.A este comunicado se suma Alternativa por Tenerife y Canarias por la Izquierda
Alternativa
Ciudadana afirma que la expulsión de Morales “es el último acto de una
larga persecución del Estado español y de su policía”
POR
Ruth Gabilondo •
18 de junio de 2012
Alternativa Ciudadana ha mostrado “su más absoluto rechazo” a la expulsión del territorio nacional del activista uruguayo José Morales
Brum, residente en Lanzarote. En una declaración conjunta de AC,
Alternativa por Tenerife Sí se Puede y Canarias por la Izquierda Sí se
Puede, las formaciones han señalado que esta deportación es “el último
acto de una larga persecución por el Estado español y su policía en
contra de un compañero que se ha enfrentado a la represión y el acoso
policial”.
Para estos partidos, “el motivo de fondo” de la expulsión de Morales
es “el papel jugado por el compañero en las luchas y movimientos
sociales y de solidaridad internacional en su isla de Lanzarote”. Las
formaciones han señalado que fue el martes 12 de junio en Tenerife
cuando “la ignominia de su expulsión se llevó a cabo”.
“Fue esposado con cintas de plástico y embarcado en un avión rumbo a su
país de origen, sin documentación ni dinero”, han señalado.
Estas tres formaciones han denunciado que la decisión de la expulsión
de Morales fue adoptada “por el poder político a través de la
Delegación del Gobierno del Partido Popular, sin garantías ni
supervisión judicial alguna”. “No se han tenido en cuenta las
pruebas documentales y testificales aportadas en contra de las falsas
afirmaciones vertidas en los expedientes policiales. El mismo que denuncia, el poder ejecutivo, es el mismo que juzga”, han criticado.
Para estas formaciones, lo que hace “particularmente grave” esta expulsión, es el uso de “una perversa norma legal con fines aún más turbios”.
“En efecto, la modificación de la Ley de Extranjería hecha por el
anterior gobierno del PSOE introdujo un procedimiento sumarísimo que
deja sin amparo la tutela judicial de los derechos políticos de la
comunidad inmigrante, al darle absoluta preeminencia a los informes
policiales”, han manifestado.
Concentración saharaui
Alternativa Ciudadana 25 de mayo, Alternativa por Tenerife Sí se
Puede y Canarias por la Izquierda Sí se Puede han recordado que primero
fue el PSOE, quien “impidió aclarar” el incidente que hubo con un policía en una concentración saharaui en Arrecife, tras la cual se incoó el primer expediente de expulsión a Morales.
“Un funcionario policial, franco de servicio, fotografió a los
participantes en un acto de recibimiento a los niños saharauis que
llegaban a Lanzarote dentro del programa vacaciones en paz. ¿Actuaba ese policía en una misión al servicio del Estado español
o formaba parte de la “intensa colaboración” que se mantiene con las
fuerzas represivas marroquíes?”, se han preguntado estos partidos
políticos.
Protesta contra el petróleo
Para estas formaciones, el segundo expediente de expulsión que se le
abrió a José Morales fue “fabricado” con la finalidad de “amedrentar a
un potente movimiento social en contra de las injustificables
prospecciones petrolíferas de la multinacional Repsol”. “Esto forma
parte de la acreditada actitud despótica del actual Ministro de
Industria (calificado como tonto del culo por sus propios compañeros de
partido en León) y de una concepción del uso privado del Estado. Se utiliza a la policía para defender e imponer una política que beneficia a una sola empresa privada, a Repsol, y perjudica a la sociedad canaria, su territorio y su medio ambiente”, han indicado.
En opinión de estas formaciones, estas acciones contienen un trasfondo político “hostil” contra José Morales,
“ciudadano perfectamente integrado desde hace casi una década en
nuestra sociedad y padre de una niña canaria que también se está viendo
afectada por la actuación sin piedad del Gobierno Español y el silencio
cómplice del Gobierno canario”.
“El ensañamiento político es ya claramente innegable cuando el
procedimiento de expulsión se acelera al denunciar José Morales la grave
intromisión en su honor por parte del Delegado del Gobierno en Canarias
que pretende enturbiar las auténticas razones de su expulsión,
intentando revivir hechos claramente negados en resoluciones judiciales,
con la única finalidad de debilitar el apoyo a José Morales”, han
recordado los tres partidos políticos, en referencia a las declaraciones
que realizó Luis Molina, que afirmó que sobre Morales pesaba una
denuncia por malos tratos y una orden de alejamiento.
Una medida “bárbara”
Por último, Alternativa Ciudadana 25 de mayo, Alternativa por
Tenerife Sí se Puede y Canarias por la Izquierda Sí se Puede han
manifestado su apoyo a José Morales y su solidaridad. “Rechazamos esta bárbara medida, más propia de los tiempos de la dictadura fascista
que de una sociedad democrática. Recalcamos que no vamos a ceder, ni en
palabra ni en obra, en la defensa de los derechos políticos, sociales y
laborales de cualquier residente en Canarias. Ni las amenazas, ni la
arbitrariedad, nos harán retroceder en nuestra resolución de conseguir
una sociedad más justa, solidaria y democrática”, han recalcado.
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Fotos de arriba los que luchan
Un grupo de personas, convocadas por el colectivo de Jóvenes
saharauis/wiyas de Tenerife, se acercaron al municipio de Arona para
mostrar, ante las inmediaciones de la Comisaría de policía, su
solidaridad con el activista uruguayo José Morales Brum que actualmente
está con una orden de expulsión por parte del gobierno español.
José Morales, defensor de los derechos del pueblo saharaui, al que se le acusa con falta grave por “alterar el orden público” después de que un policía vestido de paisano y sin identificar haya sacado una pistola en un manifestación pacífica donde se recibían a 12 niños saharauis en Lanzarote, es un caso más de injusticia y abuso de poder.
Con los lemas de “Solidaridad con José Morales”, “Yo no lo haría, no te expulsaría”, “No más pistolas contra las libertades”, “Human rights is our fight” y “Free western Sahara”, el colectivo de jóvenes saharuis/wiyas y el grupo de activistas solidarios también con la lucha de este pueblo pide que se haga justicia y no se expulse a José Morales.
Más información: Tenerife con el SaharaJosé Morales, defensor de los derechos del pueblo saharaui, al que se le acusa con falta grave por “alterar el orden público” después de que un policía vestido de paisano y sin identificar haya sacado una pistola en un manifestación pacífica donde se recibían a 12 niños saharauis en Lanzarote, es un caso más de injusticia y abuso de poder.
Con los lemas de “Solidaridad con José Morales”, “Yo no lo haría, no te expulsaría”, “No más pistolas contra las libertades”, “Human rights is our fight” y “Free western Sahara”, el colectivo de jóvenes saharuis/wiyas y el grupo de activistas solidarios también con la lucha de este pueblo pide que se haga justicia y no se expulse a José Morales.
Politica 18.06.2012
PIT-CNT pidió reunión a embajador español ante expulsión de uruguayo radicado en Canarias.
El martes 12, José Morales Brum, un uruguayo radicado
desde hace diez años en Lanzarote (Islas Canarias), fue expulsado de
territorio español y trasladado bajo custodia policial a Montevideo por
una decisión de la Delegación de Gobierno de España en Canarias.
En abril se le había abierto un expediente por alteración del orden público tras su participación, en febrero, en una concentración contra el ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, a raíz de la autorización a la petrolera Repsol para que realice prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote. Sin embargo, José Morales explicó a la diaria que la imputación carece de fundamento porque “la concentración se desarrolló en todo momento de manera pacífica, sin disturbios ni detenciones”.
Morales, de 42 años, es técnico industrial y llegó a Canarias en 2002. Allí consiguió trabajó y tuvo una hija. También se vinculó a la actividad sindical y a dar apoyo a distintos movimientos sociales. En julio de 2011 había participado en una concentración en apoyo al pueblo saharaui, en la que fotografió a un policía infiltrado que sacaba fotos a los manifestantes. Morales cuenta que el hecho generó la respuesta del policía, que sacó un arma y le arrebató la cámara. A partir de ese incidente, Morales fue denunciado y esto le generó su primer expediente de expulsión, finalmente cancelado en enero de este año.
Luego de la manifestación contra Repsol, la Policía denunció a siete personas; los no inmigrantes fueron sancionados con una multa económica, pero a Morales se le abrió un nuevo expediente de expulsión. El 21 de mayo se le comunicó que la delegación de gobierno había decidido expulsarlo, a lo que presentó nuevos recursos judiciales de apelación. Por ese proceso, Morales debía presentarse periódicamente en la comisaría local a la que acudió el martes para “firmar”. Sin embargo, esta vez se le comunicó que la delegación de gobierno había decidido expulsarlo. El uruguayo denunció que no le fue permitido hablar con su abogado, con el consulado uruguayo ni con su familia y que fue trasladado primero a Madrid y luego a Montevideo, atado de manos y pies, con cinta plástica y bajo una fuerte custodia policial. En ningún momento se le entregó documentación que certifique su salida de España, tampoco se le selló el pasaporte y recién en Montevideo, luego de ser entregado a Interpol, quedó en libertad.
Morales explica que, además de tener una hija española a su cargo, tiene “toda la documentación en regla”, permiso de trabajo, residencia, fuertes vínculos “de arraigo” con Canarias y carece de antecedentes penales, lo que lo convertiría en el primer inmigrante expulsado de España en estas condiciones. Por otra parte, la vía administrativa del proceso en lo contencioso estaba abierta y “la delegación de gobierno no puede expedirse de forma unilateral”, agregó.
El objetivo de estos apoyos es “devolverlo” a Canarias, que pueda reencontrarse con su hija y volver a su vida normal, señala Gómez. La situación es inaceptable porque esto representa un antecedente del recrudecimiento de la Ley de Extranjería, y a Morales “lo están condenando por su reconocido compromiso social”, agrega.
Morales es además militante del Partido Comunista del Uruguay en España. La organización emitió un comunicado en el que denuncia que “el fondo” de la expulsión está en las “actividades que realizaba” Morales en “defensa de la migración y de la causa de la libertad del pueblo saharaui”. “Vemos detrás de esta expulsión la criminalización al migrante para que no participe, incida y resuelva en el lugar que reside”, agrega el comunicado, del cual se elevó una copia al FA “para que curse todas las actuaciones pertinentes, tanto políticas como parlamentarias o diplomáticas”. Alicia Esteller, de la directiva de Idas y Vueltas, asociación de familiares y amigos de migrantes, coincidió en que la situación de Morales “no tiene antecedentes”, porque se trata de una persona que estaba en forma “totalmente legal” en España. “Es un hecho discriminatorio”, que seguramente se deba a “su militancia”, concluyó.
Luis Rómboli
En abril se le había abierto un expediente por alteración del orden público tras su participación, en febrero, en una concentración contra el ministro de Industria, Energía y Turismo de España, José Manuel Soria, a raíz de la autorización a la petrolera Repsol para que realice prospecciones petrolíferas frente a las costas de Lanzarote. Sin embargo, José Morales explicó a la diaria que la imputación carece de fundamento porque “la concentración se desarrolló en todo momento de manera pacífica, sin disturbios ni detenciones”.
Morales, de 42 años, es técnico industrial y llegó a Canarias en 2002. Allí consiguió trabajó y tuvo una hija. También se vinculó a la actividad sindical y a dar apoyo a distintos movimientos sociales. En julio de 2011 había participado en una concentración en apoyo al pueblo saharaui, en la que fotografió a un policía infiltrado que sacaba fotos a los manifestantes. Morales cuenta que el hecho generó la respuesta del policía, que sacó un arma y le arrebató la cámara. A partir de ese incidente, Morales fue denunciado y esto le generó su primer expediente de expulsión, finalmente cancelado en enero de este año.
Luego de la manifestación contra Repsol, la Policía denunció a siete personas; los no inmigrantes fueron sancionados con una multa económica, pero a Morales se le abrió un nuevo expediente de expulsión. El 21 de mayo se le comunicó que la delegación de gobierno había decidido expulsarlo, a lo que presentó nuevos recursos judiciales de apelación. Por ese proceso, Morales debía presentarse periódicamente en la comisaría local a la que acudió el martes para “firmar”. Sin embargo, esta vez se le comunicó que la delegación de gobierno había decidido expulsarlo. El uruguayo denunció que no le fue permitido hablar con su abogado, con el consulado uruguayo ni con su familia y que fue trasladado primero a Madrid y luego a Montevideo, atado de manos y pies, con cinta plástica y bajo una fuerte custodia policial. En ningún momento se le entregó documentación que certifique su salida de España, tampoco se le selló el pasaporte y recién en Montevideo, luego de ser entregado a Interpol, quedó en libertad.
Morales explica que, además de tener una hija española a su cargo, tiene “toda la documentación en regla”, permiso de trabajo, residencia, fuertes vínculos “de arraigo” con Canarias y carece de antecedentes penales, lo que lo convertiría en el primer inmigrante expulsado de España en estas condiciones. Por otra parte, la vía administrativa del proceso en lo contencioso estaba abierta y “la delegación de gobierno no puede expedirse de forma unilateral”, agregó.
Todo legal
Por su parte, el español Xesús Gómez Miño, radicado en Uruguay desde 2004 y que trabaja en la Plataforma de Apoyo a los Inmigrantes Uruguayos, explicó que junto con el PIT-CNT se solicitó una entrevista urgente al embajador español en nuestro país, Roberto Varela. Además, la abogada de Morales presentó recursos ante la delegación de gobierno de Canarias, el gobierno central de España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo). También se hizo un pedido de explicaciones al Ejecutivo desde el Parlamento español, presentado por el bloque parlamentario de Izquierda Unida, y al que se sumaron otros partidos.El objetivo de estos apoyos es “devolverlo” a Canarias, que pueda reencontrarse con su hija y volver a su vida normal, señala Gómez. La situación es inaceptable porque esto representa un antecedente del recrudecimiento de la Ley de Extranjería, y a Morales “lo están condenando por su reconocido compromiso social”, agrega.
Morales es además militante del Partido Comunista del Uruguay en España. La organización emitió un comunicado en el que denuncia que “el fondo” de la expulsión está en las “actividades que realizaba” Morales en “defensa de la migración y de la causa de la libertad del pueblo saharaui”. “Vemos detrás de esta expulsión la criminalización al migrante para que no participe, incida y resuelva en el lugar que reside”, agrega el comunicado, del cual se elevó una copia al FA “para que curse todas las actuaciones pertinentes, tanto políticas como parlamentarias o diplomáticas”. Alicia Esteller, de la directiva de Idas y Vueltas, asociación de familiares y amigos de migrantes, coincidió en que la situación de Morales “no tiene antecedentes”, porque se trata de una persona que estaba en forma “totalmente legal” en España. “Es un hecho discriminatorio”, que seguramente se deba a “su militancia”, concluyó.
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