Bergara volvió a asumir como presidente del BCU luego de que en parte del gobierno de José Mujica se desempeñó como ministro de Economía tras la renuncia de Fernando Lorenzo a causa de su procesamiento sin prisión por el cierre de Pluna.
Este martes Bergara dijo que Uruguay “adaptó y flexibilizó” la normativa sobre secreto bancario, incrementó el intercambio de información tributaria, impuso el registro de accionistas de sociedades anónimas al portador, eliminó a todas las empresas que no registraron sus accionistas, y en 2017 se incorporará al esquema de intercambio automático de información tributaria.
En tal sentido, subrayó “el fortalecimiento” de los controles financieros realizados en los últimos diez años. “Si uno compara la evaluación del 2002 y 2006 con la del 2009, el resultado es el día y la noche”.
Al frente del combate al lavado de activos
Bergara aseguró que con las mejoras logradas en ambos períodos de gobierno del Frente Amplio, Uruguay encabeza el combate del lavado de activos. “Este tipo de delito requiere un seguimiento permanente”, en tal sentido, la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se realizará en 2019.El jerarca de la autoridad monetaria expresó que “el Uruguay plaza financiera de la década de 1980 que le vendía opacidad a la región “terminó, desapareció”.
“Ahora procuramos una inserción externa en base a la transparencia,
adaptándonos a los requerimientos del mundo y lo estamos logrando”,
resaltó Bergara.
>>>Demasiado tarde
http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/bergara-lavado-activos
>>>Contradicciones
Lavan dinero los narcotraficantes, los políticos
corruptos, los contrabandistas, los traficantes de armas. Utilizan
bancos, casas de cambio, cooperativas y empresas financieras para
esconder sus dólares sucios. Contratan escribanos para comprar casas,
edificios, autos, yates, campos, empresas, comercios. Pasa en Uruguay y
en todas partes del mundo.
Muchos países consideran que también lavan dinero quienes engañan al Estado para evadir impuestos. Como el narcotráfico o la corrupción, la evasión fiscal es delito precedente de lavado de dinero en Argentina y otros países, como exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde 2012.
En Uruguay, la defraudación tributaria es delito, pero no está vinculada al lavado de dinero. Por eso, los jueces pueden enviar a prisión al que “directamente o por interpuesta persona, procediera con engaño con el fin de obtener, para sí o para un tercero, un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a la percepción de sus tributos” (artículo 110 del Código Tributario). Pero los magistrados no pueden embargar ni incautar los bienes obtenidos gracias a la evasión, porque la defraudación tributaria no es delito precedente de lavado.
Esto, sumado al secreto bancario, lleva a que los evasores de la región encuentran en los bancos uruguayos un aliado para esconder sus fondos. “Uruguay tiene riesgos serios de lavado de activos provenientes de la evasión fiscal. Hemos sido la plaza regional para ese tipo de fondos”, reconoció Daniel Espinosa, gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, la unidad encargada de denunciar en la Justicia a los lavadores de dinero. “(Pero) el negocio basado en la opacidad fiscal se terminó”, advirtió Espinosa el miércoles en el Radisson Victoria Plaza Hotel durante una jornada de capacitación sobre cumplimiento de controles antilavado, organizada por BCS, una consultora especializada en el tema.
La idea de que el negocio para el país se terminó se debe a que GAFI inspeccionará a Uruguay en 2019 y el riesgo de caer en una lista gris por no cumplir con los requisitos establecidos es inmenso. “Lo que sentimos por las listas de GAFI es terror. Que Uruguay esté en una lista de GAFI sería desastroso”, expresó el miércoles Carlos Díaz, el secretario nacional antilavado.
Hoy, Ecuador está en una lista negra de GAFI, y Panamá, en una gris. “La principal amenaza que tiene la economía panameña en este momento es la lista gris del GAFI”, dijo en enero a la Agencia de Noticias Panamá el ministro de Economía panameño, Dulcidio de la Guardia.
“No vamos a ningún lado”
El secretario antilavado de Uruguay enumeró el miércoles los problemas que genera estar en una lista de GAFI: identificación como país de alto riesgo por lavado, afectación de la inversión y el grado de confianza en el país, aumento de los costos de operación, posible aumento de las tasas de interés, posible retiro de bancos de la plaza, y cierre de cuentas de nacionales en el extranjero.
El “terror” que siente Díaz se fundamenta en dos motivos. En primer lugar, el Parlamento debe incluir en los próximos dos años el delito fiscal como delito precedente de lavado, como exige GAFI. “Hay que hacerlo, si no la evaluación (en 2019) será negativa”, aseguró Díaz.
Esto implica que los contadores también pasarán a ser “sujetos obligados” ante el Banco Central, por lo que deberán presentar Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado (ROS). Hoy están obligados a presentar ROS los escribanos y los agentes inmobiliarios, entre otros. Sin embargo, la respuesta de estos profesionales no conforma a las autoridades. Ese es el segundo motivo que genera “terror” en el secretario nacional antilavado.
El año pasado, la UIAF del Banco Central recibió 286 ROS, la mayoría presentados por bancos. Los escribanos solo presentaron dos; del sector inmobiliario, uno; administradores de sociedades, tres; y un vendedor de metales preciosos, una. Estos reportes permiten que la UIAF investigue los casos sospechosos e informe a la Justicia aquellos que parezcan delictivos. Sin reportes de los sujetos obligados, no hay investigación posible.
Al secretario antilavado le sorprendió la baja cantidad de reportes de escribanos e inmobiliarias en 2014. “Con esto no vamos a ningún lado. Si fuéramos a preparatorio y diéramos el examen, nos dirían: ‘Volvé en febrero’”, dijo Díaz en referencia a la futura inspección de GAFI.
GAFI exige desde 2012 que los países no solo tengan una normativa adecuada (con el delito fiscal como precedente de lavado), sino que los controles efectivamente se realicen.
El Ministerio de Economía sancionó en febrero al escribano y al agente inmobiliario que participaron en la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, por incumplir con “los requisitos de debida diligencia que estaban obligados a observar a efectos del debido conocimiento de sus clientes, del beneficiario final y del origen de los fondos empleados en la transacción”. El campo fue comprado por una sociedad anónima presidida por el contador de Lázaro Báez, empresario kirchnerista indagado en Argentina por evasión fiscal y lavado de dinero. “Las sanciones impuestas en el caso procuran desestimular este tipo de transacciones sin contar con la debida información de los clientes, revistiendo el carácter disuasivo que recomiendan los estándares internacionales”, expresa la resolución del ministerio.
Otro de los expositores durante la jornada de capacitación, Ricardo Gil Iribarne, director de proyectos de Gafilat (GAFI Latinoamérica) también advirtió sobre la necesidad de ser efectivos en los controles. “Esto se mide con gente presa, bienes decomisados, organizaciones desmanteladas, porque estamos hablando de delitos”, explicó.
Cooperativas, fútbol, política
El secretario antilavado puntualizó el miércoles las prioridades para mejorar los controles y evitar la sanción internacional. Además de incluir el delito tributario como precedente de lavado, Díaz destacó la necesidad de “revisar si la Auditoría Interna de la Nación (AIN) es el organismo idóneo para controlar” a las cooperativas y las sociedades anónimas.
Uno de los casos más emblemáticos de lavado de dinero en Uruguay, por el que fue procesado el año pasado el contratista deportivo Sergio Hermida, dueño del cambio Shernu, reveló la falta de capacidad de la AIN para controlar a las cooperativas. Hermida invirtió parte del dinero que recibió del narcotráfico peruano en dos cooperativas que comparten domicilio y la mayor parte del directorio: Cooperativa de Previsión Social (CPS) y Cooperativa de Promoción y Bienestar (Cooprobien). El juez Néstor Valetti decomisó bienes y embargó los fondos que recibía de CPS.
El secretario antilavado también apuntó a otro sector que seduce a los lavadores de dinero: las organizaciones sin fines de lucro. Díaz considera que estas organizaciones deben ser “sujetos obligados” ante el Banco Central a la hora de presentar ROS. “Hablamos de los clubes de fútbol, las iglesias y los partidos políticos”, aseguró.
Nicolás Delgado @nicodelgado13 - 20.04.2015,
En diciembre del año pasado, el Banco Central (BCU) evaluó al Banco República (BROU) en el cumplimiento de los controles antilavado. “El BCU nos hizo unas cuantas observaciones. Pero el énfasis lo puso en que faltaban acciones concretas de la dirección (del banco) para que los procedimientos y las políticas dispuestas por la Unidad de Prevención de Lavado de Activos fueran efectivamente puestas en práctica por el resto de la organización. Fue un cuestionamiento a la dirección, no tanto a la Unidad de Prevención de Lavado de Activos”, dijo el miércoles Andrés Carriquiry, gerente ejecutivo de la unidad antilavado del banco.
“Eso logró que la dirección dijera: ‘¡Epa! ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tenemos que hacer?’. Y volvió ese mensaje firme desde la cabeza (del banco), que está apoyando fuertemente las tareas de prevención”, expresó Carriquiry. “¿Cuál es el principal mal que tenemos nosotros? Lo más complicado es que todos los funcionarios del banco cumplan con los procedimientos (antilavado). La única forma de lograr eso es con un mensaje clarísimo de la dirección. Hay que mandar mensajes concretos. Que la organización sepa, desde la cabeza hacia abajo, que es un tema prioritario”, agregó Carriquiry en la jornada de capacitación sobre cumplimiento de controles antilavado, organizada por BCS, una consultora especializada en el tema. El BROU tiene 140 sucursales en todo el país. “El compromiso de los gerentes de las sucursales es mucho menor al que pretendemos”, reconoció Carriquiry.
“Hay cuatro personas (en el BROU) que están permanentemente viajando de dependencia en dependencia por el interior para explicarles qué riesgos corren (los gerentes), porque normalmente los tipos no saben que corren riesgo penal. No lo tienen totalmente presente. Podés ir preso por eso. Mañana, cuando el juez pregunte, le vamos a decir: ‘Hable con el gerente’”, aseguró, en una conferencia titulada Los principales desafíos para los oficiales de cumplimiento.
Por su parte, la oficial de cumplimiento del banco Hapoalim, María Pilar Pedrazzini, aseguró que el BCU también apuntó a la dirección del banco para exigir los controles. “El BCU siente que si no queda claro que el mensaje es para la dirección, se pierde. En nuestro caso, el BCU hizo hincapié en que la debilidad no era del oficial de cumplimiento sino del equipo directivo”, explicó Pedrazzini, que expuso sobre el tema.
Bancos, principales lavaderos
Ricardo Gil Iribarne, director de Proyectos del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), aseguró que “el sector financiero en el mundo y en Uruguay sigue siendo un sector clave para el lavado”.
“Vean cuáles son los casos recientes y grandes (de lavado de dinero) en el mundo: todos bancos”, expresó. Luego recordó –sin mencionar al banco ni al narcotraficante– un allanamiento al Royal Bank of Canada (RBC) en el que participó en 2008. Una sociedad anónima de un ciudadano colombiano procesado por narcotráfico había transferido US$ 2 millones por ese banco para comprar una estancia en Salto, donde aterrizaban las avionetas con cocaína. Cuando Gil Iribarne, que en ese momento era la jerarquía nacional antilavado, pidió al banco información sobre el colombiano, los ejecutivos no tenían nada. Los controles antilavado evidentemente no se habían cumplido. “Hay problemas serios”, concluyó Gil Iribarne entonces. El colombiano, Gustavo Durán Bautista, preso en el penal de Libertad desde 2007, quedó libre días atrás, pero será extraditado a España, donde es investigado por lavado de dinero, informó El País.
Los inconvenientes con los bancos no son exclusivos de Uruguay. El 10 de marzo, las autoridades de Andorra intervinieron la Banca Privada D’Andorra luego de que Estados Unidos advirtiera que ese banco es “una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”. Inmediatamente, el Banco de España intervino el Banco de Madrid, controlado por BPA.
A su vez, el banco HSBC de Suiza fue denunciado por la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina por proteger US$ 3.500 millones de ciudadanos o empresas argentinas que evadían así sus impuestos.
Ricardo Gil Iribarne junto a Carlos Díaz
>>>A modo de ejemplo
>>>Demasiado tarde
>>>Contradicciones
Muchos países consideran que también lavan dinero quienes engañan al Estado para evadir impuestos. Como el narcotráfico o la corrupción, la evasión fiscal es delito precedente de lavado de dinero en Argentina y otros países, como exige el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde 2012.
En Uruguay, la defraudación tributaria es delito, pero no está vinculada al lavado de dinero. Por eso, los jueces pueden enviar a prisión al que “directamente o por interpuesta persona, procediera con engaño con el fin de obtener, para sí o para un tercero, un provecho indebido a expensas de los derechos del Estado a la percepción de sus tributos” (artículo 110 del Código Tributario). Pero los magistrados no pueden embargar ni incautar los bienes obtenidos gracias a la evasión, porque la defraudación tributaria no es delito precedente de lavado.
Esto, sumado al secreto bancario, lleva a que los evasores de la región encuentran en los bancos uruguayos un aliado para esconder sus fondos. “Uruguay tiene riesgos serios de lavado de activos provenientes de la evasión fiscal. Hemos sido la plaza regional para ese tipo de fondos”, reconoció Daniel Espinosa, gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, la unidad encargada de denunciar en la Justicia a los lavadores de dinero. “(Pero) el negocio basado en la opacidad fiscal se terminó”, advirtió Espinosa el miércoles en el Radisson Victoria Plaza Hotel durante una jornada de capacitación sobre cumplimiento de controles antilavado, organizada por BCS, una consultora especializada en el tema.
La idea de que el negocio para el país se terminó se debe a que GAFI inspeccionará a Uruguay en 2019 y el riesgo de caer en una lista gris por no cumplir con los requisitos establecidos es inmenso. “Lo que sentimos por las listas de GAFI es terror. Que Uruguay esté en una lista de GAFI sería desastroso”, expresó el miércoles Carlos Díaz, el secretario nacional antilavado.
Hoy, Ecuador está en una lista negra de GAFI, y Panamá, en una gris. “La principal amenaza que tiene la economía panameña en este momento es la lista gris del GAFI”, dijo en enero a la Agencia de Noticias Panamá el ministro de Economía panameño, Dulcidio de la Guardia.
“No vamos a ningún lado”
El secretario antilavado de Uruguay enumeró el miércoles los problemas que genera estar en una lista de GAFI: identificación como país de alto riesgo por lavado, afectación de la inversión y el grado de confianza en el país, aumento de los costos de operación, posible aumento de las tasas de interés, posible retiro de bancos de la plaza, y cierre de cuentas de nacionales en el extranjero.
El “terror” que siente Díaz se fundamenta en dos motivos. En primer lugar, el Parlamento debe incluir en los próximos dos años el delito fiscal como delito precedente de lavado, como exige GAFI. “Hay que hacerlo, si no la evaluación (en 2019) será negativa”, aseguró Díaz.
Esto implica que los contadores también pasarán a ser “sujetos obligados” ante el Banco Central, por lo que deberán presentar Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado (ROS). Hoy están obligados a presentar ROS los escribanos y los agentes inmobiliarios, entre otros. Sin embargo, la respuesta de estos profesionales no conforma a las autoridades. Ese es el segundo motivo que genera “terror” en el secretario nacional antilavado.
El año pasado, la UIAF del Banco Central recibió 286 ROS, la mayoría presentados por bancos. Los escribanos solo presentaron dos; del sector inmobiliario, uno; administradores de sociedades, tres; y un vendedor de metales preciosos, una. Estos reportes permiten que la UIAF investigue los casos sospechosos e informe a la Justicia aquellos que parezcan delictivos. Sin reportes de los sujetos obligados, no hay investigación posible.
Al secretario antilavado le sorprendió la baja cantidad de reportes de escribanos e inmobiliarias en 2014. “Con esto no vamos a ningún lado. Si fuéramos a preparatorio y diéramos el examen, nos dirían: ‘Volvé en febrero’”, dijo Díaz en referencia a la futura inspección de GAFI.
GAFI exige desde 2012 que los países no solo tengan una normativa adecuada (con el delito fiscal como precedente de lavado), sino que los controles efectivamente se realicen.
El Ministerio de Economía sancionó en febrero al escribano y al agente inmobiliario que participaron en la compra del campo El Entrevero, en José Ignacio, por incumplir con “los requisitos de debida diligencia que estaban obligados a observar a efectos del debido conocimiento de sus clientes, del beneficiario final y del origen de los fondos empleados en la transacción”. El campo fue comprado por una sociedad anónima presidida por el contador de Lázaro Báez, empresario kirchnerista indagado en Argentina por evasión fiscal y lavado de dinero. “Las sanciones impuestas en el caso procuran desestimular este tipo de transacciones sin contar con la debida información de los clientes, revistiendo el carácter disuasivo que recomiendan los estándares internacionales”, expresa la resolución del ministerio.
Otro de los expositores durante la jornada de capacitación, Ricardo Gil Iribarne, director de proyectos de Gafilat (GAFI Latinoamérica) también advirtió sobre la necesidad de ser efectivos en los controles. “Esto se mide con gente presa, bienes decomisados, organizaciones desmanteladas, porque estamos hablando de delitos”, explicó.
Cooperativas, fútbol, política
El secretario antilavado puntualizó el miércoles las prioridades para mejorar los controles y evitar la sanción internacional. Además de incluir el delito tributario como precedente de lavado, Díaz destacó la necesidad de “revisar si la Auditoría Interna de la Nación (AIN) es el organismo idóneo para controlar” a las cooperativas y las sociedades anónimas.
Uno de los casos más emblemáticos de lavado de dinero en Uruguay, por el que fue procesado el año pasado el contratista deportivo Sergio Hermida, dueño del cambio Shernu, reveló la falta de capacidad de la AIN para controlar a las cooperativas. Hermida invirtió parte del dinero que recibió del narcotráfico peruano en dos cooperativas que comparten domicilio y la mayor parte del directorio: Cooperativa de Previsión Social (CPS) y Cooperativa de Promoción y Bienestar (Cooprobien). El juez Néstor Valetti decomisó bienes y embargó los fondos que recibía de CPS.
El secretario antilavado también apuntó a otro sector que seduce a los lavadores de dinero: las organizaciones sin fines de lucro. Díaz considera que estas organizaciones deben ser “sujetos obligados” ante el Banco Central a la hora de presentar ROS. “Hablamos de los clubes de fútbol, las iglesias y los partidos políticos”, aseguró.
En diciembre del año pasado, el Banco Central (BCU) evaluó al Banco República (BROU) en el cumplimiento de los controles antilavado. “El BCU nos hizo unas cuantas observaciones. Pero el énfasis lo puso en que faltaban acciones concretas de la dirección (del banco) para que los procedimientos y las políticas dispuestas por la Unidad de Prevención de Lavado de Activos fueran efectivamente puestas en práctica por el resto de la organización. Fue un cuestionamiento a la dirección, no tanto a la Unidad de Prevención de Lavado de Activos”, dijo el miércoles Andrés Carriquiry, gerente ejecutivo de la unidad antilavado del banco.
“Eso logró que la dirección dijera: ‘¡Epa! ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tenemos que hacer?’. Y volvió ese mensaje firme desde la cabeza (del banco), que está apoyando fuertemente las tareas de prevención”, expresó Carriquiry. “¿Cuál es el principal mal que tenemos nosotros? Lo más complicado es que todos los funcionarios del banco cumplan con los procedimientos (antilavado). La única forma de lograr eso es con un mensaje clarísimo de la dirección. Hay que mandar mensajes concretos. Que la organización sepa, desde la cabeza hacia abajo, que es un tema prioritario”, agregó Carriquiry en la jornada de capacitación sobre cumplimiento de controles antilavado, organizada por BCS, una consultora especializada en el tema. El BROU tiene 140 sucursales en todo el país. “El compromiso de los gerentes de las sucursales es mucho menor al que pretendemos”, reconoció Carriquiry.
“Hay cuatro personas (en el BROU) que están permanentemente viajando de dependencia en dependencia por el interior para explicarles qué riesgos corren (los gerentes), porque normalmente los tipos no saben que corren riesgo penal. No lo tienen totalmente presente. Podés ir preso por eso. Mañana, cuando el juez pregunte, le vamos a decir: ‘Hable con el gerente’”, aseguró, en una conferencia titulada Los principales desafíos para los oficiales de cumplimiento.
Por su parte, la oficial de cumplimiento del banco Hapoalim, María Pilar Pedrazzini, aseguró que el BCU también apuntó a la dirección del banco para exigir los controles. “El BCU siente que si no queda claro que el mensaje es para la dirección, se pierde. En nuestro caso, el BCU hizo hincapié en que la debilidad no era del oficial de cumplimiento sino del equipo directivo”, explicó Pedrazzini, que expuso sobre el tema.
Bancos, principales lavaderos
Ricardo Gil Iribarne, director de Proyectos del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat), aseguró que “el sector financiero en el mundo y en Uruguay sigue siendo un sector clave para el lavado”.
“Vean cuáles son los casos recientes y grandes (de lavado de dinero) en el mundo: todos bancos”, expresó. Luego recordó –sin mencionar al banco ni al narcotraficante– un allanamiento al Royal Bank of Canada (RBC) en el que participó en 2008. Una sociedad anónima de un ciudadano colombiano procesado por narcotráfico había transferido US$ 2 millones por ese banco para comprar una estancia en Salto, donde aterrizaban las avionetas con cocaína. Cuando Gil Iribarne, que en ese momento era la jerarquía nacional antilavado, pidió al banco información sobre el colombiano, los ejecutivos no tenían nada. Los controles antilavado evidentemente no se habían cumplido. “Hay problemas serios”, concluyó Gil Iribarne entonces. El colombiano, Gustavo Durán Bautista, preso en el penal de Libertad desde 2007, quedó libre días atrás, pero será extraditado a España, donde es investigado por lavado de dinero, informó El País.
Los inconvenientes con los bancos no son exclusivos de Uruguay. El 10 de marzo, las autoridades de Andorra intervinieron la Banca Privada D’Andorra luego de que Estados Unidos advirtiera que ese banco es “una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales”. Inmediatamente, el Banco de España intervino el Banco de Madrid, controlado por BPA.
A su vez, el banco HSBC de Suiza fue denunciado por la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina por proteger US$ 3.500 millones de ciudadanos o empresas argentinas que evadían así sus impuestos.
- Un juzgado especializado en 'crimen organizado' ha abierto una investigación
- Ruz le da 3 días a Bárcenas para que informe de bienes a su nombre
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el 'caso
Gürtel', ha librado una comisión rogatoria a Uruguay para que le
confirme de forma oficial si, tal y como le ha señalado Interpol, un
juzgado de dicho país especializado en "crimen organizado" ha abierto
una investigación "reservada" sobre el extesorero del Partido Popular
(PP) Luis Bárcenas.
Solicita asimismo el bloqueo de todas las cuentas del ex tesorero en dicho país sudamericano y también las abiertas a nombre de la sociedad Tesedul, han informado fuentes jurídicas.
En el auto dictado este martes, Ruz justifica su decisión en las transferencias que, según la investigación, el ex tesorero ha venido realizando desde que estalló el caso en 2009.
Entre ellas, las efectuadas desde la cuenta número 505070 del Lombard Odier en Suiza a nombre de la sociedad vinculada a Bárcenas Tesedul S.A. el 18 de abril y el 11 de mayo de 2011 por sendos importes de 400.000 euros al Discount Bank de Montevideo.
Estos hechos, según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, pueden ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública -cohecho-, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales.
Según el oficio remitido al juez por el Ministerio del Interior, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal especializado en crimen organizado de Primer turno "está conduciendo una investigación en relación a Luis Bárcenas".
"El expediente ha sido catalogado por el Juzgado como reservado, requiriendo la petición vía judicial para el conocimiento de dichas actuaciones, así como de otra información", dice el oficio entregado al magistrado.
En su auto, el juez Ruz pide concretamente información de la investigación que, en relación con Luis Bárcenas, se estuviera realizando en Uruguay "con expresa referencia a los hechos y personas objeto de aquélla".
Uruguay es uno de los países donde el ex tesorero del PP cuenta con activos. La Agencia Tributaria comunicó a Ruz en un informe remitido en junio que Bárcenas podía "ser titular" de cuentas en la capital, Montevideo, además de en Estados Unidos y Nassau (Bahamas). Ruz ha cursado comisiones rogatorias a un total de 21 países para instruir esta causa.
En la diligencia, firmada por la secretaria del Juzgado de Pablo Ruz, se constata que ha concluido el plazo sin que Bárcenas haya hecho frente a la fianza, dirigida a hacer frente a las responsabilidades económicas en las que podría incurrir si es condenado.
Por ello, se requiere a Bárcenas para que en el plazo de tres días señale patrimonio a su nombre suficientes para cubrir los 43,2 millones fijados y, paralelamente, se interesa a la Oficina de Averiguación Patrimonial, a través de punto neutro judicial (petición telemática) la información correspondiente a sus bienes.
El pasado viernes, Ruz rechazó el curso de reforma en el que la defensa del exsenador popular reprochaba al magistrado un afán de lucro "indebido y desmedido" por la imposición de un recargo de un 25% de la cantidad defraudada en concepto de intereses.
En su auto, el juez Central de Instrucción número 5 rechazaba todas las alegaciones de la defensa, negando la prescripción de los delitos fiscales imputados a Bárcenas y también la improcedencia de la cantidad correspondiente a 2006, que se le impone como cooperador necesario en el delito fiscal de su esposa, la también imputada en la causa Rosalía Iglesias.
El magistrado rechazaba asimismo acceder a la reducción de la fianza solicitada, lo que había sido solicitado por la defensa de Bárcenas con carácter subsidiario.
Respecto del recargo por intereses, explicaba que se había limitado a hacer suyo el cálculo provisional y cautelar efectuado por Hacienda para la fijación de la fianza, y que responde a los intereses de "asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva puedan declararse competentes".
Solicita asimismo el bloqueo de todas las cuentas del ex tesorero en dicho país sudamericano y también las abiertas a nombre de la sociedad Tesedul, han informado fuentes jurídicas.
En el auto dictado este martes, Ruz justifica su decisión en las transferencias que, según la investigación, el ex tesorero ha venido realizando desde que estalló el caso en 2009.
Entre ellas, las efectuadas desde la cuenta número 505070 del Lombard Odier en Suiza a nombre de la sociedad vinculada a Bárcenas Tesedul S.A. el 18 de abril y el 11 de mayo de 2011 por sendos importes de 400.000 euros al Discount Bank de Montevideo.
Estos hechos, según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, pueden ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública -cohecho-, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales.
Según el oficio remitido al juez por el Ministerio del Interior, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal especializado en crimen organizado de Primer turno "está conduciendo una investigación en relación a Luis Bárcenas".
"El expediente ha sido catalogado por el Juzgado como reservado, requiriendo la petición vía judicial para el conocimiento de dichas actuaciones, así como de otra información", dice el oficio entregado al magistrado.
En su auto, el juez Ruz pide concretamente información de la investigación que, en relación con Luis Bárcenas, se estuviera realizando en Uruguay "con expresa referencia a los hechos y personas objeto de aquélla".
Documentación requerida
Además, ordena proceder al blanqueo de las cuentas abiertas a nombre de Bárcenas o de la sociedad Tesedul recabando de las mismas la información sobre titulares, apoderados y beneficiario último, préstamos e hipotecas, información de cajas de seguridad, certificados de depósito y certificados del mercado de dinero, bonos del Tesoro, tarjetas de crédito o débito, compras de cheques bancarios, estracto de movimientos y toda la correspondencia con las personas y entidades señaladas.Uruguay es uno de los países donde el ex tesorero del PP cuenta con activos. La Agencia Tributaria comunicó a Ruz en un informe remitido en junio que Bárcenas podía "ser titular" de cuentas en la capital, Montevideo, además de en Estados Unidos y Nassau (Bahamas). Ruz ha cursado comisiones rogatorias a un total de 21 países para instruir esta causa.
Embargo
Además, el juzgado ha dictado este martes una diligencia de ordenación dirigida a iniciar los trámites necesarios para embargar al ex tesorero del PP los bienes que sean necesarios para cubrir la fianza de 43,2 millones de euros que le impuso en concepto de responsabilidad civil.En la diligencia, firmada por la secretaria del Juzgado de Pablo Ruz, se constata que ha concluido el plazo sin que Bárcenas haya hecho frente a la fianza, dirigida a hacer frente a las responsabilidades económicas en las que podría incurrir si es condenado.
Por ello, se requiere a Bárcenas para que en el plazo de tres días señale patrimonio a su nombre suficientes para cubrir los 43,2 millones fijados y, paralelamente, se interesa a la Oficina de Averiguación Patrimonial, a través de punto neutro judicial (petición telemática) la información correspondiente a sus bienes.
El pasado viernes, Ruz rechazó el curso de reforma en el que la defensa del exsenador popular reprochaba al magistrado un afán de lucro "indebido y desmedido" por la imposición de un recargo de un 25% de la cantidad defraudada en concepto de intereses.
En su auto, el juez Central de Instrucción número 5 rechazaba todas las alegaciones de la defensa, negando la prescripción de los delitos fiscales imputados a Bárcenas y también la improcedencia de la cantidad correspondiente a 2006, que se le impone como cooperador necesario en el delito fiscal de su esposa, la también imputada en la causa Rosalía Iglesias.
El magistrado rechazaba asimismo acceder a la reducción de la fianza solicitada, lo que había sido solicitado por la defensa de Bárcenas con carácter subsidiario.
Respecto del recargo por intereses, explicaba que se había limitado a hacer suyo el cálculo provisional y cautelar efectuado por Hacienda para la fijación de la fianza, y que responde a los intereses de "asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva puedan declararse competentes".
0 comentarios:
Publicar un comentario
No ponga reclame, será borrado