La gobernación provincial asegura que no existen más de 52 fallecidos, pero el Juez Luis Arias –ahora apartado de la causa– identificó 3 más y denunció a la Policía bonaerense por fraguar actas de defunción. Además, hubo impedimentos para dejar entrar a funcionarios judiciales a la morgue, y se dieron a conocer otros casos de muertes que están fuera del listado oficial. En todos los barrios de la ciudad se descree de las cifras que dio a conocer el gobierno de la provincia. Por ANRed La Plata.
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¿Cuantos muertos?
El gobernador Scioli ratificó el lunes
pasado que la lista oficial que confeccionó el Ministerio de Seguridad
(a cargo de Casal) se cerró en 51 muertos. En esa lista figuran
únicamente las muertes denunciadas por los familiares a la justicia
penal, no al 911 que se acercan al número de cien. En estos casos la
Policía Bonaerense actuó con los mimos métodos de la dictadura, de forma
deliberada permitió que los familiares enterraran los cuerpos, incluso
que los inhumaran, sin que se haya podido constatar judicialmente las
causas de la muerte y sin informar a la justicia como deben hacer cuando
se trata de muertes traumáticas.
Tampoco figuran en la lista menores
de edad, lo que choca con los testimonios de varios vecinos que han
visto niños arrastrados por el agua y que están muertos o desaparecidos.
No figuran Ada Teresa Rodríguez de Castro, Edgardo Reguera y Nélida
Reyes, que si están en la nómina de la Policía Científica.
Scioli tuvo que reconocer la existencia de
37 muertos más, pero adjudicó la causa de esas muertes a circunstancias
ajenas a la inundación (muertes naturales). Con total impunidad niega la
relación que existe entre esas muertes y el temporal. Prometieron
asistencia sanitaria, pero hubo personas que murieron esperando atención
médica. Hubo muertos en los mismos hospitales afectados por el
temporal, paros cardiorrespiratorios producidos por el frío, o por la
falta de luz y de gas.
En el Hospital Español hubo tres
fallecidos entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles, en el
Hospital San Roque de Gonnet hubo cinco que tampoco están en la lista
oficial. En el Hospital San Martín el número aún no está claro, pero
sería más elevado. El sistema de Salud debe informar en detalle las
causas de esas muertes y el Ministerio de Seguridad debe actualizar la
nómina de muertos. Le caben responsabilidades políticas en este punto.
Los desaparecidos
En un país donde hablar de desaparecidos es
hablar del terror, de la persecución, volvemos a enfrentarnos a esta
palabra que nos recuerda lo peor que hemos vivido en el último tiempo:
la dictadura. Parece mentira que de nuevo haya que recorrer los
ministerios, las comisarias para saber algo de un amigo, un hermano.
Según la versión oficial hay un
desaparecido. Según los vecinos y las denuncias hechas al 911 hay cerca
de veintitrés personas que aún no han sido encontradas. El defensor del
Fuero Penal Juvenil, Julián Axat, inició un requerimiento a la justicia
para que se aclare la situación. Él mismo recorrió los barrios más
afectados, habló con vecinos que aún están buscando familiares. El juez
Luis Arias tomó el reclamo, ordenó la inspección de la morgue del
cementerio local para identificar los cuerpos, pero negaron el ingreso.
Por otro lado constató la veracidad de las denuncias hechas al 911 que
desconoce el Ministerio de Seguridad. En el marco de esta investigación,
Arias recogió testimonios de vecinos que suman por lo menos 12 nombres
más a la lista de muertos.
¿Por qué ocultar la realidad?
Los gobiernos quieren dar vuelta la
página, decir ya está, son 51 muertos y 1 desaparecido y a otra cosa.
En un año electoral nadie quiere pagar el costo político de un desastre
que puedo haberse evitado, de una ayuda que no llegó.
Familias enteras esperaron toda la noche y
toda la mañana la asistencia de bomberos o policías que las rescatara
del agua y las evacuara. Hubo ineficiencia, abandono, desidia. En esas
horas de espanto la única salida fue la autorganización de los vecinos.
Desde todos los niveles del Estado deberían
dejar de falsear el asunto y declarar la emergencia nacional,
constituir un fondo de crisis, asistir a todas las zonas afectadas,
indemnizar íntegramente los daños sufridos, no cobrar impuestos. Así lo
exigen las circunstancias, y la legislación vigente en materia de
inundaciones del campo (Emergencia Agropecuaria Ley 26.509/2009). Sin
embargo Cristina Fernández, Scioli, Macri, Bruera, que deberían
construir de forma urgente las obras y desagües necesarios para que esto
no vuelva a suceder con la próxima lluvia, se pelean entre ellos (lo
que confirma las responsabilidades políticas que tienen) y ofrecen
créditos a la gente que perdió todo y que no puede ni piensa en
endeudarse. Para recibir los subsidios que anunciaron el viernes, se
requieren trámites burocráticos insufribles. Hay que obtener el
“certificado de damnificado”, con la certificación de domicilio y DNI,
cosas que la mayoría perdió en el temporal. Además hay que hacer largas
colas para recuperar documentación del trabajo, justificar ausencias. No
hay nadie en los ministerios, gran parte de los trabajadores estatales
también están sufriendo las consecuencias del desastre. El retorno a las
clases es una ilusión. Muchos colegios han sido inundados y funcionan
como centro de asistencia, así como casas particulares de vecinos,
centros sociales, facultades. El Estado está desbordado, las ambulancias
móviles no llegan a los barrios y la distribución de las donaciones
esta desmadrada entre los punteros oficialistas. Algo parece haber
explotado. La ayuda que prometieron tiene que ser inmediata, con la sola
comprobación del domicilio. Estamos frente a un verdadero desastre
social y los gobiernos se muestras incapaces de dar una salida.
Han sido los vecinos y las organizaciones
sociales, los que han puesto el pecho, solidarizándose con los
damnificados, yendo a los barrios a colaborar en la reconstrucción de
las casas, a llevar agua, comida, colchones, abrigos. Saben que eso no
es suficiente, que es el Estado el que tiene que ofrecer salidas de
fondo. Hay un punto de inflexión en la conciencia colectiva, un fuerte
lazo une a la población como paso con Cromañón y la masacre de Once. Hay
bronca, mucha bronca, un hartazgo infinito y ganas de esto cambie. No
tienen nada que perder.
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Durante 1976 y 1980 las Morgues judiciales tenían la práctica de extender certificados de defunción y ordenaban la inhumación de cadáveres de personas detenidas-desaparecidas, por orden de las fuerzas militares-policiales, y sin la intervención de un juez competente. Los procedimientos buscaban fraguar casos de tortura y posterior ejecución sumarias, certificadas bajo el rótulo de “muertes por paro cardiorespiratorio no traumáticos”, en casos donde lo que existía era un tiro en la nuca. El libro “Poder Judicial y Dictadura- El caso de La Morgue”, de la antropóloga María José Sarrabayrouse de Oliveira (Edit del Puerto-Cels, 2012) es una obra capital para entender las formas del encubrimiento y gestión de los cuerpos de las personas desaparecidas por policías, médicos forenses, médicos particulares y la trama que le permitía al dispositivo genocida funcionar a la par del poder judicial que se apartaba, y así los cuerpos desaparecían, se enterraban NN, osarios, o aparecieran arrojados en falsos enfrentamientos o accidentes de autos.
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