2 de abril del 2013El jueves 4 comienza proceso judicial en el Juzgado Letrado de Flores
LA DENUNCIA ES CONTRA EL Dr. NELSON FORNOS VERA Y DECLARARAN, ENTRE OTROS, SATURNINO BURGOS, MIGUEL LONGO, CACHO BENIA Y MANERA LLUVERAS
El próximo jueves, 4 de abril, darán comienzo en el Juzgado Letrado de Flores las audiencias que responden a la denuncia que en el año 1986 realizara la Federación Médica del Interior (FEMI), respecto a la violación de los derechos humanos cometidas en el Cuartel de Trinidad, contra ciudadanos de nuestro departamento –presos políticos- durante la época de la dictadura cívico-militar.
Cabe recordar que el Poder Ejecutivo reabrió el 30 de junio del año pasado, mediante un decreto, las causas judiciales que permite que los jueces conozcan los casos desarchivados y por lo tanto el comienzo de las investigaciones judiciales. Entre esos casos hay, precisamente, un expediente desarchivado en el Juzgado Letrado Departamental de Flores, que pertenece a la aludida denuncia que en el año 1986 realizó la Federación Médica del Interior (FEMI). A consecuencia de ello la Jueza Letrada Dra. Carina Denis comenzó a efectuar las citaciones de personas que figuran en la denuncia, conocidos ciudadanos –entre ellos Saturnino Burgos, Miguel Longo, Cacho Benia-, y otros que ya han fallecido. De acuerdo a la información que posee ECOS REGIONALES, las actuaciones judiciales se sucederán en el correr de ésta y la siguiente semana.
LA DENUNCIA
En 1986 la FEMI efectuó varias denuncias en diversos lugares del país, tanto en Montevideo como en el Interior, basadas en testimonios de detenidos en las unidades militares durante el período de la dictadura, en el caso de Flores contra el Dr. Nelson Fornos Vera, por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra presos políticos recluidos en esa época en dependencias del Grupo de Artillería No. 2.
La mayoría de los expedientes desarchivados pertenecen a Juzgados de Montevideo –donde un número considerable de médicos son denunciados por torturas- y muy pocos corresponden a Juzgados del Interior, siendo el de Flores un caso que seguramente tendrá especial impacto en la sociedad.
En el Interior hay un expediente desarchivado en Flores, uno en Paso de los Toros, otro en Paysandú, otro en Salto y dos en Maldonado.
LOS MEDICOS Y LA TORTURA…
Cabe agregar que el Dr. Gregorio Martirena presidía la FEMI en 1986, cuando se realizó la denuncia contra médicos que ejercieron la tortura en las unidades militares. Se trata de un referente a nivel del gremio médico en cuestión de DDHH. Escribió un libro titulado "Los Médicos y la tortura en el Uruguay", editado por Banda Oriental y actualmente agotado, cediendo los derechos de autor a Amnistía Internacional pero nunca se reeditó.
El libro está escrito sobre la base de los testimonios de ex presos y ex presas de varios expedientes que manejó la Comisión de Etica Médica del Sindicato Médico del Uruguay y FEMI.
Edición 1603 - 09-09-2011 Ecos Regionales
EN EL JUZGADO LETRADO DEPARTAMENTAL DE FLORES
Desarchivan expediente con denuncia por torturas cometidas en la Unidad Militar de Trinidad
LA DENUNCIA FUE REALIZADA EN 1986 POR LA FEMI A INSTANCIAS DE CIUDADANOS DETENIDOS EN EL GRUPO DE ARTILLERIA No. 2 DURANTE LA DICTADURA E INVOLUCRA AL Dr. NELSON FORNOS VERA
Presidencia de la República publicó hace algunas semanas en su página web los 88 nombres de las personas desaparecidas por militares y policías durante la última dictadura cívico-militar, cuyas causas judiciales el Poder Ejecutivo reabrió el 30 de junio mediante un decreto, que permite que los jueces conozcan los casos desarchivados y por lo tanto el comienzo de las investigaciones judiciales. Entre esos casos hay un expediente desarchivado en el Juzgado Letrado Departamental de Flores, y pertenece a una denuncia que en el año 1986 realizó la Federación Médica del Interior (FEMI).
En 1986 la FEMI efectuó varias denuncias en diversos lugares del país, tanto en Montevideo como en el Interior, basadas en testimonios de detenidos en las unidades militares durante el período de la dictadura, en el caso de Flores contra el Dr. Nelson Fornos Vera, por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra presos políticos recluidos en esa época en dependencias del Grupo de Artillería No. 2.
Cabe indicar que la mayoría de los expedientes desarchivados pertenecen a Juzgados de Montevideo –donde un número considerable de médicos son denunciados por torturas- y muy pocos corresponden a Juzgados del Interior, siendo el de Flores un caso que seguramente tendrá especial impacto en la sociedad por varios motivos; entre ellos porque el Dr. Fornos aún ejerce su profesión y porque quienes fueron víctimas de las agresiones son personas muy conocidas en el medio, aunque algunas de ellas ya no residen en nuestro departamento y otras lamentablemente fallecieron.
Con esta reapertura de los casos comprendidos dentro del artículo 3 de la Ley 15.848, el Estado acata la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el pasado 24 de febrero solicitó la anulación de la ley de Caducidad, exigió resarcimiento económico para las víctimas y condenó al Estado uruguayo por el caso Gelman, en lo que fue la primera condena que recibió Uruguay de parte del organismo internacional.
En el decreto, el Poder Ejecutivo señala que "sin perjuicio de que la Ley de Caducidad (…) ha sido aprobada en un régimen democrático y ratificada por la ciudadanía en dos oportunidades, ello no ha legitimado el proceder de la República Oriental del Uruguay ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".
Se precisó que no se trata de anular la ley de caducidad, sino de anular los actos administrativos relacionados con violaciones de derechos humanos durante el período dictatorial.
JUEZ LETRADO CONFIRMÓ DESARCHIVO DEL EXPEDIENTE
En conocimiento de este hecho ECOS REGIONALES entrevistó al Juez Letrado Departamental de Flores Dr. Luis Eduardo Telesca Silva, quien confirmó la noticia.
En tal sentido indicó que efectivamente el Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros revocó los actos administrativos comprendidos en la Ley de Caducidad, permitiendo desarchivar expedientes iniciados luego del año 1984, los cuales están relacionados con causas militares y personas desaparecidas.
“Por lo tanto el Poder Ejecutivo comunicó a la Suprema Corte de Justicia tal resolución y ésta remitió a través de una circular interna a todos los Juzgados que tenían causas archivadas, por la caducidad que en su momento fue decretada. Fue así que el expediente se sacó del archivo y en estos momentos dispuse que se diera vista fiscal para que ausculte opinión”, explicó el Juez Letrado, quien debido a una licencia del Fiscal Zoppis actúa en coordinación con la Fiscalía de Durazno.
“Pienso que la Fiscalía de Durazno va a mandar instruir el expediente y se va a investigar, citándose a los denunciantes y a los presuntos indagados”, afirmó el Dr. Luis Teledesca.
El magistrado preciso que “ese expediente se origina a raíz de una denuncia que hace la Federación Médica del Interior y data del año 1986, donde varias personas que estuvieron detenidas en el Cuartel de Trinidad realizaron determinadas denuncias que culminó en una investigación administrativa de FEMI, en la cual resuelve hacer la denuncia penal”.
POCOS CASOS EN EL INTERIOR DEL PAIS
El Dr. Luis Telesca no abundó en detalles sobre los contenidos de esa denuncia en virtud de estar en etapa de presumario, pero indicó que “se trata de un expediente que apenas leí y por la premura del caso lo envié a vista fiscal. Por tanto la posibilidad de darle alguna otra clase de información en esta etapa del proceso es mínimas, pero reitero que es una denuncia de varias personas que estuvieron recluidas en el Cuartel de Trinidad”.
El Juez Letrado Departamental de Flores expresó que este es el primer caso que le corresponde estudiar en el marco del decreto del Poder Ejecutivo del 30 de junio pasado.
“He visto la nómina y son muy pocos los departamentos del Interior que tienen casos similares, la mayoría se han radicado en Juzgados de Montevideo. En el Interior hay uno en Flores, uno en Paso de los Toros, otro en Paysandú, otro en Salto y dos en Maldonado”, expresó.
DEFINICION RAPIDA
Con respecto a las características del proceso judicial para estos casos, el Dr. Luis Telesca informó que “como todo expediente penal se diligencia de la misma forma que cualquier otro expediente. Esta etapa presumarial es secreta, tienen acceso solamente las personas involucradas y la defensa; luego, si existe una resolución el expediente se vuelve público”.
Consultado qué plazo tiene el magistrado para adoptar una resolución, reconoció que “hay un problema sobre el cual ha emitido opinión la Suprema Corte de Justicia que estos expedientes proscribirían el 1º de noviembre del presente año. Hay otra corriente que sostiene que estos delitos no prescriben porque son de lesa humanidad. De todos modos, por si o por no esta Sede le va a dar una definición rápida al tema para evitar toda clase de dudas”, afirmó.
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| Dr. Gregorio Martirena, presidente de FEMI en tiempos duros |
El Dr. Martirena presidía la FEMI en 1986, cuando se realizó la denuncia contra médicos que ejercieron la tortura en las unidades militares. Se trata de un referente a nivel del gremio médico en cuestión de DDHH.
Escribió un libro titulado "Los Médicos y la tortura en el Uruguay", editado por Banda Oriental y actualmente agotado, cediendo los derechos de autor a Amnistía Internacional pero nunca se reeditó.
El libro está escrito sobre la base de los testimonios de ex presos y ex presas de varios expedientes que manejó la Comisión de Etica Médica del Sindicato Médico del Uruguay y FEMI.
Martes 13 de septiembre de 2011
FLORES. INVOLUCRA A CONOCIDO MÉDICO MILITAR, AUN EN EJERCICIO DE LA PROFESION
Juez desarchiva el primer caso de DDHH en Interior
El juez de Flores de 1º Turno, Luis Telesca, dispuso el desarchivo del primer expediente por causas relacionadas con la presunta violación a los DDHH en el interior, tras la decisión del Poder Ejecutivo.
Escrito por: M. DELGADO GEREZ
Según la información que consigna en su última edición el semanario “Ecos Regionales” de Flores, en el año 1986 la FEMI, que era presidida por el doctor Gregorio Martirena, radicó denuncias en juzgados tanto de Montevideo como del Interior, basadas en testimonios de detenidos en las unidades militares durante el período de la dictadura. En el caso de Flores, la denuncia se hace contra el doctor Nelson Fornos Vera, por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas contra presos políticos recluidos en esa época en dependencias del Grupo de Artillería Nº 2.
Este caso, para el semanario poronguero, “tendrá especial impacto en la sociedad por varios motivos; entre ellos porque el doctor Fornos aún ejerce su profesión y porque quienes fueron víctimas de las agresiones son personas muy conocidas en el medio, aunque algunas de ellas ya no residen en nuestro departamento y otras lamentablemente fallecieron”.
Habla el juez
Sobre el caso, el juez Luis Telesca confirmó la especie, señalando que tras las revocación de los actos administrativos comprendidos en la Ley de Caducidad, el Poder Ejecutivo “comunicó a la Suprema Corte de Justicia tal resolución y esta remitió a través de una circular interna a todos los juzgados que tenían causas archivadas por la Caducidad que en su momento fue decretada. Fue así que el expediente se sacó del archivo y en estos momentos dispuse que se diera vista fiscal para que ausculte opinión”.Telesca, debido a una licencia del fiscal Marcos Zoppi, actúa en coordinación con la Fiscalía de Durazno. “Pienso que la Fiscalía de Durazno va a mandar instruir el expediente y se va a investigar, citándose a los denunciantes y a los presuntos indagados”. El expediente en cuestión “se origina a raíz de una denuncia que hace la FEMI y data del año 1986, donde varias personas que estuvieron detenidas en el cuartel de Trinidad realizaron determinadas denuncias que culminaron en una investigación administrativa de FEMI, en la cual resuelve hacer la denuncia penal”, declaró Telesca a “Ecos Regionales”.
“Es un expediente que apenas leí y por la premura del caso lo envié a vista fiscal. Por tanto la posibilidad de darle alguna otra clase de información en esta etapa del proceso es mínima, pero reitero que es una denuncia de varias personas que estuvieron recluidas en el cuartel de Trinidad”.
“He visto la nómina y son muy pocos los departamentos del Interior que tienen casos similares; la mayoría se han radicado en juzgados de Montevideo. En el Interior hay uno en Flores, uno en Paso de los Toros, otro en Paysandú, otro en Salto y dos en Maldonado”, expresó. Según Telesca, el expediente está en presumario, lo que lo hace secreto y solamente pueden tener acceso al mismo la Fiscalía y la defensa de los imputados en la denuncia. Ante la posibilidad de operar la prescripción de los casos por violaciones a los derechos humanos en dictadura el próximo lº de noviembre, el magistrado dijo que “por sí o por no, esta Sede le va a dar una definición rápida al tema para evitar toda clase de dudas”.
Gregorio Martirena, dirigente de FEMI
«Fuimos los primeros en
enjuiciar a un médico por torturas»
El Dr. Gregorio Martirena recuerda a Roslik como «médico rural por vocación, alejado de la política, pero con un fuerte compromiso gremial con el Sindicato de Río Negro». Su caso fue «el primer hecho ético del mundo resuelto por un tribunal y tuvo una gran difusión internacional, a través de organizaciones de Inglaterra y Dinamarca, las naciones más avanzadas en la lucha contra la tortura». Para Martirena, «la trayectoria de Vladimir fue un canto a la vida, la justicia y la verdad».
por Armando Olveira
Dr.
Gregorio Martirena, presidente de FEMI en tiempos
duros
Por primera vez en 1965. Cuando era un lugar más cerrado, una comunidad del sur de Rusia transplantada a orillas del río Uruguay. Trataban de conservar lengua y tradiciones originales, trabajando de sol a sol, como todas las inmigraciones europeas de principios de siglo.
Pasaron casi 20 años para que volviera. Fue una semana después de la muerte de Roslik, a fines de abril del '84. Fuimos a apoyar a Mary (Zabalkin) y al Sindicato Médico de Río Negro.
Hablé con pocas personas del pueblo, pero se notaba el terror. No era el momento de hacer revuelo. Preferimos trabajar en silencio.
¿Cuál fue la respuesta gremial?
La FEMI denunció la muerte del compañero. Hubo una asamblea abierta que dio lugar a un tribunal especial que juzgó la conducta ética del médico militar Eduardo Saiz.
El Dr. Jorge Martinovic,
delegado del Comité Ejecutivo del SMU a la Junta
Directiva del CASMU, homenajea al Dr. Gregorio Martirena.
La emoción dibujada
en el rostro de ambos
La VII Convención Médica Nacional y el SMU, llamaron a una conferencia de prensa en la que se leyó una declaración que condenaba la participación médica en actos de tortura.
Una época fermental para FEMI...
Lo verdaderamente fermental fue la Convención Médica Nacional, luego de doce años de ostracismo. Se creó un Comité Nacional de Ética Médica para el enjuiciamiento de médicos militares y policiales. El cuerpo empezó a funcionar en 1985 con la participación del SMU, FEMI y el Colegio de Abogados. No con el fin de perseguir, sino para investigar responsabilidades.
El movimiento ético comenzó cuando aún no se había ido la dictadura. Era peligroso denunciar violaciones de los derechos humanos. Hasta fuimos a parar a una dependencia de Inteligencia por la declaración pública en el llamado a la VIII Convención. Tan difícil fue todo que luego de salir me tuve que ir a Bolivia.
También comparecieron en un juzgado penal...
En 1984, inmediatamente después que expulsamos a Saiz. Recibimos una citación de la jueza letrada de Río Negro, Dra. Walquiria Raggio, amiga personal del sancionado. Fuimos a declarar: Caputi, Canabal, Martín Martínez (secretario de FEMI) y yo. La primera pregunta de la Dra. Raggio fue: «¿Por qué defienden a un muerto?». « Porque hasta que lo mataron estaba vivo» respondí indignado. No siguió con ese interrogatorio absurdo, pero el hecho provocó una segunda demanda penal en plena democracia.
Fue en 1989, y demostró que la justicia de la época mantenía a los mismos funcionarios de la dictadura. La segunda parte de la historia comenzó cuando fuimos a cerrar la campaña del voto verde en Río Negro. Nos hicieron una entrevista en la radio de Fray Bentos, donde la Dra. Raggio seguía de jueza letrada y recordé la anécdota.
A días de votada la ley de impunidad, recibí una citación judicial por demanda caratulada «injuria a los poderes públicos».
22
de diciembre de 1983: el pequeño Valery cumplía su primer mes
¿Qué recuerda de Roslik?
Era un médico joven, que para la dictadura cometió el pecado de haber estudiado en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú. De regreso, solidariamente, optó por ejercer la medicina en su pueblo. Fue un hombre con espíritu de colono rural, que tuvo la oportunidad de ser médico y entregó sus conocimientos a San Javier. Un vocacional de la medicina y su pueblo.
Lo conocimos como activo militante gremial, que participaba regularmente en las asambleas del Sindicato Médico de Río Negro. Estuvo preso a principios de los '80 en el penal de Libertad y no soportaba la idea de nuevas torturas. Alguna vez Roslik increpó a Saiz, por haber colaborado en apremios ilegales contra presos políticos.
¿Ha comprendido por qué lo asesinaron?
Fue un acto de demencia de la dictadura. Inventaron un supuesto contrabando de armas rusas. ¿Qué mejor que adjudicárselo a una colonia como San Javier, presuntamente liderada por un médico que había estudiado en Moscú? El pueblo fue tomado por los fusileros navales, pero las armas nunca se encontraron.
Vladimir
Roslik bailando el vals en el casamiento de su
sobrina, Zoia Chulak, hija de su hermana María. «Fue nuestra primera salida luego de nacido Valery», agrega Mary
¿Conocieron algún gesto de arrepentimiento de Saiz?
Jamás demostró arrepentimiento. Al contrario, tuvo el descaro de demandarnos. Saiz fue un médico militar al servicio de los represores del cuartel de Río Negro. Premiado por el primer gobierno de Sanguinetti, con un nombramiento como médico de la misión de paz al Sinaí.
Negó siempre haber participado en la tortura de Roslik, pero sí aceptó que lo había visto cuatro o cinco veces. El solo hecho de presenciar el apremio, ya es motivo más que suficiente para una condena ética.
El Comité Nacional enjuició a médicos por tortura activa y pasiva. De acuerdo con las ordenanzas de Naciones Unidas, ya existe una falta grave cuando el profesional no detiene los apremios contra detenidos. Se nos acusó de perseguir médicos por afanes de revancha. Una insólita e infame mentira, de la que se hizo eco cierta prensa afín a la dictadura.
Los brazos ejecutores están identificados: la justicia militar se encargó de procesar a los represores Caubarrere y Olivera. Aunque luego, la democracia los reivindicó y ascendió.
¿Roslik se ha ido transformando en símbolo de la ética profesional?
Su muerte es la síntesis de la injusticia. Por algo surgió del propio pueblo la idea de crear una institución que honre su memoria. Concebimos así la Fundación Roslik, con sede en San Javier, apadrinada por FEMI y el difunto senador José Germán Araújo. Allí se encuentra en proceso una policlínica comunitaria.
También se emplazó el parque Roslik, en un predio del centro del pueblo donado por Mary Zabalkin, donde se iba a construir la casa familiar. Todo fue hecho con aporte de FEMI, del senador Araújo y, por sobre todo, del propio pueblo que siempre estuvo del lado de Vladimir; que lo quiso, lo quiere y no lo olvida.
¿ FEMI quedó conforme con el acto del Palacio?
Se cumplió con el objetivo previsto. Personalmente, sentí mucha emoción. La muerte de un médico uruguayo por tortura fue un precio muy alto que ha pagado una profesión históricamente cercana a los movimientos sociales del país. Que el Parlamento uruguayo prestara su histórico edificio para un homenaje a Roslik es un acontecimiento político.
Fue hermoso ver tanta gente reunida por un episodio tan doloroso como fermental. Un gran apoyo popular, pero que tuvo notorias ausencias políticas. Faltaron los responsables de una impunidad que nos hace sentir fracasados como hombres libres, que apenas podemos ser lo que nos permiten los países dominantes.
Fue conmovedor ver al hijo de Roslik, hoy de 15 años, conociendo cosas de su padre que muchos amigos y colegas le pudimos contar. No fue en vano la lucha que dimos en tiempos de represión. Era lo menos que el pueblo uruguayo podía hacer por alguien que dio su vida. Ojalá haya servido como puntapié inicial para que la policlínica de San Javier se termine.
¿Cómo una muerte tan dolorosa, años después, se transforma en testimonio vital?
La trayectoria de Roslik fue un canto a la vida, a la justicia y a la verdad y su muerte fue para la FEMI y para la profesión médica de todo el mundo, el primer hecho ético resuelto en un tribunal.
Fuimos invitados a Dinamarca e Inglaterra (los más avanzados en la lucha contra la tortura) para que contáramos el caso. Ellos lideraron la Declaración de Tokio de 1975 que sentó bases para que Naciones Unidas, en 1982 y 1984, se expidiera sobre el papel del médico frente a violaciones de los derechos humanos. Crearon las primeras comisiones de vigilancia y abrieron ámbitos de enjuiciamiento de ejecutores y cómplices.
Los daneses nos llamaron en noviembre de 1984, cuando se enteraron del caso Roslik por el semanario Jaque. Con el querido Dr. Hugo Sacchi participamos de reuniones con el Colegio Médico de Dinamarca.
También fuimos invitados por el Centro de Rehabilitación de Torturados de Copenhague que funciona en el Hospital del Rey. Era la primera vez que se enjuiciaba a un médico por tortura, no ya en América, sino en todo el mundo occidental. El triste privilegio le correspondió a Saiz.
Pudimos conocer también a Ole Espersen, ex ministro de justicia de la social democracia, un hombre muy vinculado a Uruguay. Estuvo en Montevideo, en 1986, luego que lo nombraran director político del Centro de Rehabilitación. Participó en un recordado acto en el cine 18 de Julio contra médicos torturadores. Es miembro de honor del Sindicato Médico del Uruguay.
Ole, junto con médicos daneses, al abogado Rodolfo Schurmann Pacheco y médicos uruguayos, redactamos un proyecto de Tribunal Internacional de Ética que actualmente estudia la Corte de La Haya. Nuestra idea es crear un ámbito de enjuiciamiento para médicos y abogados que participaron en torturas, en cualquier lugar del mundo.
¿Y la relación con los ingleses?
Fue a través del Colegio Médico Británico y la Asociación Médica. Trabajamos mucho sobre casos denunciados en nuestro país, a través de la Comisión Nacional de Ética Médica. En 1987 vino la BBC de Londres, para hacer un vídeo de 45 minutos con médicos que abordaron el tema de la tortura.
Consiguieron un testimonio de Lobos, un médico militar brasileño supuestamente arrepentido. La película inglesa termina con mensajes nuestros, de Inge Genefke, directora del Instituto de Rehabilitación Contra la Tortura de Copenhague, y del secretario del Comité de Ética del Colegio Médico Británico, Dr. John Dawson, un pionero de la vigilancia ética frente a la tortura.
Con médicos de las Madres de Plaza de Mayo organizamos seminarios en Centroamérica, sobre ética médica y tortura.
¿Qué falló en la enseñanza médica para que algunos profesionales se prestaran a la tortura?
No fueron muchos los casos. Pero existe una falla de base que es la falta de formación en deontología médica. Hubo que esperar 15 años para que los médicos pagáramos una deuda con el Colegio de Abogados y con la sociedad. Estamos en falta en cuanto vigilantes de la conducta ética de nuestros pares.
También nos debemos una VIII Convención Médica Nacional que determine el avance de la ética, la necesidad de la colegiación médica y la unión de todo el gremio médico uruguayo. Sentimos que el acto de Roslik fue la base de lanzamiento de un trabajo que los gremios debemos, en favor de un código de ética médica, basado en normas, como las leyes del país.
La VII Convención fue una de la salida democrática, tras doce años de dictadura. ¿La VIII es más complicada de explicar a los uruguayos?
Si la séptima fue un grito de libertad, la octava debiera ser un gran silencio para la reflexión médica. Un «no» a la comercialización de la medicina y una lucha contra la pérdida de los valores sociales de la misma.
Actualmente, la medicina da niveles según la capacidad adquisitiva del paciente. No podemos estar tranquilos cuando somos cómplices de una pauperizada Salud Pública. En las policlínicas barriales nos falta todo. En las mutualistas aceptamos que la medicina privada es «naturalmente» distinta. Pero el médico no es esa dicotomía. No debemos ser instrumentos de condiciones inhumanas de trabajo. Es preciso reflexionar sobre esos temas y la VIII Convención será el ámbito ideal.
"No debemos ser instrumentos De condiciones inhumanas de trabajo "
ResponderEliminarNo podemos permitir que sigan impunes como si nada .....