12 January, 2013
Organización Meli Wixan Mapu lamenta muertes y a su vez condena violencia política fabricado que favorece al terrorismo estatal
“Condenamos el clima de violencia política
fabricado por el Estado, principalmente el que favorece al terrorismo
estatal. En este mismo tenor, consideramos que toda muerte es
lamentable, más aún cuando éstas quedan bajo el manto de la impunidad.
Eso lo sabemos por las experiencias de nuestros caídos. Por lo mismo,
exigimos al Estado que, a través de la rigurosidad de sus peritos y sus
estudios profesionales, establezca o descarte toda participación o
responsabilidad en los hechos de posibles comuneros, paramilitares o
uniformados. No olvidemos que la mayoría de las pruebas científicas
presentadas por la fiscalía siempre terminan demostrando que los Mapuche
no tienen participación en los ilícitos que se les imputa y por los
cuales a priori se condena a todo un pueblo…”
Condenamos el clima de violencia política fabricado por el Estado, principalmente el que favorece al terrorismo estatal. En este mismo tenor, consideramos que toda muerte es lamentable, más aún cuando éstas quedan bajo el manto de la impunidad. Eso lo sabemos por las experiencias de nuestros caídos. Por lo mismo, exigimos al Estado que, a través de la rigurosidad de sus peritos y sus estudios profesionales, establezca o descarte toda participación o responsabilidad en los hechos de posibles comuneros, paramilitares o uniformados. No olvidemos que la mayoría de las pruebas científicas presentadas por la fiscalía siempre terminan demostrando que los Mapuche no tienen participación en los ilícitos que se les imputa y por los cuales a priori se condena a todo un pueblo. Por sobre todo, lamentamos la libertad que gozan aquellos que utilizando uniformes estatales asesinan a nuestros hermanos sin recibir ninguna condena, más aún cuando se ha comprobado incluso que han sido aniquilados por la espalda. Catrileo, Mendoza Collío, Lemún, Wentekura, Díaz Nekul, y Collihuil son parte de la larga lista de quienes que han caído defendiendo con pu wixukurawe y pu wiño a nuestro pueblo en esta larga lucha de resistencia.
Los medios de comunicación masivos han sido parte del juego del colonizador y distorsionan la realidad, intentando deslegitimar al movimiento y propagando un exacerbado racismo. Los avances de la lucha Mapuche nos indican que debemos ser responsables y maduros, no olvidando por ejemplo que hace dos meses se logró revertir tras la huelga de hambre de los pu peñi de Wente Winkul Mapu una tendenciosa condena impulsada por el general Bezmalinovic (quien encubrió el asesinato de Jaime Mendoza Collio) ), el mismo que por estos días sigue acusando de terrorismo a las comunidades. Pública y abiertamente se constató como el poder del estado puede confabular acusando y condenando a los Luchadores Sociales Mapuche y reafirmó por qué debemos considerarlos como Presos Políticos. Actualmente hay más de veinte hermanos encarcelados. La solidaridad de los chilenos y de la opinión pública no puede menguarse por quienes sediciosamente fabrican mentiras a través de la prensa.
La prevaricación está a la orden del día, esa es la instrucción de la institucionalidad al parecer. No olvidemos que quienes representan al gobierno en las vocerías y las mentes encargadas de fraguar el camino y sus decisiones políticas son hijos de la dictadura de Pinochet. Su obscura sombra no instaurará un periodo negro para el movimiento mapuche. Nuestra lucha es justa, digna y es la única vía para recuperar lo que el Estado, latifundistas y forestales han usurpado a sangre y fuego. Por todas las víctimas mapuche del colonialismo, debemos continuar avanzando para conseguir nuestra autonomía y libredeterminación.
Escuelas quemadas, irrupción de los aparatos de inteligencia, ampliación de facultades, pertrechos y tecnología de punta para las fuerzas militares chilenas, impunidad para los dueños y participantes de grupos paramilitares de extrema derecha y líneas editoriales de los medios que distan de cualquier ética profesional, son la continuidad de la triste historia con la que Los Mapuche hemos debido lidiar. La solución es escuchar nuestras reivindicaciones y garantizar derechos colectivos usurpados; no imponer monólogos ni políticas del gatillo fácil.
En memoria de todos, mujeres y hombres mapuche, caído en la lucha de resistencia y descolonización.
Meñal Xipatupe Taiñ Pu Kona
Libertad a Todos Los Prisioneros Políticos Mapuche
Chew Rume mulele mapuche newentulepe
Donde estemos, luchamos como un solo Pueblo-Nación Mapuche
ORGANIZACIÓN MAPUCHE MELI WIXAN MAPU
El Estado chileno contra el pueblo mapuche
Viernes, 11 de Enero de 2013
Osvaldo Zamorano
La lucha de las comunidades
mapuches por recuperar sus tierras ancestrales ha tenido como respuesta
la represión, que no hace distinción de mujeres, niños y ancianos. La
detención arbitraria y los procesos plagados de irregularidades,
incluidas la utilización de testigos secretos y la aplicación de
condenas desproporcionadas, son lo cotidiano en La Araucanía.
Allanamiento de la comunidad por carabineros
La
represión ha arreciado -alcanzando niveles de violencia en
allanamientos como el de la comunidad Temucuicui, donde fue herido a
bala un mapuche-, después del atentado a una vivienda en Vilcún que
costó la vida al agricultor Werner Luchsinger y a su esposa, Vivian
MacKay.
Desde
la década de los 80, las comunidades mapuches han perdido más del 60
por ciento de sus tierras, y los litigios judiciales duermen en los
estantes de los tribunales. Hay 2,5 millones de hectáreas de tierras
ancestrales del pueblo mapuche que están en poder de las forestales
Mininco y Arauco. Las organizaciones mapuches se han rebelado frente a
una usurpación que ha contado con el apoyo de una institucionalidad
hecha a la medida de los intereses de las forestales y terratenientes de
la zona.
HUELGA DE HAMBRE
Por
otra parte, desde el 14 de noviembre pasado, Héctor Llaitul
Carrillanca, líder de la Coordinadora Arauco Malleco, y Ramón Llanquileo
Pilquimán mantienen una huelga de hambre para que se ponga fin a la
persecución a las comunidades mapuches, termine la aplicación arbitraria
de la Ley Antiterrorista que utiliza testigos secretos, y para que
concluyan las condenas injustas que les afectan.
Llaitul
fue trasladado a la cárcel El Manzano de Concepción y Llanquileo, desde
la prisión en Angol, declaró: “Llamamos a las comunidades a seguir
movilizándose por sus demandas históricas, pero a la vez las llamamos a
ser responsables en su accionar de lucha pues nuestro enemigo lo que
pretenderá a través de sus medios de comunicación masivos es enlodar
nuestras justas demandas por territorio y autonomía”.
Gendarmería,
que había resuelto conceder a Llanquileo el beneficio de salida de fin
de semana, canceló esa resolución al producirse el atentado incendiario
en Vilcún.
Llaitul y Llanquileo rechazan la transgresión del prinicipio de derecho penal Non bis in idem,
es decir, no ser juzgados dos veces por la misma causa. También
demandan el reconocimiento de su calidad de presos políticos y la
dignidad que les corresponde. Llaitul está condenado a 10 años por robo
con intimidación, a 4 años por homicidio frustrado (el montaje de una
falsa emboscada) al fiscal Mario Elgueta y a 541 días por Ley de
Seguridad Interior del Estado. Llanquileo está condenado a 8 años por
delitos similares. Asimismo, ha manifestado haber sido doblemente
juzgado por dos tribunales, uno civil y otro militar, siendo condenado a
3 y 4 años por tribunales civiles en el caso del fiscal Elgueta, en
circunstancias que ya había sido absuelto en la misma causa por un
tribunal militar.
La
Comisión Etica contra la Tortura obtuvo las firmas de numerosas
personalidades de Chile y el extranjero para una carta al presidente de
la República pidiendo la libertad inmediata e incondicional de Llaitul y
Llanquileo, así como la creación de una instancia de diálogo entre el
Estado y los representantes legítimos del pueblo mapuche.
EL ASESINATO DE
MATIAS CATRILEO
Las
políticas del Estado hacia las comunidades indígenas han estado
plagadas de promesas no cumplidas, arbitrariedades, cárcel para los
comuneros e impunidad para quienes utilizaron la represión. El 3 de
enero de 2008, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, fue asesinado el
joven Matías Catrileo Quezada, estudiante de agronomía de la Universidad
de La Frontera. Catrileo, de 22 años, falleció como consecuencia de un
disparo en la espalda, efectuado por el cabo segundo de Carabineros
Walter Ramírez. El crimen ocurrió durante una recuperación pacífica de
tierras en las cercanías del fundo Santa Margarita del empresario Jorge
Luchsinger, en la comuna de Vilcún.
No fue este el único crimen cometido bajo los gobiernos de la Concertación. En reciente carta al presidente Piñera, la lonko
Juana Calfunao, de la comunidad Juan Paillalef, recuerda que también
fueron asesinados por la policía Alex Lemún (2002), Julio Huentecura
Llancaleo (2004), Xenón Díaz Necul (2005), José Huenante (de 16 años,
detenido y desaparecido), Juan Collihuín Catril (2006), Johnny Cariqueo
Yáñez (2008), Jaime Mendoza Collío (2009) y José Toro Ñanco (2009). La
propia lonko Calfunao ha sido víctima de la represión.
Desconocidos quemaron tres veces su casa y en uno de estos incendios
pereció su tío Basilio Coñonao. La lonko sufrió torturas que le
provocaron un aborto. “Todo ello -dice- me hace pensar que la policía no
está al servicio de la sociedad y que para los mapuches no es garantía
de seguridad y protección (…) Nos sentimos excluidos del derecho
-agrega- y víctimas de una política que nos ha tratado de erradicar como
pueblo para asimilarnos y hacernos desaparecer. Este es uno de los
principales motivos por los cuales los mapuches no nos sentimos
identificados con su país. Sin lugar a dudas, es indispensable, señor
Piñera, tener voluntad política para solucionar el conflicto y conseguir
la paz social que los mapuches tanto deseamos, y que termine de una vez
este clima de militarización de nuestro territorio y enfrentamientos
que, lamentablemente, ya han costado la vida a demasiadas personas
mapuches y chilenos”.
En
el caso de Matías Catrileo, la acción homicida del cabo Ramírez quedó
demostrada en el proceso y el fiscal militar de Temuco, Jaime Pinto
Aparicio, solicitó una pena de 10 años de presidio. El Juzgado Militar
de Valdivia lo condenó a dos años con pena remitida, o sea en libertad, y
siguió en funciones en Coyhaique con salario regular y asignación de
zona.
Para el abogado Alberto Espinoza Pino, defensor de derechos humanos y representante de comuneros mapuches: “Aquí
hay una resolución de un tribunal militar que condenó al funcionario de
Carabineros a una pena privativa de libertad, pero con beneficios,
atendida la naturaleza de la pena que se le aplicó. Pero adicionalmente,
junto con la pena de carácter corporal, están las penas accesorias y
las inhabilidades de orden civil y político. En ese contexto, las penas
accesorias que inhabilitan a una persona para ejercer ciertos derechos
civiles, como funciones públicas, prevalecen por sobre la decisión
administrativa de la Contraloría General de la República que establece
que Ramírez no tiene impedimentos para continuar en las filas de la
institución policial. Esto se enmarca en una política de impunidad que
se ha ido desarrollando con fuerza en estos últimos años”.
¿Qué opina de la condena por “violencia innecesaria” en el caso de Matías Catrileo?
“Carabineros
en ejercicio de sus funciones no cometen el delito de homicidio. La
figura más asimilable al homicidio es ‘violencia innecesaria causante de
muerte’. Lo que se puede concluir de esa calificación jurídica y de la
condena que se aplicó es que, en definitiva, los carabineros como
funcionarios públicos pueden matar por la espalda recibiendo una pena
bastante desproporcionada según la naturaleza del ilícito. La pena
resulta injustificada desde un punto de vista penal y ético. En el
fondo, lo que la judicatura militar hizo fue avalar en la práctica la
política represiva que el Estado desarrolla en el tratamiento del
problema mapuche. En ese contexto hay una política represiva impulsada
desde el Ministerio del Interior a través de Carabineros, que actúa como
una policía con tácticas militares. Cuando llega el momento de asegurar
los derechos de las víctimas de esta política represiva, la respuesta
del órgano jurisdiccional lejos de condenar drásticamente la conducta
penal ilícita, la sanciona de modo benevolente”.
¿Por qué es la justicia militar la que sigue conociendo los casos de comuneros mapuche y no la justicia civil?
“Aquí
hay una deuda pendiente desde el inicio de los gobiernos
posdictatoriales. Había una promesa que contemplaba prácticamente la
derogación de la judicatura militar, que ésta perdiera su competencia
para juzgar a civiles, y no solamente para juzgar a civiles como
imputados sino también para conocer y juzgar aquellas materias en que
aparecieran vinculados Carabineros o miembros de las Fuerzas Armadas en
la comisión de delitos. Sin embargo, esa promesa no se cumplió. Pasó el
gobierno de Aylwin, el gobierno de Lagos, el de Frei y Bachelet y
finalmente en el gobierno de Piñera, como consecuencia de una huelga de
hambre de los comuneros mapuches, se logró por lo menos una de las
reivindicaciones, que es limitar la competencia de la justicia militar.
Los tribunales militares pierden competencia para juzgar a civiles en
calidad de imputados”.
MAPUCHE, ENEMIGO INTERNO
Dos comuneros llevan casi dos meses en huelga de hambre en demanda de juicio justo. ¿Cuál es su visión de esos procesos?
“Hay
que entender que esto es parte de una política del Estado y éste tiene
compromisos de carácter ideológico, económico y político que se expresan
en una institucionalidad. Ella está al servicio de ciertos intereses
económicos. Todo esto aparece enmarcado en un orden normativo que
garantiza esa institucionalidad. En concreto, tenemos que el Estado ha
puesto en práctica una política represiva muy fuerte en contra de las
reivindicaciones del pueblo mapuche, que tienen raíces históricas. Esto
se ha traducido en procesos que se han desarrollado de manera
arbitraria, en atribuir a las acciones reivindicativas de los comuneros
el carácter de delitos terroristas, utilizar procedimientos
jurisdiccionales que están en el límite de las normas del debido
proceso: por ejemplo, los llamados testigos secretos, se sustancian
procesos de manera paralela ante la justicia civil y militar, no se
respeta un principio fundamental del derecho penal de que nadie puede
ser juzgado dos veces por el mismo delito. Prácticamente, esto es una
constante en la persecución judicial contra los mapuches”.
DOCTRINA DE
SEGURIDAD NACIONAL
¿A
diferencia de otros sectores sociales, por qué se reprime con más
fuerza a los comuneros mapuches, por qué tanta arbitrariedad judicial?
“Esto
es explicable porque en Chile subsiste la aplicación de la doctrina de
la Seguridad Nacional. No ha sido erradicada de la Constitución desde un
punto de vista normativo. Se mantiene como un baluarte que garantiza el
desarrollo de esta institucionalidad que heredamos de la dictadura
militar. En ese sentido, hay que tener en consideración que la dictadura
tuvo por objetivo eliminar mediante la violación de los derechos
humanos un modelo económico-social que se quiso implementar durante el
gobierno de la Unidad Popular. El mapuche es considerado un ‘enemigo
interno’ y por consiguiente, toda la actividad del Estado aparece
justificada en la medida que las reivindicaciones del pueblo mapuche
atentan contra las bases de la institucionalidad económica y social
impuesta en Chile. En el país existe un muro para contener cualquier
reivindicación económico-social que pudiera alterar el modelo
neoliberal. La salvaguarda de la institucionalidad es la doctrina de
Seguridad Nacional. Por eso Carabineros actúa en La Araucanía en forma
militarizada y reprime indiscriminadamente a niños, ancianos y mujeres
mapuches”.
OSVALDO ZAMORANO SILVA
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 774, 11 de enero, 2013
Constatamos en terreno los excesos cometidos por las policías principalmente en contra de personas mayores de las comunidades y niños/as, la agresividad en el procedimiento fue algo que marcó a dichas familias y se encuentran en un estado de angustia. Por otro lado las familias afectadas señalan que la imagen de su pueblo está siendo dañada, todos ellos/as se declaran personas de trabajo, de esfuerzo y que no validan la violencia, ni cometen actos delictivos.
Su principal requerimiento es “contar lo que ha pasado”, no quieren quedar estigmatizados, ni ellos, ni el pueblo mapuche en general. Les preocupa la reacción que tendrán sus hijos/as luego de presenciar dichos procedimientos.
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