sábado, 12 de octubre de 2013

Audiencia por la regasificadora

vie oct 11 2013 09:02
La audiencia pública por la instalación de la regasificadora en el Oeste de Montevideo será el lunes a las 17:30 horas en Burdeos y acceso a Puntas de Sayago. La instancia tiene como finalidad generar un intercambio entra las autoridades y la ciudadanía. Allí los ciudadanos podrán discutir el proyecto, hacer preguntas y presentar propuestas.
Los vecinos del Oeste de Montevideo, que han presentado decenas de observaciones al proceso, sin embargo, no creen que la audiencia tenga una real importancia para las autoridades. De hecho pidieron que se postergue porque no han tenido respuesta a sus interrogantes y entienden que es una instancia para presentar argumentos sólidos más que interrogantes.
Esta tarde harán el planteo formalmente en la Dinama. "No creo que tenga resultado ni tampoco la audiencia del lunes. Tenemos fe cero", reconoció a El País Verónica, una de las integrantes de la Coordinadora de Vecinos de Oeste. 
"Por como vienen las cosas creo que vamos a tener que iniciar un proceso judicial y que sea la Justicia quien ponga los ojos sobre este tema", agregó.
Los vecinos son críticos también con el papel de las autoridades y especialmente de la Dinama. "Se embanderaron con un proyecto país y no es a ellos a quienes les corresponde. Ellos tienen que velar para que las cosas se hagan bien y se preserven los recursos y se proteja a la ciudadanía", afirmó. 






11 Octubre 2013 Escrito por: Samuel Blixen 
Material Inflamable .

El Estado vuelve a ser garante, ahora en la regasificadora
La compleja negociación para la instalación de una planta regasificadora ofrece múltiples dudas, sobre los alcances de la garantía extendida por el Estado y sobre los costos de producción si Argentina no compra el excedente de gas.
El contrato que el Estado uruguayo firmó para la construcción de una planta de regasificación que alimentará de combustible a una planta de energía eléctrica de ciclo combinado, tiene tantos anexos –algunos de ellos producto de modificaciones de última hora– que resulta difícil determinar las verdaderas ventajas y los costos reales del compromiso.
Por lo pronto es necesario explicar que no es Gaz de France-Suez, una trasnacional franco-belga, la titular responsable de la construcción de la planta. En realidad, el acuerdo fue firmado por una sociedad uruguaya, creada a tales efectos, llamada gnl Montevideo, que responde a gdf Suez Latin America Participaçoes Limitada, una compañía establecida en España para –se explicó– evitar la doble tributación con Uruguay. Esta compañía española depende, aparentemente, de Gaz de France-Suez, por lo que hay una gran distancia con gnl Montevideo (la sigla gnl es una fórmula para designar el gas natural licuado). De hecho Gaz de France-Suez, presentada como una potencia económica, no compromete su patrimonio para la construcción del complejo; simplemente “confirma” que gnl Montevideo “contará con el mismo acceso a la referida experiencia (en desarrollar, implementar y operar estaciones de gas) en función de su pertenencia al grupo cuando sea necesario a los efectos de llevar a cabo el proyecto”.
La planta regasificadora implica que un barco gasero transporta gas licuado hasta la terminal, donde un barco regasificador transforma nuevamente el líquido en gas. Para la construcción de una escollera y un muelle, y la infraestructura de la llamada “terminal marítima”, donde se instalará el buque regasificador fsru tipo new Guild con las correspondientes conexiones para descargar el gas licuado y las conexiones desde el barco fsru al gasoducto, la trasnacional estima necesaria la inversión de 1.225 millones de dólares.
La contraparte uruguaya de gnl Montevideo es Gas Sayago, una empresa cuyas acciones corresponden en 90 por ciento a ute y 10 por ciento a ancap. Gas Sayago, en pago por el muelle, la escollera y la infraestructura, más el alquiler del barco regasificador, pagará a gnl Montevideo, durante 15 años, un canon de 14 millones de dólares mensuales, lo que significa un desembolso, al término del período, de 2.500 millones de dólares. Aunque los accionistas de Gas Sayago son dos de las tres más importantes empresas estatales uruguayas, Gaz de France-Suez exigió una garantía para el pago del canon, porque, como dijo uno de sus directivos, Gas Sayago “es una cáscara vacía”, tan vacía como lo es gnl Montevideo, si vamos al caso.
La garantía exigida consiste, según se contempla en uno de los anexos, en una fianza solidaria de ute y ancap “por todas las obligaciones asumidas por Gas Sayago”. Pero además, a último momento la trasnacional reclamó una garantía soberana del Estado uruguayo que respalde el compromiso asumido por ute y ancap. Así fue que, antes de la firma del contrato, el ministro de Economía debió firmar esa garantía soberana, para el caso de que “ute y ancap incumplan cualquiera de las obligaciones garantizadas”.
Recién entonces, con tales garantías, gnl Montevideo saldrá a buscar financiamiento para su inversión; en principio se pretende que los bancos, en particular los multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, financien 400 millones de dólares, para cubrir parte de la construcción del barco regasificador en un astillero coreano. Según el director nacional de Energía, Ramón Méndez, “al gobierno no le preocupa que gdf-Suez no cuente todavía con el financiamiento de un organismo multilateral” porque, como declaró al El País, “Gaz de France-Suez tiene ingresos anuales por 125.000 millones de dólares y por ese motivo tiene espaldas mucho más que anchas para realizar por sí sola el proyecto de la regasificadora”.
Pese a esos ingresos y esas espaldas, gdf-Suez no compromete su patrimonio ni sus ingresos, y apuesta a la garantía soberana. Una vez que se obtenga esa financiación se incorporaría a gnl Montevideo, como socio a partes iguales, el consorcio japonés Marubeni, y no se descarta que se asocie también Enarsa, una empresa española que participó en el proceso de licitación.
Todo el intríngulis de las garantías hace que, salvando las diferencias, el esquema de negocio sea parecido al de Pluna. Las exigencias de la trasnacional contemplan todas las posibilidades de incumplimiento, como una rescisión del contrato de Gas Sayago, o que el proveedor (gnl Montevideo) pierda posesión de la terminal por causa imputable a la autoridad; o que haya huelgas por un lapso de un año entero o 24 meses no consecutivos. Esos incumplimientos obligan a Gas Sayago “a pagar intereses (incluidos los moratorios), penalidades, el valor residual, costos razonables, más todos los reajustes legales o convencionales, gastos, comisiones, tributos, indemnizaciones, prestaciones pecuniarias de carácter legal o cualquier otro concepto”.
El contrato y sus anexos no contemplan, con la misma dureza, posibles incumplimientos de la trasnacional, aunque se establecen multas para el caso de que se produzcan retrasos en las obras o defectos en la estructura civil en la llamada “terminal marítima” (no en el gasoducto, cuya construcción corre por cuenta de Gas Sayago). Después de 15 años, Gas Sayago quedará como dueño de la terminal (escollera, muelle y conexiones), pero el barco regasificador, cuya operativa está contemplada como alquiler en el canon, quedará en poder de la trasnacional.
Si se obtiene la autorización ambiental y se comienzan las obras, en 2015 Uruguay contará con 10 millones de metros cúbicos diarios de gas. Hoy consume 300 mil metros cúbicos diarios y se estima que en 2015 podrá consumir 4 millones. Los otros 6 millones de metros cúbicos restantes serán ofrecidos a Argentina, pero esa exportación dependerá de los vaivenes de las relaciones entre ambos países. Si Argentina no concreta la importación de gas uruguayo, cuando la planta esté en plena actividad la sobreproducción y el tope de almacenamiento impondrán una suspensión de la producción. En ese caso, aun cuando no lleguen a la terminal los barcos de gas licuado, gnl Montevideo cobrará igual el canon de 14 millones de dólares mensuales.

Mapa energético
Con la confirmación de la construcción de una planta regasificadora, Uruguay completa una estrategia para disminuir la dependencia del petróleo, lo que se suma a los proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, que en conjunto instalan una transformación de la matriz energética. Sin embargo, este proceso tiende a una progresiva privatización de la generación de energía. Según estudios realizados por técnicos de ute, la demanda de energía eléctrica crecerá a un ritmo de 3,5 por ciento anual. El conjunto de los sistemas de producción actualmente operativos genera electricidad a un costo aproximado de 150 dólares el megavatio. El valor esperado del petróleo crudo se sitúa en los 110 dólares el barril, mientras que el gas natural licuado (gnl) cuesta 13,4 dólares por millón de btu (British Thermal Unit). La diferencia, que obviamente abarata la producción de energía eléctrica, podrá no obstante reducirse en los próximos años en la medida en que se desactiven en todo el mundo las centrales nucleares, como está ocurriendo en Alemania y en Japón, y crezca la demanda.
La instalación de los parques eólicos supone una capacidad de generación estimada de 699 megavatios en 2014; de 1.164 en 2015; y de 1.269 megavatios en 2016. A partir de ese momento la eólica tendrá una expansión de unos 100 megavatios al año. Los acuerdos con las trasnacionales establecen que ute pagará 110 dólares el megavatio producido por las eólicas, hasta 2015, cuando el precio caerá a 62 dólares. Sin embargo, los firmantes privados de los acuerdos han demandado ante el Banco Mundial a efectos de que el precio inicial se mantenga más allá de 2015, debido a la falta de infraestructura. La infraestructura, se afirma, corre por cuenta de ute. En 2016 la producción de energía eléctrica por métodos eólicos representará 40 por ciento del total generado en el país.
La biomasa incorporará 120 megavatios de upm y Montes del Plata; y otros 140 megavatios de los restantes proyectos que estarán aportando en forma constante desde 2015.
Si, como se prevé, la planta regasificadora estará alimentando la planta de ciclo combinado que volcará la energía eléctrica al sistema nacional, en 2016 las distintas modalidades cubrirán holgadamente las necesidades. Sin embargo, el sistema en su totalidad deberá tener en cuenta, por un lado, lo aleatorio de la generación eólica, cuya producción no es constante; y por otro, que habrá que cubrir las necesidades de energía eléctrica de Aratirí, estimadas en unos 600 megavatios anuales. Descartada la propuesta de Aratirí de autoabastecerse con energía eléctrica a partir del carbón, habrá que ver cuál será el precio que ute imponga a la minera. Por lo pronto, los entendidos aventuran que la contracara de la transformación de la matriz energética será la imposibilidad de reducir las tarifas a la población, por más que en unos tres años se reduzca la dependencia del petróleo con el gas y la eólica.

0 comentarios:

Publicar un comentario