martes, 21 de julio de 2020

Ingerencias políticas a la justicia

Peligros de la ley de fiscalías que le da pito a la presidencia de turno

>>> No al borrón


Cabildo Abierto, pide destitución del fiscal , Jorge Díaz, quien inició una investigación administrativa a la fiscal Natalia Charquero, que archivó el caso de los audios de Carlos Moreira. Hablan Domenech y Lust (tvC)




Artículo 44 ley 19483

(Designaciones y destituciones).- El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo, con venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso, otorgada siempre por tres quintos del total de los componentes (numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República). Idénticos requisitos se exigirán para proceder a su destitución.






Punto por punto. Letra por letra. Acto por acto y gesto por gesto, Cabildo Abierto leyó ayer fuerte y claro, sin actualización ni maquillaje alguno, el primer párrafo del prefacio del manual básico de táctica y estrategia de golpismo cívico-militar: atacar frontal y directamente el corazón mismo de la Institucionalidad para desestabilizarla, dividir y simultáneamente, marcar perfil político orinándose explicito y brutal en la legalidad y legitimidad misma al exigir, al pie de la Torre Ejecutiva, en histriónica puesta en escena para prensa y medios la destitución – “destitución”; si, ni “renuncia”, “critica” o “cuestionamiento”. Lisa y llana “destitución” – del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación de la República Oriental del Uruguay, Dr. Jorge Díaz.
Para ello, excusados en la Investigación Administrativa ordenada por Díaz a la Fiscal que dispuso el archivo del cabaretesco incidente de tráfico de influencias, becarías, amantes vengativas y demás corruptelas que embadurnó al Intendente Carlos Moreira y la edila María José García, reeditaron calculadamente el mismo procedimiento – veremos si con los mismos resultados – de aquel nefasto Febrero de 1973 cuando, ante la designación de un Ministro de Defensa que no gustó al ala dura militarista, esta exigió inmediatamente al Presidente Juan María Bordaberry sin más y por lo claro, con acuartelamiento general mediante, bayoneta calada y movimiento de tropas, la remoción inmediata del nombramiento Ejecutivo. De más está decir que el infortunado Gral. Antonio Francese – el infausto Ministro en cuestión – presentó su renuncia a menos de 48 horas de su asunción. En el apuro, Francese de alguna manera se las arregló para soltar esta frase para la historia: “Sr. Presidente, usted tiene el apoyo de su esposa y de sus ocho hijos. Yo sólo tengo este librito (mostrando la Constitución de la República); después, no tengo nada...”. Y era verdad. Francese tenía razón. No tenía nada. Tan “nada” que apenas 4 meses después, la noche del 27 de Junio, esa democracia fantasmagórica que entre otras cosas aceptó y aplaudió a militares deponiendo Ministros, terminó su agonía a sablazos. El “librito” reposó sumariamente junto al inodoro de cada casino de oficiales durante 11 años. Ayer, entre “nuevas normalidades”; hipocresías, alguna que otra mentira y glamour porteño; la promesa apasionada de patear puertas y el retroceso económico y social ya presente más doloroso desde 2002; los militares y su partido de esposas e hijos, alcahuetes, oportunistas, estimados clientes y proveedores más bastante fascistaje de closet pegó su primer golpazo serio en la mesa.
Y lo dió en la cara misma del primer y principal garante del Estado de Derecho y la República, encarnación y representación material del ser y el deber ser del Estado Republicano. Se lo dio a Luis Lacalle Pou en persona, quien supuestamente, como Doctor en Derecho y Ciencias Sociales antes que Presidente de la República seguramente entenderá sin necesidad que se lo expliquen la dimensión absolutamente inaceptable en forma y fondo del planteo “cabildante”. El planteo de ese “socio multicolor” que siempre tuvo, tiene y tendrá agenda propia donde la Democracia, la Ley, la Justicia, el Derecho y la Institucionalidad que ampara y garantiza vida, bienes y libertades de quien no comparte su visión atrofiada del mundo, no tiene ni tendrá lugar a menos que sea instrumentalmente sometida – o “Desaparecida” – a ese mundo en verde oliva hecho de “putos pero inteligentes”, “comunistas de mierda”, “resentiditos” y bayonetas reticulando cualquier inoportuno problema de ingeniería social que tuviese a bien surgir respecto a la observancia absoluta de los puntos anteriores.
Para quienes precisen elementos para el análisis en largo; justamente en estas cosas es donde termina el espantoso recorrido de esa bola de nieve que la clase política uruguaya echó a andar a partir de la permanente judicialización de la política. Para quienes busquen la perspectiva estricta y legalista; el planteo de Cabildo Abierto además de completamente absurdo y desubicado, por tono, formalidad y circunstancia; roza ya lo subversivo. Y para quienes necesiten explicar desde lo político; Cabildo Abierto acaba de apropiarse totalmente de la iniciativa y el momento, colocando compulsivamente a todo el sistema político frente al compromiso inevitable y sin alternativas de la negativa y el repudio inmediato o la expresa complicidad material en ese primer precedente, ese primer mojón de un espantoso camino que solo lleva a la degradación sin retorno del sistema democrático uruguayo. La bancada cabildante ayer ejecutó su primer movimiento de pulso; un "tour de force" hacia adentro de la coalición, y en función de lo que obtenga o no de la misma, hacia fuera. En este contexto estructural marcado por la imposibilidad y debilidad blanca – solo 28% de votos propios – la incertidumbre sangrante de los procesos de ¿renovación? Colorados y la inexpresividad material de Independientes y demás aliados; el juego de Cabildo Abierto vió las grietas, y, más interesado en disputar la hegemonía total del campo de Centro y Derecha que en la propia defensa del Gobierno en el que participa o en la confrontación directa con la Izquierda; gana siempre. Si gana, gana y si pierde, también.
Ayer lanzaron el ataque cuidándose de mover solo sus alfiles parlamentarios capitaneados por el inefable Senador Domenech. Hoy, mañana y pasado; desatada la tormenta, analizadas las repercusiones públicas y privadas, contestadas las llamadas, leídos los WhatsApps y medido el impacto de trolls y militancias en las redes; llegará puntualmente el turno del movimiento teatral estelar: aparecerá Guido Manini Ríos pronto para dar el mazazo en la frente y explotar inmediatamente la brecha abierta o en su defecto, recalcular y mandar – o negociar – una retirada prolija y ordenada sin bajas, sin desgaste y tal vez hasta con algún generoso botín. Todo da igual. Todo sirve. Si no es, buen, mañana será.
Porque si hoy es Díaz, mañana será Larrañaga, pasado García y después Bustillo o Arbeleche. Si hoy es Díaz, mañana puede ser cualquier otro Díaz, algún Pérez, un López o el que se asigne como “objetivo” en el plan maestro cuartelero. Poco importa si es blanco.
Tampoco si es colorado, independiente, frenteamplista, el que le trae los atados de acelga a Raffo o el presidente del Tanque Sisley. Señalan, atacan y cae. Y si no cae, desestabiliza. Y así será. Mejor ir sabiéndolo y mejor tenerlo totalmente claro por si algún desprevenido, malinformado, reverenda mala leche o simplemente imbécil no lo sabe; el Fiscal de Corte es nombrado por un periodo de 10 años (Díaz en 2012) y solo puede ser destituído por mayoría especial (3/5 de la Asamblea General) y no jamás; no nunca; no de manera ninguna por decisión personal del Presidente de la República. Así que, señoras y señores, esa es la Ley. Nada más y nada menos que la Ley. La Ley que mantiene, sostiene y legitima al Dr. Jorge Díaz en su cargo. No Lacalle Pou. No Domenech. No Manini Rios. No nadie. Absolutamente nadie más. Y Cabildo Abierto lo sabe. Por supuesto que lo sabe, pero no le importa.

¿Total? Es solo un librito…

El fiscal de Corte Jorge Díaz señaló que se investigará si la fiscal Natalia Charquero debió excusarse de actuar en la causa cuyo investigado era el exintendente de Colonia, Carlos Moreira.
“Desde el punto de vista de la imagen de la institución, no es lo que uno desearía que hubiera pasado. Pero yo confío plenamente en los fiscales”, explicó Díaz al programa Punto de Encuentro de Radio Universal.
Charquero y Moreira trabajaron juntos en el equipo asesor de Luis Lacalle Pou, cuando éste era postulante a la Presidencia en las elecciones de 2014.
La fiscal de Carmelo decidió cerrar el caso en el que Moreira fue acusado de ofrecer pasantías en la comuna coloniense a cambio de sexo que le formulara una edil.
El hecho provocó polémica política y el fiscal de Corte ordenó una investigación sobre la actuación de Charquero.
Esta decisión molestó al Partido Nacional, que pidió explicaciones a través del presidente de su directorio, Pablo Iturralde.
También el diputado colorado Felipe Schipani hizo un pedido de informes desde el Parlamento.
Día recibió a Iturralde y luego respondió a Schipani: "La Fiscalía responderá este pedido como ha respondido absolutamente todos los pedidos de informe que ha recibido, desde que es un ente descentralizado en 2015”.
El socio de la coalición multicolor, Cabildo Abierto, fue más lejos: pidió al presidente Lacalle Pou la destitución del fiscal general.
El diputado Eduardo Lust dijo que si la destitución no se concreta su sector político debería considerar el retiro del apoyo al gobierno.
“Cuando uno toma las decisiones administrativas que tiene que tomar, poco importan después las consecuencias. No voy a ingresar en el debate político como no he ingresado en 26 años”, dijo Díaz.
En presidencia
Los dirigentes de Cabildo Abierto Guillermo Domenech y Eduardo Lust fueron recibidos por el director general de secretaría de Presidencia Heber Paguas.
Ambos dirigentes de Cabildo Abierto sostienen que Díaz incurrió en una “falta grave” al hacer pública la investigación administrativa sobre la fiscal de Carmelo.
También entiende que hay persecución política por parte del Fiscal de Corte y que esto puede actuar como presión sobre otros fiscales que investigan o recibieron denuncias sobre políticos.
En particular Lust sostiene que la investigación ordenada por Díaz busca amedrentar a los fiscales que investigarán su denuncia contra el ex presidente Tabaré Vázquez y otros jerarcas del anterior gobierno, por el contrato firmado con UPM.















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