Terrateniente, proletarios y campesinos en Uruguay siglo XXI

CONTRIBUCIÓN PARA UNA POLÉMICA

Autor: William Yohai

2 de abril de 2013

Gonzalo Abella responde a un planteo originado en un trabajo suyo hace ya dos (o tres) “postas”.

Creo que la sustancia de esta discusión está en la respuesta a una serie de preguntas: 1) ¿cuáles son los sectores y clases sociales potencialmente revolucionarios en el Uruguay? 2) ¿Qué papel pueden jugar los “campesinos” o los “productores” o los “campesinos medios” en una eventual revolución en este país?

En los dos trabajos anteriores (el segundo corregía errores que contenía el primero) intentamos cuantificar la “clase” revolucionaria por excelencia: el proletariado.

Y planteamos una hipótesis al respecto: el núcleo de esa clase son los 800.000 (número por supuesto aproximado) asalariados con ingresos inferiores a los 11.000 pesos nominales. Afirmamos también, con los datos estadísticos disponibles en la mano, que hay en el país 1.127.000 asalariados.

Para aclarara confusiones yo afirmé:

“El resto, más allá que según la antigua concepción marxista la mayoría no forma parte de la producción de bienes y no genera por tanto plusvalía, son asalariados de ingresos bajos y medios bajos. 800 mil (aproximadamente) ganan menos de 11000 pesos en la mano”. No dije, como me cita GA, mal: “sin embargo el pequeño detalle para Yohai de que "según la antigua concepción marxista" (¿antigua?) en su inmensa mayoría "no generan plusvalía"
En concreto: la cantidad de asalariados que sí generan plusvalía son, gruesamente, según los datos del INE, el 30%. Exactamente como afirmé: minoría, pero no “inmensa minoría”. Se incluyen en este grupo los empleados en: “sector primario, industria manufacturera, construcción, y electricidad gas y agua” tal como los denomina el BCU  en sus informes sobre Cuentas Nacionales. Estamos hablando, por tanto, de un universo de unas 350.000 personas. Pero hay más: yo me meto en aguas profundas “la antigua concepción marxista”. ¿Porqué digo “antigua”? es mi herética opinión que tal vez ha llegado la hora de revisar la concepción marxiana original de que “proletarios” son sólo los que trabajan directamente en la producción de bienes. Es posible que la composición social de los países de desarrollo medio hoy (y Uruguay es, a no dudarlo uno de ellos) sea bien distinta de la que reinaba en los países industriales de Europa del siglo XIX, cuando Marx y Engels desarrollaron su teoría revolucionaria. En ese sentido me pregunto porqué un reponedor de supermercado o una auxiliar de enfermería o la limpiadora de una empresa tercerizada no son proletarios. De algo estoy seguro, la realidad sindical de hoy los ubica a todos ellos en directa confrontación con el capital.
Es a estas alturas imprescindible (en mi opinión) cuantificar el campesinado nacional. Los datos del censo 2011 nos pueden acercar algunas pistas: los predios hasta 99 hectáreas son (redondeando) 25 mil. Ocupan apenas el 4,6% de la tierra. Si “estiramos” el concepto hasta las 500 hectáreas agregamos otras 12 mil personas-empresas. Pero agregamos, a cambio, 2,8 millones de hectáreas de superficie explotada. Tal vez muchos dentro de este último sector “maldigan la forestación”. No lo dudo. Pero, ¿interesados en cualquier clase de cambio revolucionario?... no la veo por ningún lado. Hablamos de intereses como clase, repito, nada tienen que ver aquí las excepciones que siempre existen.
No se si pateo el campo más o menos que Gonzalo; pero conozco a los terratenientes: a los latifundistas y a los otros. Y también conozco los campesinos. Sobre estos últimos que considero son básicamente los 25 mil que ocupan predios menores a 100 hectáreas, se puede afirmar que son una especie en extinción; entre 2000 y 2011 desaparecieron 11.000 de ellos. Casi 3 por día. Y seguirán desapareciendo dada la dinámica capitalista del campo uruguayo hoy en día favorecida por la política económica fraudeamplista.
De los siguientes dos sectores (100 a 199 y 200 a 499 hectáreas) desaparecieron unos mil. Lamentablemente la periodicidad de los censos agropecuarios (¡pensar que en los 50 se hacían cada 5 años!) no permite discriminar en que período dentro de los 11 años que abarca el intercenso esta desaparición fue mayor. Tenemos la sospecha que la crisis que eclosionó en 2002 fue la de más intensa liquidación de pequeñas y medianas explotaciones. Y tenemos también la sospecha de que ese proceso, para las explotaciones entre 100 y 499 hectáreas, se ha detenido.
Pero en el campo no hay solo propietarios: hay también, y principalmente para quienes queremos una revolución, proletarios o asalariados rurales. ¿Cuántos? Según el BPS en 2009 habría 96.680. Lógicamente el BPS mide sólo los registrados. O sea, por cada campesino habría por lo menos 4 asalariados rurales: “los que no tienen otra cosa que la fuerza de trabajo para vender”.  Su visión, claro, es diferente de la de los “productores” a que alude Gonzalo. Para ellos, por ejemplo,  la aparición de Aratirí representa un beneficio: pueden optar entre el “campesino medio” o “productor” que les paga 8 mil pesos nominales por mes (el laudo para el peón del sector) y la empresa que, hasta que detuvo sus trabajos de prospección y exploración, les pagaba 15 mil. Baso esta última afirmación en datos de prensa.
Tengo la impresión de que, precisamente, el centro del trabajo político de una fuerza pretendidamente revolucionaria, si hablamos del campo, debería estar en los asalariados rurales. Esto lo comprendió y llevó a la práctica Raúl Sendic allá en los 60. Sin descartar a otros sectores que no he cuantificado, como pueden ser los pequeños arrendatarios ganaderos, ya sea de carne o de leche (los grandes son empresarios de tomo y lomo). A estos últimos también  la dinámica eucaliptera, sojera y minera los está condenando a la desaparición.
Tratando de considerar el aspecto histórico de la cuestión; los proletarios organizados de la época de Aparicio no se podían aliar con la clase social terrateniente que éste integraba. Tenían intereses contrapuestos. Para los obreros urbanos hijos de la industrialización liquidar el libre comercio (bandera eterna de los terratenientes y de la empresas que explotan minerales sin industrializar) es esencial. La política de industrialización Batllista choca frontalmente con esa visión liberal, porque para financiarla es necesario gravar pesadamente la extracción rentística y tomar medidas fiscales para proteger la naciente industria nacional. Exactamente lo contrario de lo que históricamente buscaron los latifundistas; pero no sólo estos, para todo productor de bienes primarios destinados a la exportación (en nuestro país históricamente se concentró en 3 artículos: cueros y carne vacunos y lana) la libre exportación de su producción y la libre importación de artículos industriales es clave. Salvo que me aporten evidencia histórica de que Aparicio perseguía una política de industrialización tal “alianza obrero-campesina” carece de cualquier sustento material.
La movilización de algunos pequeños y medianos terratenientes (y hasta alguno grande, según tengo entendido) contra los proyectos mineros genera mucho ruido. Son gente que en mayor o menor medida dispone de medios materiales para hacerse sentir. Vehículos, dinero para venir a Montevideo, caballadas, etc. Bien distinto de, por ejemplo, los obreros de la empresa FORBEL que fueron aplastados por las patronales con ayuda del Ministerio de Trabajo de la mano del Sr. Romero. En muy poco tiempo casi todos los trabajadores en conflicto no tuvieron otra opción que conseguir trabajos aún más miserables que aquellos por los cuales se habían movilizado y abandonar la lucha. Ese es el mundo absolutamente cruel en que se desenvuelve la lucha de clases en el campo. Aquí no se lucha por el “paisaje” o por conservar “la tierra de nuestros abuelos” (que será vendida a excelente precio a la trasnacional de turno). Hombres y mujeres con los signos evidentes de la explotación y el abandono en sus caras y manos juntan fuerza con el pobre apoyo que una diezmada izquierda sindical y política puede ofrecer para enfrentar a quienes se han asociado a Mujica y sus amigos.
La lucha por la tierra y por salarios y condiciones dignas de trabajo de los asalariados rurales es, a mi juicio el principal foco del conflicto social y político en el campo de hoy. La lucha por la tierra es precisamente la lucha por escapar a dicha condición. Pero dicha lucha carece de perspectiva en tanto no se toma conciencia de que al final solo la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción  conducirá a la emancipación. La lucha de los campesinos por mantenerse en la tierra es seguramente un proceso interesante y digno de apoyo. Pero a medida que el tiempo transcurre el campo uruguayo se “capitaliza” cada vez más. Los rentistas de la tierra (que creo haber definido con suficiente precisión) sean latifundistas o no, no están ni estarán mayoritariamente enfrentados a este modelo de explotación.
El régimen les garantiza su derecho de propiedad. Casi no les cobra impuestos. Permite la libre importación y exportación. Mientras los precios de los commodities agropecuarios se mantengan altos esta realidad no cambiará. Y las condiciones generales del planeta, donde la tierra y el agua dulce son bienes, junto a la energía fósil, cada vez más escasos hacen muy difícil pensar en una reversión duradera.
En realidad toda esta movida de Gonzalo, que forma parte de la línea política de Asamblea Popular y especialmente de su núcleo fundamental, el 26 de marzo, se inspira en la decisión de estos agrupamientos de sumarse a la oposición tanto proyecto minero de Zamin Ferrous conocido como Aratirí cuanto a los distintos operativos de prospección en busca de minerales que recorren el país. Para cualquier propietario de tierra, chico o grande, la prospección minera es vivida como una invasión de su propiedad privada. Y consecuentemente, en principio, rechazada. Lo cual no significa en modo alguno una contradicción antagónica entre terratenientes y mineros. Como surge de la lectura atenta del proyecto de ley sobre minería de gran porte a estudio hoy en el parlamento, los superficiarios en distinto grado son generosamente compensados por cualquier perjuicio que pudieran sufrir a manos de la actividad minera. De los varios proyectos mineros en danza el más grande e importante económicamente, por muy lejos, es Aratirí.
Se puede apoyar la lucha contra la instalación de Aratirí. Yo lo hago a mi manera desde hace dos años demostrando el saqueo que representaría para el bien colectivo la extracción por parte de Zamin Ferrous de ese mineral de hierro que hoy “duerme” en el subsuelo de Valentines. Es, sin embargo, erróneo confundir una lucha necesariamente transitoria, que terminará cuando la mina se instale (casi seguro) o cuando por alguna razón no lo haga, (improbable) con la lucha por la emancipación de la clase trabajadora.
Porque se instale o no, por fin,  Aratirí  los problemas del país seguirán siendo exactamente los mismos. Continuarán: la explotación más de un millón de asalariados del campo y la ciudad, la desigualdad creciente, la marginación y la destrucción cultural del pueblo. Seguiremos en cualquier caso atados al carro del imperialismo.
P.D.: En respuesta a Jorge Maiki: 1) no soy economista. Apenas un militante que estudia y escribe sobre economía política, como lo es él. 2) mi posición sobre el proyecto de programa de la coordinación de la Unidad Popular está publicado en www.resonandoenfenix.blogspot.com Si lo hubiera leído con algún detenimiento se hubiera ahorrado toda o casi toda su larga parrafada.