Sábado 6 de abril, 2013
verdad y justiciaAdriana Cabrera Esteve
Escritora
Hija de Ary Cabrera, desaparecido en 1976
La verdad es que esta situación en la que nos encontramos luego de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucionales los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831 nos hace acordar a la canción de Lenine ‘Paciencia’, en la que afirma “la vida no para/ la vida es tan rara” y, bastante antes, “Cuando todo el mundo/espera la cura del mal/Y la locura finge/que todo esto es normal,/yo finjo tener paciencia”.
Mi padre fue secuestrado en 1976, en ese entonces yo tenía 20 años; hoy tengo 57. Pasaron 37 años y, como Lenine, fingimos tener paciencia. Lo mismo ha sucedido con otros hijos, niños recién nacidos o pequeños cuando secuestraron a sus padres, ahora comienzan a ver pequeñas canas en el espejo, solo para recordarles que “la vida no para”. El tiempo corre a favor de los criminales. Nosotros perdemos el tiempo que ellos ganan. Nuestros años pasan y seguimos lidiando con diferentes formas de impunidad. Y lo más terrible, los años de los culpables de crímenes de lesa humanidad también pasan y, salvo un pequeño número de condenados, la gran mayoría están en libertad. También han pasado los años de Luz Ibarburu, Tota Quinteros, Violeta Malugani, María Salvia de Errandonea, Guillermo Sobrino… y la lista es larga. Los vimos y nos vimos denunciar ante los organismos internacionales o coordinar con las madres argentinas, los vimos y nos vimos llevar las fotos de nuestros familiares a la Plaza Libertad, los vimos y nos vimos cargar la presencia de nuestros familiares a las concentraciones de los 1º de Mayo o a las marchas de los 20 de mayo.
¿Qué queríamos? Lo que quiere cualquier ser humano al que le roban un ser querido: tenerlo de vuelta. Y cuando resultó que no era posible, denunciar los crímenes, exigir justicia. Pero también vimos otras cosas. Vimos, más recientemente, hombres y mujeres que luego de años de silencio se animaron a contar y a denunciar lo sucedido en las cárceles de la dictadura. Durante décadas no habían podido hacerlo; cuando les fue posible, el plazo, según la SCJ, insólitamente había prescripto. ¿Qué sucedió con aquello de que al impedido no le corre término? ¿Qué tiene todo esto que ver con la obligación del Poder Judicial de garantizar el acceso de las víctimas a la justicia?
La sentencia de la SCJ va en contra de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, pero más aún, va en contra del concepto mismo de crimen de lesa humanidad. Lo desconoce como si Uruguay no hubiera suscripto los tratados internacionales que lo obligan a tratar los crímenes cometidos desde el Estado como tales. Y se opone, sin duda a la Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que obliga al Estado uruguayo a reparar los crímenes de la dictadura y a actualizar su actuación y su legislación interna acorde a las normas internacionales de derecho.
El 23 de febrero, a través de un comunicado de prensa, Hijos Uruguay decía: “Debemos además expresar que no logramos salir de la sorpresa y el estupor que nos generan estos hechos, cuando creíamos que en nuestro país se comenzaban a avizorar ciertos avances respecto a nuestros históricos e insoslayables reclamos.
Avances que se traducían en un lento pero palpable aggiornamento de nuestra jurisprudencia con el derecho internacional o en el paulatino cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana, los resultados en los trabajos de excavaciones en los predios militares y la investigación histórica con el correspondiente acceso y difusión de parte de los archivos de la dictadura.
Cuando comenzaba a insinuarse un cambio cultural que buscaba desembarazarse de la impunidad como regla de juego y condición inalterable en el perverso juego de las relaciones sociales tuteladas por la memoria del horror”.
Entre los defensores de la teoría de los dos demonios y los defensores del terrorismo de Estado, quizá no debió sorprendernos que sigan existiendo en nuestro país quienes se inclinan a favor de los victimarios en lugar de defender a las víctimas. Quizá tampoco debió sorprendernos que haya quienes desconocen todos los avances de la humanidad en materia de derechos desde el Holocausto a la fecha. Por eso, creemos necesario apoyar la Declaración de la Institución de Derechos Humanos sobre administración de justicia y derechos humanos, y exhortar al Poder Legislativo a comprometerse en la democratización del Poder Judicial, legislando para establecer un sistema claro y transparente de ingresos, nombramientos y ascensos de los magistrados y funcionarios así como la creación de un Consejo Superior de la Magistratura. También exhortar a jueces y fiscales a cumplir con la Sentencia de la CIDH sin ceder a las presiones y amenazas implícitas en el traslado a un Juzgado Civil de la jueza Mariana Mota. Por último, se hace imprescindible que el presidente y sus ministros tengan una actitud enérgica, proactiva e inequívoca de compromiso con los derechos humanos tal cual lo establece el programa elegido por la ciudadanía al que se deben.
Comunicado de Prensa
Anexo al Comunicado de Prensa emitido al culminar el 147 Período de Sesiones 5 de abril de 2013
Uruguay firmó ese instrumento en febrero de 2007 y la ratificó en diciembre de 2008.
El texto que será sometido a discusión recuerda que durante el período anterior a la dictadura militar uruguaya y durante ese régimen (1973-1985) la práctica aberrante de la desaparición forzada afectó a adultos y niños uruguayos.
Agrega que en ese lapso se registraron graves violaciones contra los derechos humanos y las libertades fundamentales, cometidas por el Estado por cuestiones políticas e ideológicas.
Esos delitos ocasionaron miles de presos políticos, la práctica sistemática de la tortura en centros de detención, ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de 28 ciudadanos uruguayos y de ocho argentinos.
La convención internacional cuenta la ratificación de 37 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, por América Latina.
Ese documento establece que nadie debe ser sometido a la desaparición forzada en ninguna circunstancia, ni en tiempo de guerra, inestabilidad política o cualquier otra emergencia pública que pueda invocarse como pretexto.
Los miembros del comité son Mohammed Al-Obaidi (Irak), Mamadou Badio Camara (Senegal), Emmanuel Decaux (Francia), Alvaro Garcé García (Uruguay) y Luciano Hazan (Argentina).
Completan la relación Rainer Huhle (Alemania), Suela Janina (Albania), Juan José López Ortega (España), Enoch Mulembe (Zambia) y Kimio Yakushiji (Japón).
Desde 2011 la ONU conmemora cada 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
La "amnesia" ni puede suprimir los hechos, ni puede escribir la historia.
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