Los interrogatorios irregulares de la jueza Merialdo

La Jueza Gabriela Merialdo los mandó a interrogar por el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía

La Justicia no restablece ni garantiza la confianza y seguridad de las víctimas de delitos cometidos por la dictadura. Los denunciantes son intimidados por el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía que continúa con la misma postura  de cohesión y prepotencia policial. Nunca mas terrorismo de estado significa que la policía no actúe como la mafia, que se abuse del poder, que se intimide a los denunciantes de cualquier delito. Y mas aún cuando estos delitos son de lesa humanidad que abarcan también al propio cuerpo policial. 

 

 Martes 23 de abril de 2013

Derechos Humanos
Denunciantes por torturas en comisarías son interrogados por Policía Especial

El Colectivo de Denunciantes, que en octubre de 2011 presentó más de 120 denuncias por violaciones a los derechos humanos en comisarías de cuatro departamentos durante la dictadura, afirma que las víctimas fueron sometidas ahora a interrogatorios por el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía (DOE).

 Interrogatorio

 La organización afirma que la jueza Gabriela Merialdo –la misma que investiga a los manifestantes que entraron a la Suprema Corte tras el traslado de la jueza Mota- y que está a cargo de investigar torturas en Montevideo, Canelones, San José y Maldonado, habilitó a la DOE a interrogar a los torturados acerca de las denuncias que efectuaron.
Merialdo dispuso que los expedientes de las denuncias presentadas “fueran remitidos a la DOE” decisión que “demoró un año el pase a juzgados competentes de las denuncias” e “implicó que cada denunciante tuviera que pasar por un interrogatorio”, en esa repartición policial, según publica el matutino la diaria.

El interrogatorio de los denunciantes

Más de un centenar de personas que habían denunciado torturas policiales fueron interrogadas en la DOE, según afirman, recabándoseles “quienes organizaron las denuncias, si pertenecían a grupos políticos o sociales, si recibían o pretendían recibir beneficios económicos, si tenían antecedentes penales”, e inclusive “quién los trasladó hasta la comisaría donde se efectuó la denuncia”, afirma el testimonio colectivo.
Los denunciantes afirman que se “presionó” a algunos para que “desistieran de ratificar la denuncia de distintas formas”, según el comunicado del colectivo.
La DOE vuelve a protagonizar así, en menos de dos semanas, un nuevo acto denunciado por irregularidades: dos periodistas gráficos afirman haber sido conminados a presentarse e interrogados, por su eventual vinculación con el grupo que ingresó a la Suprema Corte cuando trasladaron a la jueza Mota. Los cronistas afirman que se limitaban a cumplir con su trabajo.

La jueza que desearía vivir en dictadura para darse el gusto de enviar al D.O.E. a tupamaros, comunistas y demás subversivos para que los interrogaran como dios manda. 

J. Zabalza

Política 23.4.13

Operaciones especiales 

Colectivo que presentó denuncias masivas en 2011 acusa a jueza Merialdo por citaciones e interrogatorios irregulares del DOE.

 Grupo de denunciantes en espera en la Seccional 4ª de Montevideo. (archivo, octubre de 2011) Foto: Javier Calvelo

El 15 octubre de 2011 se presentaron más de 120 denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en distintas comisarías de Canelones, Maldonado, Montevideo y San José. Ese día, una de las juezas que estaban de turno era Gabriela Merialdo, la misma que está a cargo de la investigación de los sucesos ocurridos en febrero, cuando un grupo de manifestantes ingresó al edificio de la Suprema Corte de Justicia en protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota (ver http://ladiaria.com.uy/ACHj).
Tras conocerse la semana pasada que por esa causa varias personas, entre ellas periodistas, fueron citadas para ser interrogadas por el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía (DOE), el Colectivo de Denunciantes dio a conocer un comunicado público para expresar que Merialdo “dispuso que todos los expedientes” de las denuncias presentadas “fueran remitidos al DOE” y que esa decisión no sólo “demoró durante un año el pase a juzgados competentes de las denuncias”, sino que también “implicó que cada denunciante tuviera que pasar por un interrogatorio” en esa unidad policial. Más de un centenar de denunciantes fueron interrogados en la propia sede el DOE, donde se les preguntó “quiénes organizaron las denuncias, si pertenecían a grupos políticos o sociales, si recibían o pretendían recibir beneficios económicos, si tenían antecedentes penales, e incluso quién los trasladó hasta la comisaría donde se efectuó la denuncia”, agrega el texto.
Se denuncia además que hubo varias irregularidades en las convocatorias, como por ejemplo el caso de “un joven denunciante al que se le mostraron sus antecedentes de cuando era menor de edad”, y al que también se le cuestionó “la validez de su denuncia por las torturas que padeció su padre, ya que una investigación de la página En Voz Alta lo acusa de asesino”. En otros casos se “presionó” a denunciantes para que “desistieran de ratificar la denuncia de distintas formas”, agrega el comunicado. Los denunciantes informan que conservan “actas de esas declaraciones y de las preguntas realizadas por el DOE” y que por este tema mantuvieron una entrevista con el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Leslie van Rompaey, para expresarle “preocupación”. En ese encuentro “quedó claro que el procedimiento de la jueza Merialdo y el DOE eran atípicos”, aunque Van Rompaey “recordó su máximo respeto a la independencia de cada juez”, agregan.

Haciendo cosas raras

Los procedimientos del DOE fueron similares a los denunciados la semana pasada. Las citas fueron realizadas telefónicamente y por personal que se identificaba como de esa dependencia policial. En los interrogatorios los policías demostraron manejar abundante información personal sobre los interrogados: historia familiar, antecedentes y otros datos. Sin embargo, hay una diferencia que los denunciantes destacan en los interrogatorios por el caso de las protestas en la SCJ: “Se trata de personas que están siendo investigadas como indagados, pero nosotros somos los denunciantes”, explicó Mariana Risso, una de las personas interrogadas por el DOE. “¿A los acusados en estas denuncias, se les va a hacer el mismo interrogatorio?”, pregunta Risso. Actualmente las denuncias fueron derivadas a diferentes juzgados. Por ejemplo, unas 30 están en manos de la jueza Beatriz Larrieu, que sustituyó a Mota, y los casos que sucedieron en el penal de Libertad fueron derivados al juzgado de esa ciudad.
Los denunciantes desconocen si los interrogatorios realizados por el DOE forman parte de los expedientes judiciales actuales. El comunicado finaliza diciendo que “hay sectores que no sólo buscan perpetuar la impunidad sino que también buscan reavivar los fantasmas del terror y la persecución en quienes han sido sus víctimas” y que frente a esa situación “es grave que quienes hoy tienen responsabilidades de gobierno planteen un discurso confuso y ambivalente, de más contramarchas que pasos adelante, hipotecando las mejores posibilidades de nuestro país para un real fortalecimiento democrático”.

26 Abril 2013

por: Mariana Contreras

Las curiosas citaciones en el DOE 

La particular metodología utilizada por el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía para citar a varios participantes de la concentración en apoyo a la jueza Mariana Mota trajo al presente un antecedente más complejo aun: la intimidante situación experimentada por denunciantes de delitos cometidos en dictadura. Los interrogadores llegaron a recurrir al portal de los militares retirados En Voz Alta.

“Diga usted si por efectuar la denuncia penal obtiene algún beneficio material o económico”, le preguntó en la mañana de mayo de 2012 un funcionario del Departamento de Operaciones Especiales (doe). “No”, dijo la sorprendida mujer que en octubre de 2011 presentó una denuncia por la detención y torturas a las que fue sometido su padre en el Fusna, a partir de 1975, y que había ido hasta la sede policial a ratificar su denuncia. Aquella acción de 2011 se enmarcó en las jornadas realizadas en octubre, que terminaron con más de 115 denuncias en dependencias policiales de casos ocurridos luego del golpe de 1973, y que hasta ahora no tenían causa judicial. La curiosa pregunta fue realizada por el comisario Richard dos Santos en el momento de la ratificación de la denuncia y quedó estampada en el acta a la que Brecha accedió. Preguntas tan o más impertinentes que la anterior también están registradas en otras actas de quienes hicieron esas denuncias. El colectivo de denunciantes decidió hacerlas públicas luego de que el fotógrafo Santiago Mazzarovich relatara a través de las redes sociales la particular forma en que la Policía lo contactó para que declarara en el doe. La citación se vinculaba a los hechos ocurridos el día que Mariana Mota debía prestar juramento a su nuevo cargo como jueza civil, luego de ser trasladada desde la órbita penal. Lo vinieron a buscar a la redacción de Brecha, no lo encontraron. Lo llamaron entonces por teléfono y lo citaron a declarar sin, en principio, explicarle sobre qué tema debería expresarse. Fue ante su insistencia que se le informó que el tema venía por “los conflictos que hubo con lo de la jueza”. Al concurrir al doe se lo interrogó en calidad de “indagado” y se le explicó que varios policías que participaron del operativo de desalojo de la sede de la Suprema Corte de Justicia (scj) lo identificaron como generador de alguna situación conflictiva. Mazzarovich también narró cómo Iván Franco, fotógrafo de La Diaria, fue interceptado en la calle por un policía que le informó verbalmente de su citación, por los mismos motivos que a Mazzarovich, aunque su declaración no fue tomada en el doe.

EN VOZ ALTA. Gabriela Merialdo fue la jueza que encomendó al doe las ratificaciones de denuncia y las averiguaciones de los casos, y los funcionarios eligieron en todos ellos citaciones con modalidades poco ortodoxas. Pero además, en buena parte de los casos no quedó en claro en calidad de qué concurría cada quien. De todas formas, los hechos más anómalos ocurrieron no en la forma de la citación sino en el contenido de ésta, y los vivieron los denunciantes de 2011 (víctimas directas, familiares de las víctimas o ciudadanos que basaron su denuncia en investigaciones, en particular las dirigidas por Álvaro Rico, donde se dan cuenta de algunos episodios nuevos para los estrados judiciales), que en algunos casos se convirtieron en indagados por la Policía. La ratificación de una denuncia consiste en decir si se mantienen o no los términos en los que un hecho fue denunciado, si se quiere aportar otro dato o hacer alguna nueva consideración. Los denunciantes afirman, sin embargo, que existieron “distintas y múltiples irregularidades en esas convocatorias” y que, además, a algunos de ellos “se los presionó para que desistieran de ratificar la denuncia”.

Según una de las actas –fechada el 31 de enero de 2012–, el comisario Dos Santos sacó a relucir dos detenciones que tuvo un ahora joven de 21 años, una por hurto y otra por rapiña, siendo menor de edad, y que culminaron con la clausura del expediente y la entrega del joven a sus padres. El joven había concurrido al doe a ratificar la denuncia de las torturas infligidas a su padre (detenido en un balneario de Canelones en 1972 y trasladado al Cuartel de Blandengues, al 6º y 9º de Caballería, a Punta de Rieles, a Paso de los Toros y Boiso Lanza). Minutos después, y luego de que respondiera que la información para hacer la denuncia la obtuvo de los relatos de su padre y documentación histórica, el comisario preguntó si estaba al tanto de la información que relata otra “documentación histórica” titulada “Toda la verdad en voz alta”, donde se señala a su padre como participante del homicidio de cuatro personas, algunas de ellos policías o militares. La “documentación histórica” citada por el interrogador no es otra cosa que la página web que regentean desde Domingo Arena los militares procesados por delitos de lesa humanidad.

Otro caso relatado es el de una mujer que presentó la denuncia por dos muertes en 1968 en el penal de Libertad. La información fue obtenida a través de la investigación de la Udelar dirigida por Rico, y formó parte de la estrategia de las jornadas de 2011. Nucleadas a través de la feuu, diversas personas, no necesariamente vinculadas a las víctimas, denunciaron casos sobre los que el Poder Judicial hasta entonces no había actuado. A modo de ejemplo, una de las muertes tenía dos versiones diferentes: que la persona murió de un derrame cerebral en el Hospital Militar y que murió sin asistencia en el penal. Cada una de esas personas se comprometió a “hacerse cargo” de la denuncia y su seguimiento. En esta oportunidad, el oficial a cargo interrogó: “¿A quién está acusando?”, “¿Qué es lo que está afirmando?”, cuando en realidad son esas las dudas que debe despejar la investigación.

PERO QUÉ RARO TODO… De acuerdo a varios abogados consultados, los jueces pueden solicitar a cualquier repartición policial que oficie como auxiliar de la justicia. Es legítimo derecho del juez pedir a la Policía que ratifique las denuncias, aunque no es lo más habitual que lo haga un cuerpo como el doe, una de las unidades “más capacitadas en materia de investigación. Es a la unidad que le dan las investigaciones más complejas. Colabora con Asuntos Internos para investigar casos de la Policía, por ejemplo”, según dijo Juan Faroppa, actual miembro de la Institución Nacional de Derechos Humanos y ex subsecretario del Interior. Mucho más natural, afirmaron, era enviarlas a cada comisaría que recibió las denuncias. Brecha intentó comunicarse con Merialdo, pero una funcionaria judicial respondió que la doctora “no recibe prensa” y dio por finalizada la conversación. Tampoco en el Ministerio del Interior (mi) y en la scj supieron explicar. El vocero de la scj, Raúl Oxandabarat, dijo que es legítimo que el juez solicite a la Policía la ratificación de las denuncias, y la elección de la dependencia que lo hará “es criterio del juez, dependiendo de la complejidad del asunto, de los fines que tiene la investigación. La Policía es auxiliar de la justicia en la investigación en torno a un ilícito, por lo tanto cualquier investigación requerida por el juez debe cumplirse”.

El director general del Ministerio del Interior (mi), Charles Carrera, afirmó enterarse por Brecha de las incómodas interpelaciones a las que fueron sometidos varios denunciantes y las calificó de “gravísimas”. Pero, advirtió que si no hay denuncia el ministerio no puede actuar ya que las actas están en secreto de presumario.

“No sé en qué sentido lo habrán preguntado. Si es en un sentido intimidatorio, absolutamente no corresponde”, explicó Oxandabarat cuando Brecha lo consultó por el sentido de las preguntas. Y agregó: “Es difícil determinar la motivación. La persona que denuncia no tiene que ser interrogada más allá de lo necesario para darle cauce correcto a la denuncia”, aunque esto no significa que toda pregunta sea improcedente. Los denunciantes sienten sin embargo que todo es intimidatorio. El día de la denuncia varias comisarías no quisieron aceptarlas, por ejemplo en San José, y las personas debieron trasladarse a Montevideo para concretarlas; en la Seccional 4ª de Montevideo los denunciantes permanecieron detenidos por varias horas; en otro caso, derivado al juzgado de Libertad, fueron convocados para informarlos que la sede no tenía competencia en el asunto por haberse creado después de los hechos denunciados. Tiempo después uno de los denunciantes fue citado para decirle que en realidad sí tenían jurisdicción. El resultado de todo ello es, finalmente –y en la visión de los denunciantes–, la conformación de un “gran escenario para intimidar”.