La "nueva"estrategia americana
"Estados Unidos es parte de la gran familia de América y enfrentamos
desafíos comunes como el terrorismo, el tráfico de drogas, la ayuda
humanitaria en los desastres, el proteger derechos marítimos y todo eso
demanda estar juntos para poder atender esos desafíos"
Centroamérica se remilitariza para la “guerra contra la droga” impuesta por Washington
Los verdaderos objetivos serían un reposicionamiento político-militar, la explotación de los recursos naturales y la represión social
El 7
de agosto de 1987, la firma del “Acuerdo de Esquipulas II” por parte de los presidentes
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica marcó el inicio de
un proceso que llevó al fin de los conflictos armados internos. Las guerras civiles
centroamericanas acontecieron en el marco de la Guerra Fría y dejaron un saldo
de centenares de miles de víctimas en la región.
Firma del Acuerdo de Esquipulas
Firma del Acuerdo de Esquipulas
Ese
histórico evento no sólo mostró, por primera vez, un distanciamiento
de los gobiernos centroamericanos de las políticas guerreristas de las dos
superpotencias de entonces - Estados Unidos y Unión Soviética -, sino que
despejó el camino para la pacificación y la desmilitarización de Centroamérica,
por medio de una reducción drástica de las fuerzas militares y de armamento. (Primera entrega)
Veinticinco años después, esa misma región está siendo sacudida por una ola de violencia sin precedentes. El avance del crimen organizado relacionado con el narcotráfico, asociado con los altos índices de pobreza que afectan a la gran mayoría de la población, han convertido los países centroamericanos en corredores de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
En muchos casos, las instituciones han sido permeadas
por los cárteles de la droga y las bandas criminales, mermando de manera
significativa la ya débil institucionalidad democrática que, con dificultad, se
había venido construyendo en la posguerra.
Una
situación muy complicada sobre todo para los países del Triángulo Norte -
Guatemala, El Salvador y Honduras - que han alcanzado índices de violencia y
criminalidad entre los más altos a nivel mundial y una tasa de homicidios que
supera la de varios países en guerra.
Según William Brownfield, secretario de Estado adjunto para Asuntos
Internacionales de Narcóticos, hoy en día la amenaza más grande para Estados
Unidos se ha mudado a Centroamérica,”donde los traficantes y las pandillas
criminales facilitan el flujo de hasta el 95% de toda la cocaína que llega” a territorio
norteamericano”. El departamento de Estados Unidos asegura que más del 70% por
ciento de esta cantidad transita por Honduras.
Ante este escenario preocupante y con el objetivo declarado de combatir los
daños causados por la narcoactividad, Estados Unidos ha vuelto nuevamente su mirada hacia
Centroamérica. Por un lado ha fomentado e impulsado su presencia militar, el
trabajo de inteligencia, la capacitación de las fuerzas de seguridad nacionales,
por el otro ha implementado las técnicas y tecnología militar de punta
aplicadas a nuevas tácticas de guerra.
Militares en las comunidades de Bajo Aguán, en Honduras, recientemente escenario de matanzas de campesinos, periodistas y violación de Derechos Humanos
Los principales instrumentos de esta nueva estrategia “guerrerista”
han sido la
Asociación de Seguridad Ciudadana de América Central, lanzada por el presidente
Barack Obama en 2011 durante su visita a El Salvador, y la CARSI (Iniciativa
Regional de Seguridad para América Central), la versión centroamericana de la
Iniciativa Mérida y del Plan Colombia.
De
hecho, se trata de la principal estructura de aplicación y financiación de
Estados Unidos en la región, con la que pretende coordinar los países centroamericanos
con instituciones financieras internacionales, el sector privado, la sociedad
civil y el SICA (Sistema de Integración Centroamericana), “para formar,
profesionalizar y dotar a las fuerzas de seguridad de los Estados”, así como
apoyar en el combate directo a la narcoactividad, subraya Brownfield.
Julissa Reynoso actual embajadora de EEUU en Uruguay
Remilitarización
Durante su visita a Honduras en marzo del año en
curso, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, acompañado
por el director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad
Nacional, Dan Restrepo, dijo que, pese a la crisis económica, su país iba a
mantener los compromisos asumidos con la región.
Según datos del Departamento de Estado, entre 2008 y
2012, la ayuda financiera anual que Washington ha destinado a la región
centroamericana para la lucha contra el narcotráfico ha aumentado del 75%,
alcanzando un total de 496 millones de dólares. Para el 2013, la administración
Obama ha solicitado al Congreso la aprobación de una nueva partida de 107 millones.
Un informe del SIPRI (Instituto Internacional de
Investigación de la Paz) evidencia que, en 2011, Centroamérica y el Caribe totalizaron
un gasto militar conjunto de 7 mil millones de dólares, un 2.7% más que el año anterior.
El tercer país con mayor incremento fue Guatemala con un 7.1%. A la cabeza de
los países que más invierten en el sector bélico en el mundo continúan los Estados
Unidos, con 711 billones en 2011.
Guatemala, con el apoyo económico y técnico de
Estados Unidos, creará una fuerza militar para combatir el narcotráfico en el
Océano Pacífico y en la región de San Marcos, fronteriza con México. Lo mismo está
haciendo Honduras con la creación de la nueva fuerza de seguridad Tigres (Tropas de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de
Seguridad). Mientras tanto, los gobiernos del Triángulo Norte, en coordinación
con el gobierno norteamericano y la participación de otros países de América
Latina y Europa, lanzaron la “Operación Martillo”, un esfuerzo multinacional que forma
parte de la nueva estrategia de seguridad regional del gobierno norteamericano
y de la CARSI, para combatir el crimen organizado trasnacional.
"Operación Martillo" presuntamente para combatir el narco-tráfico en Guatemala
"Operación Martillo" presuntamente para combatir el narco-tráfico en Guatemala
El Instituto Internacional para Estudios
Estratégicos (International Institute for Strategic Studies) registró que,
entre los años 2009 y 2010, hubo un incremento de casi dos mil efectivos en las
fuerzas militares de Guatemala y El Salvador, y lo mismo espera hacer Honduras
en los próximos años. Dicho incremento fue menor en el resto de países de la
región.
De la misma manera, el Atlas Comparativo de la
Defensa en América Latina y Caribe (2010), elaborado por la RESDAL (Red de
Seguridad y Defensa de América Latina), evidencia que, del 2006 al 2010, El
Salvador experimentó un incremento de casi un 20% en su presupuesto de defensa,
Guatemala lo hizo en casi el 16%, Nicaragua en un 9%, mientras que el aumento
en Honduras fue del 64%.
En el caso particular de Honduras, durante el 2011,
el Péntagono incrementó su gasto militar en el país de un 71% con respecto al
año anterior. Pese a la grave crisis económica, político-institucional y social
que embistió a Honduras desde el golpe de Estado del 2009 y a las repetidas denuncias
de corrupción, violación a los derechos humanos y colusión con el crímen
organizado dirigidas a la Polícia Nacional, Estados Unidos aportó 53.8 millones
de dólares y tiene previsto continuar con sus programas.
Aunque sin contar con ejército - pero sí con fuerzas
de seguridad fuertemente militarizadas - Panamá y Costa Rica no se quedaron atrás
en esta carrera armamentista. Según Roberto Cajina, miembro de la Junta Directiva de RESDAL, ese proceso de remilitarización se expresa de
diferentes formas, como por ejemplo, con la adquisición de nuevo armamento
aéreo, naval y de tierra, pero también a través de la masiva
presencia de efectivos militares y medios navales, terrestres y aéreos
estadounidenses, a solicitud de las instituciones del Estado, como es el caso
de Costa Rica.
La militarización de Costa Rica: el narco tráfico como excusa
En 2010, el Congreso de Costa Rica autorizó la llegada de 46 buques de
guerra y de siete mil tropas estadounidenses a las costas costarricenses para
realizar operaciones militares, misiones antinarcóticos y supuestas acciones
humanitarias en la región. En julio del año en curso, los diputados autorizaron
el ingreso, atraque, desembarque y
permanencia en aguas territoriales del buque de guerra USS Elrod.
Nicaragua mantuvo un bajo perfil y una escasa
información acerca de la gestión y uso de su presupuesto anual, así como de la
inversión militar ejecutado. Sin embargo, gracias al apoyo del gobierno
sandinista y de sus diputados, logró importantes modificaciones a su base jurídica mediante la aprobación de leyes
que le otorgan importantes cuotas de poder y nuevos y mayores espacios de autonomía.
46 buques de guerra llegaron a Costa Rica (casulamente el día del terremoto) ver El Muerto
46 buques de guerra llegaron a Costa Rica (casulamente el día del terremoto) ver El Muerto
Militarización de la seguridad pública
Otro elemento destacado por Cajina es la acrecentada participación de los ejércitos en la susodicha ‘guerra
contra las drogas’, la cual “está conduciendo a la militarización de las
policías y la ‘policialización’ de los ejércitos”. En efecto, en los países del
Triángulo Norte se ha legislado para que los militares cumplan tareas de órden
público. “Poco a poco va desapareciendo
la delgada línea roja que separa Defensa Nacional y Seguridad Púbica, una
amenaza emergente real a los endebles procesos de construcción de
institucionalidad democrática en Centroamérica”, dijo Cajina.
Militarización de la policía y policialización de los militares en Honduras
Militarización de la policía y policialización de los militares en Honduras
A ese propósito, el VI Informe Centroamericano
sobre Derechos Humanos y Conflictividad Social, elaborado por varias instancias
de derechos humanos en la región, señala que la militarización a que ha sido
sometida la seguridad pública en Centroamérica estaría desnaturalizando a las
instituciones policiales.
“El hecho mismo de desplazar nuevamente al ejército
en las ciudades centroamericanas no sólo no se ha traducido en la reducción de
los índices de violencia y criminalidad, sino que los ha incrementado,
sirviendo de herramienta para frenar rebeliones de índole social contra
sistemas opresores que les lanzan a la marginalidad social y la pobreza", señala
el informe final.
Y si eso fuera poco, hay
que recordar que, en
Centroamérica, existe un verdadero ejército de agentes de seguridad
privada. Se calcula que serían casi 70 mil los guardias fuertemente
armados que trabajan en
717 empresas de la región, formando parte de la nueva militarización
regional
que, además, tiene matices muy particulares.
“En la nueva organización militar centroamericana
post años 90, la mayoría de los ejércitos han dirigido sus pasos a la
administración de empresas productivas o de servicios. Son los nuevos
empresarios, los nuevos inversionistas, en donde se conjuga el poder militar y
el poder económico del nuevo liberalismo de los tiempos modernos”, asegura la
periodista Dea María Hidalgo.
EE.UU.
envía tropas
La otra cara del proceso de remilitarización en
Centroamérica es el reposicionamiento militar de Estados Unidos. Los
norteamericanos han vuelto a pisar suelo centroamericano con sus botas
militares, esta vez, con nuevas técnicas y tecnologías.
Después de haber reactivado la Cuarta Flota en 2008, instalado nuevas bases
militares (Isla Guanaja y Caratasca) y tres bases de
Operaciones de Avanzada (Puerto Castilla, El Aguacate y Mocorón) en Honduras y
reforzado las bases ya existentes, Estados Unidos ha profundizado el trabajo de capacitación
y entrenamiento militar de la tropas nacionales, ha intensificado las maniobras
militares en torno al Canal de Panamá, ha promovido el uso de contratistas para
las tareas de respuesta rápida y ha desplegado fuertes contingentes de agentes especiales de la DEA (Drug
Enforcement Administration).
Todd Robinson, subsecretario adjunto en la Oficina de Asuntos Narcóticos
Internacionales y Aplicación de la Ley, declaró recientemente en una entrevista
con BBC Mundo que no existe una
guerra contra la droga, sino “una decisión política para ayudar a que estos
gobiernos protejan a sus ciudadanos y nosotros protejamos a los nuestros”.
Sin embargo, resulta cada día más evidente que la administración del
presidente Obama está impulsando y desarrollando su fórmula para un nuevo modo
de guerra estadounidense. Según el portal web TomDispatch, en esta segunda
década del nuevo siglo hay que olvidarse de las invasiones a gran escala como
en el pasado reciente, sino que hay que pensar en “fuerzas de operaciones
especiales que actúan independientemente, pero que también entrenan o combaten
junto a militares aliados en puntos álgidos de todo el mundo”.
Además de eso, hay que esperar una inversión cada vez más profunda hacia “la
militarización del espionaje y la inteligencia, el uso de drones (aviones no
tripulados), así como el lanzamiento de ataques cibernéticos y operaciones
conjuntas del Pentágono con organismos gubernamentales ‘civiles’ cada vez más
militarizados”, explica el portal.
Se trataría de “operaciones militares confusas”, es decir una especie de
versión organizativa de la guerra en la cual “un Pentágono dominante fusiona
sus fuerzas con otras agencias gubernamentales, como la CIA (Agencia de
Inteligencia Central), el Departamento de Estado y la DEA, y fuerzas
testaferras extranjeras, en complejas misiones combinadas”.
Es una estrategia que ha impactado fuertemente en
las poblaciones y ha levantado fuertes críticas de parte de amplios sectores de
las sociedades centroamericanas. Según ellos, no solamente la lucha contra el
narcotráfico ha fracasado y no ha resuelto los graves problemas relacionados
con este fenómeno, sino que detrás de este proceso de remilitarización de la
región estarían ocultos los verdaderos objetivos de los Estados Unidos y de sus
aliados centroamericanos: su reposicionamiento político-militar en la región,
el control y la explotación de los principales recursos naturales y la
criminalización de la protesta social, con un muy probable aumento de la
violencia y la represión.
“La guerra contra las drogas es un fracaso”, dice directora del Programa de las Américas
Para Laura Carlsen es preciso construir otro modelo con el apoyo y la participación de la ciudadanía
El modelo de lucha contra la narcoactividad y el crimen organizado impulsado por Estados Unidos en Centroamérica no sólo ha fracasado ruidosamente, sino que ha conllevado una profundización de la violencia contra las poblaciones locales y la remilitarización del territorio, poniendo al descubierto intereses ocultos que apuntan a monitorear e intervenir en los procesos emancipativos y unitarios de los países de la región.
Partiendo de este análisis, la politóloga y directora del Programa de las Américas del CPI (Centro para la Política Internacional) Laura Carlsen, aseguró en conversación con Opera Mundi que la única manera de combatir y derrotar la narcoactividad es impulsando un modelo que se construya desde abajo, con la participación ciudadana y la recomposición del tejido social, quebrantado por las políticas neoliberales de las últimas dos décadas
Opera Mundi: ¿Cuáles son las
características del modelo de combate al narcotráfico impulsado por EUA en
México y ahora exportado hacia Centroamérica?
Laura
Carlsen: Es un modelo basado en la militarización del territorio y el enfrentamiento
directo para la interdicción y confiscación de drogas ilegales, así como para
la detención o eliminación de los miembros de los cárteles de la droga. Eso,
por definición, implica enfrentar la violencia con más violencia y el resultado
es el aumento exponencial de los muertos. Hasta la fecha, se calcúla que el
combate contra el narcotráfico y el crimen organizado en México haya dejado un
saldo de más de 60 mil muertos.
OM: ¿Cuál es el balance de
este modelo?
LC:
Ha sido un fracaso total. Ha generado altísimos índices de violencia, no ha
detenido el flujo de drogas ilícitas que entran a EUA y hasta la detención de
los capos (jefes) de la droga no ha
servido a frenar el ‘negocio’. Antes bien, su captura ha desatado una guerra
entre los cárteles para asumir el control del territorio, generando más
violencia y muerte.
OM: ¿Ha habido algún cambio
bajo la administración del presidente Barack Obama?
LC: La
Iniciativa Mérida inició en octubre de 2007 como un plan de tres años.
Lo que
hizo Obama fue expandirlo, intensificarlo y extenderlo de forma
indefinida. Por
primera vez, Estados Unidos se ha involucrado directamente en la gestión
de
aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional de México. Es un
cambio
estructural muy preocupante que ahora está siendo proyectado para
Centroamérica
por medio de la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América
Central). Uno de los primeros efectos que estamos viendo es la
remilitarización de estos países y una dinámica de creciente violencia
contra la población y de violación de los derechos humanos.
OM: ¿Qué interés tendría EUA
en reproducir un modelo que ha fracasado?
LC: El
país no está dispuesto ni siquiera a analizar el porqué de este fracaso y está
recibiendo fuertes críticas, hasta de los gobiernos de la región. Para nosotros,
esta actitud revela que, detrás de la militarización, hay intereses muy
poderosos.
OM: ¿De qué intereses estamos
hablando?
LC:
En primer lugar garantizar las enormes ganancias de la ‘industria de la
guerra’, que está radicada mayoritariamente en los Estados Unidos. Son miles de
millones de dolares que entran al país a través de la venta de armas y equipos
militares, el empleo de empresas de seguridad privada, como Blackwater, y la
implementación de sistemas electrónicos y de espionaje sobre la población.
En
segundo lugar hay un interés geopolítico. EUA quiere tener más control sobre
las estrategias de seguridad internas de los países centroamericanos, sobre
todo ahora que varios gobiernos progresistas o de izquierda se han instalado en
América Latina, gobiernos que ya no comparten las políticas neoliberales e
impulsan procesos innovativos. En este sentido, EUA busca fortalecer su
presencia militar para enfrentar lo que ve como una amenaza contra su hegemonía
tradicional en la region.
OM: También hay un gran
interés para los recursos naturales de estos países...
LC: Es
otro de los puntos directamentes vinculados con la militarización y que tiene
su precedente en Colombia donde, con el pretexto del combate al narcotráfico,
se han desplazado a más de cinco millones de personas. Y lo más absurdo es que
ahora el Departamento de Estado norteamericano está presentando a Colombia como
un ejemplo de seguridad y un modelo que se debe exportar en todo el continente
latinoamericano. En México, por ejemplo, a través de la Iniciativa Mérida,
Estados Unidos militarizó el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)
para salvaguardar sus intereses comerciales y proteger la inversión estadounidense en recursos naturales. En fin, de eso se trata: una militarización que no sólo protege la
inversión extranjera, sino que fomenta un proceso de desplazamiento y
despoblación de regiones en donde hay riquezas naturales.
OM: En varios países de
Centroamerica, la protesta social contra la explotación de los recursos
naturales está siendo criminalizada. ¿Usted comparte esta preocupación?
LC:
No hay dudas de que la protesta social está siendo reprimida, sobre todo en los
países del Triángulo Norte. Hay una criminalización acompañada por la represión
de aquellas organizaciones que luchan contra la minería, los megaproyectos
hidroeléctricos y turísticos, la expansión de los monocultivos a gran escala. Debemos
profundizar el análisis y la investigación para tener elementos suficientes que
nos ayuden a prever hacia donde esta represión apunta.
OM: ¿Qué papel están jugando
la DEA (Drug Enforcement Administration) y el flujo de dinero que financia la
lucha contra el narcotráfico en Centroamérica?
LC:
Hemos tratado de investigar el movimiento de dinero que fluye hacia la lucha
contra el narcotráfico, pero ha sido muy difícil por la falta de transparencia.
En algunos países, como Honduras y Guatemala, los agentes de la DEA están
autorizados a andar armados y disparar contra civiles, lo cual es absurdo y
representa una violación absoluta de la soberanía nacional y de los derechos
humanos internacionales. Además, hemos documentado el sufrimiento que causa la
criminalización de la protesta y en particular el impacto sobre las mujeres. Lamentablemente,
esta situación choca con el total desinterés mostrado por el Departamento de
Estado norteamericano.
OM: ¿Cuáles son los impactos
de esta política sobre las mujeres?
LC:
Hay índices muy elevados de acoso, tortura y violencia sexual. Las mujeres con
frecuencia encabezan la defensa de sus comunidades y la protesta social ante el
proceso de militarización y de explotación de los recursos naturales. En el
caso de Honduras, esta situación coincide con el aumento de la violencia que se
ha originado después del golpe de Estado y que se ha incrementado con el actual
régimen de Porfirio Lobo.
También
hay que destacar la represión desatada contra los opositores al golpe y el uso
de una supuesta lucha contra el narcotráfico para reprimir la oposición
política. Y todo esto en medio de una total impunidad. En Honduras, los casos
que llegan a sentencia judicial son menos del 2% y las denuncias de corrupción
en las instituciones están a la orden del día.
Igualmente
en Guatemala, la situación es muy preocupante. Las comunidades, que todavía
tienen en su memoria los horrores de la campaña militar genocida de los años
80, están viendo como sus territorios vuelve a ser militarizados y su gente
reprimida.
OM: ¿Cómo combatir, entonces,
la narcoactividad y el crimen organizado?
LC: No
hay una sola respuesta, ni un modelo seguro, pero sí sabemos que la
militarización no es la respuesta. Es importante que este otro modelo se construya
desde abajo, con la participación ciudadana
y con una perspectiva de seguridad que tenga como primer objetivo la
seguridad de la persona, de su vida.
Además,
hay que enfocarse en la recuperación del tejido social, que ha sido destruido
por las políticas neoliberales. Es necesario recomponerlo con programas
sociales que crean empleo, garantizan el desarrollo económico, la salud, la
educación, el respeto de los derechos humanos. Hay que volver a empezar a
construir una sociedad fuerte, para que pueda resistir las inflitraciones del
crimen organizado, el reclutamiento de jóvenes y la extorsión.
Además,
hay que forzar la voluntad política para que haya un sistema de justicia al
servicio de la población, acabando con la impunidad y la corrupción.
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