Gonzalo Fernandez y su cometa de US$ 140.000

El Banco República le pagará de US$ 140.000 al abogado penalista y exfuncionario del gobierno de Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández, por las gestiones que realizó para lograr el cobro del aval otorgado a la aerolínea Cosmo.

 Los pescaron infraganti

El señor de la derecha, testaferro de Lopez Mena

Compró los aviones de incógnito, dió un aval y no los llevó.

 Gonzalo Fernández (que fue secretario de la Presidencia, ministro de Defensa y canciller en el gobierno pasado) cobrará US$ 140 mil por concepto de honorarios por haber logrado que el empresario Juan Carlos López Mena pague al Banco República el aval de US$ 13,6 millones otorgado a la aerolínea española Cosmo para que la firma pudiera participar en el frustrado remate de los aviones de la exPluna.

 Lopez Mena pagará el aval en un plazo de 4 años

López Mena pagará los US$ 13,6: por el aval que incumplió Cosmo Pluna. 

BROU recibirá el dinero a cambio de la cesión de reclamo a Boston

Juan Carlos López Mena, propietario de la aerolínea BQB y de la naviera Buquebus, acordó ayer pagar los US$ 13,6 millones correspondientes al aval por el remate de los aviones de Pluna que adeudada la empresa española Cosmo.
El acuerdo establece que López Mena pagará ese dinero en nueve cuotas de US$ 1,5 millones cada una más intereses (Libor más 1%). Ayer hizo efectiva la primera cuota al Banco República. Este a su vez pagó los US$ 13,6 millones al fideicomiso de Pluna y al Ministerio de Economía. Ahora los rematadores podrán cobrar su comisión de US$ 835.000.
El procedimiento seguido por el Banco República para otorgar este aval a Cosmo está siendo investigado por la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez, quienes buscan determinar si existieron irregularidades en el proceso.
En ese expediente están siendo indagados el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y presidente del Banco República, Fernando Calloia. El pago del aval podría impactar en el juicio penal en que tanto Lorenzo y Calloia figuran como indagados a raíz de los acontecimientos que rodearon el cierre de Pluna. La existencia de daño patrimonial al Estado en esa operación podría complicar la situación de ambos funcionarios.

Tras varios meses de negociación entre el Banco República, el Ministerio de Economía y del fideicomiso que administra los bienes de Pluna, ayer se cerró la polémica por el pago del aval de US$ 13,6 millones que el banco estatal le otorgó a la aerolínea española Cosmo para que pudiera participar del remate de los siete aviones Bombardier que se realizó el 1° de octubre de 2012.
Anoche, las partes llegaron a un acuerdo y el Banco República le pagó al fideicomiso y al Ministerio de Economía. "Fue complicado pero el caso era claro y de alguna forma se llegó al resultado más lento que lo que hubiéramos querido, pero lo importante es que se llegó", dijo a El País el titular del fideicomiso, Javier Liberman.
Fuentes de la negociación dijeron a El País que López Mena fue quien pagará los US$ 13,6 millones del aval, a cambio de que el Banco República le cediera los derechos para reclamarle a la aseguradora argentina Boston, de donde salió la póliza para Cosmo.
Cosmo ofertó US$ 137 millones por las aeronaves, pero luego desistió del negocio. La empresa se convirtió así en deudora del fideicomiso y por tanto el Banco República debía responder por la aerolínea que, a su vez, entregó como contragarantía una póliza de Boston.
El incumplimiento de Cosmo desató un debate jurídico sobre quién tenía que responder ante el fideicomiso, ya que Boston anunció a fines del año pasado que no pagaría.
El Ministerio de Economía intimó judicialmente al Banco República a que le pagara el aval al fideicomiso, al que le cedió el crédito. Pero el banco se negó porque en el documento se estableció como beneficiaria a la secretaría de Estado y no al fideicomiso.
Otra fuente vinculada a la negociación explicó que para salvar las diferencias con el Banco República, no se especificó si el pago se realizaba al Ministerio de Economía o al fideicomiso, aunque el dinero se depositó en una cuenta de este último que inicialmente se había establecido. "No se hizo ninguna mención a la cesión del crédito que tantos problemas generó. Nos pagaron y punto", sostuvo el informante.
CAMPIANI. El empresario Matías Campiani, principal del consorcio Leadgate, exsocio de Pluna, se fue de Uruguay hace pocos días y estableció su nuevo centro de negocios en Inglaterra, pero también desarrolla proyectos de inversión en Alemania y Argentina. Campiani se trasladó a Europa pero su familia por el momento está en Buenos Aires. Sin embargo, cuando en las próximas semanas el empresario concrete un importante proyecto en Inglaterra, su esposa e hijos se trasladarán a ese país, dijeron fuentes de su entorno. Desde que el gobierno cerró Pluna en julio de 2012, Campiani cesó su actividad empresarial en Uruguay.

Pasadores no declaró

El expresidente de Pluna ente, Fernando Pasadores, debía declarar ayer ante la jueza Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez, en el marco de la denuncia presentada por el Partido Nacional por irregularidades en Pluna. Sin embargo, Pasadores, que reside en el exterior, no asistió a la sede pero justificó su ausencia.

El País Digital

 

 Gonzalo Fernandez fue el mismo gestor que dejó libre a los Peirano

 El 20 de agosto de 2010 Fernández fue denunciado en el juzgado de segundo turno del crimen organizado como aparente “articulador” de una “conspiración” que desencadenó en la clausura del caso de los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso y de otros directores y gerentes del quebrado Banco de Montevideo. Gonzalo Fernández protagonizó un debate en el Parlamento con el senador nacionalista Sergio Abreu acerca de la autoría intelectual de la derogación del artículo 76 de la Ley N° 2.230, que permitió la clausura del caso. Abreu había dicho a la revista Brecha que el ex canciller le había pedido que incluyera en un proyecto de ley la eliminación del delito que establecía que los directores y administradores de sociedades anónimas que cometieran fraude sufrirían una pena de entre 2 y 5 años de penitenciería. Los directores y gerentes del Banco de Montevideo estaban acusados de dicho delilto, aunque ya se encontraban en libertad provisional. A su vez, la fiscalía había pedido la condena por el delito de insolvencia societaria fraudulenta, una figura penal más grave, tipificada en el artículo 5 de la Ley Nº 14.095.3 4

Fernández sostuvo en todo momento que la derogación del artículo 76 de la Ley 2.230 de 2 de junio de 1893 no alteraba la incriminación de los Peirano, quienes debían continuar siendo procesados por el delito de Quiebra Fraudulenta.

Como consecuencia de lo anterior, al iniciarse diciembre de 2010, y frente a la decisión del Frente Amplio de juzgar su conducta en el Tribunal interno del partido, presentó su renuncia indeclinable al Frente Amplio mediante una carta dirigida al Presidente del mismo ing. Brovetto

Finalmente, el 14 de abril de 2011 la Suprema Corte de Justicia revocó definitivamente la providencia que decretó la clausura del caso de los Peirano, dando la razón a Fernández