miércoles, 17 de octubre de 2012

Luz para la justicia


El observatorio judicial lleva el nombre de Luz Ibarburu
 

PUBLICADO EN CARAS&CARETAS EL VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2012


 138 DENUNCIAS, 2 SENTENCIAS, 12 SUMARIOS, 98 PRESUMARIOS, 26 ARCHIVOS, 24 PROCESADOS.

Mientras se espera la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de la Ley 18.831 que eliminó los efectos de la caducidad, desde una web de la Universidad de la República se puede acceder a ocho mil documentos secretos estadounidenses del período previo al golpe de Estado de 1973; por otra parte, las organizaciones en defensa de los derechos humanos crearon un observatorio para seguir las 138 causas penales que en todo el país el sistema judicial viene instruyendo para investigar y juzgar los crímenes cometidos por el peor asesino serial de la historia uruguaya: el terrorismo de Estado.

ROGER RODRÍGUEZ / rogerrodriguez@adinet.com.uy

El 27 de octubre se cumplirá un año de la promulgación de la ley con la que el Parlamento uruguayo decidió resolver la incompatibilidad que existía entre la ley de caducidad (15.848) y las convenciones sobre desaparición forzada de personas, según había sentenciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman contra Uruguay. Aquella norma se votó en un acalorado marco político y con la premura de su aprobación antes de que el 1º de noviembre se cumplieran los eventuales plazos de prescripción que podían determinar la clausura de todos los juicios en los que aún no hubiera una decisión judicial primaria.
El 24 de febrero de 2011 la CIDH había establecido que durante la dictadura y luego de ella, Uruguay había violado los derechos humanos no sólo de Macarena Gelman, de su abuelo Juan y de su desparecida madre, María Claudia, sino también de todas las víctimas a las que se les había impedido el acceso a la tutela judicial. El Estado debía levantar, según la sentencia, todos los obstáculos que pudieran impedir la investigación de los crímenes de la dictadura (116 muertos, 172 desaparecidos y seis mil torturados) y la sanción de los responsables. En ese contexto fue que el presidente José Mujica revocó en junio los actos administrativos con los que todos sus predecesores habían amparado en la impunidad las denuncias presentadas desde la salida de la dictadura.
Pero a la vez que daba un respiro ante la presión internacional que implicaba la condena del organismo de la Organización de Estados Americanos, la aprobación de la Ley 18.831 generó dos nuevos escenarios contrapuestos. Por un lado, el sistema judicial se vio obligado a desarchivar todas las denuncias por violaciones a los derechos humanos que debieron ser encontradas y reabiertas en distintos juzgados. Por otro lado, los abogados defensores de los militares y policías implicados en crímenes de lesa humanidad se prepararon para presentar, bajo cualquier excusa, recursos de inconstitucionalidad contra la nueva ley, de modo de volver a paralizar los juicios al elevarlos a una decisión de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia.

CAUSAS BAJO OBSERVACIÓN
Ante las dificultades que evidenciaba el sistema judicial para encontrar y desarchivar los casos que habían estado amparadas en la impunidad, las principales organizaciones sociales y de derechos humanos (Serpaj, Madres y Familiares de detenidos Desaparecidos, PIT-CNT, Hijos, Crysol, Onapju, Fundación Benedetti, Ielsur, Mesa contra la Impunidad, Pro Derechos y los grupos que realizaron denuncias masivas en octubre de 2011) acordaron coordinar fuerzas para dar seguimiento a las causas penales mediante un observatorio que lleva el nombre de Luz Ibarburu de Recagno, en honor a la recordada militante social y madre de un desaparecido, constituyente de Familiares, quien ocupó una de las presidencias de la Comisión pro Referéndum en 1989.
En presencia del doctor Alberto Pérez Pérez (uno de los jueces de la CIDH) y de la socióloga Lorena Balardini, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, el Observatorio Luz Ibarburu (que tiene apoyo de la estadounidense Universidad George Mason y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú) presentó esta semana su primer informe, en el que se reveló el estado de las 138 causas judiciales que se vienen instruyendo y por las cuales, hasta el momento, han sido procesados sólo 24 militares, policías y civiles.
El Observatorio, que intenta ser una herramienta de interacción entre las organizaciones de derechos humanos, el sistema judicial y la sociedad, reveló que de las 105 denuncias que en forma masiva se presentaron el año pasado ante sedes policiales cuando se temía que las causas prescribieran, sólo 17 fueron derivadas a la Justicia. Más de noventa denuncias de delitos contra los derechos humanos que se presentaron a través de la ley de procedimiento policial (por la que cualquier persona en conocimiento de un ilícito debe plantearlo ante una comisaría o seccional policial y éstas tienen la obligación de derivar la denuncia al juez competente) no fueron tomadas en cuenta.

PENAL Y GOL ES GOL
El citado informe se basa en datos proporcionados por el Ministerio Público y Fiscal e información de las sedes penales en respuesta a una circular enviada por la Suprema Corte de Justicia, que no tuvo respuesta de los juzgados de 2°, 8°, 13°, 14°, 17° y 20° turnos. Los datos se complementaron con un documento de la secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT y material proporcionado por la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. El Observatorio advirtió que si algún organismo del Estado no aporta información que permita ubicar y dar continuidad a los expediente, se estaría incumpliendo la sentencia de la CIDH.
El engorroso trabajo del Observatorio, sin embargo, pudo identificar que el juzgado con mayor cantidad de causas es Penal 7° (doctora Mariana Mota) con 37 denuncias, le siguen Penal 1° (doctor Juan Carlos Fernández Lecchini) con 19 causas, Penal 4° (doctor Óscar Pereyra) y Penal 9° (doctora Gabriela Merialdo) con once casos cada uno y Penal 5° (doctor José Gómez) con diez casos. Con ocho expedientes aparecen Penal 3° (doctor Ruben Saravia) y 10° (doctora Dolores Sánchez), se registran cinco casos en Penal 2° (doctor Pedro Salazar), 6° (doctora Fanny Canessa) y 8° (doctora Graciela Eustachio), tres denuncias llevan Penal 11° (doctor Roberto Timbal), 12° (doctor Nelson dos Santos) y 20° (doctor Alejandro Guido), dos causas hay en Penal 16° (doctora Julia Starico) y 19° (doctor Luis Charles) y cierran con un caso los juzgados Penal 13° (doctor Homero da Costa), 14° (doctora María Mainard), 17° (doctor Carlos García), 18° (doctor Huberto Álvarez) y 21° (doctor Gabriel Ohanian).
De las 138 denuncias registradas en Montevideo, sólo dos casos (1 por ciento) tienen sentencia, mientras que 12 causas (9 por ciento) están en etapa sumarial y 98 expedientes (71 por ciento) aún se encuentran en la etapa indagatoria del presumario, mientras que ya fueron archivadas 26 denuncias (19 por ciento) en las que no se encontraron elementos para procesar a los responsables. De los 24 encausados, nueve fueron tipificados por homicidio muy especialmente agravado (38 por ciento) y once por coautoría de homicidio muy especialmente agravado (46 por ciento), los restantes están procesados por delitos de homicidio (4 por ciento), complicidad de homicidio especialmente agravado (4 por ciento) y encubrimiento (4 por ciento).

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“Desclasificados”
Otra herramienta que se sumó esta semana al esclarecimiento de lo que ocurrió en Uruguay a fines del siglo pasado es la página web www.geipar.udelar.edu.uy del Grupo de Estudios Interdisciplinarios sobre el Pasado Reciente (Geipar) que funciona en la Universidad de la República con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Allí se puede acceder a más de ocho mil documentos secretos sobre Uruguay y la región entre 1963 y 1973 que desclasificó el Departamento de Estado estadounidense.
Una primera parte del material que se encontraba en el National Archives and Records Administration (Nara) y que fue entregado al Geipar en el marco de un programa académico fue revelado ayer en la sala Maggiolo con el propósito de “contribuir al estudio documentado de las relaciones diplomáticas y entre gobiernos en un pasado reciente que conserva mucha importancia para la explicación del presente del país y de la región”. 

Ñato desacatado
El abogado Federico Álvarez Petraglia y el periodista Rodolfo Porley denunciaron ante el juez penal de 19° turno, doctor Luis Charles, al ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, por el delito de desacato, ante el impedimento de las pericias de la Policía Técnica durante la inspección del lugar donde durante la dictadura funcionó el centro de torturas conocido como 300 Carlos, solicitadas por la jueza Mariana Mota el jueves 27 de setiembre en las instalaciones del Servicio de Material y Armamento, adjunto al Batallón de Infantería N° 13.
Los denunciantes consideran que una orden del ministro de Defensa implicó una violación de lo dispuesto por una jueza penal y piden que se llame a testimoniar al coronel Raúl Lozano, el general Nelson Pintos, la jueza y su actuaria, y al propio Fernández Huidobro, a quien acusan del delito de desacato establecido en el artículo 173 del Código Penal.



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