Citaciones peligrosas

Policías, líos e impunidades
por Santiago Mazzarovich

El Lunes 15 de Abril al despertar el teléfono celular me avisaba que tenía un mensaje de voz. Lo escucho y del otro lado del contestador virtual me avisan desde un medio de comunicación con el que colaboro, que habían llamado del Departamento de Operaciones Especiales (DOE) de la Policía preguntando por mi. Pasaron un par de horas y me vuelve a llamar del mismo medio un compañero avisándome esta vez que policías de civil fueron al local de dicho medio a buscarme.

A las 13:03 recibo un mensaje de un número desconocido que dice: “Ya estamos en tu casa”. No parece ser una simple confusión de número, por si lo fuera el número lo dejo guardado ante cualquier eventualidad.

Minutos más tarde recibo una llamada: “¿Santiago Mazzarovich?” preguntan,“si” contesto. Una funcionaria del DOE me cita a declarar el Miércoles 17 de Abril a las 10 de la mañana en la oficina del Departamento de Operaciones Especiales en el 1er. piso de Jefatura, en San José y Yí. “¿Por que tema es?” se me ocurre preguntarle a la policía, “no le puedo informar” me dice. Le digo que no puedo ir a declarar sobre un tema que ni siquiera se cuál es, me dice que es por “los conflictos que hubo con lo de la Jueza”. El tema se iba aclarando.

Ya habían citado a vari@s de l@s que estuvimos en la manifestación pacífica en respaldo a la Jueza Mariana Mota el pasado 15 de Febrero. Entre ellos están: Jorge Zabalza, Álvaro Jaume, Diego Jaume, Eduardo Jaume, Irma Leites. Estaba al tanto de la situación por las noticias y las redes sociales. Me comunico con alguno de ellos para avisar que también me citaban a declarar.

Hoy Miércoles 17 me presento a las 09:30 en Jefatura; afuera me acompañaban varios compañeros, mi novia y mis viejos. Me hicieron esperar cerca de una hora entre mi llegada y el ingreso a la oficina. Me espera en la puerta el oficial Mieres que es quien me interroga. Paso a una oficina que tiene las mismas características que cualquier oficina policial que se puedan imaginar: todo blanco, una computadora, una impresora y una actuaria. La actuaria le pregunta a Mieres: “¿Le pregunto como periodista o como a los otros?”, “como al resto” responde.

Empieza el interrogatorio con Mieres preguntándome sobre mi núcleo familiar y su respectiva integración, y sobre mi trabajo y a que me dedico, le respondo y continúa:
-¿Paticipó de las actividades del 15 de Febrero de 2013 en la Suprema Corte de Justicia?
-Si, estaba trabajando cubriendo la noticia.
-¿Acudió como periodista o como manifestante?
-Como fotoperiodista.
-¿Como explica que si acudió como periodista, varios efectivos policiales lo identifiquen de haber incitado a ocupar el edificio y agredido e insultado a varios de ellos?
Mieres me aclara que tienen las pruebas gráficas que le dieron los canales y que están en la computadora, si quiero ver los videos donde estoy identificado no hay problema. Le contesto que no es necesario.
Le respondo que en ningún momento incité ni a irse ni a quedarse y que tampoco agredí a nadie. Le explico que sí hubo algún cruce de palabras y forcejeos con algún efectivo policial fue porque no me dejaban desarrollar normalmente mi trabajo y porque estaban avanzando con escudos sobre ancianas y ancianos y todo lo que se moviera. “Si en algún momento puse el cuerpo fue para impedir lesiones de terceros” afirmo y parece convencerse de la respuesta.

-¿Está vinculado directa o indirectamente con algunas de las organizaciones que convocaron?
-Con ninguna.

Hubo varias preguntas más en el medio pero no tienen mayor trascendencia. Parece finalizado el interrogatorio. Me pregunta si quiero agregar algo, y le contesto que si, le cuento la historia del mensaje de texto y se lo muestro de mi celular. Me asegura que ese número no es del DOE y yo le aclaro que no piense que lo estoy acusando, que es un mensaje “raro” y que quería dejar constancia de ello. Me explica que para dar conmigo fueron a dos domicilios que estaban registrados en el Registro Nacional Policial (o algo así, que es raro ya que nunca tuve ingreso a comisaría, ni detención, ni citación a Juzgado), y luego a un lugar donde creyeron que trabajaría.

Le pregunto como sigue el trámite y en calidad de que es la citación. Me responde que se está investigando por orden de la Jueza Merialdo (que es quién lleva la causa) y que los efectivos que participaron del desalojo fueron los que identificaron a los que “generamos” alguna situación conflictiva. Me explica que estoy en calidad de indagado y que esto va a la Justicia y ahí se decide como sigue. Me avisa además que queda solo una citación para mañana Jueves y me pide: “Avisále a Irma Leites que queda solo mañana”.

Como se comenta más arriba fuimos cerca de ocho los que recibimos la citación. Mañana Jueves 18 declara el otro colega fotoperiodista. Este compañero iba caminando ayer Martes 16 por la Plaza Independencia cuando lo para un policía de civil que se identifica como tal con un carnet y sin entregarle notificación alguna, lo cita a declarar el Jueves. Procedimientos poco ortodoxos, diría la tía.

Las declaraciones obviamente no son textuales ni tampoco el diálogo que se detalla, son una aproximación. Éstas ocho citaciones llaman un poco la atención, los mecanismos también. El 16 de Abril, Hijos y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos sacan una declaración donde dicen: “Nos indigna que la Justicia uruguaya sea tan expeditiva a la hora de investigar a quienes se manifestaban pacíficamente contra una medida injustificada del máximo órgano del Poder Judicial y sea a la vez tan negligente e indiferente frente a delitos que nos dañan a todos, como ser los delitos de lesa humanidad de los cuales el Estado uruguayo sigue sin dar cuentas.” Me sumo sin dudas a lo declarado por las dos organizaciones, a la solidaridad con el resto de l@s citad@s y al compromiso en seguir la pelea junto a miles por verdad y justicia, y por el fin de la impunidad de los impunes de ayer y los impunes de hoy.

La lucha criminalizada, acosada y bajo libertad vigilada.

Ayer 16 de abril 2013, se cumplieron 24 años del voto verde contra la ley de los impunes.
Aquel domingo 16 de abril de 1989: Llovía, el frió hizo de Montevideo una ciudad habitada por tantos fantasmas... no recuerdo otro miedo igual. Porque fue un miedo extraño, con olor a muerte y gusto a sal, los ojos de los fantasmas: solo lloraban y andaban por todos lados, no se si perdidos o vencidos. Llegué a casa cansada con mi panza de 9 meses y escribí: "Una vez pasado el horror, lo vivido se ha reducido al silencio; en aquellos que no quisimos entrar en la competencia del dolor. Pero la capacidad de olvidar el horror es inmensurable. Y aquellas devastaciones producidas por lo vivido dentro de nosotros existen y hace al que escucha y al que narra herederos mutuos de un sufrimiento que no sabemos como tratar.
Pero no quiero levantar un altar al silencio; porque el espanto silenciado carcome, y hay un tipo de sordera que nos hiere." No quiero que nazcas en medio de la impunidad…”
Ese domingo, volvíamos de AFCASMU dónde estuvimos todo el día batallando con el clima y la derrota que se avecinaba; llevando en ambulancias a la gente que estaba internada y quería ir a votar.
Ayer 16 de abril de 2013, volví a sentir el olor y frío de las paredes de jefatura. Ahí empezó la cárcel para mí en noviembre de 1973, allí dentro, en el 4to piso nos colgaron, nos metieron las cabezas dentro del agua sucia de un tacho…allí dentro en el patio donde hoy son las visitas de cárcel central nos estaqueaban desnudos al sol. Días después, Gavazzo y Silveria me bajaron a empujones y encapuchada por las escaleras para llevarme a Artillería 1 La Paloma. Tenía 20 años.

Ayer con casi 60 años, el DOE, (en la voz de un inspector?) Mieres, me interrogó; el interrogatorio giró entorno a:
- si había ido convocada por alguna organización social, gremial o política
- si había llamado a ocupar la SCJ
- si había solicitado a los ocupantes de la SCJ que no desalojaran
- si cuando la policía dio orden de desocupar yo había salido o no
- si había convocado a la puerta de jefatura ayer
Obviamente la teoría de los conspiradores, agitadores por encima de las causas verdaderas: la lucha contra la ingeniería de esta impunidad, criminalizada.
La Suprema Corte es la muralla, tras la cual protegen y protegerán a los impunes, tal cual lo dijo el mismo Ruibal Pino.

Preguntas de rigor, cédula de identidad, nombre, dirección. A partir de ahí les dije que no iba a contestar, que ellos todo lo saben, porque te preguntan de qué vivís, cual es el núcleo familiar, si tenés o no antecedentes y sus ficheros rebozan de seguimientos. Todos datos redundantes solo para armar el expediente. Es obvio que vivimos bajo el estricto control de un Estado que tiene hoy en el DOE uno de sus organismos más sofisticados.
En el resto les respondí que eran preguntas políticas, que no iba a contestar a ellas. Que todo lo sucedido en la Corte de la impunidad había sido una reacción de indignación contra los que perpetúan la tortura en el tiempo. Que los únicos que cometieron y cometen un delito son los miembros de la SCJ que desde el poder protegen a los violadores de DDHH. También les dije que me amparaba en el pacto de San José de Costa Rica.
Al comenzar el interrogatorio le pregunte al Inspector del DOE Mieres, porque me citaron por teléfono, su respuesta fue de que "era porque los citados eran ciudadanos de determinada categoría y que ellos -el DOE- creían que era menos agresivo, más amable, el teléfono que concurrir a nuestras casas con un patrullero, donde afectaba a la familia y los vecinos se enteraban" mas o menos eso entendí. Otra cosa entendí que también permanecen estos organismos para categorizar a la población, en A, B y C lo mismito que bajo el terrorismo de Estado.
Me preguntó que prefería, le dije que prefería que no me criminalizaran más y no me citaran más ya que no eran temas policiales, sino luchas por los DDHH.
Dijo que las preguntas no las formuló la jueza Merialdo, sino él. Que ellos hacían el “mandado” a la justicia.
Me hicieron firmar 5 copias del interrogatorio. Le pregunte como seguía esta situación me dijo que faltaba Mazarovich y otra persona más. Y que pasaban todo a la jueza.
Desde e 1º de mayo de 2012 el DOE estuvo muy activo, en detenciones, interrogatorios de trabajadores, entre ellos del taxi, en seguimientos etc.
Algo sobre el DOE ubicado en Cuareim y Agraciada: Dice el diario El País del 10/05/06, que le asigna: “La protección de presidentes de otros países y personajes mundiales en visita a Uruguay, el manejo de los asuntos internos del Instituto Policial cuando hay casos de corrupción en sus filas y la investigación de crímenes no aclarados y archivados, son sólo algunas de las misiones de una dependencia de la jefatura capitalina llamada Departamento de Operaciones Especiales. Se moviliza en silencio y solo recibe órdenes directas del jefe de Policía de Montevideo…dijo el entrevistado, comisario inspector Roberto De Los Santos.
Pero, no queda allí la tarea: el DOE te analiza
Si tenés la boca cerrada da igual ellos concluyen:
Cuando los ojos responden
El método de interrogatorio “criminal científico” consiste en interrogatorios y entrevistas tanto a testigos o sospechosos de un caso determinado. Se utiliza el trazado de perfiles, tanto el perfil criminal como el de la víctima. La sala de interrogación cuenta con una ventana espejada, donde la persona que está adentro no ve hacia afuera. Hay 3 cámaras, con circuito cerrado de televisión. Hay una persona que hace el interrogatorio, y también existe un psicólogo, un semiólogo para verificar la veracidad de las declaraciones según el trazado del perfil que se aplique.
Y El País continúa:
Una vez terminado el interrogatorio el semiólogo hace un análisis sobre el lenguaje verbal y no verbal. El objetivo del mismo es encontrar contradicciones con lo que declaró la persona, y después busca contradicciones con lo que dijeron otros testigos. Y también busca contradicciones con lo que esa persona dijo con respecto a lo que en realidad pasó. Después se le interroga de acuerdo a esas contradicciones y se analiza el conflicto que haya del lenguaje verbal y no verbal respecto a lo que esa persona responda. Lo no verbal son los gestos, y los macro movimientos y micro movimientos de los globos oculares. Estos gestos se estudian posteriormente con las filmaciones de las declaraciones. El semiólogo separa contradicciones y conflictos y las analiza. También está el método poligráfico. Donde se verifica el tipo de respiración, las pulsaciones, el ritmo y la sudoración sobre esa persona.
Todo esto lo describe el inspector Roberto de los Santos, no lo inventamos nosotros. Si bien eso no es nuevo, está claro que el pacto del Club Naval, impidió la caída de la dictadura y permitió la perpetuación de los aparatos represivos, de control e inteligencia. Ah y el DOE fue creado en 1969, en pleno proceso de militarización y represión. ¿Alguien investigó?
También fue el DOE el que recibió y se encargó de “ordenar” las denuncias masivas sobre violaciones de DDHH en 2011, entre ellos estuvo Mieres y en esa circunstancia las victimas, también fueros llamadas en horas y situaciones inusuales para “verificar sus denuncias” Para muestra basta un botón.
Entre el DOE, la Suprema Corte de masones y defensores de punto final y el fiscal Gustavo Zubía, defensor por descendencia y cabeza de la consabida represión; más Mujica, Huidobroy Bonomi, el código penal y sus leyes, esta completísima la jauría.
Nos vemos en las calles –y en los juzgados- esperando tirar abajo la muralla de la impunidad detrás de la cual se esconden los impunes gozando lo que se robaron, porque es de la condena social de la que no se escaparán.
Irma.
17/04/2013

 Politica 18.4.13

Trabajo informal 
Inusuales citaciones del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía a manifestantes y periodistas que ingresaron a la SCJ. 

Inusuales citaciones del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía a manifestantes y periodistas que ingresaron a la SCJ.

El martes, el fotógrafo Iván Franco caminaba por la plaza Independencia cuando lo abordó un hombre vestido de particular. Le dijo que estaba citado a declarar en la Jefatura de Policía por la manifestación realizada en febrero en el edificio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota.
Franco le pidió al hombre que se identificara, y éste le mostró un carnet de policía. Arreglaron que Franco concurriría hoy a declarar; el policía lo anotó en la mitad de una hoja A4 que llevaba consigo. “Mirá que sabemos que vos estabas trabajando”, le comentó. Franco le preguntó por qué lo habían abordado así en una plaza pública, si lo habían encontrado de casualidad. “Nosotros sabemos que vos vas siempre al estadio [por su trabajo como fotógrafo] pero no te queríamos molestar ahí”, alegó el policía.
El lunes, el fotógrafo Santiago Mazzarovich se despertó con un mensaje de voz en su celular. Era una llamada de un medio de comunicación con el que colabora, desde donde le avisaban que habían recibido una llamada del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía (DOE) preguntando por él. En el medio se negaron a proporcionar datos de Mazzarovich, incluso cuando efectivos del DOE concurrieron personalmente, vestidos de particular, a pedir información sobre el fotógrafo. Sobre el mediodía, Mazzarovich recibió un mensaje de texto de un número desconocido: “Ya estamos en tu casa”. El fotógrafo llamó a ese número y preguntó si era del DOE. “Ah, no, nos equivocamos”, le respondieron, y cortaron. Minutos más tarde, recibió una llamada desde otro número. Lo citaban a declarar. Cuando preguntó por qué tema era, le respondieron que no le podían informar. Mazzarovich insistió. “Por los conflictos que hubo con lo de la jueza”, fue la contestación, y el fotógrafo pudo deducir de qué se trataba. Durante el interrogatorio, le aseguraron que estaba en calidad de indagado.
Las ocho citaciones a declarar que se dispusieron en el marco de la investigación por lo sucedido en febrero, cuando un grupo de personas ingresó al edificio de la SCJ con cantos y pancartas para protestar por el traslado de Mota, se hicieron por teléfono, a excepción de la de Franco. Además de los dos fotógrafos mencionados, declararon, entre otros, Álvaro Jaume, Irma Leites y Jorge Zabalza. Durante el interrogatorio, Leites le preguntó al policía por qué la citación la habían hecho por teléfono. El policía le respondió que lo hacían así y no concurrían a su casa para no dejarla en evidencia ante los vecinos. Leites le pidió un papel que comprobara la citación, y se lo dieron. En los interrogatorios abundaron las preguntas políticas y personales. Una pregunta recurrente fue la composición del núcleo familiar de los indagados.
La jueza es Gabriela Merialdo, y el fiscal, Gustavo Zubía. El hecho de que se tomen declaraciones en Jefatura de Policía y no en un juzgado “no es de rutina”, opinó ayer el ministro de la SCJ Ricardo Pérez Manrique en entrevista con la diaria. Tampoco lo es el procedimiento de citación utilizado, según afirmó el director general de Secretaría del Ministerio de Interior, Charles Carrera. “Esa situación no puede existir, no es la forma de trabajar”, comenzó declarando el jerarca cuando se le relató la forma de citación. Aseguró que debe notificarse por escrito a las personas citadas y que ésa “es la regla general de trabajo”. “La Policía no trabaja de esa forma, nuestra Policía es profesional”, remarcó, en referencia al relato de las citaciones.
El fiscal Zubía declaró que no estaba al tanto del procedimiento policial. “Eso que me contó tiene una especie de aroma argentino”, comentó, sin especificar a qué se refería. “Yo soy fiscal, lo que haga la Policía escapa absolutamente a la forma en que nosotros nos manejamos”, continuó. Por otra parte, evitó explicar por qué las declaraciones se están realizando en Jefatura. “Iniciar explicaciones sobre eso significaría opinar sobre el presumario y no lo voy a hacer”, manifestó.

Natalia Uval

Un rugido de esperanza
 Hugo Bruschi

Sucedió en la selva.Nó en aquella de Mauricio Gatti, sino en ésta mucho más humana y por ello despiadada.

                              

                    Dicen, que había una vez un loro picoteando frutos en un árbol.Al instante llega un zorro y le dice: oye lorito, porqué no bajas y así jugamos juntos? A lo que el loro responde: nó, porque si bajo tu me comerás.El zorro para convencerlo de sus buenas intenciones, saca un decreto del gobierno y se lo lee al loro: "animal que se come a otro animal, será fusilado", para luego agregar: tú crees que yo soy tan tonto como para hacerme matar?


                                                    Pero a todo eso, llega un tigre y el zorro sale disparado como una flecha, ocasión que aprovecha el loro para gritarle: muéstrale el decreto, muéstrale el decreto al tigre!!!

                                                     Este cuento ilustra como a veces, ciertos decretos y medidas, funcionan sólo para los débiles.Para los que gustosamente aceptan, ser engañados, para los indiferentes al dolor ajeno,para los que renunciaron a pensar "para qué si igual se vive", para los que ignoran que su calidad de ciudadanos, incluye derechos,deberes y garantías.

                                                      Pero el tigre tiene otras leyes, otros decretos y argumentos, muchos más fuertes que esas resoluciones de uso doméstico, de entrecasa como los piyamas destinadas a los pequeños animales que habitan la selva.Y esta vez el tigre no está sediento de sangre como la gente acostumbra a verlos, sino de JUSTICIA.

                                                       La CIDH ha fustigado duramente la decisión de la famosa SCJ, como un impedimento para el esclarecimiento de los crímenes cometidos desde el Estado.Porque de eso se trata, verdad?

                                                        Y por tanto han decidido seguir muy de cerca esta situación anómala; este intento de atropellar los derechos de las víctimas y amedrentando, criminalizando el reclamo, persiguiendo y trasladando jueces dignos de su investidura, no lograrán sino enfurecer al tigre.Se olvidaron  que para poder hacer ciertas cosas, reñidas con la moral, la razón y las buenas costumbres, se requiere ser fuerte y poderoso.Y el tigre sabe que no lo son.

                             Que podrán asustar a los animales pequeños e indefensos, pero no  a él.El maneja otros códigos......

 Política  17.4.13

Con salvedades 
 Ricardo Pérez Manrique habla de las recientes polémicas relacionadas con la Suprema Corte.

En los próximos días, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) responderá al Parlamento el pedido de informes sobre el traslado de la jueza Mariana Mota. El ministro Ricardo Pérez Manrique -quien firmó a favor de esa medida- dijo a la diaria que el informe mencionará una investigación administrativa que se inició contra la jueza. Pérez Manrique opinó que los valores y las experiencias de un juez inciden en cómo resuelve los casos, que el Derecho es “opinable” y que personalmente evalúa las consecuencias que tendrán sus decisiones. Informó que la SCJ tiene 15 trámites en curso respecto de la norma interpretativa de la Ley de Caducidad, y que “algunas” sentencias rechazarán el recurso de inconstitucionalidad.

-La Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe [Celac] tiene en carpeta analizar una propuesta de reforma regional de las cortes supremas de Justicia. ¿Debería reformarse la SCJ de Uruguay?

-Uruguay tiene un sistema de dirección del Poder Judicial que es un poco particular en la región. En este país la SCJ concentra el carácter de juez de la Constitución y de juez de casación. En los 80 y los 90 empieza en la región un proceso de creación de tribunales constitucionales, en el que se escinde de la SCJ el juzgamiento en materia de constitucionalidad. En nuestro país tenemos un sistema que me parece sano. Si usted me pregunta si debe ser cambiado, personalmente pienso que no. Me parece que la existencia de un tribunal constitucional supondría un esfuerzo muy grande para el país desde el punto de vista financiero. La Corte, más allá de polémicas, ha cumplido su rol de tribunal constitucional. Los consejos de la judicatura, que nacieron en Europa con el objetivo de designar a los jueces, han terminado en algunos casos por ser una forma de injerencia política en las decisiones.

-¿Qué opina sobre el proyecto de ley del Colegio de Abogados para reglamentar la designación de ministros de la SCJ?

-El proyecto toma algunos elementos que se siguen en Argentina para la designación de los ministros de la SCJ. No afecta al Poder Judicial en la medida en que tiende a reglamentar la forma como el Parlamento decide la designación de los ministros de la Corte. Me parece positivo.

-Usted mencionaba la injerencia política en el Poder Judicial; hay quienes sostienen que se está dando lo inverso. Algunos gobiernos de la región perciben la actuación de las cortes supremas como una forma de incidencia en políticas que consideran centrales.

-Acá hay un tema que es fundamental: determinar la función de un Poder Judicial en un país. Algún autor dice que los sistemas judiciales son los custodios de las promesas. Los pueblos y los países, cuando aprueban una Constitución, consagran una serie de compromisos y metas de derechos humanos en general, y al Poder Judicial le corresponde ser el guardián de esas promesas. Es el encargado último de garantizar que lo que establece la Constitución se cumpla. Este factor de garantía -que va más allá de las mayorías políticas y tiene que ver con la vigencia plena de la Constitución y el Estado de derecho- a veces coincide y a veces no coincide con la posición de los gobiernos de turno, y eso puede llevar a pensar que, por ejemplo, hay una obstrucción por parte del Poder Judicial a determinadas medidas.

-En ocasión de las dos manifestaciones de protesta más recientes que hubo ante la SCJ, algunos actores políticos consideraron que se vulneraba la independencia del Poder Judicial. ¿Cuál es su opinión?

-Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, de reunión, de protestar contra las cosas que no nos gustan. Esa protesta tiene que realizarse dentro de los límites del propio Estado de derecho. Si usted me habla de las manifestaciones que ha habido respecto del fallo [sobre la ley interpretativa], esa manifestación se desarrolló de manera pacífica, no interfirió en absoluto en el funcionamiento del sistema judicial. La institución que integro tiene que aceptar la crítica. Otra cosa es ejercer el derecho de protesta en forma ilegítima. Impedir un juramento de 15 magistrados durante más de dos horas, realizar manifestaciones dentro del Poder Judicial, claramente excede los límites del ejercicio adecuado del derecho. Eso está planteado ahora en el marco de la Justicia Penal y veremos qué se resuelve.

-Los manifestantes cuestionaron que se los haya hecho declarar en la Jefatura de Policía y no en el Juzgado. ¿Es un procedimiento de rutina declarar en la Jefatura?

-Eso no es de rutina. Es una decisión de la cual se debe hacer responsable la jueza que lo dispuso. Nosotros, en aras de la independencia que tiene cada juez, no podemos fallar.

-El presidente José Mujica opinó que la SCJ en su actual integración es conservadora. ¿Cuánto le parece que inciden los valores, la ideología, la historia personal de un juez al momento de juzgar, sobre todo en los casos más complejos?

-Creo que todos somos seres humanos, independientemente de la función concreta que estemos cumpliendo. Y ese carácter de ser total, que tiene que ver con los valores, las experiencias, indudablemente tiene que ver con la forma como se resuelve, más allá de que uno resuelve usando una herramienta que es el Derecho. Pero el Derecho es opinable, es versátil. En la medida en que yo pueda argumentar una posición de manera suficiente y convincente, ésa es la realidad, ésa es la mejor solución. Más allá de calificar de conservador o progresista, me parece que hay que considerar una cantidad de factores. En filosofía del derecho hay autores que hablan del consecuencialismo, que cuando uno decide tiene que medir las consecuencias de las decisiones, y sobre todo cuando uno es el tribunal que dice la última palabra. Personalmente, un factor que tomo en cuenta para tomar una decisión es medir las consecuencias.

-¿Eso pesó en su opinión sobre la ley interpretativa?

-Yo entiendo que esta ley era innecesaria porque no se aplica a ninguno de los casos en los cuales se ha invocado su aplicación. En realidad, la ley tiende a reglamentar una situación y a declarar cosas que ya están integradas en nuestro orden jurídico, porque el artículo 239 numeral 1 de la Constitución dice que la Corte debe juzgar delitos contra el derecho de gentes. Acá, en la mayoría de los casos de derechos humanos, se juzgan delitos de lesa humanidad, que por su propia definición no admiten amnistías y son imprescriptibles. 
A partir de eso yo entendí que esa ley era inaplicable, y que lo que había que hacer era aplicar el derecho común. Esta sentencia de la Corte, por lo menos prima facie, y en esto no quiero adelantarme ni presionar a nadie, demuestra que no han terminado las causas.

-Pero puede obstaculizarlas. El propio presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, ha dicho que las causas se toparán con una “muralla”.

-Yo no sé las consecuencias que va a tener, pero la sentencia no tiene la consecuencia directa, al menos prima facie, de clausurar ninguna causa.

-¿Fueron convenientes las declaraciones de Ruibal Pino?

-Prefiero no hacer comentarios, por razones obvias.

-¿Qué piensa de las recusaciones presentadas por fiscales contra los restantes cuatro ministros de la SCJ, por entender que prejuzgan a raíz de la imagen de Ruibal Pino de la “muralla”?

-Yo voy a tener que fallar en las recusaciones, por lo tanto no le puedo decir lo que pienso.

-La SCJ debe limitarse a analizar la constitucionalidad de una ley. ¿Pesa en algún momento el sentido de justicia más primario, que indica la necesidad de castigar el delito, en este caso las violaciones a los derechos humanos?

-Yo agregaría otro argumento. Por un lado está el derecho a investigar y eventualmente a castigar, y por otro lado el derecho de esas personas que son responsables a gozar de todas las garantías del Estado de derecho. Porque además, ésa es la diferencia que tiene que haber entre ahora y cuando sucedieron los hechos que están siendo investigados. Ahí tiene que haber un tema, no sólo de equilibrios, sino de si es posible avanzar y dictar sentencias de condena. De hecho, las ha habido: en la cárcel de Domingo Arena hay mucha gente condenada.

-La norma interpretativa se presentó con el argumento de que la Ley de Caducidad debía desaparecer del ordenamiento jurídico. ¿Podría haber habido otro camino mejor?

-Hay una cosa muy interesante. La llamada “ley interpretativa”, en su artículo 1º, declara que se restablece la pretensión punitiva del Estado. Respecto de ese artículo, los cinco ministros de la Corte decimos que no es inconstitucional. El gran problema es que lo que dice la Corte Interamericana [de Derechos Humanos] respecto de que las leyes de este tipo [como la Ley de Caducidad] son nulas y no tienen ningún tipo de efecto, es difícil de sostener en un régimen jurídico como el uruguayo. Si esas leyes existieron y tuvieron efectos durante un tiempo, hay principios jurídicos muy sólidos que dicen que los efectos que puedan haber causado no pueden borrarse hacia el pasado. Y ésa es la gran discusión.

-¿Cuál es el estado actual de los expedientes vinculados a la inconstitucionalidad de la ley interpretativa?

-Se han dictado ocho sentencias y hay 15 en trámite. Hay sentencias que rechazaron [el pedido de inconstitucionalidad] porque no había una legitimación de las personas que presentaron los recursos, como el promovido por oficiales retirados que pretendía una especie de inconstitucionalidad preventiva. Como no había denuncias concretas, se entendió que no tenían legitimación. Y van a salir algunos más en los cuales se rechaza la acción de inconstitucionalidad por distintos argumentos.

-En la sentencia del caso Aldo Perrini, la mayoría de la SCJ consideró que Mota aplicó “tácitamente” la ley interpretativa, si bien la jueza nunca la mencionó en su escrito. ¿No se extralimita la Corte en su interpretación?

-Lo que le puedo decir es que claramente no compartí esa decisión, por eso no firmé con la mayoría.

-¿Qué factores pesaron para el traslado de la jueza Mota?

-El traslado de esta señora jueza se realizó en el marco de una serie de traslados generales derivados de la que surgió una cantidad enorme de vacantes por la creación de un nuevo tribunal laboral, de otro cargo derivado de una jubilación y de una cantidad de movimientos internos. Se entiende que nadie es imprescindible para el cargo, y la Corte entendió que había razones de mejor servicio que indicaban que debido a su capacidad, la doctora perfectamente podía estar trabajando en un juzgado civil. No se puede poner como argumento que había muchas causas de derechos humanos en ese juzgado porque hay causas de derechos humanos en muchísimos juzgados, incluso las más resonantes no están en ese juzgado. Este traslado, al cual se le ha querido dar una significación política a partir de una aparente teoría conspirativa, fue un traslado dictado por razones de servicio. Hay una investigación administrativa iniciada, vinculada a su actuación con un expediente en un caso de derecho penal común, no de derechos humanos. Es una denuncia por no haber intervenido de manera adecuada frente a una denuncia de un delito [ver recuadro]. Más o menos en esa línea va a ser la contestación que se va a dar en los próximos días al Parlamento. Yo firmé y estoy de acuerdo con el traslado. Para que se vea claramente que esto no está vinculado con la sentencia [respecto de la inconstitucionalidad de la interpretativa].

-Me pidieron que le preguntara qué se siente perder todos los partidos 4-1.

-Yo no pierdo todos los partidos 4-1,
 gano algunos 5-0. Eso es difícil de entender desde afuera. Tal vez fui discorde en dos sentencias que tuvieron una gran trascendencia pública, pero nosotros dictamos cientos de sentencias. Las posiciones se intercambian permanentemente. No soy el discorde contumaz que se puede pensar visto desde afuera; todo lo contrario, trato de que se logren consensos.

La investigación a Mota

El proceso administrativo iniciado a Mota surge a raíz de la denuncia de una persona -que además es jueza- que tuvo un problema con su escribano. Esa persona realizó la compra de un inmueble y contrató un escribano. Éste hizo la escritura pero no la inscribió en el registro, y cuando la persona quiso vender el inmueble se enteró de que no estaba inscripta. Finalmente, se inscribió la operación y el escribano alegó un descuido. Mota entendió que era un tema para la órbita civil; la propietaria perjudicada, en cambio, consideró que Mota debió dar entrada al tema en el juzgado penal, y se quejó de su actuación.

Jueves 18 de abril de 2013

Impunidad 
Corte Interamericana: Uruguay falla en contrario a derecho humano internacional 
 La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer una sentencia en la cual afirma que la prescripción de los delitos de lesa humanidad, que se cometieron en Uruguay durante la pasada dictadura, es contraria al derecho humano internacional, a partir de las consideraciones referidas al caso de María Claudia García.

Corte Interamericana de Derechos Humanos / noticias.lainformacion.com

Para el organismo continental, referente en la materia, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, en la que se descarta la prosecución de los delitos cometidos por las fuerzas represivas durante 1973-1985, “no está en consonancia con la evolución del Derecho Interamericano y Universal de Derechos Humanos, ni con la responsabilidad Internacional del Estado, reconocida por éste y declarada en sentencia”.
El tribunal recordó que la sentencia del caso de la nuera del poeta Juan Gelman, “tiene carácter de cosa juzgada internacional”, siendo vinculante para los institutos del Estado incluyendo a los “jueces y el Poder Judicial”.

Para la CIDDHH, hay una situación “de impunidad”

La Corte Interamericana, consideró “incompatible con las obligaciones internacionales del Estado que este deje de cumplir con estas obligaciones, en detrimento del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado mediante la generación de obstáculos de jure o de facto que impidieran realizar las investigaciones o llevar adelante los procesos durante determinado período”, según publica la página de Internet del tribunal continental.
En referencia a la situación generada, la Corte Interamericana afirma que continuará “supervisando íntegramente la sentencia dictada en el caso Gelman, hasta su total cumplimiento”.
En la sentencia 2011, la Corte panamericana, había condenado al Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia García y por la supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, fijando una indemnización y estableciendo que la Ley de Caducidad no debería volver a presentar obstáculos para investigaciones de este tipo, sucedidas durante el gobierno de facto.