MARTÍN VIGGIANO TWITTER.COM/MARTINVIGGIANO
"Tomá abuelo", le dijo Agustina, la más grande de las tres nietas de Francisco Beltrame (el nuevo ministro de Vivienda), cuando le dio un regalo para felicitarlo por su ascenso. Era el dibujo de una casita. "Para que tengas claro lo que hay que hacer", susurró un allegado.
El episodio sucedió ayer a media tarde, cuando terminaba el acto público de asunción del nuevo ministro, del que participó la saliente Graciela Muslera. Fue el momento donde Beltrame pudo aflojar la tensión del acto emotivo, que tuvo a Muslera como protagonista.
La ex ministra leyó un manojo de hojas con su "rendición de cuentas" de los 27 meses de gestión y, entrecortada por el llanto que en varios pasajes no pudo contener, repartió críticas en un repaso que tuvo un tono de desahogo. "¿Hasta cuándo podemos sostener esta tensión (en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Dinama)?", se preguntó. "Este período ha estado marcado por la tensión entre el cumplimiento de los cometidos, la creación de capacidades institucionales, y la exigencia de acompañar el vértigo del desarrollo de nuestra economía. La gestión del ambiente es hoy un cuello de botella para el desarrollo. ¿Cómo lo resolvemos, rebajando las exigencias?, ¿Resignando nuestro rol de control ambiental?", insistió la ex jerarca, en clara alusión a la ola de proyectos que enfrenta la oficina. Desde la primera fila escuchaba el director de la Dinama, Jorge Rucks.
Llorando y ante una sala de actos en silencio, Muslera remató: "Creo que se acuerdan de mi primer discurso, cuando asumí el cargo. Se podría resumir en: ´el desafío es muy grande, no me dejen sola. Acompáñenme".
Más adelante, cuando le tocó hablar al secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, le confesó que "a veces" sintió que la dejaron "sola" en el gobierno, por lo cual le pidió "disculpas".
A diferencia de la senadora Lucía Topolansky, que justificó la salida de Muslera por cuestiones familiares, la ex ministra dijo que se fue por "falta de apoyo político".
Madrugador y matero
"Pancho" Beltrame, un militante orgánico del Movimiento de Participación Popular (MPP), que entró a la política como tantos en la izquierda por el ala estudiantil, en la Facultad de Arquitectura, fue una de las figuras más destacadas del denominado FER68 (Frente Estudiantil Revolucionario), lo que muchos identificaron como la expresión tupamara en el área de la educación en esa época. Matero, hincha de Nacional, sus compañeros lo recuerdan por ser "muy madrugador", y por eso muchos le decían "tambero". Militó desde la clandestinidad durante la dictadura (1973-1985).
"Somos veteranos en esta tarea de intentar cambiar la realidad, somos parte de una generación magullada. Sí se puede cambiar, debemos cambiar el inmovilismo del ´siempre se hizo así´, y este es nuestro compromiso y es la invitación que le realizamos a los funcionarios", comentó Beltrame ayer, en sintonía con la campaña contra la burocracia del presidente José Mujica.
Al final, ante las cámaras de televisión, Beltrame compartió también otras de las insistentes inquietudes de Mujica: se quejó de la prensa.
La traición de Lucía
Muslera dejó su cargo con quejas por trato que recibió en Presidencia
Relevo. En los próximos días la sustituirá el actual presidente de Mevir
-Muslera: "Yo tengo el nombre del canalla que anda diciendo en la prensa que me van a remover. Si quiere se lo doy".
-Mujica: ¿Por qué no me llamó?
-Muslera: Porque no tengo su celular, porque su secretaria María no me lo pasó y Cachete (secretario de Mujica) tampoco.
-Mujica: ¿No habló con la Secretaría de Presidencia?
-Muslera: Pedí dos reuniones con el prosecretario (Diego Cánepa) y nunca apareció, y la tercera me dejaron plantada esperando dos horas y no se hizo. Voy a dejar mi cargo a disposición.
-Mujica: No acepto la renuncia.
-Muslera: Yo me voy, ya renuncié.
Al finalizar el Consejo de Ministros, Muslera recibió el abrazo de varios ministros y trasmitió que había jurado a sus hijos que no iba a tolerar que se siguiera manejando su nombre en la prensa.
La ministra señaló que ya le habían pasado por arriba una vez, pero que no se repetiría. Allegados a Muslera dijeron que los últimos días fueron muy dolorosos para ella, puesto que se daba como un hecho su remoción pero ni Mujica ni autoridades de Presidencia le informaron nada.
El portal web de la Presidencia de la República mantuvo hasta ayer a la noche que hoy a la hora 18.30 el arquitecto Rafael Viñoly presentará al ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, y a Muslera, el proyecto referido a la construcción del puente sobre la Laguna Garzón, en el departamento de Rocha.
Un allegado a Muslera dijo que, en principio, la ministra concurrirá a esta reunión, si bien hubo diferencias entre Mujica y Muslera respecto al proyecto de este puente sobre laguna Garzón, sobre el que los técnicos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) tienen una visión crítica.
Muslera es la tercera remoción en el gobierno que realiza Mujica en una semana.
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Humedales del Santa Lucía
.Puja entre Defensa y Medio Ambiente
Áreas Protegidas. Generan diferencias entre las secretarías de Estado en partes del país
EDUARDO BARRENECHE
Desde hace seis meses, Mujica no aprueba la creación del Área Protegida "Humedales de Santa Lucía" por diferencias entre los ministerios de Defensa y Medio Ambiente. Las pujas entre ambas carteras se repiten en otras zonas costeras del país.
A fines de 2010, la entonces ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Graciela Muslera, anunció la creación de un área protegida en los Humedales de Santa Lucía, en diciembre de 2011.
Muslera había recibido de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y de sus propios asesores sobre medio ambiente un proyecto de resolución que transformaba en área protegida a extensos predios ubicados sobre el río Santa Lucía.
La iniciativa también contaba con el respaldo de las intendencias de San José, Montevideo y Canelones, las que tienen dentro de su jurisdicción el Santa Lucía. Dicha propuesta, así como el borrador de decreto, fueron elevados a consideración del presidente José Mujica.
Según fuentes del Mvotma y del Ministerio de Defensa, la mayor parte de
esos inmuebles son de propiedad privada, existiendo algunos predios
estatales de propiedad de Defensa, y otros pertenecientes a la Armada
Nacional. Hace poco tiempo, esta repartición castrense recibió una
oferta de un consorcio para construir en la zona una marina y
emprendimientos inmobiliarios.
En mayo de este año, Mujica envió una carta a las intendencias de Montevideo, Canelones y San José con una nota firmada por el entonces comandante de la Armada, Alberto Caramés -indagado por la Justicia Penal por supuestas compras ficticias. En la misiva, el jerarca de la Armada se pronunciaba en contra de la creación de esta área protegida, explicaron las fuentes ministeriales.
Montevideo reaccionó a la nota de Caramés y contestó formalmente que mantenía su posición sobre el área propuesta y advirtió que la Armada no tenía capacidad para opinar sobre el tema, agregaron.
CRUCES. Los humedales del río Santa Lucía no son los únicos predios que generaron controversias entre los ministerios de Defensa y Medio Ambiente, (ver recuadro).
Desde el Ministerio de Defensa se considera que la Dinama se transformó en "una especie de cuello de botella" que tranca emprendimientos millonarios que generarían mucha mano de obra, dijeron fuentes de esa cartera. En Defensa hay cuestionamientos a técnicos de la Dinama, a los que acusan de actuar para cobrar más dinero o por móviles políticos.
Jerarcas del Mvotma reconocieron que técnicos de la Dinama cobran hasta $ 24.000 mensuales de compensaciones, además del salario, por integrar equipos que analicen la problemática ambiental de emprendimientos de gran envergadura como el proyecto minero "Aratirí". Estos técnicos recibirán esos sobresueldos por un plazo de 18 meses.
Técnicos de la Dinama así como numerosas organizaciones sociales, también cuestionaron la idea de Mujica, de vender campos en el Cabo Polonio y en Valizas para que el Instituto Nacional de Colonización (INC) pueda comprar tierras.
A fines de mayo de 2011, el presidente Mujica manifestó en un discurso en el departamento de Cerro Lago su intención de vender tierras estatales -más de 1000 en Cabo Polonio y unas 800 hectáreas en el Parque Forestal de Aguas Dulces- ubicadas en la franja costera de Rocha. En este momento la iniciativa presidencial de vender tierras en la costera rochense se encuentra a estudio del Poder Legislativo.
Defensa se opone, ya que ese campo es utilizado por el Ejército para engordar animales cuya carne es usada para la alimentación de la tropa, dijeron fuentes castrenses a El País.
Otro lugar donde coliden los intereses de ambas carteras es el Área Protegida Cerro Verde. Se trata de una zona costera marítima de 1.700 hectáreas terrestres y aproximadamente 6.000 hectáreas marinas, ubicadas a continuación del Parque de Santa Teresa (Rocha). Es administrada por las Fuerzas Armadas.
Según informaciones gubernamentales, un grupo de "vecinos", entre los cuales se encuentran oficiales retirados del Ejército, elevaron a Mujica una carta firmada por el representante del Ministerio de Defensa en la zona, lo cual generó que la población del balneario La Coronilla protestara contra el área protegida.
A esto se agregan protestas debido a los desajustes provocados en la zona por el canal Andreoni.
Desde hace seis meses, Mujica no aprueba la creación del Área Protegida "Humedales de Santa Lucía" por diferencias entre los ministerios de Defensa y Medio Ambiente. Las pujas entre ambas carteras se repiten en otras zonas costeras del país.
A fines de 2010, la entonces ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Graciela Muslera, anunció la creación de un área protegida en los Humedales de Santa Lucía, en diciembre de 2011.
Muslera había recibido de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y de sus propios asesores sobre medio ambiente un proyecto de resolución que transformaba en área protegida a extensos predios ubicados sobre el río Santa Lucía.
La iniciativa también contaba con el respaldo de las intendencias de San José, Montevideo y Canelones, las que tienen dentro de su jurisdicción el Santa Lucía. Dicha propuesta, así como el borrador de decreto, fueron elevados a consideración del presidente José Mujica.
En mayo de este año, Mujica envió una carta a las intendencias de Montevideo, Canelones y San José con una nota firmada por el entonces comandante de la Armada, Alberto Caramés -indagado por la Justicia Penal por supuestas compras ficticias. En la misiva, el jerarca de la Armada se pronunciaba en contra de la creación de esta área protegida, explicaron las fuentes ministeriales.
Montevideo reaccionó a la nota de Caramés y contestó formalmente que mantenía su posición sobre el área propuesta y advirtió que la Armada no tenía capacidad para opinar sobre el tema, agregaron.
CRUCES. Los humedales del río Santa Lucía no son los únicos predios que generaron controversias entre los ministerios de Defensa y Medio Ambiente, (ver recuadro).
Desde el Ministerio de Defensa se considera que la Dinama se transformó en "una especie de cuello de botella" que tranca emprendimientos millonarios que generarían mucha mano de obra, dijeron fuentes de esa cartera. En Defensa hay cuestionamientos a técnicos de la Dinama, a los que acusan de actuar para cobrar más dinero o por móviles políticos.
Jerarcas del Mvotma reconocieron que técnicos de la Dinama cobran hasta $ 24.000 mensuales de compensaciones, además del salario, por integrar equipos que analicen la problemática ambiental de emprendimientos de gran envergadura como el proyecto minero "Aratirí". Estos técnicos recibirán esos sobresueldos por un plazo de 18 meses.
Técnicos de la Dinama así como numerosas organizaciones sociales, también cuestionaron la idea de Mujica, de vender campos en el Cabo Polonio y en Valizas para que el Instituto Nacional de Colonización (INC) pueda comprar tierras.
A fines de mayo de 2011, el presidente Mujica manifestó en un discurso en el departamento de Cerro Lago su intención de vender tierras estatales -más de 1000 en Cabo Polonio y unas 800 hectáreas en el Parque Forestal de Aguas Dulces- ubicadas en la franja costera de Rocha. En este momento la iniciativa presidencial de vender tierras en la costera rochense se encuentra a estudio del Poder Legislativo.
Planteo en Rocha
Sprechmann & Capandeguy Consultores Asociados propuso al gobierno y a la Intendencia de Rocha un plan de ordenamiento territorial en Cabo Polonio. Según informes a los que tuvo acceso El País, la consultora planteó la necesidad de rehabilitar la playa norte (La Calavera) mediante el retiro progresivo de construcciones irregulares y retiro de escombros.Diferencias entre los ministerios
En Quebrada de los Cuervos -ubicada a 45 kilómetros de la ciudad de Treinta y Tres-, el Plan de Manejo aprobado por resolución del Ministerio de Medio Ambiente prevé una gestión sustentable de pastizales en predios bajo administración del Ministerio de Defensa dentro del área protegida.Defensa se opone, ya que ese campo es utilizado por el Ejército para engordar animales cuya carne es usada para la alimentación de la tropa, dijeron fuentes castrenses a El País.
Otro lugar donde coliden los intereses de ambas carteras es el Área Protegida Cerro Verde. Se trata de una zona costera marítima de 1.700 hectáreas terrestres y aproximadamente 6.000 hectáreas marinas, ubicadas a continuación del Parque de Santa Teresa (Rocha). Es administrada por las Fuerzas Armadas.
Según informaciones gubernamentales, un grupo de "vecinos", entre los cuales se encuentran oficiales retirados del Ejército, elevaron a Mujica una carta firmada por el representante del Ministerio de Defensa en la zona, lo cual generó que la población del balneario La Coronilla protestara contra el área protegida.
A esto se agregan protestas debido a los desajustes provocados en la zona por el canal Andreoni.
El País Digital Lunes 25.06.2012
El problema no es el puente, sino lo que hay del otro lado del puente
Qué Pasa
La nueva frontera
La expansión hacia el este de la laguna Garzón, un asunto tan sinuoso como el proyecto de puente de Rafael Vignoly
MIGUEL ARREGUI
El proyecto de puente sobre la laguna Garzón, a la vera de José Ignacio, es asunto tan largo y complejo como la guerra de Troya, aunque no corra sangre. Mientras tanto el tráfico local se realiza sobre balsas pintorescas a cuyo costado permanece un viejo puente inconcluso, un proyecto privado de 1961-1962, un muñón que afea una de las zonas más caras y exclusivas de Uruguay.
La laguna Garzón es un muro entre los departamentos de Maldonado y Rocha: uno próspero gracias al turismo de alta gama; el otro tradicionalmente caótico y más bien pobretón aunque sus costas nada tengan que envidiar a las del vecino rico. La laguna oficia de tapón: de un lado riqueza que asombra, del otro el desierto, al menos hasta La Paloma.
Las autoridades municipales de Rocha, con el gobierno nacional y muchos empresarios detrás, creen que ya es tiempo de quitar el tapón y dejar que parte de la prosperidad de Maldonado, donde el precio de los inmuebles anda por las nubes, se derrame hacia Rocha. La forma más sencilla es construir un puente sobre la desembocadura de la laguna Garzón, arrumbar las graciosas balsas y darle continuidad a la ruta 10. Y entonces la gente, que es gregaria y cómoda, dará con naturalidad un paso más hacia el este sin miedo a alejarse del ruido y los servicios.
UN SANTUARIO A COLONIZAR. Justo a continuación de José Ignacio el
departamento de Rocha cuenta con una zona cuasi virgen para captar
turismo premium. Entre la laguna Garzón y la laguna de Rocha, con la
ruta 10 como eje, se extiende un territorio costero de unos 33
kilómetros de extensión, arenoso y muy erosionado, de baja calidad para
la actividad agropecuaria pero de un áspero atractivo turístico. Sus
playas, una larga línea recta azotada por grandes olas seguidas de una
fuerte succión, son tan bonitas como inutilizables para baños -salvo que
el bañista se ate a un bidón y se una a la costa con una larga cuerda.
Nadie niega a Rocha su derecho a sacarle más renta a su faja costera, con desarrollos más prolijos que la maraña en que se convirtieron Punta del Diablo o Valizas, y sin la masividad que cambió la otrora apacible faz de La Paloma. Como santuario natural ya tienen Cabo Polonio y otras áreas, pero dejan poco dinero.
Hay una batalla en torno a las formas que deberían tener los nuevos desarrollos en Rocha. Uno de los dilemas: ¿servirá esa costa privilegiada y desolada para disfrute de unos pocos, excéntricos y pudientes, o bien, en el largo plazo, a un número mayor de turistas, aunque ello implique un cambio sustancial en su fisonomía? Otro punto de debate: ¿el puente sobre laguna Garzón es en verdad necesario?
Nadie se opone en voz alta a la vinculación entre Maldonado y Rocha por la costa oceánica. El dilema en todo caso ha sido: balsa o puente.
En el gobierno, en las intendencias involucradas -todos frenteamplistas- y entre los empresarios se entiende que negarse al puente es tapar el sol con las manos. Al fin de cuentas los argentinos llegan a José Ignacio después de atravesar 100 puentes. Las balsas forman parte del folclore local pero, para una civilización basada en el consumo, la rapidez y el automóvil, un puente lo es todo, o casi. Y no se pueden reclamar los privilegios y vicios de la civilización moderna sin pagar un precio por ello.
DE SALSIPUEDES A GARZÓN. Las balsas defendidas por muchos lugareños y ambientalistas, que para la Dirección Nacional de Hidrografía llevan los números 16 y 17, sirvieron desde 1960 para cruzar el arroyo Salsipuedes, en el sudeste del departamento de Río Negro. En 1993 fueron transferidas, con balsero incluido, Gosmar Alvez, el "Negro Cantry", a la laguna Garzón. Algunos han llegado a reverenciarlas como "ecológicas", aunque de eso tengan poco y nada: gruesas chapas, tubos y lingas de acero, y una lancha que quema combustible para arrastrarlas. Se propuso moverlas con un guinche eléctrico, en nombre del ambiente, pero los automóviles que cruzan por ellas, hasta 500 en un día de temporada y 40.000 al año, seguirán consumiendo petróleo.
"El puente en sí es irrelevante", sostiene Eduardo Ballester, un argentino radicado desde hace 11 años en Maldonado que integra en José Ignacio la ONG Faro Limpio; "lo que importa es lo que se haga del otro lado del puente".
El arquitecto Jorge Rucks, director nacional de Medio Ambiente (Dinama), afirma que "todo indica que no hay mayores problemas ambientales" si se construye un puente adecuado, un poco más largo que el planeado originalmente. "El problema es la percepción local", precisa. "Eso fue claro en las audiencias públicas realizadas: en Maldonado velan por su entorno, en tanto en Rocha creen que si no tienen puente están embromados en términos de desarrollo".
Sin embargo Martín Pittaluga, concejal por el Frente Amplio del Municipio de Garzón, que también incluye a José Ignacio, se opuso con tenacidad a la construcción del puente, a contramano de su propio sector político. Durante años defendió el sistema de balsas como parte de "un turismo diferente" y freno al desarrollo a cualquier costo que predomina en Maldonado. Al fin de cuentas la zona entre las lagunas Garzón y de Rocha ya está comunicada también por caminería de balasto que sale en forma de peine desde la ruta 9, lo que amortigua el impacto ambiental aunque obligue a dar un rodeo.
Pittaluga, quien en el pasado presidió la Junta Local de Garzón y es empresario gastronómico en José Ignacio, estima que "un puente hará que el tránsito vehicular sea mucho mayor que el que existe ahora y perjudicará todo el entorno de la laguna Garzón". Se define como "desarrollista" del sector turístico, pero no a cualquier precio ni con mirada de corto plazo. "No es un puente necesario, vital", dice, "sino uno con el que se pretende acelerar los ocho o 10 desarrollos inmobiliarios", en general de media y alta gama, que se proponen o planean en la zona. "Mucha gente busca ahora un turismo diferente, más arisco, de acceso más difícil y más lento: apagar el motor del coche", insiste.
PUENTE SÍ, ¿PERO QUÉ PUENTE? Las protestas de los vecinos de la laguna Garzón, unidas a observaciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), condujeron a un cambio en la actitud del Ministerio de Transporte, que en 2009 proponía hacer un puente vulgar: otra cinta de cemento de tránsito rápido.
Por fin el gobierno se comprometió a proteger el área de la laguna Garzón, a modificar el proyecto inicial de puente y a no convertir la ruta 10 en una ruta nacional, de paso rápido. Se privilegiarán los accesos a la nueva zona de emprendimientos turísticos por ruta 9, aunque haya que recorrer 10 o 20 kilómetros más.
Con el visto bueno de Dinama, la Intendencia de Rocha estableció un ordenamiento del desarrollo turístico entre la laguna Garzón y la laguna de Rocha, aunque ciertos fraccionamientos añejos serán respetados. Las nuevas reglas dicen que los terrenos deberán tener un mínimo de 2.000 metros cuadrados, y que las construcciones no podrán realizarse a menos de 250 metros de la costa.
En buen romance: la nueva frontera del turismo de clase media-alta, una suerte de prolongación del eje Punta Ballena-Punta del Este-José Ignacio, será de baja densidad de población y en terrenos amplios alejados de la costa del océano Atlántico.
"Nadie se atreve ahora a ningunear el territorio (en torno a la laguna Garzón), a convertirlo en otro paso rápido que conduzca a ninguna parte", afirma Guzmán Artagaveytia, uno de los propietarios del restaurante La Huella, en José Ignacio.
En ese punto del debate apareció el célebre arquitecto Rafael Vignoly, autor del nuevo Aeropuerto Internacional de Carrasco, un habitué de la zona y enemigo del desarrollismo a toda vela, quien diseñó para el Ministerio de Transporte un extraño puente-balsa, "amigable" con el entorno, un compromiso salomónico.
Pero el proyecto Vignoly, dos curiosas vías paralelas de madera, aluminio y fibra de vidrio montadas sobre balsas que adoptan formas inusitadas, incluso un círculo, fue rápidamente cuestionado por Eduardo Constantini, un empresario argentino que desarrolla entre las lagunas Garzón y de Roca el barrio privado Las Garzas (ver recuadro). El puente es complejo, caro de mantener y no permite el paso de embarcaciones por debajo, afirmó Constantini, quien en 2008 estaba dispuesto a poner dinero de su bolsillo, hasta tres millones de dólares, para financiarlo.
Jorge Rucks, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, defiende el proyecto Vignoly: "Es un concepto, una idea" que se integra bien con el entorno y obliga a un tránsito vehicular más lento. El proyecto está a estudio del Ministerio de Transporte, que resolverá. Otras personas, sin embargo, dicen en voz baja que el proyecto de puente flotante y cimbreante es complejo y costoso, una excentricidad más digna de un reino del Golfo Pérsico que de Uruguay.
El debate en torno al puente sobre la laguna Garzón "es más amplio que el puente en sí mismo", dice el arquitecto Jorge Rucks, director nacional de Medio Ambiente: "también importa el impacto territorial y ambiental".
En mayo de 2009 la Dinama dio categoría C al puente proyectado por el Ministerio de Transporte, lo obligó a presentar un estudio de impacto ambiental más completo y a someter el proyecto a consideración de la población en audiencias públicas.
Después de mucho debate las autoridades se comprometieron a convertir la zona de la laguna Garzón, un espejo de agua de 18 kilómetros cuadrados, en un área protegida, como ya lo es la laguna de Rocha (76 kilómetros cuadrados, más amplios humedales), que permanece aislada del cercano balneario La Paloma. Su categoría de "área protegida" impide realizar fraccionamientos destructivos en los alrededores.
Los 33 kilómetros que median entre las lagunas Garzón y de Rocha se unen por la ruta nacional Nº 10, una vía de balasto que corre paralela a la costa y que, a medida que se acerca a la laguna de Rocha, se convierte en una senda de difícil tránsito vehicular. El gobierno se comprometió a desafectar la 10 como ruta nacional, lo que permitirá mantener su rusticidad y disminuir la velocidad del tránsito. A cambio se privilegiará el acceso a la costa oceánica desde la ruta 9 mediante caminos perpendiculares. Uno de ellos ya está en óptimas condiciones.
La ruta 10 corre a cierta distancia del océano Atlántico. Jorge Rucks, de Dinama, sostiene que las "ramblas cercanas a la costa son destructivas e inducen a una forma de turismo. Se tratará de no repetir en Rocha la barrera visual hacia el océano que se hizo entre La Barra del arroyo Maldonado y José Ignacio", con desarrollos hacinados sobre la costa y enclaves desmañados como el Complejo Terminal del Este (Boya Petrolera) de Ancap.
La franja costera entre las dos lagunas hoy es habitada por escasas personas: algunos núcleos de pescadores, unos pocos productores rurales, obreros que trabajan en nuevos fraccionamientos y "gente de plata que tiene casa por acá", dice un lugareño.
En ese territorio, a partir de la década de 1930 se realizaron fraccionamientos con calles apretadas, en damero, y terrenos pequeños. No prosperaron. La Intendencia de Rocha fomentó la recompra de esos terrenos y fijó nuevas normas de loteo: más amplitud, más lejanía del océano, menor densidad. Procura atraer un turismo más parecido al de José Ignacio que al de La Paloma. El resultado recién se verá en unas décadas.
El proyecto de puente sobre la laguna Garzón, a la vera de José Ignacio, es asunto tan largo y complejo como la guerra de Troya, aunque no corra sangre. Mientras tanto el tráfico local se realiza sobre balsas pintorescas a cuyo costado permanece un viejo puente inconcluso, un proyecto privado de 1961-1962, un muñón que afea una de las zonas más caras y exclusivas de Uruguay.
La laguna Garzón es un muro entre los departamentos de Maldonado y Rocha: uno próspero gracias al turismo de alta gama; el otro tradicionalmente caótico y más bien pobretón aunque sus costas nada tengan que envidiar a las del vecino rico. La laguna oficia de tapón: de un lado riqueza que asombra, del otro el desierto, al menos hasta La Paloma.
Las autoridades municipales de Rocha, con el gobierno nacional y muchos empresarios detrás, creen que ya es tiempo de quitar el tapón y dejar que parte de la prosperidad de Maldonado, donde el precio de los inmuebles anda por las nubes, se derrame hacia Rocha. La forma más sencilla es construir un puente sobre la desembocadura de la laguna Garzón, arrumbar las graciosas balsas y darle continuidad a la ruta 10. Y entonces la gente, que es gregaria y cómoda, dará con naturalidad un paso más hacia el este sin miedo a alejarse del ruido y los servicios.
Nadie niega a Rocha su derecho a sacarle más renta a su faja costera, con desarrollos más prolijos que la maraña en que se convirtieron Punta del Diablo o Valizas, y sin la masividad que cambió la otrora apacible faz de La Paloma. Como santuario natural ya tienen Cabo Polonio y otras áreas, pero dejan poco dinero.
Hay una batalla en torno a las formas que deberían tener los nuevos desarrollos en Rocha. Uno de los dilemas: ¿servirá esa costa privilegiada y desolada para disfrute de unos pocos, excéntricos y pudientes, o bien, en el largo plazo, a un número mayor de turistas, aunque ello implique un cambio sustancial en su fisonomía? Otro punto de debate: ¿el puente sobre laguna Garzón es en verdad necesario?
Nadie se opone en voz alta a la vinculación entre Maldonado y Rocha por la costa oceánica. El dilema en todo caso ha sido: balsa o puente.
En el gobierno, en las intendencias involucradas -todos frenteamplistas- y entre los empresarios se entiende que negarse al puente es tapar el sol con las manos. Al fin de cuentas los argentinos llegan a José Ignacio después de atravesar 100 puentes. Las balsas forman parte del folclore local pero, para una civilización basada en el consumo, la rapidez y el automóvil, un puente lo es todo, o casi. Y no se pueden reclamar los privilegios y vicios de la civilización moderna sin pagar un precio por ello.
DE SALSIPUEDES A GARZÓN. Las balsas defendidas por muchos lugareños y ambientalistas, que para la Dirección Nacional de Hidrografía llevan los números 16 y 17, sirvieron desde 1960 para cruzar el arroyo Salsipuedes, en el sudeste del departamento de Río Negro. En 1993 fueron transferidas, con balsero incluido, Gosmar Alvez, el "Negro Cantry", a la laguna Garzón. Algunos han llegado a reverenciarlas como "ecológicas", aunque de eso tengan poco y nada: gruesas chapas, tubos y lingas de acero, y una lancha que quema combustible para arrastrarlas. Se propuso moverlas con un guinche eléctrico, en nombre del ambiente, pero los automóviles que cruzan por ellas, hasta 500 en un día de temporada y 40.000 al año, seguirán consumiendo petróleo.
"El puente en sí es irrelevante", sostiene Eduardo Ballester, un argentino radicado desde hace 11 años en Maldonado que integra en José Ignacio la ONG Faro Limpio; "lo que importa es lo que se haga del otro lado del puente".
El arquitecto Jorge Rucks, director nacional de Medio Ambiente (Dinama), afirma que "todo indica que no hay mayores problemas ambientales" si se construye un puente adecuado, un poco más largo que el planeado originalmente. "El problema es la percepción local", precisa. "Eso fue claro en las audiencias públicas realizadas: en Maldonado velan por su entorno, en tanto en Rocha creen que si no tienen puente están embromados en términos de desarrollo".
Sin embargo Martín Pittaluga, concejal por el Frente Amplio del Municipio de Garzón, que también incluye a José Ignacio, se opuso con tenacidad a la construcción del puente, a contramano de su propio sector político. Durante años defendió el sistema de balsas como parte de "un turismo diferente" y freno al desarrollo a cualquier costo que predomina en Maldonado. Al fin de cuentas la zona entre las lagunas Garzón y de Rocha ya está comunicada también por caminería de balasto que sale en forma de peine desde la ruta 9, lo que amortigua el impacto ambiental aunque obligue a dar un rodeo.
Pittaluga, quien en el pasado presidió la Junta Local de Garzón y es empresario gastronómico en José Ignacio, estima que "un puente hará que el tránsito vehicular sea mucho mayor que el que existe ahora y perjudicará todo el entorno de la laguna Garzón". Se define como "desarrollista" del sector turístico, pero no a cualquier precio ni con mirada de corto plazo. "No es un puente necesario, vital", dice, "sino uno con el que se pretende acelerar los ocho o 10 desarrollos inmobiliarios", en general de media y alta gama, que se proponen o planean en la zona. "Mucha gente busca ahora un turismo diferente, más arisco, de acceso más difícil y más lento: apagar el motor del coche", insiste.
PUENTE SÍ, ¿PERO QUÉ PUENTE? Las protestas de los vecinos de la laguna Garzón, unidas a observaciones de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), condujeron a un cambio en la actitud del Ministerio de Transporte, que en 2009 proponía hacer un puente vulgar: otra cinta de cemento de tránsito rápido.
Por fin el gobierno se comprometió a proteger el área de la laguna Garzón, a modificar el proyecto inicial de puente y a no convertir la ruta 10 en una ruta nacional, de paso rápido. Se privilegiarán los accesos a la nueva zona de emprendimientos turísticos por ruta 9, aunque haya que recorrer 10 o 20 kilómetros más.
Con el visto bueno de Dinama, la Intendencia de Rocha estableció un ordenamiento del desarrollo turístico entre la laguna Garzón y la laguna de Rocha, aunque ciertos fraccionamientos añejos serán respetados. Las nuevas reglas dicen que los terrenos deberán tener un mínimo de 2.000 metros cuadrados, y que las construcciones no podrán realizarse a menos de 250 metros de la costa.
En buen romance: la nueva frontera del turismo de clase media-alta, una suerte de prolongación del eje Punta Ballena-Punta del Este-José Ignacio, será de baja densidad de población y en terrenos amplios alejados de la costa del océano Atlántico.
"Nadie se atreve ahora a ningunear el territorio (en torno a la laguna Garzón), a convertirlo en otro paso rápido que conduzca a ninguna parte", afirma Guzmán Artagaveytia, uno de los propietarios del restaurante La Huella, en José Ignacio.
En ese punto del debate apareció el célebre arquitecto Rafael Vignoly, autor del nuevo Aeropuerto Internacional de Carrasco, un habitué de la zona y enemigo del desarrollismo a toda vela, quien diseñó para el Ministerio de Transporte un extraño puente-balsa, "amigable" con el entorno, un compromiso salomónico.
Pero el proyecto Vignoly, dos curiosas vías paralelas de madera, aluminio y fibra de vidrio montadas sobre balsas que adoptan formas inusitadas, incluso un círculo, fue rápidamente cuestionado por Eduardo Constantini, un empresario argentino que desarrolla entre las lagunas Garzón y de Roca el barrio privado Las Garzas (ver recuadro). El puente es complejo, caro de mantener y no permite el paso de embarcaciones por debajo, afirmó Constantini, quien en 2008 estaba dispuesto a poner dinero de su bolsillo, hasta tres millones de dólares, para financiarlo.
Jorge Rucks, de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, defiende el proyecto Vignoly: "Es un concepto, una idea" que se integra bien con el entorno y obliga a un tránsito vehicular más lento. El proyecto está a estudio del Ministerio de Transporte, que resolverá. Otras personas, sin embargo, dicen en voz baja que el proyecto de puente flotante y cimbreante es complejo y costoso, una excentricidad más digna de un reino del Golfo Pérsico que de Uruguay.
Sustituto de la balsa
El 6 de junio el arquitecto Rafael Vignoly presentó un esbozo de puente "amigable" con el entorno: dos vías de madera, aluminio y fibras que flotan sobre 22 balsas y adoptan formas diversas. El puente-balsa sustituiría a la balsa, pero parece caro.NORMAS ESTRICTAS PARA LA FRANJA
Balnearios de baja densidad
Punta Ballena, Punta del Este, Cabo Polonio, Punta del Diablo: no hay forma de desarrollo que no sea cuestionable, aunque al fin el turismo, componente básico de la cultura contemporánea, siempre se abre paso y altera el ambiente original.El debate en torno al puente sobre la laguna Garzón "es más amplio que el puente en sí mismo", dice el arquitecto Jorge Rucks, director nacional de Medio Ambiente: "también importa el impacto territorial y ambiental".
En mayo de 2009 la Dinama dio categoría C al puente proyectado por el Ministerio de Transporte, lo obligó a presentar un estudio de impacto ambiental más completo y a someter el proyecto a consideración de la población en audiencias públicas.
Después de mucho debate las autoridades se comprometieron a convertir la zona de la laguna Garzón, un espejo de agua de 18 kilómetros cuadrados, en un área protegida, como ya lo es la laguna de Rocha (76 kilómetros cuadrados, más amplios humedales), que permanece aislada del cercano balneario La Paloma. Su categoría de "área protegida" impide realizar fraccionamientos destructivos en los alrededores.
Los 33 kilómetros que median entre las lagunas Garzón y de Rocha se unen por la ruta nacional Nº 10, una vía de balasto que corre paralela a la costa y que, a medida que se acerca a la laguna de Rocha, se convierte en una senda de difícil tránsito vehicular. El gobierno se comprometió a desafectar la 10 como ruta nacional, lo que permitirá mantener su rusticidad y disminuir la velocidad del tránsito. A cambio se privilegiará el acceso a la costa oceánica desde la ruta 9 mediante caminos perpendiculares. Uno de ellos ya está en óptimas condiciones.
La ruta 10 corre a cierta distancia del océano Atlántico. Jorge Rucks, de Dinama, sostiene que las "ramblas cercanas a la costa son destructivas e inducen a una forma de turismo. Se tratará de no repetir en Rocha la barrera visual hacia el océano que se hizo entre La Barra del arroyo Maldonado y José Ignacio", con desarrollos hacinados sobre la costa y enclaves desmañados como el Complejo Terminal del Este (Boya Petrolera) de Ancap.
La franja costera entre las dos lagunas hoy es habitada por escasas personas: algunos núcleos de pescadores, unos pocos productores rurales, obreros que trabajan en nuevos fraccionamientos y "gente de plata que tiene casa por acá", dice un lugareño.
En ese territorio, a partir de la década de 1930 se realizaron fraccionamientos con calles apretadas, en damero, y terrenos pequeños. No prosperaron. La Intendencia de Rocha fomentó la recompra de esos terrenos y fijó nuevas normas de loteo: más amplitud, más lejanía del océano, menor densidad. Procura atraer un turismo más parecido al de José Ignacio que al de La Paloma. El resultado recién se verá en unas décadas.
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