Injusticia suprema

Suprema Corte de Justicia proteje al criminal. Justicia uruguaya y la impunidad. SCJ cómplice de torturas, asesinatos, violaciones cometidas por militares durante la dictadura.

15 de junio 2012

La Suprema Corte dijo que el proceder de Mota fue ilegal 

 La corporación mandó a la jueza suspender las actuaciones y elevar el expediente

 La Suprema Corte de Justicia afirmó que el proceder de la jueza Mariana Mota de no dar trámite al recurso de inconstitucionalidad contra la ley interpretativa de la Caducidad presentada por los militares indagados por la muerte de Aldo Perrini, asesinado en 1974, fue ilegal.

Al aceptar el recurso de queja de la defensa de los militares, la corporación afirmó que las razones invocadas por la jueza para no dar curso a la excepción de inconstitucionalidad “no se encuentran dentro de las hipótesis legales que habilitan al órgano jurisdiccional interviniente a no dar curso a la cuestiones de inconstitucionalidad deducidas”.

La fiscal Ana María Tellechea pidió a la Justicia el procesamiento de los militares Pedro Barneix, José Puigvert, José Baldean, y Washington Perdomo por el homicidio de Perrini.

La jueza los citó a declarar este jueves pero ellos presentaron el recurso de inconstitucionalidad por lo que la jueza debía elevar el caso a la Suprema Corte. Sin embargo, la jueza decidió seguir adelante con las actuaciones. Ante la queja de los militares, la corporación le ordenó a Mota suspender todo y elevar el caso.

15.06.2012

Caso Perrini quedará "congelado"

 

En el freezer

La Suprema Corte de Justicia aceptó este viernes un "recurso de queja" presentado por el ex militar Pedro Barneix, tras la negativa de la jueza Mariana Motta a un recurso de inconstitucionalidad. El vocero de la SCJ Raúl Oxandabarat explicó a Montevideo Portal que a raíz de la queja el caso quedará "congelado" entre 6 y 8 meses.

 La Suprema Corte de Justicia hizo lugar un recurso de queja presentado por la defensa del general retirado Pedro Barneix, por lo que el proceso judicial que enfrenta por la muerte del militante Aldo Perrini en el Batallón 4 de Colonia en 1974.
El abogado de Barneix Ruben Eguiluz había interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la ley Interpretativa de la Caducidad, que fue rechazado por la jueza del caso Mariana Motta. Ante la negativa, la defensa de Barneix, que ya no está a cargo de Eguiluz, decidió presentar un recurso de queja ante la SCJ, intentando que el máximo órgano del Poder Judicial revoque la decisión de la magistrada.
Precisamente, eso fue lo que se informó este viernes, cuando la SCJ comunicó que hizo lugar al recurso al considerar que la decisión de Motta "no se encuentra dentro de las hipótesis legales que habilitan al órgano jurisdiccional interviniente a no dar curso a las cuestiones de inconstitucionalidad deducidas". Por ese motivo, decidió "dar lugar al recurso de queja por denegación de excepción de inconstitucionalidad interpuesto".
El vocero de la Suprema Corte Raúl Oxandabarat explicó a Montevideo Portal que la resolución obliga a que el expediente judicial pase a la órbita de la SCJ, la cual deberá estudiar los artículos reclamados para determinar si efectivamente son inconstitucionales. "Este procedimiento puede durar entre 6 y 8 meses porque es un juicio aparte y mientras se produce el caso original se congela", explicó Oxandabarat.
Oxandabarat indicó además que si la SCJ le da la razón a la defensa de Barneix y establece que los artículos son inconstitucionales, "lo que sucedería es que esos artículos no podrían ser utilizados en el proceso", aunque no afectarían al resto de las decisiones judiciales, por lo que Barneix igual podría ser procesado.
El vocero de la Suprema Corte señaló además que la queja aceptada no afecta en nada la posición de la jueza Motta, y no posibilitaría tampoco la solicitud de un cambio de juez. "Esto además no tiene nada que ver con los otros expedientes que tiene la SCJ sobre Motta, por sus declaraciones al diario Página 12 o su participación en la Marcha del Silencio".

Montevideo Portal 

Piden cierre de fronteras para ex militares indagados por la Justicia

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  15 de junio 2012

Nuevas maniobras para dilatar inminente procesamiento de Barneix

Un oportuno pico de estrés

Escrito por: Samuel Blixen

El general Pedro Barneix, principal implicado en el asesinato de Aldo Perrini, ocurrido en el cuartel de Colonia en 1974, tuvo un oportuno ataque de estrés que le impidió concurrir al juzgado donde presumiblemente iba a ser procesado por homicidio especialmente agravado. 

El general Pedro Barneix, principal implicado en el asesinato de Aldo Perrini, ocurrido en el cuartel de Colonia en 1974, tuvo un oportuno ataque de estrés que le impidió concurrir al juzgado donde presumiblemente iba a ser procesado por homicidio especialmente agravado.
¿Cuántos de sus prisioneros del cuartel de infantería de Colonia tenían el privilegio de pedir la suspensión de los interrogatorios alegando que estaban sufriendo estrés? Ninguno, ni los vivos ni los muertos. Pero hoy el general Pedro Barneix puede darse el lujo de introducir esa monumental chicana para dilatar un procesamiento por homicidio especialmente agravado que debía haberse concretado en la audiencia que el miércoles 13 dispuso la jueza penal Mariana Mota en la indagatoria del asesinato de Aldo Perrini, ocurrido en marzo de 1974.
El miércoles concurrieron al juzgado, además de Barneix, los coroneles retirados José Puig-vert, José Baudean y Washington Perdomo, responsables del interrogatorio al que fue sometido Perrini y que culminó con su muerte en la sala de interrogatorios del cuartel de Colonia. Pero, como se detalla más abajo, el abogado de Barneix renunció a la defensa y fue necesario suspender la audiencia para ayer jueves, a la que sólo debía concurrir el general.
En la tarde de ayer, en lugar de Barneix concurrió al juzgado un abogado de apellido Suárez Franco, quien presentó en la sede un certificado médico según el cual su defendido fue internado en el Hospital Militar aquejado de estrés, una dolencia de síntomas difusos porque no presenta sarpullidos ni fiebre alta, ni espuma en la boca. Según el certificado médico, Barneix no puede recibir visitas ni ser interrogado ni ser sometido a situaciones de estrés.
La jueza Mota se disponía, al cierre de esta edición, a remitir a la Suprema Corte de Justicia todo el expediente de Perrini, que el máximo órgano judicial pretende analizar para determinar la validez de un recurso de inconstitucionalidad. La orden de la Suprema Corte ocurre en el momento en que Barneix monta una chicana mayúscula.
Por esa razón el abogado de la familia Perrini, Óscar López Goldaracena, solicitó a la magistrada que ordene inmediatamente el cierre de fronteras para todos los indagados; que la Policía verifique si el general Barneix está efectivamente internado; en caso afirmativo, que se disponga guardia policial permanente; que médicos forenses informen si Barneix está o no en condiciones de ser interrogado; y en ese caso, que la magistrada instale la sede judicial en el hospital. El abogado fundamentó sus pedidos: "Valoro que hay un intento de sustracción a la acción de la justicia".
La jornada del miércoles estuvo también dominada por las chicanas. Los abogados defensores interpusieron recursos –de queja, de nulidad, de inconstitucionalidad– para dilatar el pronunciamiento de la jueza Mota, en función del pedido de la fiscal Ana Tellechea, que reclamaba el procesamiento de los cuatro militares indagados por delitos de lesa humanidad.
Cuando los abogados defensores exigieron la nulidad de la audiencia de los médicos que habían realizado la autopsia histórica, la jueza automáticamente la otorgó. Al parecer, la magistrada había dispuesto la audiencia para ofrecer mayores garantías a los demandados; de hecho, el resultado de esa autopsia era concluyente: Aldo Perrini había muerto "en el contexto" de torturas que explicaban las múltiples heridas, contusiones y hematomas internos.
Asimismo, la jueza Mota tomó nota del recurso de inconstitucionalidad del delito de "homicidio político" previsto en la ley 18.026, aprobada en 2007, presentado por el abogado de Barneix, el ex juez penal Ruben Eguiluz. La magistrada se permitió puntualizar que aún no había dictado ningún procesamiento, que no se podía presumir qué delito iba a tipificar y que por lo tanto el recurso se adelantaba a los hechos; pero de todas formas reivindicó la potestad del juez de continuar las actuaciones judiciales y que no necesariamente éstas deben suspenderse mientras se sustancia el reclamo.
Fue entonces que el abogado Eguiluz anunció su decisión de renunciar "por falta de garantías". El anuncio no pareció sorprender a los indagados ni a sus abogados, pero Barneix reclamó tiempo para nombrar un nuevo abogado privado, y la magistrada suspendió la audiencia por 24 horas.
El abogado de la familia Perrini, uno de los primeros en abandonar la sede judicial, comentó la decisión de su colega Eguiluz: "Esa película ya la vi. Cuando el juez Luis Charles se disponía a procesar al general Gregorio Álvarez por múltiples homicidios, utilizó la chicana de la renuncia de su abogado para dilatar un pronunciamiento. Y también la defensa de Álvarez interpuso un recurso de inconstitucionalidad respecto del delito de desaparición forzada, con el mismo objeto de dilatar su procesamiento. La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso en menos de diez días". Visiblemente molesto por las chicanas ("llevan treinta años de impunidad y no les parecen suficientes las garantías de que gozan"), López Goldaracena agregó: "Si cobran penal, yo lo pateo, con arquero o sin arquero".
La suspensión de la audiencia tuvo imprevistas repercusiones en la puerta del edificio de los juzgados penales en la calle Misiones, donde se congregaron periodistas, militantes de derechos humanos y familiares de Perrini. Desconociendo qué había ocurrido en la sala de juzgado, Dino Perrini, uno de los hijos del heladero de Carmelo asesinado en 1974, supuso que Barneix había eludido un pronunciamiento de la justicia, al verlo salir de los ascensores en compañía de su abogado; la familia Perrini daba por descontado que Barneix y los otros tres militares indagados quedarían recluidos después de una dilatada indagatoria judicial, que fue extremadamente cuidadosa en el respeto de los derechos y exhaustiva en la búsqueda de los elementos de prueba.
Rodeado de periodistas, cercado por micrófonos, Barneix no alcanzó a completar una frase cuando se acercó Dino y le gritó: "Yo soy el hijo de Perrini. Vos lo mataste". Barneix contestó: "Yo no lo maté", y Dino alcanzó a lanzarle dos puñetazos antes de que lo separaran, mientras lo insultaba. Barneix, dirigiéndose a los micrófonos, repitió una y otra vez: "Yo nunca le pegué a nadie, son ustedes los que ahora golpean, yo nunca pegué", una afirmación que muchos han puesto en duda, considerando que Barneix era, en el cuartel de Colonia, un oficial de inteligencia encargado de los interrogatorios a los prisioneros; un oficial que durante toda la dictadura realizó una carrera siempre ascendente y llegó a ser director de Inteligencia del Estado.
Inmediatamente después de los incidentes, Dino Perrini se excusó y declaró a la prensa que él nunca actúa así, agresivamente, pero que sintió impotencia al ver salir a Barneix. "Salen diciendo que no hicieron nada, cuando mataron, torturaron, violaron. No sé por qué salió si ahí (en el juzgado) está todo." El abogado López Goldaracena dio una explicación: "Estos son los problemas que surgen cuando la justicia no actúa de inmediato. Si la muerte de Perrini se hubiera indagado en la justicia ordinaria inmediatamente, en 1974, los familiares no llevarían a cuestas esta carga, durante más de treinta años".

Supremo Corte

de Roger Rodriguez

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 15 DE JUNIO DE 2012

MINISTROS PEDIRAN CAUSA PERRINI A JUEZA MOTA ANTES DE SU FALLO


La jueza Mota iba a dictar sentencia en el caso de muerte por torturas de Aldo Perrini en 1974. Los militares Barniex, Baudean, Puigvert y Perdomo fueron acusados por la fiscal Tellechea. El defensor interpuso recursos y, como los rechazaron, recurrió a la Suprema Corte de Justicia. Los ministros acordaron -esa misma tardecita- pedir el expediente antes que se dicte sentencia. El proceso quedaría interrumpido hasta que examinen –otra vez- la labor de la jueza. Barniex, agredido el miércoles por un hijo de Perrini, no fue ayer a la audiencia. Se internó en el Hospital Militar. Mota ordenó el cierre de fronteras.

“Colonia, 4 de marzo de 1974. Señor 2° Jefe del Batallón de Infantería N° 4 (mayor Washington Perdomo). Cúmpleme informar a usted que el día 3 de marzo siendo la hora 17.00 fue llevado a la sala de interrogatorios el presunto sedicioso A-194 ALDO FRANCISCO PERRINI GUALA. Se encontraban presentes en la misma el Señor Capitán don José A Baudean y el Tte. 1° José T. Puigvert y el suscrito. Durante el transcurso del interrogatorio el presunto sedicioso que se encontraba de pie sufrió un desvanecimiento, procurando por parte del suscrito la reacción del mismo, ordenándole el Sr. Cap. Baudean al Tte. 1° José Puigvert que llamaran al Enfermero y posteriormente al médico de la Unidad. Posteriormente ante la llegada del médico este dispuso el traslado del detenido a la enfermería para su mejor atención. Asimismo, el Sr. Cap. José Baudean mandó dar aviso al Señor 2° Jefe de la Unidad. Es cuanto tengo que informar a usted al respecto. Saluda a usted atentamente, el capitán de servicio del Bn. I. 4., Tte. 1° Pedro Ramón Barneix (firma)”.
El documento, encontrado dentro del expediente realizado por la Justicia Militar ante la muerte de Aldo Perrini, además de aparecer como toda una “confesión”, se constituyó en la prueba de cargo por la que la fiscal Ana María Tellechea pidió el procesamiento con prisión de los cuatro militares implicados. La nota firmada entonces por el hoy general Barneix había sido ordenada por Baudean, uno de los principales represores de la dictadura. Puigvert era el “S2” (inteligencia) de la unidad. Barneix, Baudean y Puigvert son egresados de los cursos que recibieron los militares uruguayos en la estadounidense Escuela de las Américas, con sede en Panamá.
Todo eso sabía Dino, el hijo mayor del “presunto sedicioso”, cuando el miércoles tomó por las solapas a Barneix (quien intentó eludir a la prensa al salió del juzgado por la calle 25 de Mayo), le dijo: “¡Mirame! Yo soy el hijo de Perrini” y, mientras el general se excusaba: “Yo no maté a tu padre”, le gritó “¡Asesino!, ¡hijo de puta!” y le pegó dos cachetazos. “Jamás golpeé a nadie como me están golpeando ahora ustedes”, dijo a los periodistas el confundido militar antes de subir a un auto rojo y salir del lugar. El incidente se produjo luego de tensas horas de espera, en las que su abogado, el ex juez Ruben Eguiluz, presentó diversos recursos y llegó a renunciar a la defensa para evitar que Barneix fuese interrogado por la jueza Mariana Mota antes de dictar sentencia.
Al cierre de esta edición, la magistrada no había sido comunicada aún de la resolución adoptada, con inusual celeridad el mismo miércoles en la tardecita, por la mayoría de la Suprema Corte de Justicia. A esa hora se admitió un recurso de queja del “ex abogado defensor”, quien adujo que la jueza Mota le negó el amparo judicial al no aceptar sus recursos de inconstitucionalidad sobre las leyes 18.026 (incorporó el Tratado de Roma a la jurisprudencia uruguaya) y 18.831 (anuló la prescripción de los delitos de la dictadura). Ninguna de esas normas han sido alegadas por la jueza en otros fallos. Barniex se internó en el Hospital Militar para no ir ayer a la audiencia. La jueza Mota ordenó el cierre de fronteras para los cuatro militares retirados.
Aunque algo similar ocurrió en 2007 en la causa contra el dictador Gregorio Álvarez (luego que la SCJ estudió el expediente, el juez Luis Charles dictó sentencia), en corrillos judiciales se teme que esta nueva “intervención” del máximo órgano del Poder Judicial sobre el trabajo de la jueza sea la antesala de otra resolución que derive en el traslado de la magistrada, como ocurrió hace un mes y medio a nivel del ministerio público con el fiscal Ricardo Perciballe. Desde que asumió el juzgado de 7° turno en Montevideo, la jueza Mota decidió la prisión del dictador Juan María Bordaberry por el golpe de Estado, del coronel Carlos Calcagno por desapariciones en Paraguay, de los aviadores José Araújo Umpiérrez y Enrique Riveros por la muerte de Ubagesner Chávez Sosa, y tiene otras 30 causas de derechos humanos en instrucción.
Aldo Perrini había nacido en Carmelo, Colonia. Tenía 34 años. Trabajaba como comerciante, a cargo de la heladería Perrini. Estaba casado con Amada Susana Santamaría Galeano y tenía tres hijos (Dino, de seis años; Aldo, de cinco, y Piero, de un año de edad). Militaba en el Frente Izquierda de Liberación (Fidel) dentro del Frente Amplio. Fue detenido junto a otras personas el 26 de febrero de 1974. Lo llevaron al Batallón de Infantería N° 4 de Colonia. Su cuerpo fue devuelto a la familia el 4 de marzo. Un certificado de defunción explicaba que había fallecido por “edema agudo de pulmón y stress”. El caso fue denunciado por el abogado Óscar López Goldaracena el 11 de noviembre de 2010.
Los testimonios de quienes fueron detenidos con Perrini coinciden en narrar que días después de la detención trajeron a una muchacha que “fue violada casi en forma inmediata por la guardia completa, se sentían muchas voces, era una verdadera jauría […]. Al Chiquito [Perrini] lo traían de otro lado y preguntó qué le están haciendo, y le contestan con sorna […] les pedía que la dejaran tranquila y le decían que quién la iba a defender y él contestaba que él. Ahí le entraron a pegar y él cae. Alguien gritó: “¡lo mataron, hijos de puta!”, y otra voz respondió: “¡cállate la boca que aquí no matamos a nadie!”. Luego de ese incidente Perrini fue llevado a la sala de interrogatorios y se produce su muerte.

CONTEXTO DE TORTURA

“Del expediente del Supremo Tribunal Militar –agregado en autos– surge el certificado de defunción, N° 497223 donde el doctor José Mautone estableció como causa de la muerte ‘edema agudo de pulmón debido a stress’. El informe del estudio necrópsico realizado por dicho profesional, precisa que a las 03.10 horas del 4 de marzo de 1974 el cadáver de Aldo Perrini tenía ‘buen estado general’. El examen externo enseña múltiples hematomas y equimosis en parte anterior del tórax y abdomen, especialmente en hipogastrio y genitales externos. Múltiples hematomas en el panículo adiposo subyacente. Esquimosis en miembro inferior derecho y antebrazo izquierdo, tercio inferior. Orificios naturales sin particularidades”, recuerda la acusación fiscal
El expediente que en 1974 se instruyó en el Juzgado Militar de 2° turno, a cargo del coronel Santiago Acuña, terminó archivándose. Sin embargo, en el proceso fueron interrogados todos los oficiales y subalternos que aquel día estaban en el Batallón N° 4 de Colonia. Un detalle que llamó la atención de la jueza Mariana Mota y la fiscal Ana María Tellechea surgió cuando se les preguntó “si sabe o presume las causas por las cuales el detenido Aldo Francisco Perrini Guala presenta hematomas en su cuerpo al realizarse la autopsia” y todos respondieron que no sabían pero que podían “haberse originado en el trato riguroso que el personal de custodia debe mantener con los detenidos incomunicados para mantener la disciplina”.
En sus declaraciones ante Mota y Tellechea, los cuatro implicados cayeron en contradicciones. Barneix dijo que no participó en el interrogatorio. Baudean y Puigvert lo desmintieron y afirmaron que fue Barneix quien tomó del hombro a Perrini para sentarlo en una silla. Los tres desdijeron sus testimonios ante el entonces juez sumariante capitán Ruben Bonjour y, al igual que el segundo jefe de la unidad, Perdomo, negaron haber torturado a Perrini y adjudicaron sus hematomas a un castigo propinado por el personal de guardia. Sin embargo, todos admitieron que la sesión en la sala de interrogatorios duró más de 15 minutos, todo el entretiempo de un partido de fútbol.
La autopsia histórica solicitada por el juzgado a los médicos Hugo Rodríguez, Domingo Mederos y Daniel Maglia fue concluyente: los hematomas verificados en el cuerpo de Perrini corresponden “con una víctima multigolpeada, excluyéndose de plano la etiología accidental o autoinferida”, “no existe duda posible sobre que se trata de una muerte violenta y heteroinferida, acaecida en el contexto de la tortura”. Los peritos sólo dudan sobre si Perrini murió durante la golpiza recibida o por una falla cardíaca durante la aplicación del “submarino”, al que fue sometido según evidencia la descripción pulmonar de su autopsia.
En su acusación, la fiscal Tellechea concluyó que en el Batallón N° 4 de Colonia se aplicaban torturas, que Perrini estaba en la sala de interrogatorios, que allí se encontraban Baudean, Puigvert y Barneix y que todo lo que sucedía era de conocimiento de Perdomo, por tanto se pidió el procesamiento con prisión de los cuatro, a quienes se acusó de un delito de homicidio político, caracterizado en la Ley 18.026 como un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible. El ministerio público no descartó ampliar su acusación contra otros implicados en los malos tratos recibidos y denunciados por otros detenidos junto a Perrini.

QUIÉN ES QUIÉN

Pedro Ramón Barneix Mattiauda nació el 31 de agosto de 1946 e ingresó al Ejército el 1º de marzo de 1963, en el arma de Infantería. Con el grado de teniente, asistió en 1973 a la Escuela de las Américas, a cargo de un grupo de cadetes (entre ellos el actual comandante en jefe, Pedro Aguerre, y el comandante de la División II, Willie Purtscher), para realizar el Internal Security Operations Course C-6. Ascendió a mayor en 1981 con destino al Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES). Llegó a general en 2003, cuando el presidente Jorge Batlle lo designó jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) y asistió a la Primera Reunión del Foro de Servicios de Inteligencia Iberoamericana, celebrada en Costa Rica en 2004.
En 2005, junto con el general Carlos Díaz, Barneix elaboró el informe sobre desaparecidos que el Ejército entregó al presidente Tabaré Vázquez. En esa “historia oficial”, por primera vez el arma admitió la desaparición forzada de 25 uruguayos, pero en todos los casos adjudicó la responsabilidad al Servicio de Información y Defensa (SID) y no a la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA), que existía orgánicamente en cada una de las cuatro divisiones del Ejército. El trabajo que Barneix y Díaz entregaron al comandante Ángel Bertolotti “desconoció” la existencia del “segundo vuelo” de Orletti (admitido por la Fuerza Aérea) y marcó equivocadamente el lugar donde estaban los restos de María Claudia García de Gelman.
José Agustín Francés Baudean Menteguraga nació el 24 de diciembre de 1940 e ingresó a Infantería del Ejército el 1º de marzo de 1956. Era teniente primero en 1966, un año más tarde pasó al Batallón de Infantería N° 2 y para 1968 era capitán en el Batallón de Infantería N° 4 de Colonia. Entre el 10 de enero y el 28 de abril de 1972 hizo el curso Military Intelligence Off 0-11 en la Escuela de las Américas. En 1976, ascendido a mayor, revestía en el Servicio de Información y Defensa (SID). En 1980 fue director nacional de Relaciones Públicas de la Presidencia que ejercía Aparicio Méndez y en 1982 llegó a comandante del Batallón de Infantería N° 14 en Toledo.
En 1977, Baudean participó en la denominada ‘Operación Pecera’, por la que se realizó vigilancia a un marino del que se sospechaba que pertenecía a la inteligencia soviética; en el marco de esa operación se produjo la detención y homicidio del maestro y periodista Julio Castro. En febrero de 2002 su rostro fue revelado por el diario La República y Baudean desde una audición radial acusó al entonces director del matutino, Federico Fasano, de apropiarse de dineros de los exiliados en México; denunciado ante la Justicia, Baudean resultó culpable de un delito de difamación y condenado a cinco meses de presión. El militar fue directivo del Centro Militar. Radicado en Piriápolis, integra la agrupación fernandina de oficiales retirados.
Washington Perdomo llegó a ser docente de la carrera de periodismo creada por la dictadura en 1979 dentro de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU). En un principio, el militar daba clases de Teoría de la Comunicación Social, pero en 1997 quedó a cargo del curso y en 2001 se transformó en el director de la entonces Escuela de Comunicación.
José Tomás Puigvert Valerio también es un egresado de la Escuela de las Américas, donde asistió en 1968 al Special Cadet Course, perteneciendo a la misma generación de otros conocidos militares como Armando Méndez, Carlos Rodríguez Lagreca, Manuel Cardeillac, Juan Delpino, Walter Díaz Tito, Hebert Figoli y el encarcelado Jorge Pajarito Silveira Quesada.
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