Reunión de
organizaciones de lucha por la tierra
Bella
Unión, 15 de enero de 2006 - 15 de enero de
2013
A
7 años de la primera ocupación de nuestras
tierras, reunidas organizaciones de lucha por la tierra a
nivel nacional, ponemos de manifiesto nuestra más
profunda preocupación por el aumento de la
concentración y extranjerización de nuestra
principal riqueza: “LA TIERRA”; lo que
está llevando a una pérdida de
soberanía y empobrecimiento de nuestro pueblo,
incluso confirmado por los mismos registros
oficiales.
PREGUNTAMOS:
¿cuánta tierra hemos adquirido los
pequeños productores y cuántas han adquirido
las transnacionales en éstos últimos diez
años? Las declaraciones del ministro Aguerre ante la
desaparición de 12.000 familias del medio rural;
¿es esa la posición oficial?, ¿es lo
qué le conviene a éste país?,
¿dónde están esas familias hoy?,
¿qué lugar ocupan en nuestra sociedad esos
hombres, mujeres y niños?
A
todo esto manifestamos nuestro más profundo rechazo a
éste modelo de desarrollo excluyente y que favorece a
muy pocos y convocamos al sistema político o a quien
tome las decisiones a dejar las declaraciones de
voluntarismo y a tomar medidas concretas para revertir
ésta situación.
-
No más extranjerización y concentración
de la tierra
Es
la lucha por la tierra y contra la pobreza
UTAA,
UTABE (Belén), SUDORA, OSDOR, UCANOR, Movimiento por
la Tierra
Enviado
por Chasque Artiguista
POR TIERRA PARA TRABAJADORES ASALARIADOS
Comunicado de la
comisión de tierras del sindicato
UTAA
(Unión de trabajadores azucareros de
Artigas)
Reunida
la Comisión de Tierras del Sindicato UTAA el
día 22 de enero de 2013 decide:
Comunicar
a la población de Bella Unión y del Uruguay
que el Sindicato se encuentra peleando y negociando futuras
tierras para trabajadores asalariados nucleados en nuestra
organización.
Desde
hace tiempo venimos teniendo reuniones con autoridades del
Instituto Nacional de Colonización. Hasta ahora hemos
tenido poca respuesta a nuestras aspiraciones; es por esto
que decidimos realizar movilizaciones con el objetivo de
lograr nuestros pedazos de tierra.
También
solicitamos que ALUR S.A. nos de una respuesta para tener
conocimiento de cuál va a ser su aporte a nuestro
proyecto.
Solicitamos
el apoyo a la población en general y de las distintas
organizaciones sociales para poder fortalecer nuestra lucha
y la lucha de los trabajadores.
Por
tierra, trabajo y dignidad
UTAA
Contactos:
Juan Santana 099057673 y Jorge Rodas 099280326
Enviado
por Chasque Artiguista
La lucha de los peones de estancia
Política 14.12.12
Trabajadores rurales. (archivo, marzo de 2012) Foto: Sandro Pereyra
Cascos de estancia
Trabajador rural despedido tras intentar formar sindicato; su patrón no quiere que le “vengan a poner leyes”
El trabajador rural se desempeñaba como capataz en la estancia La Tortuga, ubicada en la localidad de Pueblo del Barro, en el departamento de Tacuarembó. El 2 de diciembre participó en una reunión con asalariados de otros establecimientos ganaderos para intentar conformar un sindicato de base, en el marco de la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), que integra el PIT-CNT.
Un día después fue despedido y ahora el caso se está tratando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El dueño de la estancia admitió que no quería sindicatos en su campo y rechazó cualquier intento de que le “vengan a poner leyes en la estancia”.
El trabajador, que prefirió no dar su nombre, se encargaba de atender un predio de 4.000 hectáreas, ya que los demás peones se habían marchado del establecimiento al recibir un salario menor del que habían acordado con el patrón. El 3 de diciembre el trabajador llamó por teléfono a Diego Ortiz, propietario de la estancia, para comunicarle las novedades del trabajo, y éste le dijo que debía volver “a ser peón” y que si no lo hacía debería dejar de trabajar en el lugar.
En ese momento, el asalariado resolvió denunciar la situación ante el sindicato de base de la Unatra recién conformado. Los delegados sindicales presentaron la denuncia ante el MTSS, que citó a las partes a una reunión tripartita. El martes 11, el trabajador, acompañado por el abogado Antonio Ramauro y una delegación sindical, se reunió con Ortiz y sus asesores, asistiendo además funcionarios del MTSS.
Apenas comenzada la instancia de negociación, el empleador negó “rotundamente” que haya resuelto despedir al trabajador por haberse afiliado al sindicato. Según explicó, en realidad al momento de conocerlo se había dado cuenta de que no tenía “las capacidades” para desempeñarse en el establecimiento porque “no servía”, y continuó con esa línea argumental a partir de otras consideraciones negativas.
No obstante, en un momento de la reunión esa fundamentación le terminó jugando una mala pasada: otros delegados le informaron que la persona que estaba escuchándolo del otro lado de la mesa no era un abogado o escribano, sino el propio trabajador despedido. Ramauro dijo a la diaria que de esa forma “quedó demostrado” que Ortiz no conocía a su propio capataz, que permaneció cuatro meses en el establecimiento solamente comunicándose por teléfono. Ante la evidencia, Ortiz cambió su discurso. Dijo que una vez en la ruta y desde la camioneta -un encuentro que sí existió- había “hablado” con el trabajador y que ya en ese momento se “dio cuenta” de que no tenía “capacidad” para el campo. Eso a pesar de que este trabajador se desempeña desde hace diez años en tareas de capataz, según indicó Ramauro.
Posteriormente, Ortiz terminó admitiendo que en su campo no quiere “ningún sindicato” y que tampoco quiere que “le vengan a poner leyes en la estancia”, según afirmó el diputado por Tacuarem bó Edgardo Rodríguez (Movimiento de Participación Popular), que ha estado en contacto con el capataz despedido.
“Aunque la Federación Rural y la Asociación Rural del Uruguay lo minimicen, siguen existiendo patrones de esta categoría. Pretenden desconocer todas las leyes laborales; no aceptaba que tuviera su día de descanso. Pero además la expresión del patrón es bien clara: ‘no me venga a poner leyes en la estancia’. Pretende que a ese lugar no venga nadie a alterar el ‘orden’ que quiere mantener”, dijo Rodríguez.
El caso sigue en la órbita del MTSS. El trabajador pidió ser reincorporado, pero Ortiz no lo acepta y la audiencia de mediación fracasó. Las partes se volverán a reu nir en el MTSS de Montevideo el martes 18, con la presencia del director nacional de Trabajo, Luis Romero. Si el trabajador no es reintegrado, el caso será llevado a la Justicia. “Entendemos que se trata de un despido antisindical”, y los argumentos presentados “son contundentes”, explicó Ramauro. Además, sólo “tenemos 30 días” de plazo para presentar el caso por “vía judicial”, según indica la normativa, agregó. Ramauro recordó que el trámite ante la Justicia “demora sólo diez días”.
El empresario es contador público, propietario de 14 estancias en diferentes departamentos: La Tortuga, El Cordobés, La Pava, La Avestruz, La Cuchilla, Yaguarí, El Cerro, Rincón, La Valija, Arégulo, Tercera Vista, Cerro Formoso, El Lago y Bella Vista. Además, es dueño del frigorífico Frigocerro en Durazno, que a mediados de 2005 fue ocupado por los trabajadores. La delegación sindical que se reunió con la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de entonces denunció a Ortiz por no cumplir lo acordado en los consejos de salarios y por el despido de un delegado sindical, pero el empresario “se mostró intransigente; él no quería de ninguna manera reincorporarlo”, expresan en las actas taquigráficas.
Luis Rómboli
La diaria 19.12.2012
Tranquera abierta
Dinatra pidió que estanciero retome a trabajador rural despedido por formar sindicato y dio plazo de tres días para respuesta.
Un
asalariado rural que se desempeñaba como capataz en la estancia La
Tortuga, en la localidad de Pueblo del Barro (Tacuarembó), fue despedido
por el propietario el 3 de diciembre, un día después de que el empleado
participara en una reunión para conformar un sindicato de la Unión
Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra).
El asalariado y la organización consideran que la medida adoptada por el estanciero configuró un caso de persecución sindical, por lo que presentaron una denuncia ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) para pedir que sea reintegrado.
El martes 11, el trabajador, acompañado por el abogado Antonio Ramauro y una delegación de la Unatra, se reunió con el propietario del establecimiento, Diego Ortiz, y funcionarios de la Dinatra. Ayer tuvo lugar la segunda audiencia, en la que participaron, además del trabajador, Ortiz y sus abogados, el director nacional de Trabajo, Luis Romero, el secretario de Desarrollo Productivo del PIT-CNT, Rúben Hernández, y la dirigente de la Unatra María Flores. Rammauro, asesor del trabajador, explicó que la delegación del gobierno sostuvo que la empresa “no había puesto ningún elemento sobre la mesa que hiciera caer la presunción de que el despido es una actitud antisindical” y, por lo tanto, le propuso al estanciero que reintegre al trabajador con el salario que ganaba cuando fue despedido, “sin entrar a discutir la categoría, si es como capataz o como peón”.
El estanciero tiene plazo hasta el viernes al mediodía para aceptar, rechazar la propuesta o presentar una contrapropuesta por escrito en la Dinatra. Según Rammauro, Ortiz adelantó que una solución podría ser “conseguirle trabajo en otro de los establecimientos” que le pertenecen o un empleo “mejor” en una estancia de otro propietario. Ortiz es dueño de 14 estancias y del frigorífico Durazno. El empresario “se quejó” de que el tema haya tomado “notoriedad” y dijo que “se había transformado en un tema político”, pero “negó rotundamente” que tenga “problemas con los sindicatos”, indicó Ramauro. El asesor del trabajador explicó que esperarán la respuesta del estanciero y, en caso de existir una contrapropuesta, la Dinatra deberá convocar a otra audiencia. Si las negociaciones “no prosperan, activaremos el mecanismo judicial”, recurriendo a la Ley de Fuero Sindical, concluyó Rammauro.
El asalariado y la organización consideran que la medida adoptada por el estanciero configuró un caso de persecución sindical, por lo que presentaron una denuncia ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) para pedir que sea reintegrado.
El martes 11, el trabajador, acompañado por el abogado Antonio Ramauro y una delegación de la Unatra, se reunió con el propietario del establecimiento, Diego Ortiz, y funcionarios de la Dinatra. Ayer tuvo lugar la segunda audiencia, en la que participaron, además del trabajador, Ortiz y sus abogados, el director nacional de Trabajo, Luis Romero, el secretario de Desarrollo Productivo del PIT-CNT, Rúben Hernández, y la dirigente de la Unatra María Flores. Rammauro, asesor del trabajador, explicó que la delegación del gobierno sostuvo que la empresa “no había puesto ningún elemento sobre la mesa que hiciera caer la presunción de que el despido es una actitud antisindical” y, por lo tanto, le propuso al estanciero que reintegre al trabajador con el salario que ganaba cuando fue despedido, “sin entrar a discutir la categoría, si es como capataz o como peón”.
El estanciero tiene plazo hasta el viernes al mediodía para aceptar, rechazar la propuesta o presentar una contrapropuesta por escrito en la Dinatra. Según Rammauro, Ortiz adelantó que una solución podría ser “conseguirle trabajo en otro de los establecimientos” que le pertenecen o un empleo “mejor” en una estancia de otro propietario. Ortiz es dueño de 14 estancias y del frigorífico Durazno. El empresario “se quejó” de que el tema haya tomado “notoriedad” y dijo que “se había transformado en un tema político”, pero “negó rotundamente” que tenga “problemas con los sindicatos”, indicó Ramauro. El asesor del trabajador explicó que esperarán la respuesta del estanciero y, en caso de existir una contrapropuesta, la Dinatra deberá convocar a otra audiencia. Si las negociaciones “no prosperan, activaremos el mecanismo judicial”, recurriendo a la Ley de Fuero Sindical, concluyó Rammauro.
La Diaria 28.12.2012
Por la portera grande
Acuerdo en Dinatra reintegra a trabajador rural despedido por sindicalizarse, tras marcha atrás del empleador.
El
estanciero Diego Ortiz, propietario del establecimiento La Tortuga,
ubicado en Pueblo del Barro, departamento de Tacuarembó, aceptó ayer
reintegrar al trabajador rural que había despedido el 3 de diciembre, un
día después de participar en una reunión del Sindicato de Peones de
Estancias, una organización de base que nuclea a asalariados rurales de
establecimientos ganaderos extensivos, y que funciona vinculado a la
Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra).
El asalariado y la Unatra denunciaron al estanciero ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) por persecución sindical y pidieron su reintegro.
Este mes se llevaron a cabo varias audiencias en las que Ortiz negó haber despedido al trabajador por su sindicalización. Planteó en cambio, que el motivo de la medida se debió a que se dio cuenta que el peón no estaba "capacitado para la tarea". Sin embargo, en la primera audiencia, cuando el estanciero hizo sus descargos contra el trabajador, no se dio cuenta de que éste estaba sentado frente a él. Cuando le informaron de la presencia del asalariado en la reunión, Ortiz "tuvo que cambiar la argumentación y quedó en evidencia", explicó el abogado de Unatra, Antonio Ramauro.
El 11 de diciembre, las autoridades entendieron que el estanciero “no había puesto ningún elemento" para evitar "la presunción" de que el despido fue una "actitud antisindical” y propusieron el reintegro del trabajador con el mismo salario que ganaba cuando fue despedido, agregó Ramauro. Este miércoles, agotado el plazo otorgado por la Dinatra al empleador, se realizó la última audiencia formal, pero sin un acuerdo. Incluso, se redactó un acta para dejar constancia del fracaso de la negociación tripartita. Pero ayer en la mañana Ortiz concurrió a Dinatra dispuesto a reabrir la negociación y tras una reunión con representantes del gobierno y sindicales se firmó un acuerdo que establece el reintegro del trabajador a partir del 2 enero con un sueldo equivalente al que tenía, aunque con el aumento de enero incluido y en las mismas condiciones laborales previas al despido.
Como la mayoría de los participantes de las anteriores instancias, incluido el trabajador despedido, ya no estaban en Montevideo, se negoció en las oficinas de la Dinatra y por vía telefónica hasta que se acordó una fórmula.
Un punto controvertido fue el reclamo del trabajador del pago de los días desde que se efectivizó el despido, pero se consiguió acordar el pago de una "partida especial por única vez" de 8.500 pesos, sin que figurara en el acta como "jornales caídos", explicó Ramauro.
Se tuvo especial cuidado en la redacción del acuerdo para que no se desprendiera que "había algún culpable". Incluso, se dejó constancia que las partes "se disculpan una con la otra por si fueron ofensivas en algún momento de la negociación", agregó el abogado. "No se documentó que fue un caso de despido antisindical", pero tampoco la versión del estanciero de que el "trabajador no tenía las facultades para desempeñarse en la tarea", dijo Ramauro. Lo importante es que "el trabajador se reintegra al establecimiento donde se desempeñaba para hacer las mismas tareas, con el salario que ganaba y con la seguridad de poder continuar con la actividad sindical", concluyó Ramauro. Hoy el director Nacional de Trabajo, Luis Romero, se trasladará a Tacuarembó para que el trabajador, que le dio el visto bueno a la fórmula por vía telefónica, firme el acta personalmente.
Ortiz, propietario de unas 14 estancias en diferentes departamentos del centro del país y del frigorífico Frigocerro SA de Durazno, se quejó en las audiencias por la notoriedad que había tomado la situación, que “se había transformado en un tema político”. Consultado ayer por la diaria, el empresario no quiso hacer declaraciones.
César Rodríguez, delegado del Sindicato de Peones de Estancias, evaluó que el reintegro implica "una gran satisfacción" y un ejemplo de que "las cosas cuando se hacen prolijamente, no fracasan". A partir de este caso, recibimos "infinidad de llamados de trabajadores que están en situaciones irregulares y eso nos pone en el gran desafío de continuar creciendo para sanearlas".
El asalariado y la Unatra denunciaron al estanciero ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) por persecución sindical y pidieron su reintegro.
Este mes se llevaron a cabo varias audiencias en las que Ortiz negó haber despedido al trabajador por su sindicalización. Planteó en cambio, que el motivo de la medida se debió a que se dio cuenta que el peón no estaba "capacitado para la tarea". Sin embargo, en la primera audiencia, cuando el estanciero hizo sus descargos contra el trabajador, no se dio cuenta de que éste estaba sentado frente a él. Cuando le informaron de la presencia del asalariado en la reunión, Ortiz "tuvo que cambiar la argumentación y quedó en evidencia", explicó el abogado de Unatra, Antonio Ramauro.
El 11 de diciembre, las autoridades entendieron que el estanciero “no había puesto ningún elemento" para evitar "la presunción" de que el despido fue una "actitud antisindical” y propusieron el reintegro del trabajador con el mismo salario que ganaba cuando fue despedido, agregó Ramauro. Este miércoles, agotado el plazo otorgado por la Dinatra al empleador, se realizó la última audiencia formal, pero sin un acuerdo. Incluso, se redactó un acta para dejar constancia del fracaso de la negociación tripartita. Pero ayer en la mañana Ortiz concurrió a Dinatra dispuesto a reabrir la negociación y tras una reunión con representantes del gobierno y sindicales se firmó un acuerdo que establece el reintegro del trabajador a partir del 2 enero con un sueldo equivalente al que tenía, aunque con el aumento de enero incluido y en las mismas condiciones laborales previas al despido.
Como la mayoría de los participantes de las anteriores instancias, incluido el trabajador despedido, ya no estaban en Montevideo, se negoció en las oficinas de la Dinatra y por vía telefónica hasta que se acordó una fórmula.
Un punto controvertido fue el reclamo del trabajador del pago de los días desde que se efectivizó el despido, pero se consiguió acordar el pago de una "partida especial por única vez" de 8.500 pesos, sin que figurara en el acta como "jornales caídos", explicó Ramauro.
Se tuvo especial cuidado en la redacción del acuerdo para que no se desprendiera que "había algún culpable". Incluso, se dejó constancia que las partes "se disculpan una con la otra por si fueron ofensivas en algún momento de la negociación", agregó el abogado. "No se documentó que fue un caso de despido antisindical", pero tampoco la versión del estanciero de que el "trabajador no tenía las facultades para desempeñarse en la tarea", dijo Ramauro. Lo importante es que "el trabajador se reintegra al establecimiento donde se desempeñaba para hacer las mismas tareas, con el salario que ganaba y con la seguridad de poder continuar con la actividad sindical", concluyó Ramauro. Hoy el director Nacional de Trabajo, Luis Romero, se trasladará a Tacuarembó para que el trabajador, que le dio el visto bueno a la fórmula por vía telefónica, firme el acta personalmente.
Ortiz, propietario de unas 14 estancias en diferentes departamentos del centro del país y del frigorífico Frigocerro SA de Durazno, se quejó en las audiencias por la notoriedad que había tomado la situación, que “se había transformado en un tema político”. Consultado ayer por la diaria, el empresario no quiso hacer declaraciones.
César Rodríguez, delegado del Sindicato de Peones de Estancias, evaluó que el reintegro implica "una gran satisfacción" y un ejemplo de que "las cosas cuando se hacen prolijamente, no fracasan". A partir de este caso, recibimos "infinidad de llamados de trabajadores que están en situaciones irregulares y eso nos pone en el gran desafío de continuar creciendo para sanearlas".
Luis Rómboli
La diaria 2.1.13
Lejos de la ley
Peones de estancia trabajan “de sol a sol” y no se respeta el límite de jornada, afirman desde sindicato.
César
Rodríguez es una de las caras visibles del Sindicato de Peones de
Estancias, que se conformó recientemente y que nuclea a trabajadores de
Tacuarembó y zonas de influencia. En diciembre uno de sus integrantes
fue despedido por haberse sindicalizado, lo que motivó una denuncia ante
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Tras varias
audiencias, el estanciero lo reintegró. A pesar de eso, Rodríguez espera
“más reacciones” de ese tipo contra la incipiente organización
sindical.
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