría de estas personas fueron secuestradas por las fuerzas represivas entre 1977 y 1978 y permanecieron recluidas en los citados centros, algunas de ellas durante más de un año. Entre ellas se encuentra el ex ministro de Trabajo y Seguridad Social Eduardo Brenta, que meses atrás relató ante la Justicia su experiencia de estar 14 meses recluido en el Fusna. Tanto Brenta como otras víctimas han remarcado la ferocidad de las torturas y el régimen de privación de libertad al que fueron sometidos, en comparación con lo que se vivía en otros centros de reclusión de la dictadura. “Ir al Penal de Libertad era como ir a la libertad”, ironizó Brenta al ser consultado por la diaria.
Una de las prácticas particulares que imponían los oficiales del Fusna era obligar a los prisioneros a permanecer casi todo el día encapuchados o con los ojos vendados. Mientras el sentido de la vista se veía reprimido, el del oído se potenciaba. “Escuchábamos todos los gritos de los compañeros torturados. Por eso cuando la jueza [Julia Staricco] me preguntó si yo consideraba que las autoridades estaban al tanto de las torturas, tengo la seguridad de que sí, porque si nosotros escuchábamos, ellos también”, explicó Brenta.
La referencia concreta era para Tabaré Daners, quien en 2004 fue designado comandante en jefe de la Armada por el entonces presidente Jorge Batlle y que permaneció en el cargo hasta junio de 2006, bajo el primer gobierno de Tabaré Vázquez. “Daners era el juez sumariante de la Armada”, sostuvo Brenta, y agregó que era el encargado del “interrogatorio formal”, aunque las actas que le llegaban habían sido previamente labradas durante las sesiones de torturas. “Era un trámite, ir y firmarlas delante suyo, como si hubieran sido producto de esa instancia formal. Los que se negaban a poner la firma eran devueltos a la máquina”, recordó Brenta, detenido a fines de 1977 junto a más de dos decenas de militantes de los Grupos de Acción Unificadora.
Entre los más de 50 presos políticos que pasaron por el Fusna había de todas las edades y sectores políticos. Según Brenta, los gritos de los torturados llegaban claramente hasta el despacho de Daners, por lo que era imposible que no supiera lo que estaba pasando ni que desconociera el estado físico y psicológico de los detenidos cuando eran conducidos ante él. Sin embargo, hasta el día de hoy Daners niega cualquier participación en violaciones a los derechos humanos, e incluso se ufanó ante Vázquez de haber contribuido a esclarecer las denuncias cuando entregó el mando de la Armada el 1º de junio de 2006: “Dentro de lo vivido institucionalmente, entiendo que debemos mencionar el tema de los derechos humanos, ya que al ser confirmado en el cargo [cuando asumió el Frente Amplio] y consultado al respecto por parte del señor presidente, le manifestamos en la oportunidad que haríamos cuanto estuviera a nuestro alcance para colaborar en su objetivo de dar vuelta una dolorosa página en la historia de nuestro país y recomponer, definitivamente, el tejido social”.
La percepción que tienen Chargoñia, Brenta y el resto de los denunciantes, al igual que organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, es la contraria. Cuando terminen de declarar todas las víctimas, la jueza deberá citar en calidad de indagados a los militares mencionados como responsables. En esa lista figurarían, además de Daners, los también marinos Alex Lebel, Jorge Juansolo y Juan Carlos Larcebeau, este último procesado con prisión en 2007 por 29 delitos de homicidio.
Al igual que está ocurriendo en otras investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad, se estima que los acusados solicitarían el archivo de las actuaciones alegando la prescripción de los delitos, así como la inconstitucionalidad de la ley que en 2011 los declaró imprescriptibles.
Obediencia indebida
Por otro lado, Chargoñia informó acerca de los últimos movimientos que hubo en otro expediente, en este caso el que procura establecer responsabilidades en el asesinato del militante comunista Álvaro Balbi, secuestrado por un grupo de tareas en julio de 1975 junto a otras siete personas y entregado en el Departamento de Inteligencia de la Policía. Allí fue torturado con el método del submarino hasta su muerte, tal como quedó demostrado en la reconstrucción histórica que una junta médica hizo de la autopsia, extremo ratificado en la sede por el médico forense Guido Berro.
En esta causa los imputados son el comisario Eduardo Telechea, el comisario Benítez, Enrique Navas, Ricardo Medina, José Sande Lima, Alen Castro y Beto Lemos, entre otros, según consta en el registro que lleva el Observatorio Luz Ibarburu. Semanas atrás Navas concurrió a declarar al Juzgado Penal de 7º Turno, a cargo de la jueza Beatriz Larrieu, oportunidad en la que reconoció que cumplía tareas de ubicación y captura de requeridos, y en la que habría afirmado que “es posible” que entre las detenciones que concretó se encontrara Balbi. Sin embargo, alegó desconocer el destino que tenían esas personas, ya que su función era entregarlas a las autoridades de Inteligencia, cuyos referentes eran Medina y Sande.
Las actuaciones entraron en un impasse luego de que otros imputados reclamaron el archivo, al amparo de la supuesta prescripción de los delitos.
Entre 1975 y 1979, Daners fue jefe de la Unidad de Instrucción -como S 1, la Sección Personal del Estado Mayor, y S 4 (ambas oficinas figuran en el plano con el Nº 48) Logística del Estado Mayor-, y entre 1979 y 1980 fue segundo comandante de ese mismo cuerpo.
Daners admitió que “lamentablemente ocurrieron circunstancias o hechos que, por supuesto, no son motivo de orgullo, pero también es cierto que eso no respondió a una conducta habitual institucional, sino a la de determinadas personas” y agregó que “yo no los justifiqué en su momento, no los justifico ahora ni los justificaré nunca”.
Días pasados, un grupo de 19 militantes del disuelto Grupo de Acción Unificadora (GAU) reclamó al actual comandante de la Armada, vicealmirante Tabaré Daners, “esclarecer los hechos más indignos de nuestra historia y que sabe muy bien”. Lo acusaban de conocer los mecanismos de tortura en dependencias de los Fusileros Navales en los años 1977 y 78 y que aún no reconoció públicamente.
Raúl Daguerre, de 52 años de edad, firmante de la carta pública, estuvo detenido en el Fusna, en los años en que el actual comandante Daners revestía en el Fusna.
En diálogo con LA REPUBLICA, señaló que en ninguno de los dos informes de la Armada “hay un reconocimiento explícito de la tortura aplicada en el Fusna y se sigue hablando solamente de apremios físicos”.
Recordó que “un grupo importante de integrantes del GAU estuvo en 1977 detenido en la base de los Fusileros Navales, y el comandante Daners era el responsable directo de la captura nuestra, conoce y tiene más datos de los que ya dijo”.
Daguerre fue detenido en noviembre de 1977 y recuerda al actual comandante. “Daners aparecía como juez sumariante, un eufemismo para designar al torturador que hacía la parte administrativa de los detenidos, por decirlo de alguna manera”.
Además, la unidad del Fusna “es lo suficientemente chica en materia de espacio como para que todo lo que ocurría allí adentro se oyera claramente”. “Así como nosotros escuchábamos los cánticos y gritos de la tropa en los entrenamientos, también la tropa escuchaba los gritos nuestros cuando se torturaba. Todo estaba limitado a pocos metros y es imposible que Daners o los médicos, odontólogos o enfermeros que participaban en todo eso, puedan negar lo que allí pasaba”.
“La situación que se dio en el Fusna a partir de 1975 o 76 se da en un encuadre de país distinto. La guerrilla urbana estaba derrotada y creo que la Armada uruguaya emuló a la argentina que en aquel momento estaba comandada por Massera y que tenía sus apetitos políticos. Operaron de manera orgánica. Todos recordamos lo que era la figura en aquellos años del comandante Márquez”, agregó. “Daners sabe mucho más de lo que ya dijo. Sería bueno también que la Marina abriera las puertas del destacamento de los Fusileros Navales, ubicado allí en la Aduana y la prensa dé cuenta de lo que son esas instalaciones”, afirmó.
Pero también Daners fue identificado por su actuación en el Fusna, entre otros, por el médico Raúl Lombardi, según testimonio publicado por Brecha.
Lombardi sostuvo que “el Fusna fue uno de los organismos represivos más activos de la dictadura militar, particularmente en la segunda mitad de la década del 70″. “Fue concebido, conformado y entrenado como un cuerpo de elite, emulando a los tristemente famosos parachutistes del ejército francés, que combatieron a los movimientos de liberación de Argelia”. “Este cuerpo ocupaba uno de los antiguos depósitos de la aduana. Estos edificios de tres pisos sirvieron simultáneamente como centro de torturas e interrogatorios, centro de detención ‘legal’ para aquellos detenidos a los que se les había levantado la incomunicación, y como cuartel y centro de entrenamiento, con todas las instalaciones castrenses de rigor, incluyendo servicio médico y odontológico”.
“Las paredes del celdario fueron construidas con bloques que demarcaban pequeñas habitaciones, con escasa iluminación artificial, que quedaba prendida día y noche, y que permanecían cerradas por la clásica puerta con mirilla. Esta estructura se encontraba en el corazón del edificio que alojaba a toda la dotación del cuerpo. En estas celdas permanecían recluidos los detenidos ‘legales’, que pasaban el día en un ‘patio’, que era como un gran galpón que ocupaba dos pisos de altura, con algunas aberturas que comunicaban con otras áreas del cuartel”.
“En el piso intermedio se encontraban las instalaciones donde se interrogaba bajo tortura a los detenidos de ambos sexos. Allí también eran alojados los detenidos incomunicados, algunos en celdas, otros atados a ganchos amurados en las paredes, siempre encapuchados, aun para comer. La capucha sólo se podía levantar en el baño, que tenía una pequeña banderola a través de la cual se oían conversaciones; luego supe que correspondían al patio de recreo. También en ese patio, en el que estuve algunas semanas atado a la pared, se oían las conversaciones de las compañeras no incomunicadas, matizadas con el ruido de una máquina de coser, conversaciones y ruidos que acortaron las horas de mis días de incomunicación y de silencio”.
“No era infrecuente oír los gritos de los detenidos mientras eran torturados”.
“Todo esto, y bastante más, ocurría en un mismo local, con una estructura básica de columnas y pisos, a la que se agregaban separaciones, a veces precarias y poco aislantes, con múltiples comunicaciones por ventanas y otras aberturas; recuérdese que originariamente estos edificios fueron depósitos aduaneros de mercaderías. Todo lo que allí ocurría era imposible entonces que fuera ignorado por quienes allí se encontraban”.
Más adelante, expuso sobre la función del juez sumariante.
Afirmó que “no formaba parte de la estructura de la llamada ‘justicia militar’” y que su función era “asegurar que las declaraciones arrancadas bajo ‘apremios ilegales’ se mantuvieran inalterables”.
“Es imposible, materialmente imposible en el contexto descrito, que cualquier integrante del Fusna (jueces sumariantes, médicos y odontólogos incluidos) ignorara lo que allí ocurría”, afirmó. *
El Muerto |||: Indagados por torturas en el FUSNA
El Muerto |||: 40 testimonios denuncias torturas en el FUSNA
FUSNA: El reino de la capucha
La lista de presos políticos que sufrieron torturas en las instalaciones del FUSNA durante la época en que Alex y Federico Lebel fungían dentro de su oficialidad es larga. Josefina Detta vivió esa pesadilla durante cinco años, y así los recuerda: "En el FUSNA, una de las cosas que va a ser constante es la venda. Cuando llego, vendada, el plantón fue el recibimiento: cinco días sin comer, sin poder ir al baño, parada. Cada vez que alguien entraba -y esto lo hacían muchas veces por día- gritaban ¡Atención! Y teníamos que levantarnos de inmediato, ponernos contra la pared, colocarnos la venda y esperar. La requisa era constante. En la noche siempre; a veces varias durante el día. No buscaban nada en particular, solo crear un clima de terror. Tiraban la ropa, rompían las cosas, desordenaban todo y luego lo teníamos que arreglar en cinco minutos... y vuelta a empezar. En esa pieza de diez por cinco nos tenían todo el día con la luz encendida. Nunca, nunca, nos dejaron salir al recreo. Y siempre esa luz prendida... Y en medio de todo esto, los gritos, el dolor, la desesperación de los compañeros torturados que nosotras escuchábamos. Días y días ese horror durante todos los años." (7)
Cristina Martínez, otra de las "inquilinas" de la cárcel de la Armada, recuerda: "Me van a buscar a mi trabajo. Fueron de civil. Me encapuchan, me introducen en un vehículo particular y me llevan a mi casa, donde hacen una requisa y de paso se llevan un montón de cosas. El viaje terminó en Prefectura donde estuve seis meses en interrogatorio, es decir, sometida a torturas. De allí pasé al FUSNA donde la represión fue aún más acentuada porque todo estaba instrumentado para agredirte a vos y a tu familia. Hay que imaginarse lo que significaba para nuestras familias el hecho de entrar a ese lugar y ver a los soldados armados y con capuchas y a nosotros custodiados por otros encapuchados, y a la vez con nuestras cabeza cubiertas también con capuchas. Los guardias tenían todos su propia capucha hecha con la misma tela de los uniformes; las nuestras estaban sucias. Todo ese entorno era tétrico. Como si fuera poco ese clima, muchas veces nos dejaban largo rato encapuchados ante nuestros familiares, como para acrecentar el terror. Querían hacer gala del dominio que tenían de la situación. Los familiares, sobre todo la primera vez que pasaban por esto, quedaban poseídos por una agustia indescritible. Eso era precisamente lo que buscaban crear: angustia, desazón. Era terrible." (8)
En carta publicada en la edición del semanario "Brecha" el 16.05.03, el periodista Carlos Casares recuerda como "convivió contra su voluntad" dos años con los hermanos Lebel en el cuartel del FUSNA: "Vendado, desnudo, golpeado y atado de pies y manos a la parrila de una cama hasta que el peso del cuerpo lastima y deja marcas que todavía se pueden leer en piernas y brazos." En esas condiciones, explica que no puede determinar si quien le interrogaba era Alex o Federico Lebel, pero sí puede afirmar que "en diciembre de 1973, a seis meses del golpe (ambos) fueron responsables de la detención y traslado de quien escribe, de mi compañera embarazada, de otro querido compañero y de un grupo de estudiantes de química, jóvenes luchadores contra la dictadura." Casares explica que "para quienes estuvimos en el FUSNA muy sin cuidado nos tiene descifrar los matices de quienes participaron con mando en la represión de aquellos años (...) todos participaron de la represión, todos tienen responsabilidad por acción u omisión." Y agrega: "no seré yo quien les perdone." En este sentido, hay que señalar que el ahora "socialista" Alex Lebel no sólo nunca pidió perdón por haber hecho lo que evidentemente hizo, sino que -como se ha visto- ni siquiera está dispuesto a hablar del tema: ni ante la prensa, ni ante la justicia. Casares finaliza su carta explicando que la escribe "recordando a compañeros tupamaros presos y torturados también en el FUSNA en el año 1973," recordando especialmente "el ensañamiento con Sixto Artigas, Alejandro Baroni y el marinero Senecio da Fonseca," y "porque los compañeros Raúl Sendic, Hugo Forné, Ulises Olalde, Ronald Scarzella y María Condenanza ya no pueden hacerlo."
En el FUSNA de los hermanos Lebel también estuvieron detenidos y fueron sistemáticamente torturados los tupamaros Gustavo Vilaró, Rosita Barreix, decenas de militantes de los Grupos de Acción Unificadora, del Partido Comunista y del Partido Comunista Revolucionario (Maoísta). Xenia Ité, la última compañera de Raúl Sendic, sufrió el FUSNA durante siete años, y así lo recuerda: "Desde que me detienen me encapuchan, durante todo ese tiempo no vimos nunca el sol y el día. (...) Durante todos esos años, los fusileros usaban capuchas, se presentaban ante nosotros encapuchados, a su vez nosotros estábamos obligados a encapucharnos cuando ellos entraban gritando '¡Atención!' Una vez, cuando me sacaron por un pasillo, pude vichar por debajo de la venda y de refilón pude leer carteles en las paredes que decían 'No dé nombres, no dé grados, el enemigo escucha.' Por eso es que ellos usaban permanentemente la capucha. En esas condiciones estuve siete años, hasta julio del 79, cuando nos trasladaron a todas las mujeres al Penal de Punta Rieles. (...) Cuando llegué al Penal, literlamente no veía más allá de mis narices, porque en el FUSNA, al usar tantos años siempre la venda, la capucha, habíamos perdido la distancia para mirar, porque lo máximo era la celda de pared a pared. Tuvimos que ejercitar mucho la vista, mucho, mucho. Tampoco sabía caminar, tropezaba en los recreos, tropezaba a cada rato porque en el FUSNA sólo podía caminar sobre un pedacito de monolítico. (...) A mí (Punta Rieles) me pareció un paraíso (...) podíamos gozar de 15 minutos de recreo y podíamos ver el sol y el cielo y el campo. 15 minutos después de 7 años de encierro absoluto era una cosa impresionante..." (9)
NUEVAS CAPUCHAS
El capitán de navío (R) Jorge Tróccoli sirvió en el FUSNA durante los mismos años en los que sirvieron los hermanos Lebel, y a pesar de que también se ponía la capucha cuando usaba la picana eléctrica, hace tiempo que al menos tuvo la valentía de reconocer que mientras estuvo allí torturó a los detenidos (10). Alex Lebel, en cambio, intenta borrar de un plumazo esa etapa de su vida, amparándose en el inciso G del artículo 6 de la Ley Nº 14.157 del 2 de febrero de 1974. Según esa ley de la dictadura, lo que hizo allí fue, es, y segurá siendo "secreto militar." Lebel sólo dice que lo que hizo, lo hizo "lo más profesionalmente posible". ¿Cómo se le pega a un detenido en forma "profesional"? ¿Cómo se aplica la picana eléctrica de acuerdo a los "parámetros democrático - republicanos"? ¿Alex Lebel ahora es bueno porque torturó sólo un poquito? Al parecer, a pesar de que el próximo 1º de marzo se cumplirán 20 años del retorno a la democracia, aún hay muchos que siguen usando la capucha. Alex Lebel, por ejemplo, ha puesto una gran capucha sobre su pasado. Pero también el senador Korzeniak y el Partido Socialista parecen haberse puesto sus capuchas para no enterarse del pasado de Lebel. Lo llevan de ciudad en ciudad y de mesa redonda en mesa redonda, para que hable de lo bueno que fue y de cómo deben organizarse unas Fuerzas Armadas realmente "profesionales."
¿Servirían unas Fuerzas Armadas "lo más profesionales posibles," que actuaran "dentro de los parámetros más próximos" a las "convicciones democrático republicanas"? Los militares realmente demócratas que se negaron a convertirse en violadores de los derechos humanos fueron excluídos de las Fuerzas Armadas. Los que no lograron escapar, sufrieron prisión y hasta tortura. El general Líber Seregni pasó el período de la dictadura en prisión, Alex Lebel, en cambio, fue continuamente ascendido durante todos esos años, y -curiosamente- no parece tener algo de qué arrepentirse. ¿Cómo es eso? ¿Alex Lebel "tenía coronita" y pudo sortear la dictadura sin ensuciarse las manos? ¿O es que la "coronita" se la ha puesto ahora el Partido Socialista? La Ley de Impunidad impide castigar a los violadores de los derechos humanos, pero eso no quiere decir que se deban "blanquear" sus pronturarios y proceder como si no hubiera pasado nada. Porque mal que les pese al senador Korseniak y a sus conmilitones: hay cosas que no se perdonan. -
Nota completa
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado