La muralla puede caer

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 19 DE ABRIL DE 2013


 EL 41% OPINA QUE LA SUPREMA CORTE SE GUIO POR “INTERESES AJENOS”
Los fiscales recusan a la mayoría de los miembros de la Suprema Corte por prejuzgar. Sólo un tercio de la ciudadanía cree en la independencia judicial. La muralla que anunciaba Ruibal Pino puede desmoronarse. Incluso en el caso del general Pedro Barneix, homicida de Aldo Perrini. Los ministros serían sustituidos por jueces de los tribunales de apelaciones. Los jueces pueden seguir actúan sobre causas de derechos humanos si deciden aplicar las convenciones internacionales.


ROGER RODRIGUEZ /rogerrodriguez@adinet.com.uy

La falta de credibilidad que la Suprema Corte de Justicia tiene hoy ante la sociedad uruguaya quedó establecida en los últimos días, cuando las declaraciones públicas del presidente del organismo llevaron a un grupo de fiscales a recusar a cuatro desus cinco ministros, y según una encuesta telefónica de la empresa Interconsult que constató que sólo un tercio de la población cree que la justicia actúa en forma independiente y un 41% opina que en recientes fallos se guió por intereses ajenos la defensa de la Constitución.
La desgastada imagen pública de la corporación judicial se ha venido destruyendo desde antes de la propia dictadura militar. Hace 41 años, el 15 de abril de 1972, el tercer poder del Estado fue sometido a la justicia militar a través de la Ley de Seguridad y permaneció sujeto al régimen de facto -que llegó a imponerle un Ministerio de Justicia- hasta 1985 cuando el país fue reinstitucionalizado. Sin embargo, sólo un año después volvieron a subordinarlo al Poder Ejecutivo para consagrar la impunidad con la Ley de Caducidad.
En ese escenario se formaron los jueces y fiscales que hoy instruyen justicia, y bajo esa cultura de impunidad se lograron sus ascensos y nombramientos. Durante años el Poder Legislativo no logró las mayorías necesarias para escoger a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, que fueron integrándose por antigüedad en un régimen“de derechas”, hasta que el Frente Amplio cedió a un acuerdo con el Partido Nacional que permitió designar a sus cuatro últimos ministros (tres de los blancos y uno del oficialismo).
Hoy, la SCJ ha ganado protagonismo político. Tres de sus miembros son confesos masones (Jorge Chediak presidía el Tribunal de la logia), uno tiene contacto con superestructuras religiosas, a todos se le asignan simpatías políticas y por la edad con la que llegaron al organismo de justicia continuarán en el cargo hasta el 2015, cuando se retire Jorge Ruibal Pino. La hermandad de “jorges” la completa Larrieux y los otros dos miembros, apenas llegaron en diciembre: Julio César Chalar y Enrique Pérez Manrique.
La oportunidad y contenido de algunos fallos de la mayoría de esta SCJ ha dado lugar a las suspicacias.Desde la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad una semana antes de que se le plebiscitara con el voto rosado en 2009, o la aceptación de una queja contra la jueza Mariana Mota del ex juez Ruben Eguiluz, abogado del general Pedro Ramón Barneix Mathiauda que permitió reclamar el expediente y detener su procesamiento por el homicidio de Aldo Perrini hasta que se aplicara a la causa la “tácita” inconstitucionalidad de una ley que ni jueza ni fiscal habían alegado en su instrucción.
Evitar el encarcelamiento de Pedro Barneix por el homicidio con torturas de Aldo Perrini en 1974 aparece como un objetivo de algunos poderes fácticos, que pudieron haber leído como un desafío y un mal ejemplo la decisión de la fiscal María de los Angeles Camiño,quien se negó a otorgar la libertad al policía Ricardo Zabala a pesar de que los ministros de la Corte incluyeron en la inconstitucionalidad de la ley contra las prescripciones al caso de la ejecución de Julio Castro, por el que el represor se encontraba encarcelado.
La ira de Ruibal Pino fue evidente el lunes 9 de abril (el mismo día en que la mayoría de la SCJ amparaba en la inconstitucionalidad el caso Perrini en favor de Berniex), salió a declarar que las causas por crímenes en la dictadura no podrán continuar pese a la posición de fiscales y jueces… “lo que es claro es que eventualmente van a encontrar una muralla cuando llegue el momento en que se expida el Tribunal o llegue al fin del expediente penal, y tenga la posibilidad de expedirse la Corte: se va a volver a la solución de la Corte, si es que en ese momento tiene la misma integración que ahora”, amenazó.
La declaración del presidente de la Suprema Corte motivó a la fiscal de la causa Perrini, Ana María Tellechea (quien aún no había sido notificada de la declaración de inconstitucionalidad) a recusar por prejuzgamiento a Ruibal Pino y los otros tres ministros (Larrieux, Chediak y Chalar) que tendrían posición tomada sobre el tema. “Lo que es claro es que eventualmente van a encontrar una muralla cuando llegue el momento en que se expida el Tribunal o llegue al fin del expediente penal, y tenga la posibilidad de expedirse la Corte: se va a volver a la solución de la Corte, si es que en ese momento tiene la misma integración que ahora”,adelantó.
La denuncia de Tellechea fue desechada, porque la SCJ se habría pronunciado antes sobre el caso Perrini, pero al menos otros cuatro fiscales (Ariel Cancela, Gilberto Rodríguez, Carlos Negro y la propia María de los Angeles Camiño se sumaron a la recusación de Ruibal Pino, para generar una situación sin antecedentes: los jueces protestados se suplantan con otros de mayor jerarquía, pero nunca se había recusado a cuatro de los cinco miembros del máximo organismo del Poder Judicial, por lo que se sortearían sus suplencias entre ministros de los tribunales de apelaciones.
Hasta el momento la Suprema Corte de Justicia ha divulgado ocho dictámenes en los que declaró inconstitucional la Ley 18.831 y aún debe pronunciarse en otros siete casos. En algunos de ellos, según adelanto Pérez Manrique, se rechazaría la legitimidad de los que solicitaron la inconstitucionalidad de la norma. Esa sería la situación de un grupo de oficiales que en representación del colectivo de militares pedía una definición amplia sobre el tema para amparar a todos los casos denunciados ante la justicia.
Cuando algunos fiscales se dispondrían a continuar con las causas a pesar de la sentencia de la Corte, porque el ministerio público entiende que deben aplicarse las convenciones internacionales, promete ser decisiva la posición que adoptarán finalmente los jueces de instrucción penal. Algunos de ellos ya habrían comenzado a archivarlos expedientes, pero otros estarían dispuestos a continuar con las indagatorias para protagonizar un nuevo desafío a una Suprema Corte que, como presumía Ruibal Pino, podría no tener entonces la misma integración que ahora.