En un complicado panorama político el Congreso paraguayo destituyó al presidente Fernando Lugo. El Parlamento guaraní le realizó un juicio político al presidente por la muerte de 17 personas, 11 campesinos y 6 policías, en un violento desalojo de unos terrenos ocupados ilegalmente. Con 39 votos a favor y cuatro en contra el congreso paraguayo destituyó a Fernando Lugo. Lugo calificó al juicio como un golpe de Estado encubierto. Mientras que la Unasur criticó el proceso. Miles de manifestantes se reunieron en la plaza de armas frente al congreso para manifestar su apoyo al mandatario, de 61 años y enfermo de cáncer linfático, y contra el juicio político. Una vez que se conoció el falló, comenzaron a vitorear "Lugo presidente" como señal de apoyo al destituido mandatario. Pocos minutos después se comenzaron a registraron incidentes entre los manifestantes. Las fuerzas de seguridad comenzaron dispersar a los manifestantes con carros de agua, balas de goma y gas lacrimógeno.
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Repiten modalidad de golpe aplicada en otros países de Latinoamérica
Frente Guazu llama a la resistencia pacífica en Paraguay
El secretario general del Frente Guazú, Ricardo Canese, denunció el juicio político aplicado de manera irregular y expedita al Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, "se está prostituyendo ese mecanismo constitucional" al tiempo que convocó a una manifestación masiva pacífica en defensa de la democracia.
Entrevista a manifestante Telesur TV, Plaza de la Democracia
UNASUR emite comunicado oficial sobre crisis en Paraguay
Miles de manifestantes toman la Plaza de Armas en Asunción
Contingentes sociales, sindicales y de campesinos van aumentando en número a medida que pasan las horas, decidieron organizarse ante la sorpresiva intentona de destitución de Fernando Lugo como presidente de Paraguay. Miles de paraguayos toman como punto de reunión la emblemática Plaza de Armas en defensa del presidente de ese país.
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Paraguay
El golpe anunciado
Escrito por:
José Antonio Vera
El gobierno de Fernando Lugo salió muy malherido
del nuevo intento de derrocarlo que se consumó la semana pasada en la
ciudad de Curuguaty, cuando la policía se enfrentó con campesinos sin
tierra que ocupaban un predio de uno de los principales latifundistas
del país. Seis policías y una docena de campesinos muertos, decenas de
labriegos heridos de bala y por apaleamiento y muchos otros en fuga
había sido el saldo de una nueva intervención del Estado en defensa de
un gran productor sojero y ganadero contra un grupo de familias sin
tierra.
Lo paradójico fue que ese episodio, a todas luces armado –¿quién puede creer que los campesinos sin tierra contaran con un potencial de fuego como el que se utilizó la semana pasada, cuando francotiradores apostados sí "del lado" de los campesinos, en un monte, con el rostro cubierto, dispararon incluso contra helicópteros de la policía– originó todo un movimiento que puede derivar (al cierre de esta edición de Brecha el panorama estaba en proceso de definición) en la salida de Lugo del gobierno y en la asunción de su vice –con quien siempre ha estado enfrentado–, el liberal Federico Franco. En la mañana de ayer jueves el Partido Liberal, el principal de la Alianza para el Cambio que condujo a Lugo a la presidencia hace cuatro años, le quitó el respaldo, anunció que retiraría sus ministros del gabinete y que apoyaría el reclamo de juicio político votado más temprano ese mismo día en la Cámara de Diputados, donde la oposición es mayoritaria. Lugo anunció que no renunciaría, que acataría el "juego democrático" y se sometería al juicio político, sabiendo de antemano que su suerte está echada. Las últimas noticias de ayer confirman que ese sometimiento tiene fecha, y urgente: el juicio político será hoy, viernes. De las fuerzas políticas del país, tan sólo el Frente Guasú, concertación de partidos de izquierda y centroizquierda formada en 2010, apoya al presidente Lugo.
Reunida de urgencia en la tarde de ayer jueves en Rio de Janeiro al margen de la cumbre Río+20, la Unasur decidió in extremis enviar a Asunción una misión, integrada por los 12 cancilleres de los países miembro.
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La excusa de los liberales –divididos hasta ahora entre un sector que mantenía su apoyo a las tibias reformas emprendidas por Lugo y otro cercano a los sectores empresariales y a la derecha política, que había ido ganando espacio– para su ruptura con el presidente fue el mal manejo por parte de Lugo de los hechos de la semana pasada y su incapacidad para brindar seguridad a la población.
Lo cierto es que el proceso iniciado en 2008 acusaba un penoso déficit con relación a lo esencial del programa de gobierno presentado por la Alianza Patriótica para el Cambio, atravesada por cada vez mayores contradicciones entre sus componentes progresistas y conservadores y atenazada por una administración estatal en la cual los herederos de la dictadura de Alfredo Stroessner continúan teniendo un poder decisivo.
Lugo, que comenzó anunciando planes de reforma agraria y de democratización social y política, apenas concretó algunos de ellos, muy tímidos, y fue cediendo progresivamente terreno a los sectores más conservadores de su propia alianza de gobierno e incluso a la oposición. Llegó incluso a enfrentarse con los movimientos campesinos, que fueron su principal base de apoyo para llegar a la presidencia y que todavía hoy lo seguían considerando "su" presidente. Apenas se supo que la moción de juicio político contaba con los votos necesarios, los campesinos agrupados en la Liga de Carperos anunciaron que se movilizarían en las calles para defender al ex sacerdote. Lugo los desalentó. No quiero violencia, dijo.
En los últimos tiempos el gobierno –no necesariamente Lugo, sí buena parte de los integrantes de su gabinete– había acumulado los desaires a los representantes de un movimiento de campesinos sin tierra que reclamaba lo elemental para un gobierno que asumió como esperanza de cambio: la democratización del acceso a la tierra, en un país en que 86 por ciento de la tierra está en manos de apenas el 2,5 por ciento de sus 6 millones de habitantes.
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El último desaire se evidenció con crudeza horas después del enfrentamiento de Curuguaty, cuando al hablar ante la prensa el ministro del Interior, Carlos Filizzola, expresó reiteradamente su dolor por los policías muertos y no hizo mención alguna a los campesinos que corrieron igual suerte, algunos de ellos ejecutados, según denuncias de organismos humanitarios. Filizzola, dirigente del Partido Socialista, fue obligado a renunciar, al igual que el jefe de policía, pero quienes los remplazaron fueron dos personajes (un ex fiscal y un comisario) ligados a la dictadura y a los "dueños del país".
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"Los policías fueron emboscados", "Llegaron sin armas para dialogar y fueron acribillados", "Fue la guerrilla del epp y sus cuadros preparados por las farc", fueron algunos de los títulos de la prensa paraguaya en estos días. Y la televisión privada exhibió hasta el hartazgo escenas en que francotiradores aparecían disparando desde el monte, dando a entender que los campesinos estaban pertrechados a guerra. No se privaron tampoco muchos de esos medios de recordar los vínculos históricos de Lugo con el movimiento campesino, y de dar a entender que la violencia social no sólo tenía origen en los pobres del campo sino que contaba con el apoyo implícito del propio presidente.
La realidad es muy otra. Testimonios de algunos policías presentes dejaron en claro que quienes dispararon sobre los agentes eran ajenos al movimiento social. Que ellos mismos habían ido a negociar desarmados porque no se esperaban ser atacados, y que un hecho así salía por completo de lo común (nunca en las últimas décadas un policía había muerto en enfrentamientos ligados a ocupaciones de tierras: sí, en cambio, muchos campesinos). El secretario general de la Presidencia, Miguel Ángel López Perito, se refirió a la presencia de mercenarios con preparación militar.
Hacía tiempo que los sectores progresistas del gobierno, el movimiento social y los partidos de izquierda venían denunciando un "plan golpista" orquestado por la Asociación Rural, la Unión Industrial, dirigentes del Partido Colorado y parte de las fuerzas armadas. Incluían en ese plan el surgimiento de una supuesta guerrilla, fantasmagórica. La composición del epp (Ejército Paraguayo de los Pobres) nunca quedó clara, pero dirigentes del movimiento social han venido sosteniendo que su surgimiento casi de la nada sirvió sobre todo a la derecha política para agitar fantasmas terroristas y "apretar" al propio gobierno. Terratenientes y dirigentes políticos –algunos muy conocidos– no ahorraron llamados a organizar milicias privadas para defenderse de "los terroristas" y de los "ocupantes de tierras", mezclados en la misma bolsa. Nadie les pidió que rindieran cuentas.
En vez de enfrentar la ofensiva de la derecha, la presidencia de Lugo intentó en los últimos tiempos aplacarla, concediéndole poder hasta en el propio gobierno, con la intención de evitar el juicio político al presidente con el que el Partido Colorado y sectores del Liberal venían amenazando desde hace años. Lugo daba la impresión de que su ambición mayor era mantenerse en el gobierno hasta las elecciones de abril próximo, en las que no podía presentarse, y entregar el poder a su sucesor, probablemente un colorado, probablemente un terrateniente. n
Publicado el Jueves 21 de Junio de 2012Lo paradójico fue que ese episodio, a todas luces armado –¿quién puede creer que los campesinos sin tierra contaran con un potencial de fuego como el que se utilizó la semana pasada, cuando francotiradores apostados sí "del lado" de los campesinos, en un monte, con el rostro cubierto, dispararon incluso contra helicópteros de la policía– originó todo un movimiento que puede derivar (al cierre de esta edición de Brecha el panorama estaba en proceso de definición) en la salida de Lugo del gobierno y en la asunción de su vice –con quien siempre ha estado enfrentado–, el liberal Federico Franco. En la mañana de ayer jueves el Partido Liberal, el principal de la Alianza para el Cambio que condujo a Lugo a la presidencia hace cuatro años, le quitó el respaldo, anunció que retiraría sus ministros del gabinete y que apoyaría el reclamo de juicio político votado más temprano ese mismo día en la Cámara de Diputados, donde la oposición es mayoritaria. Lugo anunció que no renunciaría, que acataría el "juego democrático" y se sometería al juicio político, sabiendo de antemano que su suerte está echada. Las últimas noticias de ayer confirman que ese sometimiento tiene fecha, y urgente: el juicio político será hoy, viernes. De las fuerzas políticas del país, tan sólo el Frente Guasú, concertación de partidos de izquierda y centroizquierda formada en 2010, apoya al presidente Lugo.
Reunida de urgencia en la tarde de ayer jueves en Rio de Janeiro al margen de la cumbre Río+20, la Unasur decidió in extremis enviar a Asunción una misión, integrada por los 12 cancilleres de los países miembro.
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La excusa de los liberales –divididos hasta ahora entre un sector que mantenía su apoyo a las tibias reformas emprendidas por Lugo y otro cercano a los sectores empresariales y a la derecha política, que había ido ganando espacio– para su ruptura con el presidente fue el mal manejo por parte de Lugo de los hechos de la semana pasada y su incapacidad para brindar seguridad a la población.
Lo cierto es que el proceso iniciado en 2008 acusaba un penoso déficit con relación a lo esencial del programa de gobierno presentado por la Alianza Patriótica para el Cambio, atravesada por cada vez mayores contradicciones entre sus componentes progresistas y conservadores y atenazada por una administración estatal en la cual los herederos de la dictadura de Alfredo Stroessner continúan teniendo un poder decisivo.
Lugo, que comenzó anunciando planes de reforma agraria y de democratización social y política, apenas concretó algunos de ellos, muy tímidos, y fue cediendo progresivamente terreno a los sectores más conservadores de su propia alianza de gobierno e incluso a la oposición. Llegó incluso a enfrentarse con los movimientos campesinos, que fueron su principal base de apoyo para llegar a la presidencia y que todavía hoy lo seguían considerando "su" presidente. Apenas se supo que la moción de juicio político contaba con los votos necesarios, los campesinos agrupados en la Liga de Carperos anunciaron que se movilizarían en las calles para defender al ex sacerdote. Lugo los desalentó. No quiero violencia, dijo.
En los últimos tiempos el gobierno –no necesariamente Lugo, sí buena parte de los integrantes de su gabinete– había acumulado los desaires a los representantes de un movimiento de campesinos sin tierra que reclamaba lo elemental para un gobierno que asumió como esperanza de cambio: la democratización del acceso a la tierra, en un país en que 86 por ciento de la tierra está en manos de apenas el 2,5 por ciento de sus 6 millones de habitantes.
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El último desaire se evidenció con crudeza horas después del enfrentamiento de Curuguaty, cuando al hablar ante la prensa el ministro del Interior, Carlos Filizzola, expresó reiteradamente su dolor por los policías muertos y no hizo mención alguna a los campesinos que corrieron igual suerte, algunos de ellos ejecutados, según denuncias de organismos humanitarios. Filizzola, dirigente del Partido Socialista, fue obligado a renunciar, al igual que el jefe de policía, pero quienes los remplazaron fueron dos personajes (un ex fiscal y un comisario) ligados a la dictadura y a los "dueños del país".
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"Los policías fueron emboscados", "Llegaron sin armas para dialogar y fueron acribillados", "Fue la guerrilla del epp y sus cuadros preparados por las farc", fueron algunos de los títulos de la prensa paraguaya en estos días. Y la televisión privada exhibió hasta el hartazgo escenas en que francotiradores aparecían disparando desde el monte, dando a entender que los campesinos estaban pertrechados a guerra. No se privaron tampoco muchos de esos medios de recordar los vínculos históricos de Lugo con el movimiento campesino, y de dar a entender que la violencia social no sólo tenía origen en los pobres del campo sino que contaba con el apoyo implícito del propio presidente.
La realidad es muy otra. Testimonios de algunos policías presentes dejaron en claro que quienes dispararon sobre los agentes eran ajenos al movimiento social. Que ellos mismos habían ido a negociar desarmados porque no se esperaban ser atacados, y que un hecho así salía por completo de lo común (nunca en las últimas décadas un policía había muerto en enfrentamientos ligados a ocupaciones de tierras: sí, en cambio, muchos campesinos). El secretario general de la Presidencia, Miguel Ángel López Perito, se refirió a la presencia de mercenarios con preparación militar.
Hacía tiempo que los sectores progresistas del gobierno, el movimiento social y los partidos de izquierda venían denunciando un "plan golpista" orquestado por la Asociación Rural, la Unión Industrial, dirigentes del Partido Colorado y parte de las fuerzas armadas. Incluían en ese plan el surgimiento de una supuesta guerrilla, fantasmagórica. La composición del epp (Ejército Paraguayo de los Pobres) nunca quedó clara, pero dirigentes del movimiento social han venido sosteniendo que su surgimiento casi de la nada sirvió sobre todo a la derecha política para agitar fantasmas terroristas y "apretar" al propio gobierno. Terratenientes y dirigentes políticos –algunos muy conocidos– no ahorraron llamados a organizar milicias privadas para defenderse de "los terroristas" y de los "ocupantes de tierras", mezclados en la misma bolsa. Nadie les pidió que rindieran cuentas.
En vez de enfrentar la ofensiva de la derecha, la presidencia de Lugo intentó en los últimos tiempos aplacarla, concediéndole poder hasta en el propio gobierno, con la intención de evitar el juicio político al presidente con el que el Partido Colorado y sectores del Liberal venían amenazando desde hace años. Lugo daba la impresión de que su ambición mayor era mantenerse en el gobierno hasta las elecciones de abril próximo, en las que no podía presentarse, y entregar el poder a su sucesor, probablemente un colorado, probablemente un terrateniente. n
COMUNICADO DEL
COLECTIVO DE LUCHA POR LA TIERRA, DE URUGUAY:
Nosotros, como
Colectivo de Lucha por la Tierra, manifestamos nuestro apoyo a todas las luchas
en defensa de la tierra y por tierra donde vivir y trabajar, del hermano pueblo
paraguayo.
Manifestamos
nuestro más enérgico repudio a la masacre de campesinos en Morumbí-Curuguaty,
que vuelve a demostrar la crueldad con la que los latifundistas beneficiados
por la dictadura de Stroessner, defienden sus intereses.
Repudiamos el
golpe de estado amparado por la “legalidad” burguesa y reaccionaria, que se
concretó hoy, 22 de junio, al desplazarse al presidente Fernando Lugo.
Manifestamos
nuestro apoyo y solidaridad con la resistencia y la lucha del pueblo paraguayo.
Por la Unidad
de los Pueblos Americanos,
Colectivo de
Lucha por la Tierra, Montevideo, 22 de junio de 2012.-
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